Gobierno, justicia y ciudadanía argentina piden aclarar muerte de fiscal

de 1994, Cristina Kirchner, jueces y ciudadanía reclaman aclarar un fallecimiento investigado como suicido o "instigación al suicidio". El lunes, mientras el país digería la sorpresiva muerte del fiscal, por un disparo en la sien derecha con un arma prestada -según la investigación- y horas antes de explicar al Congreso su grave denuncia contra Kirchner y su canciller Héctor Timerman, la Presidenta guardó silencio que rompió en la noche con una carta. Antes, la Presidencia anunció la desclasificación de información de Inteligencia relacionada con la investigación del atentado contra la mutual judía AMIA de 1994, solicitada la semana pasada por Nisman. Grupos de oposición convocaron a miles de personas en varias ciudades del país, especialmente en la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, que con el lema "Yo soy Nisman", pidieron justicia y "fin a la impunidad K" (K, en referencia al gobierno Kirchner). Cacerolazos y bocinazos de autos se escucharon en otros barrios de la capital, casi a la misma hora en que Kirchner divulgó una larga carta en Facebook y Twitter, las redes donde corrieron cadenas y hashtag durante la jornada llamándola #CFKasesina, entre otros insultos. "AMIA. Otra vez: tragedia, confusión, mentira e interrogantes", tituló Kirchner en una carta crítica al fiscal Nisman. "No se debe permitir que una vez más se intente hacer con el juicio de encubrimiento lo que ya se hizo con la causa principal", dijo en referencia a la causa por el ataque a la mutual judía AMIA, que dejó 85 muertos y 300 heridos y lleva 20 años sin esclarecerse. La Presidenta argentina se preguntó quién "ordenó" a Nisman interrumpir sus vacaciones en España y presentar una denuncia de 350 hojas -"¿su escrito?"-, que tal vez "debía tener preparadas con anterioridad" o "tal vez alguien se las dio cuando volvió". Así como el gobierno ordenó desclasificar material que pedía el fiscal difunto, el juez Ariel Lijo, que recibió la denuncia de Nisman, también dispuso medidas urgentes para preservar las escuchas telefónicas en las que se basa el pedido de indagatoria de Kirchner. La semana pasada, cuando la denuncia de Nisman sorprendió a los medios y enojó al gobierno, se indicó que Lijo estaba de vacaciones hasta febrero y su reemplazante, la jueza María Servini de Cubría, consideró no tomaría el caso. Lijo dispuso "medidas urgentes" para incautar más de 300 discos compactos con las grabaciones telefónicas obtenidas con la intervención de líneas telefónicas de un ciudadano iraní y hombres cercanos al gobierno. Las organizaciones judías AMIA y la DAIA convocaron a un acto para el miércoles en Buenos Aires al que invitan a todas la ciudadanía bajo el lema "verdad y justicia". El gobierno insistió en que se trató de un suicidio, aunque dirigentes oficialistas y de oposición también hablaron de un "suicidio inducido". El diputado oficialista Andrés Larroque, que está imputado en la causa, dijo que hay que investigar "quien empujó al fiscal a esta decisión". La fiscal que lleva la investigación de la muerte de Nisman, Viviana Fein, dijo que "se podría hablar de un suicidio". "El cuerpo no fue golpeado ni sometido a maltrato, no descarto una instigación. No decimos que esté resuelta la causa" y aclaró que resta el examen toxicológico del cuerpo. "La causa está caratulada como muerte dudosa", afirmó la fiscal, que también informó que "el arma que se encontró con él no era propiedad del fiscal Nisman, era de un colaborador, lo estamos corroborando". La firma en enero de 2013 de un memorándum de entendimiento con Irán -denunciado como "inconstitucional" por la AMIA y otras organizaciones judías- tensó las relaciones entre el gobierno kirchnerista y esta comunidad, la mayor de América Latina. El gobierno ha defendido el acuerdo bilateral con Irán para investigar a los acusados de planificar el ataque. Cinco exfuncionarios iraníes, entre ellos un expresidente, actuales ministros y dirigentes religiosos locales, tienen pedido de captura internacional de Interpol a solicitud de la justicia argentina. Desde marzo de 2012, espera fecha un juicio contra el expresidente Carlos Menem (1989-1999) acusado de "encubrimiento agravado" de la llamada "conexión local", que dio la logística para perpetrar el atentado. AFP