Durante la inauguración del tercer centro del país para la reintegración de personas que recuperaron su libertad, en Cali, el ministro de Justicia y del Derecho (e), Andrés Idárraga Franco, se refirió al caso Pegasus y señaló que el Gobierno Nacional está a la espera de un informe detallado por parte de la Policía sobre el avance de las investigaciones.El funcionario aseguró que detrás de las interceptaciones ilegales a altos funcionarios del Gobierno existiría una conspiración política desde algunos sectores, con el objetivo de desprestigiar a la administración nacional, incluso en un contexto electoral.“Yo creo que de fondo hay una conspiración que se ha iniciado por parte de algunos sectores al interior de entidades del sector defensa, que es precisamente el centro de esta discusión. Aquí el problema no es Andrés Idárraga ni el ministro de Justicia, aquí el problema es cómo al parecer algunos sectores han querido conspirar contra el propio Gobierno en época electoral, tal vez para buscar mecanismos de desprestigio”, afirmó.Idárraga también reveló que, en su caso, el micrófono de su teléfono celular fue activado de manera remota, lo que permitió la obtención de información confidencial.“Fueron 134 ocasiones, con más de 8.700 intervenciones ilegales comprobadas, en las que se extrajeron más de 2,3 gigas de información sensible del Gobierno Nacional, incluyendo datos de denunciantes de corrupción y conversaciones de alto nivel”, explicó.De igual manera, el ministro negó cualquier injerencia en la solicitud de imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, luego de que el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) lo señalara de presuntos intereses políticos.“Creo que lo han mal informado personas que han querido sembrar cizaña. Vamos a resolverlo internamente y somos respetuosos de la independencia judicial”, puntualizó, al asegurar que buscará un diálogo directo con Rodríguez.
A las 4:00 de la tarde está citada una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad, convocada en medio de la controversia por la presunta utilización del software de espionaje Pegasus en Colombia. El encuentro contará con la presencia del presidente Gustavo Petro, así como de la cúpula militar y policial y varios altos funcionarios del Gobierno.En la reunión participarán los ministros de Defensa y de Justicia, los directores de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y de la Unidad Nacional de Protección (UNP), además del comisionado para la Paz, Otty Patiño. El primer punto de la agenda será la denuncia presentada por el secretario de Transparencia de la Presidencia y ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, quien aseguró haber sido víctima de interceptaciones ilegales mediante el uso de Pegasus.La denuncia generó un cruce de versiones al interior del Gobierno. Aunque el Ministerio de Defensa salió públicamente a negar el uso de este software por parte de la Fuerza Pública, para el Ministerio de Justicia las explicaciones entregadas hasta ahora no son suficientes, lo que ha incrementado la tensión entre ambos despachos.En ese escenario aparece el nombre de Augusto Rodríguez, director de la UNP. De acuerdo con fuentes cercanas al Ministerio de Justicia, Rodríguez estaría adelantando investigaciones propias y, en ese proceso, habría recurrido a herramientas como Pegasus. Sin embargo, el funcionario desmintió esta versión, pero reconoció que ha hablado con el presidente Gustavo Petro sobre Idárraga, cuestionando su gestión.El debate alrededor de Pegasus no es nuevo en el país. Desde 2021 se han conocido reportes internacionales que señalan a Colombia como uno de los lugares donde el software habría sido adquirido, aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre su utilización por parte del Estado. Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, ha sido cuestionado a nivel mundial por su uso para espiar a periodistas, activistas y funcionarios públicos.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, negó de manera tajante que el Estado colombiano esté usando el software de espionaje Pegasus y calificó como falsas las versiones que señalan seguimientos ilegales contra el ministro de Justicia encargado, Andrés Idarraga. Según explicó, tras verificaciones internas y revisiones de inteligencia, no existe ninguna orden ni operación de vigilancia de ese tipo. “Lo que ya hemos confirmado hasta ahora, al interior del Ministerio de Defensa, es que nuestro ministro de Justicia encargado ha sido, podríamos llamarlo, víctima de una información falsa”, afirmó.Sánchez precisó que Pegasus sí estuvo en el país, pero dejó de utilizarse hace más de dos años. “Hablando del software Pegasus, estuvo en Colombia en el 2021 y en el 2022. Desde esa fecha se dejó de utilizar y no está siendo utilizado en la Fuerza Pública”, señaló, al tiempo que enfatizó que ninguna dependencia del Ministerio de Defensa ni de las Fuerzas Militares emplea actualmente ese tipo de herramientas.En ese sentido, fue enfático en descartar órdenes irregulares: “Jamás se ha ordenado desde el Ministerio de Defensa, o desde cualquier fuerza, hacer un seguimiento como esa información falsa que le hicieron llegar a nuestro ministro de Justicia”.El ministro también subrayó que cualquier actividad de inteligencia en Colombia debe ajustarse estrictamente a la ley y a controles judiciales. “Nosotros no utilizamos ese tipo de software y, si se llegara a utilizar, debe ser con orden judicial y con todo el proceso; de lo contrario, es una violación a la ley”, sostuvo. Agregó que el Ministerio solo ordena labores de contrainteligencia interna, limitadas a pruebas de confiabilidad para proteger la seguridad de funcionarios y decisiones estratégicas.En relación con los señalamientos contra un suboficial mencionado en las denuncias, Sánchez advirtió sobre los riesgos de exponer información personal sin pruebas. “Exponer la hoja de vida, el nombre o las imágenes de nuestros suboficiales no solo los pone en riesgo, sino que también viola su privacidad y afecta el debido proceso”, dijo. Finalmente, anunció que se activaron todas las instancias institucionales para esclarecer los hechos y reiteró que la Fiscalía adelanta las investigaciones correspondientes, mientras llamó a un manejo responsable de la información para evitar desinformación y señalamientos sin sustento.
Una grave denuncia está haciendo el minJusticia encargado, Andrés Idárraga, al revelar que un informe forense evidenció que su teléfono celular fue infiltrado 8.742 veces entre agosto y noviembre del año pasado.Incluso Idárraga aseguró que el informe arrojó que se activaron de manera ilegal la cámara y el micrófono, y se descargaron aproximadamente 2,3 gigabytes de información privada, incluyendo datos sensibles relacionados con denuncias anticorrupción que venía promoviendo.El jefe de la cartera de Justicia encargado aseguró que los hechos no se limitaron al espionaje digital porque, según un informe de contrainteligencia, se habría impartido una orden desde el Ministerio de Defensa para utilizar gastos reservados con el fin de perseguirlo a él y a su familia, presuntamente para identificar las fuentes que permitieron destapar escándalos de corrupción al interior del sector defensa.“Estaban armando una campaña de desprestigio en mi contra por la información que venía recibiendo sobre diversos casos de corrupción (de todo nivel y tipo) al interior de las fuerzas militares”, dijo Idárraga.Andrés Idárraga confirmó que ya radicó una denuncia penal contra persona indeterminada ante la Fiscalía y que también llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.Asimismo, el minJusticia (e) le pidió a la Contraloría verificar el uso de los gastos reservados del sector defensa, con el fin de establecer si estos recursos estarían siendo utilizados para fines distintos.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, está denunciando que su teléfono personal estaría intervenido con el software Pegasus; lo anterior, tras un análisis que hizo un investigador sobre el dispositivo.“En mi teléfono se encontró, por parte de un técnico experto e idóneo, con un software especializado, el virus malicioso de Pegasus, el cual puede intervenir mi teléfono a través de una llamada perdida”, dijo Benedetti sobre el tema.El ministro del Interior va a poner en conocimiento de las autoridades esta situación para que se adelanten las investigaciones correspondientes.“Con ello puede que mi dispositivo se vuelva una cámara, se vuelva un micrófono y en tiempo real se pueda ver todo lo que estoy haciendo. Eso tiene que ver con muchas situaciones que me han pasado, como los sobrevuelos de helicópteros sobre mi casa, el tema de la lista OFAC, el allanamiento ilegal. Tengo que decir que tengo la rodilla encima”, agregó Benedetti.
La renuncia del director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás, y la suspensión temporal de esta entidad de la red segura internacional del Egmont Group, tras revelarse la adquisición del software espía Pegasus por parte del Gobierno de Gustavo Petro, encendieron las alarmas sobre los mecanismos de supervisión financiera y ciberseguridad en Colombia.En entrevista con Blu Radio desde Uruguay, el analista de ciberseguridad Camilo Gutiérrez advirtió que “el gran problema es la confianza que puede quedar en la UIAF ante otras instituciones”. La situación plantea un doble riesgo: por un lado, la interrupción del intercambio de información clave con organismos internacionales; por otro, el daño reputacional que podría afectar a una entidad dedicada al seguimiento de transacciones sospechosas y lavado de activos. Si no se corrige la situación, explicó Gutiérrez, “en 2027 podría haber un impacto más grave cuando haya una reevaluación de la unidad”.Riesgo de aislamiento y debilitamiento de la cooperación globalLa UIAF participaba en redes internacionales que permiten rastrear flujos de dinero vinculados al crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, explicó Gutiérrez. Aunque “esta es una de varias redes”, señaló, la pérdida de acceso o la limitación en la colaboración puede tornarse crítica en operaciones futuras. Según el experto, el efecto más inmediato podría no sentirse ahora, “pero cuando se requiera información específica de otro país, ahí puede empezar a verse el problema”.La implicación directa de Pegasus, sumada a la renuncia de Llinás, genera señales preocupantes sobre la autonomía institucional. “Se tiene que garantizar que sea una entidad independiente”, recalcó Gutiérrez. Si se debilita esa independencia, advirtió, podrían generarse “inconvenientes serios” en el mediano plazo.Ciberseguridad y transparencia: los nuevos desafíos de la supervisión financieraEl escándalo no solo es financiero, sino también de ciberseguridad y gobernabilidad. La compra del software espía Pegasus —reconocida en una locución presidencial el 4 de septiembre— plantea preguntas sobre quién accede a la información, bajo qué protocolos y con qué límites. Gutiérrez alertó que la combinación de vigilancia digital no regulada y supervisión financiera debilitada abre “un vector de riesgo enorme” para el país.Mientras tanto, los sectores encargados de combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo observan con preocupación. La UIAF deberá demostrar con evidencia sólida que no ha sido objeto de “intervenciones indebidas que comprometan su independencia”, insistió el analista. De lo contrario, el problema trascenderá lo técnico y se convertirá en una crisis institucional: la confianza del sistema global podría tardar mucho más en recuperarse de lo que se tardó en perderse.
Una fuente reservada respondió a varios interrogantes sobre el papel que jugó el general (r) Jorge Luis Vargas, quien era director de la Policía Nacional en el año 2021 en la llegada de los miembros de NSO Group, desarrolladores de Pegasus en medio de la polémica por la compra del software. Vargas, hace unos días se presentó ante la Fiscalía y, tras una citación, decidió “guardar silencio”.Blu Radio pudo establecer, según informaron fuentes reservadas, que miembros de NSO Group llegaron al aeropuerto de Catam tras una solicitud extendida por la oficina de asuntos multilaterales de la CIA, adscrita a la embajada de Estados Unidos, en el marco de la colaboración existente entre ambos países (Colombia, EE.UU.)El objetivo de esta colaboración era adquirir una herramienta informática para combatir el narcotráfico, mejorar la operatividad y capacitar al personal. Este proceso fue notificado por un oficial de alto rango de Estados Unidos a su homólogo, el general Jorge Luis Vargas, explicando las razones de la visita de la comitiva israelí.Como respuesta, Vargas dio trámite a la solicitud, delegando al entonces general Norberto Mujica, director de la dirección de Inteligencia Policial (Dipon) para que brindara el apoyo necesario. Finalmente, se acordó un acompañamiento como parte de los convenios de policía judicial a nivel internacional, asegurando que el equipo contara con todas las facilidades durante su estadía y los diferentes viajes realizados entre junio y septiembre de 2021 mientras se desarrollaban las capacitaciones sobre el software. Ese acompañamiento estuvo a cargo de un coronel de la institución.El pasado 8 de noviembre, ante el fiscal sexto delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Hernando Barreto, el general Jorge Luis Vargas, exdirector de la Policía, guardó silencio frente a todo lo relacionado con el programa espía Pegasus, señalando que todo esto forma parte del marco de algunas operaciones reservadas manejadas por la Policía Nacional, razón por la cual decidió no hablar.La investigación en Fiscalía y las ‘chuzadas’ que denunció el magistrado IbáñezEl cese de operaciones de la herramienta Pegasus por parte de los Estados Unidos en el año 2021, cuando establecieron que NSO Group había vendido el software a otro cliente que estaba usándolo en su contra, deja un interrogante frente a la investigación que aperturó la Fiscalía tras la denuncia que presentó el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Toro Ramírez, por interceptaciones ilegales y que alertó a las autoridades.El 5 de septiembre de 2024, la Fiscalía anunció que abría investigación por Pegasus por medio de un acto administrativo que firmó la fiscal Luz Adriana Camargo, designando al fiscal delegado ante la Corte, Hernando Barreto Ardila, para que liderara el caso.“Luego de tomar atenta nota del contenido de la denuncia presentada en la alocución del presidente Gustavo Petro Urrego, la Fiscalía incorporó la información revelada públicamente por el Jefe de Estado a la indagación de los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía por un magistrado de la Corte Constitucional”, informó en un comunicado el ente acusador.Sin embargo, la denuncia del presidente Petro en una alocución con la denuncia del uso indebido de Pegasus y la denuncia del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez, también por ‘chuzadas’, no coincide en los tiempos, pues los hechos que informó el togado corresponden a 2024, mientras que la herramienta Pegasus dejó de utilizarse antes de que Gustavo Petro se instalara en el Palacio de Nariño en 2022 según el Gobierno estadounidense.
Blu Radio tuvo acceso a nuevos detalles de un encuentro en la Casa de Nariño el 6 de noviembre de este año, que contó con la participación del presidente Gustavo Petro y sería determinante en la intervención de los Estados Unidos dentro de la polémica por la compra del software Pegasus.Un día después, 7 de noviembre, el diario El Tiempo publicó la declaración de altos funcionarios del Gobierno de Joe Biden, quienes afirmaron que ese país fue el responsable de la compra del software espía Pegasus con el objetivo de implementarlo en la lucha contra el narcotráfico. Además, señalaron que el Gobierno del expresidente Iván Duque (2018-2022) no tuvo conocimiento del negocio pactado con la firma NSO Group por 11 millones de dólares.Además, los funcionarios norteamericanos expresaron que la compra se efectuó por dos montos de 5.5 millones de dólares. La fiscal Luz Adriana Camargo, quien abrió una investigación, afirmó que el sistema financiero de Israel registró el ingreso de dinero y declaró que “la operación por 11 millones de dólares existió”.¿Quién tuvo acceso a Pegasus?Blu Radio pudo establecer, según informaron fuentes reservadas, qué miembros de NSO Group llegaron al aeropuerto de Catam tras una solicitud extendida por la oficina de asuntos multilaterales de la CIA, adscrita a la embajada de Estados Unidos, en el marco de la colaboración existente entre ambos países( Colombia, EE.UU.)El objetivo de esta colaboración era adquirir la herramienta informática para combatir el narcotráfico, mejorar la operatividad y capacitar al personal. Este proceso fue notificado por un oficial de alto rango de Estados Unidos a su homólogo, el general Jorge Luis Vargas, explicando las razones de la visita de la comitiva israelí.Como respuesta, Vargas dio trámite a la solicitud, delegando al entonces general Norberto Mujica, director de la dirección de Inteligencia Policial (Dipon) para que brindara el apoyo necesario. Finalmente, se acordó un acompañamiento como parte de los convenios de policía judicial a nivel internacional, asegurando que el equipo contara con todas las facilidades durante su estadía y los diferentes viajes realizados entre junio y septiembre de 2021 mientras se desarrollaban las capacitaciones sobre el software. Ese acompañamiento estuvo a cargo de un coronel de la institución.La reunión en PalacioEl 6 de noviembre de este año se llevó a cabo, en la Casa de Nariño, un encuentro crucial entre el presidente Gustavo Petro y un alto dignatario del gobierno de Estados Unidos, tan solo unas horas después de la elección presidencial en ese país, donde fue electo Donald Trump.La fuente anónima argumentó a Blu Radio que las recientes publicaciones en medios, que salpicaba aún más a la línea de mando de la Policía y al gobierno Duque, incluyendo ministros y funcionarios, así como la actuación penal contra importantes aliados en la lucha contra las drogas, como el exministro de Defensa Diego Molano y el general Jorge Luis Vargas, motivaron la intervención y la llegada de esta figura importante de la política norteamericana. Este dignatario estuvo acompañado en todo momento por un esquema de seguridad extranjero durante las pocas horas que permaneció en territorio colombiano.Lo llamativo de la reunión es que en ella se habría informado al Primer mandatario sobre una versión desconocida en ese momento por la opinión pública sobre la participación de Estados Unidos en la compra de Pegasus. No obstante, no fue sino hasta la revelación de El Tiempo y la reunión sostenida entre el embajador Daniel García Peña en la Casa Blanca con funcionarios del gobierno Biden que el presidente Petro emitió un pronunciamiento en su cuenta de X: “Si esto es cierto, sí que serían peor las cosas”.Otro de los puntos que pudo conocer este medio fue que la persona encargada de responder las preguntas del embajador Daniel García Peña en la Casa Blanca en Washington fue Todd Robinson, político estadounidense con una larga experiencia en la lucha contra el narcotráfico y la persona que designó Estados Unidos para permitir un mayor entendimiento, teniendo en cuenta la estrecha relación de Robinson en asuntos de América Latina.La investigación en Fiscalía y las ‘chuzadas’ que denunció el magistrado IbáñezEl cese de operaciones de la herramienta Pegasus por parte de los Estados Unidos en el año 2021, cuando establecieron que NSO Group había vendido el software a otro cliente que estaba usándolo en su contra, deja un interrogante frente a la investigación que aperturó la Fiscalía tras la denuncia que presentó el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Toro Ramírez, por interceptaciones ilegales y que alertó a las autoridades.El 5 de septiembre de 2024, la Fiscalía anunció que abría investigación por Pegasus por medio de un acto administrativo que firmó la fiscal Luz Adriana Camargo, designando al fiscal delegado ante la Corte, Hernando Barreto Ardila, para que liderara el caso.“Luego de tomar atenta nota del contenido de la denuncia presentada en la alocución del presidente Gustavo Petro Urrego, la Fiscalía incorporó la información revelada públicamente por el jefe de Estado a la indagación de los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía por un magistrado de la Corte Constitucional”, informó en un comunicado el ente acusador.Sin embargo, la denuncia del presidente Petro en una alocución con la denuncia del uso indebido de Pegasus y la denuncia del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez, también por ‘chuzadas’, no coincide en los tiempos, pues los hechos que informó el togado corresponden a 2024, mientras que la herramienta Pegasus dejó de utilizarse antes de que Gustavo Petro se instalara en el Palacio de Nariño en 2022 según el Gobierno estadounidense.
El presidente Gustavo Petro dejó en manos de la justicia en Colombia la verificación de cuál y cómo fue el uso del software Pegasus en el país, ahora que Estados Unidos confirmó que financió su compra en 2020.Luego de que el mandatario denunciara en varias ocasiones en los últimos meses que el sistema israelí había sido comprado de manera irregular y con dineros ilícitos por el Gobierno de Iván Duque, altos funcionarios del Gobierno norteamericano aclararon que ellos fueron quienes entregaron los fondos lícitos en el marco de cooperación entre ambos gobiernos y como parte de la misión antinarcóticos.Esto cambió el rumbo de los señalamientos de Petro, en especial cuando dichos funcionarios aseguraron que no le informaron a él cuando llegó a Casa de Nariño y al entonces presidente Iván Duque, pues el sistema se dejó de usar antes del cambio de Gobierno por diversos motivos.Desde Estados Unidos aseguraron que no hay registro de que el sistema haya sido usado para fines distintos a los definidos, como la vigilancia a líderes políticos. El presidente Petro insiste en que debe hacerse una verificación en Colombia.“Solo es legal el uso de Pegasus en Colombia si las interceptaciones a teléfonos fueron ordenadas por la justicia colombiana. Corresponde a la rama judicial decirnos si esas órdenes se dieron, si no, la Justicia debe procesar a quienes lo permitieron”, escribió Petro en su cuenta de X.Aunque la Fiscalía ha iniciado sus propias investigaciones, cabe recordar que según la Ley 1621 de 2013 de inteligencia y contrainteligencia, en nuestro país es permitido el monitoreo y esa categoría podría aplicar a lo hecho con el sistema por parte de Estados Unidos en las operaciones contra ilegales, aclarando que el monitoreo no constituye interceptación de comunicaciones.“Las entidades de inteligencia y contrainteligencia comprenden actividades de monitoreo del espectro electromagnético debidamente incorporadas dentro de órdenes de operaciones o misiones de trabajo. La información recolectada en el marco de ese monitoreo o en actividades de inteligencia y contrainteligencia que no sirva para el cumplimiento de los fines establecidos en la presente ley, deberá ser destruida y no podrá ser almacenada en las bases de datos de inteligencia y contrainteligencia”, reseña la normativa.Mientras avanzan las investigaciones, lo cierto es que hay malestar en el Gobierno colombiano por el hecho de que Estados Unidos haya confirmado su participación en ese momento, pese a que el mandatario había hecho las denuncias desde hace varios meses.“Al parecer, ni el presidente anterior ni el actual presidente hemos leído dicho acuerdo. No puede existir un estado policial por encima del estado democrático”, escribió Petro.También, el canciller Luis Gilberto Murillo mostró su preocupación por la declaración del gobierno norteamericano y señaló que continuará buscando más información a través de canales diplomáticos.“Nos parece que no se manejó de manera transparente. Tenemos una muy buena relación con los Estados Unidos, de colaboración y cooperación judicial que es muy efectiva. (…) También le agradecemos que haya estado muy atento en temas relacionados con la seguridad personal del presidente de la República. Sin embargo, nos sorprendió lo que escuchamos, lo que pudimos conocer por algunos medios de comunicación”, detalló
Continúan los pedidos de claridad de parte de Colombia a Estados Unidos sobre la adquisición del software Pegasus y cómo fue usado en el país, todo eso luego de que funcionarios del Gobierno norteamericano confirmaron que habían financiado dicho sistema en 2020.El Gobierno colombiano aseguró que continuará buscando información sobre la compra y uso del software espía Pegasus pues persiste la sospecha de aplicaciones irregulares pese a que Estados Unidos confirmó que había financiado la adquisición y que no fue parte de prácticas ilegales.Así lo confirmó el canciller Luis Gilberto Murillo, quien no ocultó su inquietud por esta declaración que este viernes, 8 de noviembre, hizo el Gobierno norteamericano de un caso que el presidente Gustavo Petro ha denunciado desde hace varios meses.“Nos parece que no se manejó de manera transparente. Tenemos una muy buena relación con los Estados Unidos, de colaboración y cooperación judicial que es muy efectiva. (…) También le agradecemos que haya estado muy atento en temas relacionados con la seguridad personal del presidente de la República. Sin embargo, nos sorprendió lo que escuchamos, lo que pudimos conocer por algunos medios de comunicación”, detalló.En la mañana de este jueves, 7 de noviembre, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, se reunió en Casa Blanca con altos funcionarios del Gobierno estadounidense, quienes le confirmaron la compra del sistema en 2020 pero que nunca fue informado al entonces presidente Iván Duque ni a Petro cuando asumió el mandato.“Lo que nos aseguraron es que fueron recursos norteamericanos, que el software nunca se les entregó a autoridades colombianas. Me parece sospechoso e irregular que esos pagos se hagan en efectivo, supuestamente para evitar trazabilidad de los recursos lo cual hace más sospechoso”, cuestionó el embajador.Horas después, altos funcionarios de la Casa Blanca ratificaron que Estados Unidos fue quien entregó los fondos para que Colombia adquiriera el sistema en 2020, cuando Donald Trump era presidente, aclarando que eran recursos legales como parte de la cooperación en la lucha contra los narcotraficantes.La operación de Pegasus en Colombia estuvo estrictamente controlada de acuerdo con la información entregada por esos voceros y su uso solo era conocido por un pequeño número de funcionarios de seguridad del Gobierno colombiano y en su momento, ni el entonces presidente Iván Duque ni el hoy presidente Gustavo Petro fueron informados sobre la compra.Además, fueron enfáticos en que el uso de este sistema comenzó a desescalar tras conocerse denuncias en todo el mundo de la aplicación irregular y esto fue justo antes de que Petro llegara a la Casa de Nariño.No obstante, el canciller Murillo manifestó que continuarán buscando, a través de canales diplomáticos, aclarar lo sucedido.“Lo más importante es que se pueda conocer toda la información de manera transparente de cómo se usó ese software y en qué casos específicos para que tengamos la garantía de que esto no se repita. Tanto el Gobierno colombiano, este gobierno y la opinión pública necesitan saber realmente qué pasó, porque Colombia tiene toda una historia de situaciones como esta que no se aclaran”, puntualizó Murillo.
Los pagos digitales han transformado la manera en que los comercios y las personas reciben dinero, especialmente en negocios que necesitan cobrar en diferentes lugares o que buscan reducir la cantidad de equipos, como los datáfonos, utilizados en sus operaciones. Ante ello, las tecnologías de pago sin contacto ya permiten realizar transacciones al acercar una tarjeta, un reloj o un teléfono a un dispositivo compatible.Ante este panorama, Apple amplió la disponibilidad de Tap to Pay en iPhone para Colombia, una función que permitiría utilizar el celular como punto de cobro y recibir pagos sin contacto sin necesidad de un datáfono adicional. La herramienta también habría llegado a siete mercados de América Latina.De acuerdo con lo revelado por Apple, el servicio estará disponible por medio de las plataformas de pago SumUp y Symbiotic, que integran la tecnología en sus aplicaciones para comercios.¿Cómo va a funcionar Tap to Pay en Colombia?Con el sistema Tap to Pay de Apple, los comercios y las personas podrán recibir pagos al acercar su iPhone a tarjetas de débito o crédito sin contacto, otro iPhone, un Apple Watch o una billetera digital.Esta operación funcionará con tecnología NFC, por lo que el teléfono actúa como punto de recepción del pago. De este modo, el establecimiento no necesita incorporar un dispositivo adicional exclusivamente para completar la operación.Para utilizar la herramienta, el comercio necesita un iPhone XS o posterior, con la versión más reciente de iOS y una aplicación compatible con Tap to Pay.La función está dirigida a negocios de diferentes sectores, entre ellos comercio minorista, transporte, restaurantes, establecimientos de alimentos y bebidas, servicios de belleza y profesionales que requieren recibir pagos mientras se movilizan.¿Qué plataformas permiten convertir un iPhone en datáfono?El funcionamiento de Tap to Pay depende de las alianzas entre Apple, plataformas de pago, desarrolladores de aplicaciones y redes de pagos. Apple brinda la tecnología, mientras que sus socios la integran en sus propias aplicaciones.En Colombia, las plataformas anunciadas para utilizar esta función son SumUp y Symbiotic.La expansión regional también contempla otros aliados. En Argentina participará Mercado Pago; en Costa Rica, Geopagos, Symbiotic y Visa Acceptance Solutions; en República Dominicana, Azul y Visa Acceptance Solutions; en Guatemala, Honduras y Panamá, Geopagos y Symbiotic; y en Perú, SumUp.Tap to Pay es compatible con tarjetas de débito y crédito sin contacto de redes como American Express, Mastercard y Visa. Apple advierte que algunas tarjetas pueden no ser aceptadas y que pueden existir límites para determinadas transacciones.¿Qué tan seguros son los pagos con Tap to Pay?Apple señala que la herramienta emplea funciones de seguridad y privacidad integradas en el iPhone para procesar los pagos. La compañía afirma que no almacena los números de las tarjetas ni los datos de las transacciones en el dispositivo ni en sus servidores.En las operaciones realizadas por medio de ‘Guardar y Reenviar’, la información permanece encriptada.Con esta expansión, los comercios que utilicen las aplicaciones compatibles podrán convertir un iPhone en su punto de cobro, siempre que el dispositivo y la aplicación cumplan con los requisitos establecidos para utilizar Tap to Pay.
Las marcas chinas han reducido de manera importante la brecha de calidad que tenían frente a los fabricantes tradicionales y sus principales problemas también cambiaron de lugar, según los resultados de los últimos estudios de J.D. Power.Ahora, de acuerdo con el análisis de la firma JD Power, las fallas relacionadas con acabados, pintura y ensamblaje han perdido protagonismo, mientras que las quejas de los usuarios se concentran cada vez más en los sistemas tecnológicos de los vehículos.El Initial Quality Study (IQS) de la consultora estadounidense mide la cantidad de problemas experimentados por cada 100 vehículos durante los primeros meses de propiedad. Bajo esta metodología, una cifra menor de problemas reportados representa un mejor resultado de calidad inicial.Los resultados recientes muestran una evolución de los fabricantes chinos en aspectos que durante años estuvieron entre los principales cuestionamientos de sus vehículos. La calidad del ensamblaje de la carrocería, la pintura y los acabados interiores han mejorado y la diferencia frente a marcas con una trayectoria más larga en mercados occidentales se ha reducido.Pero esa mejora no significa que hayan desaparecido los inconvenientes. Lo que cambió fue el tipo de problemas que encuentran los conductores.La tecnología se convirtió en el nuevo retoLos principales puntos de fricción están ahora relacionados con la integración de los sistemas electrónicos que hacen parte de la experiencia diaria de conducción.Los asistentes avanzados de conducción (ADAS), por ejemplo, pueden generar falsos positivos con mayor frecuencia. Entre estas funciones están la frenada automática de emergencia, el mantenimiento del carril y la detección de fatiga, sistemas que pueden emitir alertas o intervenir cuando el conductor considera que no era necesario.Los sistemas multimedia también aparecen entre los aspectos que todavía generan inconvenientes. Menús complejos, traducciones mejorables en las funciones del vehículo y desconexiones ocasionales con Apple CarPlay y Android Auto pueden terminar afectando la percepción de calidad, aunque no se trate de una avería que deje al vehículo inmovilizado.El cambio es relevante porque desplaza la discusión sobre los carros chinos. Las dudas ya no están tan concentradas en si el vehículo fue correctamente fabricado, sino en qué tan bien funcionan todas las tecnologías que incorpora.¿Por qué las marcas chinas han avanzado tan rápido?La capacidad para introducir modificaciones también se ha convertido en una característica de estos fabricantes. Los cambios en componentes y software pueden realizarse con mayor rapidez que los ciclos tradicionales de actualización de los vehículos, que suelen extenderse durante varios años.Esta diferencia es especialmente importante en una industria en la que buena parte de las funciones dependen actualmente del software. Una corrección electrónica puede implementarse sin esperar necesariamente al lanzamiento de una nueva generación del vehículo.El avance en calidad también ha reducido la distancia en otros aspectos de los carros. La construcción, los acabados y la eficiencia de los sistemas de propulsión, especialmente en los modelos híbridos y eléctricos, muestran una diferencia menor frente a los fabricantes consolidados.Las marcas occidentales y japonesas todavía cuentan con una mayor experiencia en el refinamiento de los sistemas digitales y en la manera de integrarlos a la conducción, lo que incluye desde la configuración de las alertas hasta la organización de los menús y la facilidad para utilizar las funciones sin generar distracciones.
Medellín recibe en su primera edición a la feria que reúne el mundo de la tecnología con la moda. Se trata de Nextech by Colombiatex. Un espacio diseñado para optimizar esos recursos que hoy ya hacen parte de la vida de la mayoría de personas, como la inteligencia artificial.Este evento está justamente enfocado en mostrar cómo la tecnología está y estará siempre los procesos de diseños, ventas y creación de la moda desde lo más básico hasta lo más complejo.Desde el 22 al 24 de septiembre se reunirán hasta 110 expositores con sus diferentes marcas, todas mostrando cómo la tecnología los ha impulsado a emprender y, asimismo, a generar empleo.En la apertura oficial de la feria, Sebastián Diez, presidente ejecutivo de Inexmoda, destacó el uso de estas herramientas para la optimización. Por eso, pidió “creer en la tecnología” para estar al nivel de lo que hoy se necesita y que así el sistema moda no quede un paso atrás.También se refirió a cómo las “nuevas ideas” y “nuevos vínculos” entre el sector permiten generar más empleo en el país; sin embargo, esto representa un gran desafío.“Colombia tiene una oportunidad para construir una industria más competitiva y más preparada para el mundo, pero para lograrlo necesitamos que la innovación se traduzca en en productividad, eficiencia y velocidad”, insistió Diez.
La presencia de un puma en una zona rural de La Calera fue confirmada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), luego de que habitantes del sector reportaran el avistamiento de un felino silvestre. La entidad activó el protocolo de atención y realiza seguimiento al comportamiento y desplazamiento del animal.El reporte fue recibido el 20 de septiembre por la dirección regional Bogotá-La Calera de la CAR. Técnicos y biólogos se desplazaron hasta el predio señalado y, mediante registros de cámaras de seguridad, confirmaron que se trata de un puma (Puma concolor).La autoridad ambiental señaló que las acciones buscan proteger al animal y, al mismo tiempo, prevenir posibles interacciones con habitantes de la zona y animales de producción.¿Qué medidas tomó la CAR tras el avistamiento de un puma en La Calera?Durante las visitas de campo, profesionales de la CAR realizaron una valoración del área con apoyo de sistemas de observación mediante dron, con el propósito de identificar posibles corredores o zonas utilizadas por el felino para desplazarse.La entidad también entregó recomendaciones a los residentes para reducir la posibilidad de nuevos encuentros, especialmente relacionadas con el manejo de cercados.La directora de Biodiversidad de la CAR, Magdala Iregui, explicó que, tras recibir el reporte, se activó la ruta de atención correspondiente y se realizó la verificación en el lugar.Las acciones se adelantan de manera articulada con la Alcaldía de La Calera y la Secretaría Distrital de Ambiente, con el fin de establecer las condiciones del sector y determinar las medidas de manejo preventivo.Por ahora, la CAR recomienda aplicar medidas de disuasión y ahuyentamiento controlado mediante estímulos sonoros, buscando favorecer el desplazamiento del puma hacia zonas donde disminuya la posibilidad de interacción.¿Qué hacer si se encuentra con un puma?La CAR indicó que, por el momento, no se ha determinado la necesidad de reubicar al ejemplar. La entidad continuará con el seguimiento técnico y, dependiendo de la evolución de la situación y las condiciones del sector, definirá las medidas correspondientes.A los habitantes se les recomienda reforzar la protección de animales domésticos y de producción mediante cercados adecuados, incluidos sistemas de cercas eléctricas en los encierros. También se aconseja manejar correctamente los restos de animales y utilizar sistemas de disuasión lumínica en puntos donde puedan presentarse interacciones.Ante un encuentro con el puma, la recomendación es no acercarse, perseguirlo, golpearlo ni intentar capturarlo. La CAR pide mantener la calma, no correr ni darle la espalda al animal y reportar inmediatamente el avistamiento.Los reportes de fauna silvestre pueden realizarse a la línea 316 524 4031, disponible las 24 horas, los siete días de la semana.
La Procuraduría General de la Nación lanzó una contundente alerta sobre la gravedad de la explotación sexual y la trata de personas en Colombia, calificándolas como violaciones sistemáticas a los derechos humanos."El trabajo realizado en los territorios ha permitido advertir que factores como la desigualdad de género, la pobreza, la migración irregular, el desplazamiento y el conflicto armado incrementan el riesgo de captación y explotación", indicó el Ministerio Público. Por lo que, la entidad instó a los organismos competentes del Estado a articular acciones inmediatas que permitan identificar riesgos de manera oportuna.A la par, exigió la implementación de rutas de atención integral con enfoques de género y diferenciales, al tiempo que pidió mayor celeridad e investigación judicial para juzgar y sancionar con rigor a las bandas dedicadas a este flagelo.Esta problemática impacta con mayor severidad a las zonas rurales y fronterizas, donde la presencia del conflicto armado genera un escenario de doble victimización para la población más vulnerable.A estas vulnerabilidades territoriales se suma la rápida evolución de la delincuencia organizada transnacional, la cual ha migrado hacia el entorno digital. De esta forma, alertando que las estructuras criminales emplean activamente redes sociales y plataformas electrónicas para contactar a sus víctimas, utilizando anzuelos engañosos como falsas ofertas de empleo, viajes atractivos, supuestas relaciones sentimentales o promesas de superación académica.Por lo que, instó a la sociedad civil, y en especial a los padres de familia con sus hijos, a adoptar medidas de autocuidado e informarse sobre los entornos virtuales. Además, recomendó verificar la autenticidad de cualquier propuesta laboral o de viaje difundida en internet y acudir de inmediato a los canales oficiales para reportar conductas sospechosas.