Durante la inauguración del tercer centro del país para la reintegración de personas que recuperaron su libertad, en Cali, el ministro de Justicia y del Derecho (e), Andrés Idárraga Franco, se refirió al caso Pegasus y señaló que el Gobierno Nacional está a la espera de un informe detallado por parte de la Policía sobre el avance de las investigaciones.El funcionario aseguró que detrás de las interceptaciones ilegales a altos funcionarios del Gobierno existiría una conspiración política desde algunos sectores, con el objetivo de desprestigiar a la administración nacional, incluso en un contexto electoral.“Yo creo que de fondo hay una conspiración que se ha iniciado por parte de algunos sectores al interior de entidades del sector defensa, que es precisamente el centro de esta discusión. Aquí el problema no es Andrés Idárraga ni el ministro de Justicia, aquí el problema es cómo al parecer algunos sectores han querido conspirar contra el propio Gobierno en época electoral, tal vez para buscar mecanismos de desprestigio”, afirmó.Idárraga también reveló que, en su caso, el micrófono de su teléfono celular fue activado de manera remota, lo que permitió la obtención de información confidencial.“Fueron 134 ocasiones, con más de 8.700 intervenciones ilegales comprobadas, en las que se extrajeron más de 2,3 gigas de información sensible del Gobierno Nacional, incluyendo datos de denunciantes de corrupción y conversaciones de alto nivel”, explicó.De igual manera, el ministro negó cualquier injerencia en la solicitud de imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, luego de que el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) lo señalara de presuntos intereses políticos.“Creo que lo han mal informado personas que han querido sembrar cizaña. Vamos a resolverlo internamente y somos respetuosos de la independencia judicial”, puntualizó, al asegurar que buscará un diálogo directo con Rodríguez.
A las 4:00 de la tarde está citada una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad, convocada en medio de la controversia por la presunta utilización del software de espionaje Pegasus en Colombia. El encuentro contará con la presencia del presidente Gustavo Petro, así como de la cúpula militar y policial y varios altos funcionarios del Gobierno.En la reunión participarán los ministros de Defensa y de Justicia, los directores de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y de la Unidad Nacional de Protección (UNP), además del comisionado para la Paz, Otty Patiño. El primer punto de la agenda será la denuncia presentada por el secretario de Transparencia de la Presidencia y ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, quien aseguró haber sido víctima de interceptaciones ilegales mediante el uso de Pegasus.La denuncia generó un cruce de versiones al interior del Gobierno. Aunque el Ministerio de Defensa salió públicamente a negar el uso de este software por parte de la Fuerza Pública, para el Ministerio de Justicia las explicaciones entregadas hasta ahora no son suficientes, lo que ha incrementado la tensión entre ambos despachos.En ese escenario aparece el nombre de Augusto Rodríguez, director de la UNP. De acuerdo con fuentes cercanas al Ministerio de Justicia, Rodríguez estaría adelantando investigaciones propias y, en ese proceso, habría recurrido a herramientas como Pegasus. Sin embargo, el funcionario desmintió esta versión, pero reconoció que ha hablado con el presidente Gustavo Petro sobre Idárraga, cuestionando su gestión.El debate alrededor de Pegasus no es nuevo en el país. Desde 2021 se han conocido reportes internacionales que señalan a Colombia como uno de los lugares donde el software habría sido adquirido, aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre su utilización por parte del Estado. Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, ha sido cuestionado a nivel mundial por su uso para espiar a periodistas, activistas y funcionarios públicos.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, negó de manera tajante que el Estado colombiano esté usando el software de espionaje Pegasus y calificó como falsas las versiones que señalan seguimientos ilegales contra el ministro de Justicia encargado, Andrés Idarraga. Según explicó, tras verificaciones internas y revisiones de inteligencia, no existe ninguna orden ni operación de vigilancia de ese tipo. “Lo que ya hemos confirmado hasta ahora, al interior del Ministerio de Defensa, es que nuestro ministro de Justicia encargado ha sido, podríamos llamarlo, víctima de una información falsa”, afirmó.Sánchez precisó que Pegasus sí estuvo en el país, pero dejó de utilizarse hace más de dos años. “Hablando del software Pegasus, estuvo en Colombia en el 2021 y en el 2022. Desde esa fecha se dejó de utilizar y no está siendo utilizado en la Fuerza Pública”, señaló, al tiempo que enfatizó que ninguna dependencia del Ministerio de Defensa ni de las Fuerzas Militares emplea actualmente ese tipo de herramientas.En ese sentido, fue enfático en descartar órdenes irregulares: “Jamás se ha ordenado desde el Ministerio de Defensa, o desde cualquier fuerza, hacer un seguimiento como esa información falsa que le hicieron llegar a nuestro ministro de Justicia”.El ministro también subrayó que cualquier actividad de inteligencia en Colombia debe ajustarse estrictamente a la ley y a controles judiciales. “Nosotros no utilizamos ese tipo de software y, si se llegara a utilizar, debe ser con orden judicial y con todo el proceso; de lo contrario, es una violación a la ley”, sostuvo. Agregó que el Ministerio solo ordena labores de contrainteligencia interna, limitadas a pruebas de confiabilidad para proteger la seguridad de funcionarios y decisiones estratégicas.En relación con los señalamientos contra un suboficial mencionado en las denuncias, Sánchez advirtió sobre los riesgos de exponer información personal sin pruebas. “Exponer la hoja de vida, el nombre o las imágenes de nuestros suboficiales no solo los pone en riesgo, sino que también viola su privacidad y afecta el debido proceso”, dijo. Finalmente, anunció que se activaron todas las instancias institucionales para esclarecer los hechos y reiteró que la Fiscalía adelanta las investigaciones correspondientes, mientras llamó a un manejo responsable de la información para evitar desinformación y señalamientos sin sustento.
Una grave denuncia está haciendo el minJusticia encargado, Andrés Idárraga, al revelar que un informe forense evidenció que su teléfono celular fue infiltrado 8.742 veces entre agosto y noviembre del año pasado.Incluso Idárraga aseguró que el informe arrojó que se activaron de manera ilegal la cámara y el micrófono, y se descargaron aproximadamente 2,3 gigabytes de información privada, incluyendo datos sensibles relacionados con denuncias anticorrupción que venía promoviendo.El jefe de la cartera de Justicia encargado aseguró que los hechos no se limitaron al espionaje digital porque, según un informe de contrainteligencia, se habría impartido una orden desde el Ministerio de Defensa para utilizar gastos reservados con el fin de perseguirlo a él y a su familia, presuntamente para identificar las fuentes que permitieron destapar escándalos de corrupción al interior del sector defensa.“Estaban armando una campaña de desprestigio en mi contra por la información que venía recibiendo sobre diversos casos de corrupción (de todo nivel y tipo) al interior de las fuerzas militares”, dijo Idárraga.Andrés Idárraga confirmó que ya radicó una denuncia penal contra persona indeterminada ante la Fiscalía y que también llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.Asimismo, el minJusticia (e) le pidió a la Contraloría verificar el uso de los gastos reservados del sector defensa, con el fin de establecer si estos recursos estarían siendo utilizados para fines distintos.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, está denunciando que su teléfono personal estaría intervenido con el software Pegasus; lo anterior, tras un análisis que hizo un investigador sobre el dispositivo.“En mi teléfono se encontró, por parte de un técnico experto e idóneo, con un software especializado, el virus malicioso de Pegasus, el cual puede intervenir mi teléfono a través de una llamada perdida”, dijo Benedetti sobre el tema.El ministro del Interior va a poner en conocimiento de las autoridades esta situación para que se adelanten las investigaciones correspondientes.“Con ello puede que mi dispositivo se vuelva una cámara, se vuelva un micrófono y en tiempo real se pueda ver todo lo que estoy haciendo. Eso tiene que ver con muchas situaciones que me han pasado, como los sobrevuelos de helicópteros sobre mi casa, el tema de la lista OFAC, el allanamiento ilegal. Tengo que decir que tengo la rodilla encima”, agregó Benedetti.
La renuncia del director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás, y la suspensión temporal de esta entidad de la red segura internacional del Egmont Group, tras revelarse la adquisición del software espía Pegasus por parte del Gobierno de Gustavo Petro, encendieron las alarmas sobre los mecanismos de supervisión financiera y ciberseguridad en Colombia.En entrevista con Blu Radio desde Uruguay, el analista de ciberseguridad Camilo Gutiérrez advirtió que “el gran problema es la confianza que puede quedar en la UIAF ante otras instituciones”. La situación plantea un doble riesgo: por un lado, la interrupción del intercambio de información clave con organismos internacionales; por otro, el daño reputacional que podría afectar a una entidad dedicada al seguimiento de transacciones sospechosas y lavado de activos. Si no se corrige la situación, explicó Gutiérrez, “en 2027 podría haber un impacto más grave cuando haya una reevaluación de la unidad”.Riesgo de aislamiento y debilitamiento de la cooperación globalLa UIAF participaba en redes internacionales que permiten rastrear flujos de dinero vinculados al crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, explicó Gutiérrez. Aunque “esta es una de varias redes”, señaló, la pérdida de acceso o la limitación en la colaboración puede tornarse crítica en operaciones futuras. Según el experto, el efecto más inmediato podría no sentirse ahora, “pero cuando se requiera información específica de otro país, ahí puede empezar a verse el problema”.La implicación directa de Pegasus, sumada a la renuncia de Llinás, genera señales preocupantes sobre la autonomía institucional. “Se tiene que garantizar que sea una entidad independiente”, recalcó Gutiérrez. Si se debilita esa independencia, advirtió, podrían generarse “inconvenientes serios” en el mediano plazo.Ciberseguridad y transparencia: los nuevos desafíos de la supervisión financieraEl escándalo no solo es financiero, sino también de ciberseguridad y gobernabilidad. La compra del software espía Pegasus —reconocida en una locución presidencial el 4 de septiembre— plantea preguntas sobre quién accede a la información, bajo qué protocolos y con qué límites. Gutiérrez alertó que la combinación de vigilancia digital no regulada y supervisión financiera debilitada abre “un vector de riesgo enorme” para el país.Mientras tanto, los sectores encargados de combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo observan con preocupación. La UIAF deberá demostrar con evidencia sólida que no ha sido objeto de “intervenciones indebidas que comprometan su independencia”, insistió el analista. De lo contrario, el problema trascenderá lo técnico y se convertirá en una crisis institucional: la confianza del sistema global podría tardar mucho más en recuperarse de lo que se tardó en perderse.
Una fuente reservada respondió a varios interrogantes sobre el papel que jugó el general (r) Jorge Luis Vargas, quien era director de la Policía Nacional en el año 2021 en la llegada de los miembros de NSO Group, desarrolladores de Pegasus en medio de la polémica por la compra del software. Vargas, hace unos días se presentó ante la Fiscalía y, tras una citación, decidió “guardar silencio”.Blu Radio pudo establecer, según informaron fuentes reservadas, que miembros de NSO Group llegaron al aeropuerto de Catam tras una solicitud extendida por la oficina de asuntos multilaterales de la CIA, adscrita a la embajada de Estados Unidos, en el marco de la colaboración existente entre ambos países (Colombia, EE.UU.)El objetivo de esta colaboración era adquirir una herramienta informática para combatir el narcotráfico, mejorar la operatividad y capacitar al personal. Este proceso fue notificado por un oficial de alto rango de Estados Unidos a su homólogo, el general Jorge Luis Vargas, explicando las razones de la visita de la comitiva israelí.Como respuesta, Vargas dio trámite a la solicitud, delegando al entonces general Norberto Mujica, director de la dirección de Inteligencia Policial (Dipon) para que brindara el apoyo necesario. Finalmente, se acordó un acompañamiento como parte de los convenios de policía judicial a nivel internacional, asegurando que el equipo contara con todas las facilidades durante su estadía y los diferentes viajes realizados entre junio y septiembre de 2021 mientras se desarrollaban las capacitaciones sobre el software. Ese acompañamiento estuvo a cargo de un coronel de la institución.El pasado 8 de noviembre, ante el fiscal sexto delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Hernando Barreto, el general Jorge Luis Vargas, exdirector de la Policía, guardó silencio frente a todo lo relacionado con el programa espía Pegasus, señalando que todo esto forma parte del marco de algunas operaciones reservadas manejadas por la Policía Nacional, razón por la cual decidió no hablar.La investigación en Fiscalía y las ‘chuzadas’ que denunció el magistrado IbáñezEl cese de operaciones de la herramienta Pegasus por parte de los Estados Unidos en el año 2021, cuando establecieron que NSO Group había vendido el software a otro cliente que estaba usándolo en su contra, deja un interrogante frente a la investigación que aperturó la Fiscalía tras la denuncia que presentó el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Toro Ramírez, por interceptaciones ilegales y que alertó a las autoridades.El 5 de septiembre de 2024, la Fiscalía anunció que abría investigación por Pegasus por medio de un acto administrativo que firmó la fiscal Luz Adriana Camargo, designando al fiscal delegado ante la Corte, Hernando Barreto Ardila, para que liderara el caso.“Luego de tomar atenta nota del contenido de la denuncia presentada en la alocución del presidente Gustavo Petro Urrego, la Fiscalía incorporó la información revelada públicamente por el Jefe de Estado a la indagación de los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía por un magistrado de la Corte Constitucional”, informó en un comunicado el ente acusador.Sin embargo, la denuncia del presidente Petro en una alocución con la denuncia del uso indebido de Pegasus y la denuncia del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez, también por ‘chuzadas’, no coincide en los tiempos, pues los hechos que informó el togado corresponden a 2024, mientras que la herramienta Pegasus dejó de utilizarse antes de que Gustavo Petro se instalara en el Palacio de Nariño en 2022 según el Gobierno estadounidense.
Blu Radio tuvo acceso a nuevos detalles de un encuentro en la Casa de Nariño el 6 de noviembre de este año, que contó con la participación del presidente Gustavo Petro y sería determinante en la intervención de los Estados Unidos dentro de la polémica por la compra del software Pegasus.Un día después, 7 de noviembre, el diario El Tiempo publicó la declaración de altos funcionarios del Gobierno de Joe Biden, quienes afirmaron que ese país fue el responsable de la compra del software espía Pegasus con el objetivo de implementarlo en la lucha contra el narcotráfico. Además, señalaron que el Gobierno del expresidente Iván Duque (2018-2022) no tuvo conocimiento del negocio pactado con la firma NSO Group por 11 millones de dólares.Además, los funcionarios norteamericanos expresaron que la compra se efectuó por dos montos de 5.5 millones de dólares. La fiscal Luz Adriana Camargo, quien abrió una investigación, afirmó que el sistema financiero de Israel registró el ingreso de dinero y declaró que “la operación por 11 millones de dólares existió”.¿Quién tuvo acceso a Pegasus?Blu Radio pudo establecer, según informaron fuentes reservadas, qué miembros de NSO Group llegaron al aeropuerto de Catam tras una solicitud extendida por la oficina de asuntos multilaterales de la CIA, adscrita a la embajada de Estados Unidos, en el marco de la colaboración existente entre ambos países( Colombia, EE.UU.)El objetivo de esta colaboración era adquirir la herramienta informática para combatir el narcotráfico, mejorar la operatividad y capacitar al personal. Este proceso fue notificado por un oficial de alto rango de Estados Unidos a su homólogo, el general Jorge Luis Vargas, explicando las razones de la visita de la comitiva israelí.Como respuesta, Vargas dio trámite a la solicitud, delegando al entonces general Norberto Mujica, director de la dirección de Inteligencia Policial (Dipon) para que brindara el apoyo necesario. Finalmente, se acordó un acompañamiento como parte de los convenios de policía judicial a nivel internacional, asegurando que el equipo contara con todas las facilidades durante su estadía y los diferentes viajes realizados entre junio y septiembre de 2021 mientras se desarrollaban las capacitaciones sobre el software. Ese acompañamiento estuvo a cargo de un coronel de la institución.La reunión en PalacioEl 6 de noviembre de este año se llevó a cabo, en la Casa de Nariño, un encuentro crucial entre el presidente Gustavo Petro y un alto dignatario del gobierno de Estados Unidos, tan solo unas horas después de la elección presidencial en ese país, donde fue electo Donald Trump.La fuente anónima argumentó a Blu Radio que las recientes publicaciones en medios, que salpicaba aún más a la línea de mando de la Policía y al gobierno Duque, incluyendo ministros y funcionarios, así como la actuación penal contra importantes aliados en la lucha contra las drogas, como el exministro de Defensa Diego Molano y el general Jorge Luis Vargas, motivaron la intervención y la llegada de esta figura importante de la política norteamericana. Este dignatario estuvo acompañado en todo momento por un esquema de seguridad extranjero durante las pocas horas que permaneció en territorio colombiano.Lo llamativo de la reunión es que en ella se habría informado al Primer mandatario sobre una versión desconocida en ese momento por la opinión pública sobre la participación de Estados Unidos en la compra de Pegasus. No obstante, no fue sino hasta la revelación de El Tiempo y la reunión sostenida entre el embajador Daniel García Peña en la Casa Blanca con funcionarios del gobierno Biden que el presidente Petro emitió un pronunciamiento en su cuenta de X: “Si esto es cierto, sí que serían peor las cosas”.Otro de los puntos que pudo conocer este medio fue que la persona encargada de responder las preguntas del embajador Daniel García Peña en la Casa Blanca en Washington fue Todd Robinson, político estadounidense con una larga experiencia en la lucha contra el narcotráfico y la persona que designó Estados Unidos para permitir un mayor entendimiento, teniendo en cuenta la estrecha relación de Robinson en asuntos de América Latina.La investigación en Fiscalía y las ‘chuzadas’ que denunció el magistrado IbáñezEl cese de operaciones de la herramienta Pegasus por parte de los Estados Unidos en el año 2021, cuando establecieron que NSO Group había vendido el software a otro cliente que estaba usándolo en su contra, deja un interrogante frente a la investigación que aperturó la Fiscalía tras la denuncia que presentó el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Toro Ramírez, por interceptaciones ilegales y que alertó a las autoridades.El 5 de septiembre de 2024, la Fiscalía anunció que abría investigación por Pegasus por medio de un acto administrativo que firmó la fiscal Luz Adriana Camargo, designando al fiscal delegado ante la Corte, Hernando Barreto Ardila, para que liderara el caso.“Luego de tomar atenta nota del contenido de la denuncia presentada en la alocución del presidente Gustavo Petro Urrego, la Fiscalía incorporó la información revelada públicamente por el jefe de Estado a la indagación de los hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía por un magistrado de la Corte Constitucional”, informó en un comunicado el ente acusador.Sin embargo, la denuncia del presidente Petro en una alocución con la denuncia del uso indebido de Pegasus y la denuncia del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez, también por ‘chuzadas’, no coincide en los tiempos, pues los hechos que informó el togado corresponden a 2024, mientras que la herramienta Pegasus dejó de utilizarse antes de que Gustavo Petro se instalara en el Palacio de Nariño en 2022 según el Gobierno estadounidense.
El presidente Gustavo Petro dejó en manos de la justicia en Colombia la verificación de cuál y cómo fue el uso del software Pegasus en el país, ahora que Estados Unidos confirmó que financió su compra en 2020.Luego de que el mandatario denunciara en varias ocasiones en los últimos meses que el sistema israelí había sido comprado de manera irregular y con dineros ilícitos por el Gobierno de Iván Duque, altos funcionarios del Gobierno norteamericano aclararon que ellos fueron quienes entregaron los fondos lícitos en el marco de cooperación entre ambos gobiernos y como parte de la misión antinarcóticos.Esto cambió el rumbo de los señalamientos de Petro, en especial cuando dichos funcionarios aseguraron que no le informaron a él cuando llegó a Casa de Nariño y al entonces presidente Iván Duque, pues el sistema se dejó de usar antes del cambio de Gobierno por diversos motivos.Desde Estados Unidos aseguraron que no hay registro de que el sistema haya sido usado para fines distintos a los definidos, como la vigilancia a líderes políticos. El presidente Petro insiste en que debe hacerse una verificación en Colombia.“Solo es legal el uso de Pegasus en Colombia si las interceptaciones a teléfonos fueron ordenadas por la justicia colombiana. Corresponde a la rama judicial decirnos si esas órdenes se dieron, si no, la Justicia debe procesar a quienes lo permitieron”, escribió Petro en su cuenta de X.Aunque la Fiscalía ha iniciado sus propias investigaciones, cabe recordar que según la Ley 1621 de 2013 de inteligencia y contrainteligencia, en nuestro país es permitido el monitoreo y esa categoría podría aplicar a lo hecho con el sistema por parte de Estados Unidos en las operaciones contra ilegales, aclarando que el monitoreo no constituye interceptación de comunicaciones.“Las entidades de inteligencia y contrainteligencia comprenden actividades de monitoreo del espectro electromagnético debidamente incorporadas dentro de órdenes de operaciones o misiones de trabajo. La información recolectada en el marco de ese monitoreo o en actividades de inteligencia y contrainteligencia que no sirva para el cumplimiento de los fines establecidos en la presente ley, deberá ser destruida y no podrá ser almacenada en las bases de datos de inteligencia y contrainteligencia”, reseña la normativa.Mientras avanzan las investigaciones, lo cierto es que hay malestar en el Gobierno colombiano por el hecho de que Estados Unidos haya confirmado su participación en ese momento, pese a que el mandatario había hecho las denuncias desde hace varios meses.“Al parecer, ni el presidente anterior ni el actual presidente hemos leído dicho acuerdo. No puede existir un estado policial por encima del estado democrático”, escribió Petro.También, el canciller Luis Gilberto Murillo mostró su preocupación por la declaración del gobierno norteamericano y señaló que continuará buscando más información a través de canales diplomáticos.“Nos parece que no se manejó de manera transparente. Tenemos una muy buena relación con los Estados Unidos, de colaboración y cooperación judicial que es muy efectiva. (…) También le agradecemos que haya estado muy atento en temas relacionados con la seguridad personal del presidente de la República. Sin embargo, nos sorprendió lo que escuchamos, lo que pudimos conocer por algunos medios de comunicación”, detalló
Continúan los pedidos de claridad de parte de Colombia a Estados Unidos sobre la adquisición del software Pegasus y cómo fue usado en el país, todo eso luego de que funcionarios del Gobierno norteamericano confirmaron que habían financiado dicho sistema en 2020.El Gobierno colombiano aseguró que continuará buscando información sobre la compra y uso del software espía Pegasus pues persiste la sospecha de aplicaciones irregulares pese a que Estados Unidos confirmó que había financiado la adquisición y que no fue parte de prácticas ilegales.Así lo confirmó el canciller Luis Gilberto Murillo, quien no ocultó su inquietud por esta declaración que este viernes, 8 de noviembre, hizo el Gobierno norteamericano de un caso que el presidente Gustavo Petro ha denunciado desde hace varios meses.“Nos parece que no se manejó de manera transparente. Tenemos una muy buena relación con los Estados Unidos, de colaboración y cooperación judicial que es muy efectiva. (…) También le agradecemos que haya estado muy atento en temas relacionados con la seguridad personal del presidente de la República. Sin embargo, nos sorprendió lo que escuchamos, lo que pudimos conocer por algunos medios de comunicación”, detalló.En la mañana de este jueves, 7 de noviembre, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, se reunió en Casa Blanca con altos funcionarios del Gobierno estadounidense, quienes le confirmaron la compra del sistema en 2020 pero que nunca fue informado al entonces presidente Iván Duque ni a Petro cuando asumió el mandato.“Lo que nos aseguraron es que fueron recursos norteamericanos, que el software nunca se les entregó a autoridades colombianas. Me parece sospechoso e irregular que esos pagos se hagan en efectivo, supuestamente para evitar trazabilidad de los recursos lo cual hace más sospechoso”, cuestionó el embajador.Horas después, altos funcionarios de la Casa Blanca ratificaron que Estados Unidos fue quien entregó los fondos para que Colombia adquiriera el sistema en 2020, cuando Donald Trump era presidente, aclarando que eran recursos legales como parte de la cooperación en la lucha contra los narcotraficantes.La operación de Pegasus en Colombia estuvo estrictamente controlada de acuerdo con la información entregada por esos voceros y su uso solo era conocido por un pequeño número de funcionarios de seguridad del Gobierno colombiano y en su momento, ni el entonces presidente Iván Duque ni el hoy presidente Gustavo Petro fueron informados sobre la compra.Además, fueron enfáticos en que el uso de este sistema comenzó a desescalar tras conocerse denuncias en todo el mundo de la aplicación irregular y esto fue justo antes de que Petro llegara a la Casa de Nariño.No obstante, el canciller Murillo manifestó que continuarán buscando, a través de canales diplomáticos, aclarar lo sucedido.“Lo más importante es que se pueda conocer toda la información de manera transparente de cómo se usó ese software y en qué casos específicos para que tengamos la garantía de que esto no se repita. Tanto el Gobierno colombiano, este gobierno y la opinión pública necesitan saber realmente qué pasó, porque Colombia tiene toda una historia de situaciones como esta que no se aclaran”, puntualizó Murillo.
Tras quedar formalizada la Resolución 2188 del 14 de agosto, mediante la cual la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales certificó el cumplimiento del requisito ambiental que estaba pendiente para continuar con el proyecto de ampliación de la Autopista Norte, desde Presidencia señalaron que la decisión se da en el marco de las gestiones adelantadas por el Gobierno y hace parte de su apuesta por impulsar obras de infraestructura. “Esta determinación materializa el compromiso del presidente Abelardo De La Espriella de impulsar las obras estratégicas que requiere el país y ofrecer soluciones concretas a los problemas de movilidad de Bogotá y Cundinamarca”, afirmaron a través de un comunicado.Es importante recordar que esta resolución no corresponde a una nueva licencia ambiental, pues el proyecto ya contaba con ese permiso desde enero. Sin embargo, la intervención de este sector estaba condicionada al cumplimiento de requisitos ambientales específicos, relacionados con el tramo entre los humedales Torca y Guaymaral. Ahora, la ANLA certificó que la concesionaria cumplió con esa condición y podrá avanzar en la totalidad del corredor.El proyecto contempla la ampliación de aproximadamente 5,8 kilómetros de la Autopista Norte, entre las calles 191 y 245, con seis carriles por sentido y un carril exclusivo para TransMilenio. La Presidencia señaló que esta determinación busca contribuir a solucionar los problemas de movilidad de Bogotá y Cundinamarca.A partir de ahora, la Concesionaria Ruta Bogotá Norte deberá continuar con la ejecución del proyecto de acuerdo con el cronograma y las obligaciones establecidas en la licencia ambiental. El Gobierno Nacional aseguró que mantendrá el seguimiento institucional a las obras para que el proyecto avance y se traduzca en resultados para la región.
El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado lunes 10 de agosto sorprendió a equipos médicos que se encontraban trabajando dentro del Hospital Universitario del Valle, en Cali. Entre ellos había profesionales que estaban en medio de procedimientos quirúrgicos cuando comenzó el movimiento.Las imágenes registran uno de los momentos más críticos de la emergencia dentro de la institución médica. Mientras el sismo generó temor entre quienes se encontraban en el hospital, los equipos médicos permanecieron junto a los pacientes que estaban a punto de ser intervenidos. El video publicado en redes sociales permite observar cómo se vivió el terremoto dentro del hospital durante una jornada en la que la emergencia obligó posteriormente a evacuar a cientos de pacientes de la institución. ¿Qué pasó durante el terremoto en el Hospital Universitario del Valle?El terremoto sorprendió a los equipos médicos mientras realizaban cirugías. La situación generó una tensión particular porque los pacientes que estaban en los procedimientos se encontraban inconscientes y dependían de la atención del personal médico.En el video se puede observar como el instinto de supervivencia llevó a los galenos a pensar en salir del lugar ante el movimiento. Sin embargo, permanecieron en las salas para proteger y cuidar a los pacientes que estaban bajo su responsabilidad.El registro muestra precisamente ese momento de incertidumbre dentro de la sala de cirugía, en medio de un terremoto que también provocó afectaciones y evacuaciones en distintas zonas del país.¿Cómo reaccionaron los médicos durante la cirugía?Los equipos médicos permanecieron junto a sus pacientes durante el movimiento telúrico. La prioridad fue mantener la atención de quienes estaban siendo sometidos a procedimientos quirúrgicos, pese a las condiciones generadas por el terremoto.Las imágenes muestran la dimensión de la emergencia desde el interior de un centro hospitalario y permiten conocer cómo el terremoto sorprendió a quienes se encontraban desarrollando procedimientos médicos esa mañana del lunes 10 de agosto.El Hospital Universitario del Valle, ubicado en Cali, fue uno de los escenarios donde la emergencia obligó a modificar las actividades habituales. Después del terremoto, cientos de pacientes tuvieron que ser evacuados de la institución por los graves daños que sufrió el centro médico.El terremoto interrumpió la normalidad dentro del hospital y puso a los equipos médicos frente a una situación inesperada durante sus labores.
Un militar muerto y otros seis heridos dejó un ataque con drones cargados con explosivos contra unidades del Ejército Nacional que se encontraban en el sector de Los Piñitos, en Ábrego, Norte de Santander.Según la Trigésima Brigada, los militares del Grupo de Caballería Liviano N.° 7 fueron atacados con más de nueve artefactos explosivos, presuntamente lanzados por integrantes del ELN, frente Carlos Armando Cacua Guerrero.La víctima mortal fue identificada como Neiver Madera Ricardo. Los cinco militares heridos reciben atención médica.Tras el ataque, las autoridades reforzaron la seguridad en la zona con apoyo de la Aviación del Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.El ataque generó preocupación entre las autoridades y habitantes de la población, debido a la cercanía del lugar donde ocurrió con la zona urbana de Ábrego. Las autoridades evalúan las medidas que se podrían adoptar para garantizar la seguridad de la comunidad y de los propios integrantes de la Fuerza Pública.Entre las posibilidades que se analizan está la implementación de un toque de queda, aunque hasta el momento no se ha confirmado la adopción de esta medida.El hecho se registró en medio de las acciones de seguridad que adelantan las unidades militares en esta zona de Norte de Santander, un departamento que ha enfrentado diferentes hechos de violencia asociados a la presencia y accionar de grupos armados.
El Operador Nacional de Juegos realizó el sorteo del Baloto y Baloto Revancha correspondiente a este sábado 15 de agosto de 2026, dos de los juegos de azar con los premios acumulados más altos del país.En esta jornada, miles de colombianos estuvieron atentos a los resultados con la expectativa de quedarse con el premio mayor. A continuación, puede consultar los números ganadores de ambas modalidades y conocer cómo quedaron los acumulados para el siguiente sorteo.Números ganadores del Baloto y Baloto RevanchaEstos son los resultados del sorteo de este sábado 15 de agosto de 2026.BalotoNúmeros ganadores: 02 - 10 - 15 - 23 - 30Super Balota: 02Baloto RevanchaNúmeros ganadores: 03 - 06 - 13 - 16 - 28Super Balota: 08¿Cómo quedaron los premios del Baloto y Revancha?Si bien el resultado del premio mayor se conoce al finalizar el sorteo, el Operador Nacional de Juegos también publica el balance de ganadores en cada una de las categorías de premiación, desde los cinco aciertos con Super Balota hasta los premios por aproximaciones.En esta publicación se actualizarán el número de ganadores, los valores entregados en cada categoría y el reporte oficial de premiación una vez la información sea divulgada.¿Cuánto está acumulado el Baloto y la Revancha?Para este sábado, 15 de agosto de 2026, el Baloto ofrece un premio acumulado de $53.200 millones, mientras que la modalidad Revancha entrega un acumulado de $10.600 millones.En caso de que no se registre un ganador del premio mayor, ambos acumulados aumentarán para el próximo sorteo, programado para el lunes 17 de agosto, de acuerdo con el calendario oficial del juego.Los jugadores pueden verificar sus resultados y validar los tiquetes adquiridos en los puntos de venta autorizados o mediante los canales oficiales del operador en todo el país.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, entregó un nuevo balance sobre la emergencia provocada por el terremoto del pasado lunes, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y ajustó varias de las cifras que habían sido reportadas. Con corte a las 6:30 de la tarde, la entidad confirmó 289 personas fallecidas, frente a las 294 reportadas previamente. También corrigió el número de desaparecidos, que pasó de 320 a 143 personas. El balance registra además 3.937 heridos y 353 personas rescatadas. La UNGRD explicó que estos cambios obedecen al proceso de verificación de la información. Los primeros reportes fueron recibidos, en buena parte, de manera verbal y ahora están siendo contrastados con los registros oficiales de la Fiscalía, Medicina Legal y los organismos de socorro, con el propósito de evitar duplicidades.También fueron ajustadas las cifras de infraestructura afectada. Actualmente se reportan 234 centros de salud afectados y 2.535 instituciones educativas, mientras que hay 81.536 viviendas averiadas, 14.705 destruidas, 66 edificios colapsados y 308 vías afectadas. En total, la emergencia ya deja 117.222 personas y 54.382 familias afectadas en 450 municipios. Los organismos de socorro también reportan 205 animales rescatados y 754 afectados, mientras continúan las labores de atención y verificación en las zonas más golpeadas por el terremoto.