Durante la inauguración del tercer centro del país para la reintegración de personas que recuperaron su libertad, en Cali, el ministro de Justicia y del Derecho (e), Andrés Idárraga Franco, se refirió al caso Pegasus y señaló que el Gobierno Nacional está a la espera de un informe detallado por parte de la Policía sobre el avance de las investigaciones.El funcionario aseguró que detrás de las interceptaciones ilegales a altos funcionarios del Gobierno existiría una conspiración política desde algunos sectores, con el objetivo de desprestigiar a la administración nacional, incluso en un contexto electoral.“Yo creo que de fondo hay una conspiración que se ha iniciado por parte de algunos sectores al interior de entidades del sector defensa, que es precisamente el centro de esta discusión. Aquí el problema no es Andrés Idárraga ni el ministro de Justicia, aquí el problema es cómo al parecer algunos sectores han querido conspirar contra el propio Gobierno en época electoral, tal vez para buscar mecanismos de desprestigio”, afirmó.Idárraga también reveló que, en su caso, el micrófono de su teléfono celular fue activado de manera remota, lo que permitió la obtención de información confidencial.“Fueron 134 ocasiones, con más de 8.700 intervenciones ilegales comprobadas, en las que se extrajeron más de 2,3 gigas de información sensible del Gobierno Nacional, incluyendo datos de denunciantes de corrupción y conversaciones de alto nivel”, explicó.De igual manera, el ministro negó cualquier injerencia en la solicitud de imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, luego de que el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) lo señalara de presuntos intereses políticos.“Creo que lo han mal informado personas que han querido sembrar cizaña. Vamos a resolverlo internamente y somos respetuosos de la independencia judicial”, puntualizó, al asegurar que buscará un diálogo directo con Rodríguez.
A las 4:00 de la tarde está citada una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad, convocada en medio de la controversia por la presunta utilización del software de espionaje Pegasus en Colombia. El encuentro contará con la presencia del presidente Gustavo Petro, así como de la cúpula militar y policial y varios altos funcionarios del Gobierno.En la reunión participarán los ministros de Defensa y de Justicia, los directores de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y de la Unidad Nacional de Protección (UNP), además del comisionado para la Paz, Otty Patiño. El primer punto de la agenda será la denuncia presentada por el secretario de Transparencia de la Presidencia y ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, quien aseguró haber sido víctima de interceptaciones ilegales mediante el uso de Pegasus.La denuncia generó un cruce de versiones al interior del Gobierno. Aunque el Ministerio de Defensa salió públicamente a negar el uso de este software por parte de la Fuerza Pública, para el Ministerio de Justicia las explicaciones entregadas hasta ahora no son suficientes, lo que ha incrementado la tensión entre ambos despachos.En ese escenario aparece el nombre de Augusto Rodríguez, director de la UNP. De acuerdo con fuentes cercanas al Ministerio de Justicia, Rodríguez estaría adelantando investigaciones propias y, en ese proceso, habría recurrido a herramientas como Pegasus. Sin embargo, el funcionario desmintió esta versión, pero reconoció que ha hablado con el presidente Gustavo Petro sobre Idárraga, cuestionando su gestión.El debate alrededor de Pegasus no es nuevo en el país. Desde 2021 se han conocido reportes internacionales que señalan a Colombia como uno de los lugares donde el software habría sido adquirido, aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre su utilización por parte del Estado. Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, ha sido cuestionado a nivel mundial por su uso para espiar a periodistas, activistas y funcionarios públicos.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, negó de manera tajante que el Estado colombiano esté usando el software de espionaje Pegasus y calificó como falsas las versiones que señalan seguimientos ilegales contra el ministro de Justicia encargado, Andrés Idarraga. Según explicó, tras verificaciones internas y revisiones de inteligencia, no existe ninguna orden ni operación de vigilancia de ese tipo. “Lo que ya hemos confirmado hasta ahora, al interior del Ministerio de Defensa, es que nuestro ministro de Justicia encargado ha sido, podríamos llamarlo, víctima de una información falsa”, afirmó.Sánchez precisó que Pegasus sí estuvo en el país, pero dejó de utilizarse hace más de dos años. “Hablando del software Pegasus, estuvo en Colombia en el 2021 y en el 2022. Desde esa fecha se dejó de utilizar y no está siendo utilizado en la Fuerza Pública”, señaló, al tiempo que enfatizó que ninguna dependencia del Ministerio de Defensa ni de las Fuerzas Militares emplea actualmente ese tipo de herramientas.En ese sentido, fue enfático en descartar órdenes irregulares: “Jamás se ha ordenado desde el Ministerio de Defensa, o desde cualquier fuerza, hacer un seguimiento como esa información falsa que le hicieron llegar a nuestro ministro de Justicia”.El ministro también subrayó que cualquier actividad de inteligencia en Colombia debe ajustarse estrictamente a la ley y a controles judiciales. “Nosotros no utilizamos ese tipo de software y, si se llegara a utilizar, debe ser con orden judicial y con todo el proceso; de lo contrario, es una violación a la ley”, sostuvo. Agregó que el Ministerio solo ordena labores de contrainteligencia interna, limitadas a pruebas de confiabilidad para proteger la seguridad de funcionarios y decisiones estratégicas.En relación con los señalamientos contra un suboficial mencionado en las denuncias, Sánchez advirtió sobre los riesgos de exponer información personal sin pruebas. “Exponer la hoja de vida, el nombre o las imágenes de nuestros suboficiales no solo los pone en riesgo, sino que también viola su privacidad y afecta el debido proceso”, dijo. Finalmente, anunció que se activaron todas las instancias institucionales para esclarecer los hechos y reiteró que la Fiscalía adelanta las investigaciones correspondientes, mientras llamó a un manejo responsable de la información para evitar desinformación y señalamientos sin sustento.
Una grave denuncia está haciendo el minJusticia encargado, Andrés Idárraga, al revelar que un informe forense evidenció que su teléfono celular fue infiltrado 8.742 veces entre agosto y noviembre del año pasado.Incluso Idárraga aseguró que el informe arrojó que se activaron de manera ilegal la cámara y el micrófono, y se descargaron aproximadamente 2,3 gigabytes de información privada, incluyendo datos sensibles relacionados con denuncias anticorrupción que venía promoviendo.El jefe de la cartera de Justicia encargado aseguró que los hechos no se limitaron al espionaje digital porque, según un informe de contrainteligencia, se habría impartido una orden desde el Ministerio de Defensa para utilizar gastos reservados con el fin de perseguirlo a él y a su familia, presuntamente para identificar las fuentes que permitieron destapar escándalos de corrupción al interior del sector defensa.“Estaban armando una campaña de desprestigio en mi contra por la información que venía recibiendo sobre diversos casos de corrupción (de todo nivel y tipo) al interior de las fuerzas militares”, dijo Idárraga.Andrés Idárraga confirmó que ya radicó una denuncia penal contra persona indeterminada ante la Fiscalía y que también llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.Asimismo, el minJusticia (e) le pidió a la Contraloría verificar el uso de los gastos reservados del sector defensa, con el fin de establecer si estos recursos estarían siendo utilizados para fines distintos.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, está denunciando que su teléfono personal estaría intervenido con el software Pegasus; lo anterior, tras un análisis que hizo un investigador sobre el dispositivo.“En mi teléfono se encontró, por parte de un técnico experto e idóneo, con un software especializado, el virus malicioso de Pegasus, el cual puede intervenir mi teléfono a través de una llamada perdida”, dijo Benedetti sobre el tema.El ministro del Interior va a poner en conocimiento de las autoridades esta situación para que se adelanten las investigaciones correspondientes.“Con ello puede que mi dispositivo se vuelva una cámara, se vuelva un micrófono y en tiempo real se pueda ver todo lo que estoy haciendo. Eso tiene que ver con muchas situaciones que me han pasado, como los sobrevuelos de helicópteros sobre mi casa, el tema de la lista OFAC, el allanamiento ilegal. Tengo que decir que tengo la rodilla encima”, agregó Benedetti.
La renuncia del director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás, y la suspensión temporal de esta entidad de la red segura internacional del Egmont Group, tras revelarse la adquisición del software espía Pegasus por parte del Gobierno de Gustavo Petro, encendieron las alarmas sobre los mecanismos de supervisión financiera y ciberseguridad en Colombia.En entrevista con Blu Radio desde Uruguay, el analista de ciberseguridad Camilo Gutiérrez advirtió que “el gran problema es la confianza que puede quedar en la UIAF ante otras instituciones”. La situación plantea un doble riesgo: por un lado, la interrupción del intercambio de información clave con organismos internacionales; por otro, el daño reputacional que podría afectar a una entidad dedicada al seguimiento de transacciones sospechosas y lavado de activos. Si no se corrige la situación, explicó Gutiérrez, “en 2027 podría haber un impacto más grave cuando haya una reevaluación de la unidad”.Riesgo de aislamiento y debilitamiento de la cooperación globalLa UIAF participaba en redes internacionales que permiten rastrear flujos de dinero vinculados al crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, explicó Gutiérrez. Aunque “esta es una de varias redes”, señaló, la pérdida de acceso o la limitación en la colaboración puede tornarse crítica en operaciones futuras. Según el experto, el efecto más inmediato podría no sentirse ahora, “pero cuando se requiera información específica de otro país, ahí puede empezar a verse el problema”.La implicación directa de Pegasus, sumada a la renuncia de Llinás, genera señales preocupantes sobre la autonomía institucional. “Se tiene que garantizar que sea una entidad independiente”, recalcó Gutiérrez. Si se debilita esa independencia, advirtió, podrían generarse “inconvenientes serios” en el mediano plazo.Ciberseguridad y transparencia: los nuevos desafíos de la supervisión financieraEl escándalo no solo es financiero, sino también de ciberseguridad y gobernabilidad. La compra del software espía Pegasus —reconocida en una locución presidencial el 4 de septiembre— plantea preguntas sobre quién accede a la información, bajo qué protocolos y con qué límites. Gutiérrez alertó que la combinación de vigilancia digital no regulada y supervisión financiera debilitada abre “un vector de riesgo enorme” para el país.Mientras tanto, los sectores encargados de combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo observan con preocupación. La UIAF deberá demostrar con evidencia sólida que no ha sido objeto de “intervenciones indebidas que comprometan su independencia”, insistió el analista. De lo contrario, el problema trascenderá lo técnico y se convertirá en una crisis institucional: la confianza del sistema global podría tardar mucho más en recuperarse de lo que se tardó en perderse.
Una fuente reservada respondió a varios interrogantes sobre el papel que jugó el general (r) Jorge Luis Vargas, quien era director de la Policía Nacional en el año 2021 en la llegada de los miembros de NSO Group, desarrolladores de Pegasus en medio de la polémica por la compra del software. Vargas, hace unos días se presentó ante la Fiscalía y, tras una citación, decidió “guardar silencio”.Blu Radio pudo establecer, según informaron fuentes reservadas, que miembros de NSO Group llegaron al aeropuerto de Catam tras una solicitud extendida por la oficina de asuntos multilaterales de la CIA, adscrita a la embajada de Estados Unidos, en el marco de la colaboración existente entre ambos países (Colombia, EE.UU.)El objetivo de esta colaboración era adquirir una herramienta informática para combatir el narcotráfico, mejorar la operatividad y capacitar al personal. Este proceso fue notificado por un oficial de alto rango de Estados Unidos a su homólogo, el general Jorge Luis Vargas, explicando las razones de la visita de la comitiva israelí.Como respuesta, Vargas dio trámite a la solicitud, delegando al entonces general Norberto Mujica, director de la dirección de Inteligencia Policial (Dipon) para que brindara el apoyo necesario. Finalmente, se acordó un acompañamiento como parte de los convenios de policía judicial a nivel internacional, asegurando que el equipo contara con todas las facilidades durante su estadía y los diferentes viajes realizados entre junio y septiembre de 2021 mientras se desarrollaban las capacitaciones sobre el software. Ese acompañamiento estuvo a cargo de un coronel de la institución.El pasado 8 de noviembre, ante el fiscal sexto delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Hernando Barreto, el general Jorge Luis Vargas, exdirector de la Policía, guardó silencio frente a todo lo relacionado con el programa espía Pegasus, señalando que todo esto forma parte del marco de algunas operaciones reservadas manejadas por la Policía Nacional, razón por la cual decidió no hablar.La investigación en Fiscalía y las ‘chuzadas’ que denunció el magistrado IbáñezEl cese de operaciones de la herramienta Pegasus por parte de los Estados Unidos en el año 2021, cuando establecieron que NSO Group había vendido el software a otro cliente que estaba usándolo en su contra, deja un interrogante frente a la investigación que aperturó la Fiscalía tras la denuncia que presentó el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Toro Ramírez, por interceptaciones ilegales y que alertó a las autoridades.El 5 de septiembre de 2024, la Fiscalía anunció que abría investigación por Pegasus por medio de un acto administrativo que firmó la fiscal Luz Adriana Camargo, designando al fiscal delegado ante la Corte, Hernando Barreto Ardila, para que liderara el caso.“Luego de tomar atenta nota del contenido de la denuncia presentada en la alocución del presidente Gustavo Petro Urrego, la Fiscalía incorporó la información revelada públicamente por el Jefe de Estado a la indagación de los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía por un magistrado de la Corte Constitucional”, informó en un comunicado el ente acusador.Sin embargo, la denuncia del presidente Petro en una alocución con la denuncia del uso indebido de Pegasus y la denuncia del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez, también por ‘chuzadas’, no coincide en los tiempos, pues los hechos que informó el togado corresponden a 2024, mientras que la herramienta Pegasus dejó de utilizarse antes de que Gustavo Petro se instalara en el Palacio de Nariño en 2022 según el Gobierno estadounidense.
Blu Radio tuvo acceso a nuevos detalles de un encuentro en la Casa de Nariño el 6 de noviembre de este año, que contó con la participación del presidente Gustavo Petro y sería determinante en la intervención de los Estados Unidos dentro de la polémica por la compra del software Pegasus.Un día después, 7 de noviembre, el diario El Tiempo publicó la declaración de altos funcionarios del Gobierno de Joe Biden, quienes afirmaron que ese país fue el responsable de la compra del software espía Pegasus con el objetivo de implementarlo en la lucha contra el narcotráfico. Además, señalaron que el Gobierno del expresidente Iván Duque (2018-2022) no tuvo conocimiento del negocio pactado con la firma NSO Group por 11 millones de dólares.Además, los funcionarios norteamericanos expresaron que la compra se efectuó por dos montos de 5.5 millones de dólares. La fiscal Luz Adriana Camargo, quien abrió una investigación, afirmó que el sistema financiero de Israel registró el ingreso de dinero y declaró que “la operación por 11 millones de dólares existió”.¿Quién tuvo acceso a Pegasus?Blu Radio pudo establecer, según informaron fuentes reservadas, qué miembros de NSO Group llegaron al aeropuerto de Catam tras una solicitud extendida por la oficina de asuntos multilaterales de la CIA, adscrita a la embajada de Estados Unidos, en el marco de la colaboración existente entre ambos países( Colombia, EE.UU.)El objetivo de esta colaboración era adquirir la herramienta informática para combatir el narcotráfico, mejorar la operatividad y capacitar al personal. Este proceso fue notificado por un oficial de alto rango de Estados Unidos a su homólogo, el general Jorge Luis Vargas, explicando las razones de la visita de la comitiva israelí.Como respuesta, Vargas dio trámite a la solicitud, delegando al entonces general Norberto Mujica, director de la dirección de Inteligencia Policial (Dipon) para que brindara el apoyo necesario. Finalmente, se acordó un acompañamiento como parte de los convenios de policía judicial a nivel internacional, asegurando que el equipo contara con todas las facilidades durante su estadía y los diferentes viajes realizados entre junio y septiembre de 2021 mientras se desarrollaban las capacitaciones sobre el software. Ese acompañamiento estuvo a cargo de un coronel de la institución.La reunión en PalacioEl 6 de noviembre de este año se llevó a cabo, en la Casa de Nariño, un encuentro crucial entre el presidente Gustavo Petro y un alto dignatario del gobierno de Estados Unidos, tan solo unas horas después de la elección presidencial en ese país, donde fue electo Donald Trump.La fuente anónima argumentó a Blu Radio que las recientes publicaciones en medios, que salpicaba aún más a la línea de mando de la Policía y al gobierno Duque, incluyendo ministros y funcionarios, así como la actuación penal contra importantes aliados en la lucha contra las drogas, como el exministro de Defensa Diego Molano y el general Jorge Luis Vargas, motivaron la intervención y la llegada de esta figura importante de la política norteamericana. Este dignatario estuvo acompañado en todo momento por un esquema de seguridad extranjero durante las pocas horas que permaneció en territorio colombiano.Lo llamativo de la reunión es que en ella se habría informado al Primer mandatario sobre una versión desconocida en ese momento por la opinión pública sobre la participación de Estados Unidos en la compra de Pegasus. No obstante, no fue sino hasta la revelación de El Tiempo y la reunión sostenida entre el embajador Daniel García Peña en la Casa Blanca con funcionarios del gobierno Biden que el presidente Petro emitió un pronunciamiento en su cuenta de X: “Si esto es cierto, sí que serían peor las cosas”.Otro de los puntos que pudo conocer este medio fue que la persona encargada de responder las preguntas del embajador Daniel García Peña en la Casa Blanca en Washington fue Todd Robinson, político estadounidense con una larga experiencia en la lucha contra el narcotráfico y la persona que designó Estados Unidos para permitir un mayor entendimiento, teniendo en cuenta la estrecha relación de Robinson en asuntos de América Latina.La investigación en Fiscalía y las ‘chuzadas’ que denunció el magistrado IbáñezEl cese de operaciones de la herramienta Pegasus por parte de los Estados Unidos en el año 2021, cuando establecieron que NSO Group había vendido el software a otro cliente que estaba usándolo en su contra, deja un interrogante frente a la investigación que aperturó la Fiscalía tras la denuncia que presentó el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Toro Ramírez, por interceptaciones ilegales y que alertó a las autoridades.El 5 de septiembre de 2024, la Fiscalía anunció que abría investigación por Pegasus por medio de un acto administrativo que firmó la fiscal Luz Adriana Camargo, designando al fiscal delegado ante la Corte, Hernando Barreto Ardila, para que liderara el caso.“Luego de tomar atenta nota del contenido de la denuncia presentada en la alocución del presidente Gustavo Petro Urrego, la Fiscalía incorporó la información revelada públicamente por el jefe de Estado a la indagación de los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía por un magistrado de la Corte Constitucional”, informó en un comunicado el ente acusador.Sin embargo, la denuncia del presidente Petro en una alocución con la denuncia del uso indebido de Pegasus y la denuncia del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez, también por ‘chuzadas’, no coincide en los tiempos, pues los hechos que informó el togado corresponden a 2024, mientras que la herramienta Pegasus dejó de utilizarse antes de que Gustavo Petro se instalara en el Palacio de Nariño en 2022 según el Gobierno estadounidense.
El presidente Gustavo Petro dejó en manos de la justicia en Colombia la verificación de cuál y cómo fue el uso del software Pegasus en el país, ahora que Estados Unidos confirmó que financió su compra en 2020.Luego de que el mandatario denunciara en varias ocasiones en los últimos meses que el sistema israelí había sido comprado de manera irregular y con dineros ilícitos por el Gobierno de Iván Duque, altos funcionarios del Gobierno norteamericano aclararon que ellos fueron quienes entregaron los fondos lícitos en el marco de cooperación entre ambos gobiernos y como parte de la misión antinarcóticos.Esto cambió el rumbo de los señalamientos de Petro, en especial cuando dichos funcionarios aseguraron que no le informaron a él cuando llegó a Casa de Nariño y al entonces presidente Iván Duque, pues el sistema se dejó de usar antes del cambio de Gobierno por diversos motivos.Desde Estados Unidos aseguraron que no hay registro de que el sistema haya sido usado para fines distintos a los definidos, como la vigilancia a líderes políticos. El presidente Petro insiste en que debe hacerse una verificación en Colombia.“Solo es legal el uso de Pegasus en Colombia si las interceptaciones a teléfonos fueron ordenadas por la justicia colombiana. Corresponde a la rama judicial decirnos si esas órdenes se dieron, si no, la Justicia debe procesar a quienes lo permitieron”, escribió Petro en su cuenta de X.Aunque la Fiscalía ha iniciado sus propias investigaciones, cabe recordar que según la Ley 1621 de 2013 de inteligencia y contrainteligencia, en nuestro país es permitido el monitoreo y esa categoría podría aplicar a lo hecho con el sistema por parte de Estados Unidos en las operaciones contra ilegales, aclarando que el monitoreo no constituye interceptación de comunicaciones.“Las entidades de inteligencia y contrainteligencia comprenden actividades de monitoreo del espectro electromagnético debidamente incorporadas dentro de órdenes de operaciones o misiones de trabajo. La información recolectada en el marco de ese monitoreo o en actividades de inteligencia y contrainteligencia que no sirva para el cumplimiento de los fines establecidos en la presente ley, deberá ser destruida y no podrá ser almacenada en las bases de datos de inteligencia y contrainteligencia”, reseña la normativa.Mientras avanzan las investigaciones, lo cierto es que hay malestar en el Gobierno colombiano por el hecho de que Estados Unidos haya confirmado su participación en ese momento, pese a que el mandatario había hecho las denuncias desde hace varios meses.“Al parecer, ni el presidente anterior ni el actual presidente hemos leído dicho acuerdo. No puede existir un estado policial por encima del estado democrático”, escribió Petro.También, el canciller Luis Gilberto Murillo mostró su preocupación por la declaración del gobierno norteamericano y señaló que continuará buscando más información a través de canales diplomáticos.“Nos parece que no se manejó de manera transparente. Tenemos una muy buena relación con los Estados Unidos, de colaboración y cooperación judicial que es muy efectiva. (…) También le agradecemos que haya estado muy atento en temas relacionados con la seguridad personal del presidente de la República. Sin embargo, nos sorprendió lo que escuchamos, lo que pudimos conocer por algunos medios de comunicación”, detalló
Continúan los pedidos de claridad de parte de Colombia a Estados Unidos sobre la adquisición del software Pegasus y cómo fue usado en el país, todo eso luego de que funcionarios del Gobierno norteamericano confirmaron que habían financiado dicho sistema en 2020.El Gobierno colombiano aseguró que continuará buscando información sobre la compra y uso del software espía Pegasus pues persiste la sospecha de aplicaciones irregulares pese a que Estados Unidos confirmó que había financiado la adquisición y que no fue parte de prácticas ilegales.Así lo confirmó el canciller Luis Gilberto Murillo, quien no ocultó su inquietud por esta declaración que este viernes, 8 de noviembre, hizo el Gobierno norteamericano de un caso que el presidente Gustavo Petro ha denunciado desde hace varios meses.“Nos parece que no se manejó de manera transparente. Tenemos una muy buena relación con los Estados Unidos, de colaboración y cooperación judicial que es muy efectiva. (…) También le agradecemos que haya estado muy atento en temas relacionados con la seguridad personal del presidente de la República. Sin embargo, nos sorprendió lo que escuchamos, lo que pudimos conocer por algunos medios de comunicación”, detalló.En la mañana de este jueves, 7 de noviembre, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, se reunió en Casa Blanca con altos funcionarios del Gobierno estadounidense, quienes le confirmaron la compra del sistema en 2020 pero que nunca fue informado al entonces presidente Iván Duque ni a Petro cuando asumió el mandato.“Lo que nos aseguraron es que fueron recursos norteamericanos, que el software nunca se les entregó a autoridades colombianas. Me parece sospechoso e irregular que esos pagos se hagan en efectivo, supuestamente para evitar trazabilidad de los recursos lo cual hace más sospechoso”, cuestionó el embajador.Horas después, altos funcionarios de la Casa Blanca ratificaron que Estados Unidos fue quien entregó los fondos para que Colombia adquiriera el sistema en 2020, cuando Donald Trump era presidente, aclarando que eran recursos legales como parte de la cooperación en la lucha contra los narcotraficantes.La operación de Pegasus en Colombia estuvo estrictamente controlada de acuerdo con la información entregada por esos voceros y su uso solo era conocido por un pequeño número de funcionarios de seguridad del Gobierno colombiano y en su momento, ni el entonces presidente Iván Duque ni el hoy presidente Gustavo Petro fueron informados sobre la compra.Además, fueron enfáticos en que el uso de este sistema comenzó a desescalar tras conocerse denuncias en todo el mundo de la aplicación irregular y esto fue justo antes de que Petro llegara a la Casa de Nariño.No obstante, el canciller Murillo manifestó que continuarán buscando, a través de canales diplomáticos, aclarar lo sucedido.“Lo más importante es que se pueda conocer toda la información de manera transparente de cómo se usó ese software y en qué casos específicos para que tengamos la garantía de que esto no se repita. Tanto el Gobierno colombiano, este gobierno y la opinión pública necesitan saber realmente qué pasó, porque Colombia tiene toda una historia de situaciones como esta que no se aclaran”, puntualizó Murillo.
En El Radar de este sábado, 7 de noviembre de 2026, Ricardo Ospina abordó la grave deforestación en la selva amazónica, el análisis del escenario político tras las elecciones de medio término en Estados Unidos junto a la crisis en Paraguay, y el estreno en Netflix de la serie Palacio al cumplirse 41 años de los hechos del Palacio de Justicia.María Teresa Aya, analista internacional, Analizó las consecuencias de la guerra en Irán sobre el costo de vida y su impacto en los resultados electorales de medio término en Estados Unidos, así como la crisis política en Paraguay tras la renuncia de Santiago Peña. También destacó la importancia del pragmatismo y la moderación en las relaciones diplomáticas bilaterales.Andrés Hurtado García, ambientalista y escritor, advirtió sobre el panorama crítico e irreversible que enfrenta la selva amazónica y cuestionó la ineficacia de las iniciativas individuales ante la falta de presupuesto y la inacción gubernamental.Rodrigo Botero García, director general de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), alertó sobre la pérdida de casi 800.000 hectáreas de bosque en la Amazonia Colombiana en los últimos diez años debido al acaparamiento de tierras, la ganadería intensiva, la minería ilegal y el lavado de activos. Subrayó la magnitud transnacional de esta problemática ambiental.Protagonistas de la serie de Netflix Palacio relataron el reto de recrear la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985 y el trabajo actoral para reflejar el dolor de las víctimas. Aclararon que la producción es una aproximación desde la ficción fundamentada en años de investigación para invitar a la reflexión social.Escuche el programa completo aquí:
Las lluvias siguen encendiendo las alarmas en Santander. Un total de 60 municipios se encuentran bajo alerta por riesgo de deslizamientos, mientras las precipitaciones comienzan a generar afectaciones en vías, inundaciones y caída de material rocoso en diferentes sectores del departamento.El panorama es preocupante, especialmente en zonas de montaña y corredores viales donde las condiciones del terreno aumentan el riesgo para conductores y comunidades.De acuerdo con el pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), las lluvias continuarán durante el fin de semana, con precipitaciones en amplios sectores del Magdalena Medio, particularmente en Puerto Wilches, Sabana de Torres, Barrancabermeja, Puerto Parra, Cimitarra y Bajo Rionegro.Las precipitaciones también han provocado emergencias en el área metropolitana de Bucaramanga. En Floridablanca se registraron dificultades de movilidad por el colapso del sistema de alcantarillado en el sector de Cañaveral, sobre la autopista Bucaramanga–Floridablanca.En Bucaramanga se presentaron inundaciones por el colapso del alcantarillado en la vía entre El Palenque y Café Madrid, en el corredor que conduce hacia Centroabastos.En la vía al aeropuerto hay caída de rocas en el tramo de ascenso. En Girón se reportan deslizamientos en la vía que conduce hacia Zapatoca, a la altura de los barrios Nuevo Girón y Bella Vista, donde una familia terminó encerrada en su vivienda por rocas y lodo.Las dificultades también se extienden a otros corredores viales del departamento.En el sector de Pangua, donde contratistas del Instituto Nacional de Vías (Invías) adelantan trabajos, las lluvias han ocasionado encharcamientos que dificultan el tránsito.Otra situación de riesgo se presenta en la vía nacional Cúcuta–Bogotá, entre Capitanejo y Málaga, donde se reportó caída de rocas sobre la carretera.Los desprendimientos de material representan un peligro para los conductores, especialmente durante las lluvias y en sectores donde pueden producirse nuevos movimientos de tierra.El panorama meteorológico también mantiene la atención sobre el Magdalena Medio, donde se reportan lluvias en Puerto Wilches, Sabana de Torres, Barrancabermeja, Puerto Parra, Cimitarra y Bajo Rionegro.Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para extremar las medidas de prevención durante esta temporada de lluvias.
WhatsApp almacena conversaciones, fotografías, documentos y otros contenidos personales que los usuarios comparten a diario. Por eso, descubrir que otra persona podría tener acceso a una cuenta desde un computador o teléfono desconocido representa una preocupación para quienes utilizan esta aplicación.La plataforma cuenta con una herramienta que permite comprobar qué equipos tienen acceso a una cuenta, incluso cuando se trata de sesiones abiertas anteriormente en computadores compartidos mediante WhatsApp Web.Esta opción se encuentra en el apartado Dispositivos vinculados y permite consultar las conexiones autorizadas, verificar su actividad reciente y desconectar aquellas que generen sospechas. El procedimiento se puede realizar directamente desde el teléfono principal, sin necesidad de desinstalar la aplicación ni eliminar las conversaciones.¿Cómo saber si alguien abrió tu WhatsApp en otro dispositivo?Para comprobar si existen conexiones que no reconoces, es necesario ingresar a la configuración de WhatsApp. La aplicación muestra los equipos asociados mediante su función multidispositivo.Los pasos cambian ligeramente dependiendo del sistema operativo del celular:En Android:Abre WhatsApp desde tu teléfono.Presiona el menú de los tres puntos ubicado en la parte superior.Selecciona la opción 'Dispositivos vinculados'.Examina los computadores, navegadores y teléfonos que aparecen en la lista.Comprueba si reconoces todos los equipos asociados a tu cuenta.En iPhone:Ingresa a WhatsApp.Selecciona el apartado 'Configuración'.Busca la opción 'Dispositivos vinculados'.Revisa las sesiones que aparecen registradas.En este apartado también es posible consultar información sobre la última actividad de los dispositivos conectados. Este dato puede ayudar a identificar sesiones que el propietario no recuerda haber iniciado.Sin embargo, encontrar un equipo vinculado no significa necesariamente que alguien esté leyendo los mensajes en ese instante. Lo que indica es que existe una conexión autorizada que puede tener acceso a la cuenta.¿Cómo cerrar una sesión desconocida de WhatsApp?Si durante la revisión aparece un computador, navegador o teléfono que no reconoces, puedes desconectarlo desde el dispositivo principal. Para hacerlo, ingresa nuevamente a 'Dispositivos vinculados', selecciona el equipo que genera sospechas y presiona la opción 'Cerrar sesión'.Después de completar este procedimiento, el dispositivo seleccionado perderá el acceso a tu cuenta de WhatsApp y necesitará realizar nuevamente el proceso de vinculación para utilizarla. Esta alternativa permite retirar conexiones individuales sin afectar las demás sesiones que el usuario reconoce.
Un nuevo procedimiento policial vuelve a poner sobre la mesa la reincidencia y los controles migratorios en Santander. Un ciudadano extranjero de 26 años fue capturado nuevamente por la Policía Nacional en el municipio de Suratá, luego de presuntamente incumplir una resolución migratoria.De acuerdo con el reporte de las autoridades, ya había sido capturado en cinco oportunidades por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fraude a resolución judicial o administrativa.Pero los antecedentes de convivencia también preocupan a las autoridades. El ciudadano acumulaba 11 órdenes de comparendo, de acuerdo con la Ley 1801 de 2016, por comportamientos relacionados con confrontaciones violentas, riñas y agresiones físicas. La nueva detención se produjo en el sector céntrico de Suratá, durante los controles de vigilancia y seguridad adelantados por unidades de la Policía Nacional. Según el informe oficial, el hombre habría incumplido las disposiciones establecidas en una resolución migratoria.Por esta conducta fue capturado en flagrancia por el delito de fraude a resolución judicial o administrativa de Policía, contemplado en el artículo 454 del Código Penal. Después del procedimiento, fue trasladado a Bucaramanga y puesto a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación.El coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, comandante de la Policía de Santander, aseguró que se adelantan coordinaciones con Migración Colombia para tramitar la deportación del ciudadano extranjero.Las cinco capturas registradas durante 2026 y los 11 comparendos reportados por la Policía abren interrogantes sobre el seguimiento a este ciudadano y las medidas administrativas que se habían adoptado frente a su situación migratoria.La Policía Nacional reiteró el llamado a los habitantes de Suratá y de los demás municipios de Santander para denunciar cualquier situación que afecte la tranquilidad y la seguridad ciudadana a través de la línea de emergencia 123.
Ocho personas fueron vinculadas a una investigación contra esta estructura delincuencial que operaba en Landázuri. Según las autoridades, el grupo generaba ganancias ilegales cercanas a los cinco millones de pesos semanales.Un contundente golpe contra el microtráfico en Santander. En el municipio de Landázuri, las autoridades desarticularon al grupo delincuencial conocido como ‘Los Búhos’, señalado de comercializar y distribuir estupefacientes en sectores urbanos y rurales de esta población.El operativo, coordinado entre la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía, permitió la captura de ocho personas: seis mediante orden judicial, una en flagrancia y otra que ya se encontraba privada de la libertad por un proceso de violencia intrafamiliar, a quien le fue imputado el delito de tráfico de estupefacientes.La ofensiva incluyó siete diligencias de allanamiento y registro. Durante los procedimientos fueron incautadas dosis de marihuana, más de 20 dosis de base de cocaína, cinco cartuchos calibre 9 milímetros, dinero en efectivo, un celular y tres motocicletas que, según la investigación, eran utilizadas para distribuir las sustancias ilícitas.De acuerdo con las autoridades, esta estructura utilizaba la modalidad de domicilios para llevar los estupefacientes hasta sus compradores, tanto en el casco urbano como en la zona rural de Landázuri.Las ganancias también estaban bajo la lupa: la Policía calcula que ‘Los Búhos’ obtenían rentas ilegales cercanas a los cinco millones de pesos semanales producto de esta actividad criminal.El comandante de la Policía de Santander, coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, aseguró que las autoridades continuarán trabajando de manera articulada para combatir las estructuras dedicadas al tráfico de drogas y evitar que estas redes afecten a los jóvenes y la tranquilidad de las comunidades.Finalmente, las autoridades confirmaron que siete de los capturados fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario.Un nuevo golpe contra las redes de distribución de drogas en Santander, esta vez en el municipio de Landázuri.