Fiscalía trabaja con banco israelí por presunta compra de 'Pegasus'

La Fiscalía avanza en una investigación sobre la supuesta adquisición del software ‘Pegasus’, utilizado para interceptar comunicaciones. Como parte de este proceso, el ente acusador ha iniciado una trazabilidad de visitas a Israel, país donde se habría efectuado la compra del programa.En este contexto, la Fiscalía ha establecido contacto con un banco israelí que habría identificado una anomalía en la entrada de dinero relacionada con la posible compra. Sin embargo, hasta el momento no se ha encontrado ningún contrato que confirme la adquisición del software.Paralelamente, el ente investigador llevó a cabo visitas a las principales altas cortes del país, incluyendo la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Corte Suprema de Justicia. Estas diligencias se realizaron con el objetivo de verificar los teléfonos móviles de magistrados y funcionarios que expresaron preocupación sobre posibles interceptaciones en sus dispositivos. Después de analizar los celulares, la Fiscalía no encontró ningún indicio de espionaje o interceptaciones ilegales a las personas que accedieron.Recientemente exfuncionarios del Gobierno de Iván Duque han rechazado cualquier responsabilidad en la compra del software Pegasus. Los exministros de Defensa Guillermo Botero y Diego Molano, junto a los generales que lideraban las Fuerzas Militares y la Policía durante esa administración, negaron haber dado alguna orden para adquirir el programa.Según un documento firmado por los exministros y los generales, el aparato de seguridad del Estado solo se utilizó para combatir el crimen organizado y proteger la seguridad nacional. Además, recalcaron que las directrices del expresidente Duque fueron claras: todas las acciones debían regirse bajo el estricto cumplimiento de la Constitución y la ley.Finalmente, los exfuncionarios aclararon que Duque no tuvo ninguna participación en los procesos de adquisición de bienes y servicios estatales, y que todas las entidades involucradas siguieron de manera rigurosa los procedimientos de contratación estatal.