El Gobierno ordenó nuevamente el cierre de la Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZUT) de Valle del Guamuez, en Putumayo, pese a que un juzgado de ese departamento había suspendido provisionalmente este proceso mientras estudia una tutela presentada por los excombatientes que permanecen en el lugar.
La decisión está contenida en la Resolución 215 del 29 de septiembre de 2026, firmada por el Consejero Comisionado de Paz encargado, Carlos Andrés Ríos.
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De acuerdo con el documento, se establece un cronograma para la salida física, gradual y articulada de las personas ubicadas en la ZUT. En concreto, los 66 excombatientes de los Comandos de la Frontera, de las disidencias de las Farc, que permanecen actualmente en el lugar deberán abandonar la zona entre las 12:00 de la medianoche del 1 de octubre y las 12:00 de la medianoche del 2 de octubre.
La resolución señala que una comisión humanitaria estará encargada de coordinar el proceso de salida.
Cabe destacar que la nueva decisión se conoce después de que el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Asís adoptara una medida provisional para frenar el cierre de la ZUT, mientras resuelve de fondo una tutela presentada por los exintegrantes de los Comandos de la Frontera
Según la decisión judicial, los excombatientes argumentaron que el cierre podía afectar derechos relacionados con su seguridad, integridad física, reincorporación, tránsito a la vida civil, debido proceso y paz.
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El juzgado había tomado esta determinación luego de que, a comienzos de septiembre, el Gobierno expidiera la Resolución Ejecutiva 389 de 2026, mediante la cual se dio por terminada la ZUT y se ordenó avanzar en su cierre administrativo. Esa decisión tenía efectos a partir del 30 de septiembre.
La resolución de la Oficina de la Consejería Comisionada de Paz establece que antes de la salida se realizará una verificación de antecedentes para determinar cuáles de las personas pueden participar en la jornada.
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El documento precisa que la salida de la ZUT no significa la extinción de investigaciones penales, órdenes de captura, medidas de aseguramiento o condenas. La situación jurídica de cada persona continuará bajo competencia de la Fiscalía General de la Nación y de los jueces correspondientes.
Al mismo tiempo, el Gobierno plantea que las personas acreditadas como desmovilizadas podrán continuar su ruta de reincorporación ante la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, en cualquiera de sus sedes en el país.
Defensoría del Pueblo pide ampliar medida cautelar para evitar cierre de la ZUT
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Frente a este tema, la Defensoría del Pueblo pidió al Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Asís, Putumayo, ampliar la medida provisional que había frenado el cierre de la ZUT de Valle del Guamuez, ante la nueva resolución del Gobierno.
La solicitud fue presentada este 30 de septiembre por la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, luego de que la entidad conociera la Resolución 215 de 2026, firmada por el Consejero Comisionado de Paz encargado.
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En su comunicación al juzgado, la Defensoría advierte que la nueva resolución podría entrar en contradicción con la medida provisional adoptada el pasado 24 de septiembre.
Para la entidad, permitir ahora la salida física de los excombatientes tendría, en la práctica, el mismo efecto que el cierre de la zona que el juzgado había ordenado suspender. Además, advierte que el cumplimiento de la Resolución 215 “haría inocua” la medida provisional y la eventual decisión de fondo de la tutela, debido a que una vez las personas abandonen la ZUT sería difícil revertir esa situación.
Desde la entidad señalaron también que no tiene conocimiento de un plan operativo para ejecutar la salida ni ha sido convocada a participar en la comisión humanitaria mencionada en la resolución del Gobierno.
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La entidad considera que resulta especialmente preocupante que el procedimiento esté previsto para comenzar en menos de 24 horas, a partir de la medianoche del primero de octubre.
La Defensoría señala que la salida, sin condiciones mínimas para garantizar los derechos fundamentales de las personas, podría generar una afectación de difícil o imposible reversión.
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Por lo que le solicitó al Juzgado que precise y amplíe el alcance de la medida provisional del 24 de septiembre para establecer expresamente que la suspensión también cobija cualquier actuación administrativa u operativa que tenga como objetivo, directa o indirectamente, sacar físicamente a las personas de la ZUT mientras se resuelve la tutela.
También pidió suspender de manera inmediata la ejecución del artículo segundo de la Resolución 215 de 2026, específicamente frente a las personas cobijadas por la medida provisional.
Además, solicitó que se ordene a la Oficina de la Consejería Comisionada de Paz garantizar de manera ininterrumpida los servicios y bienes básicos para las personas que permanecen en la zona, incluidos salud, transporte seguro, protección, comunicación, alimentación y servicios públicos.
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Finalmente, pidió al juez adoptar cualquier otra medida urgente que considere necesaria para garantizar el cumplimiento efectivo de la orden judicial y evitar que nuevas actuaciones administrativas la hagan ineficaz.