El Ministerio de Justicia impugnó el fallo del Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa que suspendió el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo. El recurso fue presentado por Linda Gisselle Suárez Villamizar, directora (e) de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia, y secretaria Técnica del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE)En el recurso, el Gobierno sostiene que el juez aplicó de manera amplia el principio de precaución, sin establecer de forma concreta la gravedad, probabilidad y nivel de riesgo que justificarían la suspensión.También cuestiona el uso de jurisprudencia relacionada con el programa de aspersión con glifosato. Según el Ministerio, decisiones como la T-236 de 2017, el Auto 387 de 2019 y la SU-545 de 2023 corresponden a situaciones específicas del uso con ese herbicida y no pueden trasladarse automáticamente al nuevo plan piloto experimental, limitado y temporal en el que se buscan determinar el alcance del uso de glufosinato de amonio.“La Resolución 007 de 2026 no dispuso la reanudación general del PECIG ni adoptó un nuevo programa nacional de aspersión aérea. Por el contrario, configuró una fase experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable, cuya finalidad es generar evidencia específica acerca de eficacia, precisión, deriva, riesgos e impactos y suficiencia de las medidas de manejo, y precisó expresamente que el piloto “no equivale a la reanudación, adopción o autorización definitiva de un programa de alcance general o nacional”. La diferencia es jurídicamente determinante”, se puede leer en el documento.Otro de los argumentos es que el fallo habría confundido requisitos que todavía están en trámite con incumplimientos. El Ministerio sostiene que en la resolución que establecía el plan piloto en el Putumayo queda claro que mientras no se cumplan las condiciones ambientales, sanitarias, técnicas y operativas previstas en la ley, no puede comenzar las aspersiones aéreas.También se cuestiona que la sentencia haya presumido posibles afectaciones a comunidades o territorios sin identificar de manera concreta cuáles resultarían afectados. Incluso en el documento, el Ejecutivo deja claro que de 40.565 hectáreas con cultivos de coca identificados en el departamento de Putumayo, quedaron excluídas del plan piloto 35.164 hectáreas, quedando susceptibles de intervención 5.401 hectáreas y de las cuales el plan piloto sólo busca abarcar un máximo de 1.000 hectáreas.Finalmente, el Gobierno considera que la tutela no era procedente porque el piloto aún no había comenzado y, según su argumentación, no se acreditó una amenaza cierta e inminente ni un perjuicio irremediable. Además, recuerda que existen otros mecanismos judiciales, como la acción popular; los medios de control ante la jurisdicción contencioso-administrativa; y las medidas cautelares que pueden adoptarse incluso con carácter urgente.Por eso, el documento solicita a la juez Ana Pilar Vidal Uribe revocar la sentencia y declarar improcedentes las acciones de tutela acumuladas; o de no hacerlo revocar el amparo concedido. Además se pide que se precise en detalle cuáles son los requisitos que deben cumplirse de “manera expresa, concreta y verificable” y bajo qué condiciones podría levantarse la suspensión.
A siete días del cierre de la ZUT, los 62 excombatientes de Comandos de Frontera que permanecen en la Zona de Ubicación Temporal, en el Bajo Putumayo, enviaron una propuesta de asilo político a los países garantes ante la incertidumbre jurídica. Aseguran que ninguno de los que se mantienen firmes en el proceso ha contemplado la posibilidad planteada por el presidente Abelardo de la Espriella de someterse a la justicia, porque dicen que no son traidores ni mucho menos delatores.La afirmación fue hecha por Rigoberto, conocido como el 'Paisa', vocero de la Zona de Ubicación Temporal, luego de que el jefe de Estado ordenara el cierre de la ZUT para este 30 de septiembre.“No estamos desafiando a nadie ni mucho menos queremos entrar en discusiones políticas. Solo queremos que el Gobierno nacional respete los acuerdos ya pactados y nos dé la oportunidad de seguir en este proceso, porque ninguno de los 62 que aún estamos comprometidos con la paz vamos a volver a las armas”, dijo el vocero de la ZUT.Según el 'Paisa', los 62 excombatientes están con sus familias y, a pesar de la orden de desmontar el proceso de negociación colectiva, nadie aceptará que los obliguen a un sometimiento, tal y como lo quiere el presidente de la República.Con voz firme, el vocero de la ZUT dijo que nadie los obligó y que, hasta cuando llegaron a la zona, siempre confiaron en que era el mejor aporte de ellos para la pacificación del Putumayo. Sin embargo, afirmó que, al llegar el nuevo Gobierno, es el Estado colombiano el que está incumpliendo y será muy difícil volver a recuperar el principio de confianza y buena fe de los excombatientes que dejaron los fusiles.Aseguró que la inminente extradición de Andrés Rojas, comandante de Comandos de Frontera, en nada afectará la decisión de ellos de permanecer en la ZUT, porque dijo que, desde la cárcel La Picota, envió un mensaje contundente de que ese proceso de negociación colectiva debe seguir.El ambiente en el Valle del Guamuez no es solo de incertidumbre, sino de desesperanza, porque los que aún permanecemos cumpliendo el acuerdo hoy estamos estigmatizados, señalados y casi que amenazados con que, si no nos acogemos a la ley de sometimiento, entonces habrá otras acciones judiciales. Eso no puede ser posible con un acuerdo que se pactó con el Estado colombiano, dijo Rigoberto, conocido con el nombre de “Paisa” y vocero de la ZUT.Dijo que los 33 excombatientes que no están en la ZUT se fueron por los anuncios del actual Gobierno y aseguró que la falta de claridad los obligó a abandonar las instalaciones de concentración en Putumayo, pero que nunca han regresado al grupo ilegal Comandos de Frontera.“Desde que subimos al helicóptero, los mismos comandantes de ese grupo que estaba en diálogos de paz con el Gobierno anterior nos dijeron que ya no hacíamos parte de ellos y que, de ahora en adelante, no habría ninguna dependencia militar ni política, porque ya éramos civiles y nuestro trabajo era ya con la sociedad”, agregó el 'Paisa'.“Nos queda casi una semana y aquí estamos esperando que la Registraduría y la Fiscalía lleguen, pero no lo han hecho y no vamos a volver a las armas. Nuestra lucha será de ahora en adelante por la vía jurídica para que se respete el proceso, porque así está pactado”, aclaró Rigoberto.Manifestó que desde el Gobierno se insiste en que los grupos ilegales que quieran dejar la violencia y acogerse a la legalidad deberán hacerlo ante la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), bajo el sometimiento a la justicia, y eso es lo que no vamos a aceptar, porque nos están eliminando definitivamente cualquier tipo de reconocimiento político para la organización a la que habíamos pertenecido, como se había contemplado en las negociaciones de paz territorial en Nariño y Putumayo, insistió Rigoberto.Finalmente, expresó su confianza en el Estado colombiano y envió un claro mensaje al Gobierno nacional para que, en esta semana que falta para el cierre de la ZUT, la Fiscalía llegue a la zona y analice caso por caso de los 62 excombatientes, de quienes dijo que ninguno ha cometido delitos de lesa humanidad.
Un juez de Mocoa decidió mantener suspendido el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo. La decisión fue tomada tras resolver de manera conjunta varias acciones de tutela relacionadas con el proyecto de erradicación de cultivos de uso ilícito impulsado por la Policía Nacional.El proceso comenzó con una tutela presentada en Puerto Asís por Jhonatan Enrique Meneses Valencia, representante de la Fundación Tiempo de Cambios. En ese caso, el Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Puerto Asís ordenó el pasado 11 de septiembre la suspensión provisional de las actividades de aspersión mientras se recopilaba y revisaba información sobre el proyecto.Posteriormente, varias tutelas fueron acumuladas en el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa. Entre las preocupaciones planteadas estuvieron los posibles efectos de la aspersión sobre la salud, el agua, el ambiente, la biodiversidad y las comunidades de los territorios donde se desarrollaría el piloto.En su decisión, el juez encontró que todavía estaban pendientes varios requisitos y procedimientos ambientales, técnicos y de participación. También señaló que no existía suficiente información verificable sobre aspectos como los territorios concretamente afectados y el cumplimiento de los mecanismos de participación y consulta.Por esa razón, el despacho ordenó a las entidades responsables abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar materialmente la aspersión aérea autorizada mientras no se demuestre el cumplimiento integral de los requisitos establecidos. La medida es temporal y preventiva: el fallo no decide de manera definitiva sobre la legalidad o conveniencia de la política de erradicación.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció este domingo 13 de septiembre que su gobierno acudirá a los mecanismos jurídicos disponibles para controvertir las recientes decisiones judiciales que han establecido límites a las operaciones aéreas ofensivas contra estructuras armadas y a la aspersión aérea de cultivos ilícitos en Putumayo.Durante su alocución presidencial, el mandatario aseguró que las decisiones de los jueces serán respetadas y las órdenes que se encuentren vigentes serán cumplidas. No obstante, sostuvo que esto no impide que el Ejecutivo use las herramientas contempladas en la Constitución y la ley para defender las atribuciones que, según explicó, corresponden al presidente de la República.“Las decisiones judiciales se respetan y las órdenes vigentes se cumplen”, afirmó De La Espriella, al tiempo que señaló que su administración cree en la separación de poderes, la independencia judicial y el Estado de Derecho.El pronunciamiento se produjo en medio de dos asuntos que el jefe de Estado calificó como fundamentales para la seguridad nacional y la lucha contra el narcoterrorismo. El primero está relacionado con las operaciones aéreas ofensivas contra estructuras armadas cuando existe información sobre la posible presencia de menores de edad. El segundo corresponde a una decisión que ordenó provisionalmente suspender las actividades de aspersión aérea en Putumayo, mientras se resuelve de fondo una acción de tutela.De La Espriella defiende competencias constitucionalesEl mandatario sostuvo que las facultades del presidente para dirigir la fuerza pública y adoptar decisiones relacionadas con el orden público tienen respaldo constitucional, aunque reconoció que estas deben ejercerse dentro de los límites establecidos por la Constitución, los derechos fundamentales y el derecho internacional humanitario.En ese sentido, marcó una diferencia entre la función de control de los jueces y la conducción de las operaciones estatales.El mandatario agregó que, por esa razón, impartió instrucciones para que la defensa jurídica del Estado intervenga en el caso y anunció que se utilizarán los recursos correspondientes.“Vamos a ejercer todos los mecanismos jurídicos que correspondan para defender esas competencias que la Constitución me ha entregado a mí como presidente de la República”, manifestó.Reclutamiento de menores y operaciones contra grupos armadosUno de los principales argumentos expuestos por el presidente estuvo relacionado con el reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales.De La Espriella afirmó que el Estado tiene una obligación reforzada de protección frente a los menores reclutados y que cualquier actuación de la fuerza pública debe desarrollarse con inteligencia, precisión y precaución, además de cumplir los principios de distinción y proporcionalidad establecidos en el derecho internacional humanitario.Sin embargo, advirtió que la presencia de menores en campamentos de grupos armados no debería convertirse, en su opinión, en un mecanismo para impedir de manera automática las acciones estatales contra los responsables de esas estructuras.El presidente insistió en que la respuesta debe combinar la protección de los menores con una estrategia militar basada en una mejor inteligencia, una mayor precisión operacional y una evaluación rigurosa de cada objetivo.Aspersión aérea en Putumayo y lucha contra los cultivos ilícitosEl segundo punto abordado durante la alocución fue la suspensión provisional de las actividades de aspersión aérea en Putumayo, una medida relacionada con la política de lucha contra los cultivos ilícitos.Sobre este asunto, De La Espriella aseguró que cualquier decisión del Gobierno deberá contar con los respectivos soportes técnicos, ambientales, sanitarios y territoriales, además de cumplir los procedimientos establecidos por la legislación.“Cumplidas esas exigencias, la definición y ejecución de la política contra el narcotráfico corresponde a las autoridades constitucionalmente competentes para ello”, afirmó.De esta manera, el mandatario defendió la capacidad del Ejecutivo para definir su estrategia contra los cultivos de uso ilícito, aunque señaló que las actuaciones deberán ajustarse a los requisitos legales y técnicos correspondientes.“No voy a convertir esto en pelea del presidente contra los jueces”Pese a su decisión de controvertir jurídicamente las medidas, De La Espriella descartó que su Gobierno pretenda convertir el asunto en una confrontación entre el Ejecutivo y la Rama Judicial.El jefe de Estado insistió en que la discusión, desde su perspectiva, es institucional y no personal. También reconoció la importancia de la tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales y aseguró que esa garantía será respetada por su administración.Finalmente, De La Espriella sostuvo que el Estado de Derecho exige tanto la protección de los derechos fundamentales como el respeto por las competencias asignadas a cada rama del poder público.“Proteger los derechos fundamentales y garantizar la seguridad de los colombianos no son objetivos incompatibles. Tenemos que hacer ambas cosas”, concluyó el presidente, al reiterar que su gobierno mantendrá una defensa jurídica de las facultades del Ejecutivo para conservar el orden público, dirigir la fuerza pública y enfrentar a las organizaciones criminales.
El plan de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo quedó temporalmente frenado por orden judicial. El Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Puerto Asís ordenó suspender cualquier actividad de aspersión aérea con este agroquímico mientras recopila información sobre el piloto y adopta una decisión de fondo dentro de la tutela.La decisión se produce tras la acción presentada por la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social contra el Gobierno y varias entidades. La organización advierte una posible afectación de derechos relacionados con la salud, el agua, el ambiente sano, la participación y la biodiversidad.El proceso judicial ocurre después de que la Policía Nacional confirmara el 10 de septiembre que realizará en Putumayo un plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio. La operación fue presentada como experimental, limitada y temporal y contempla el uso de dos aeronaves AT-802.Entre las primeras órdenes, el despacho judicial dio 24 horas al Consejo Nacional de Estupefacientes, los ministerios de Justicia y Defensa, la Dirección de Antinarcóticos y la Gobernación del Putumayo para informar qué municipios y áreas están incluidas en la zona y entregar la cartografía correspondiente.En ese mismo plazo deberán informar cuántas hectáreas han sido tratadas, cuántos días de operación se han realizado y cuánto falta para llegar a los límites de siete días y 1.000 hectáreas.Las autoridades deberán explicar además si se hizo la divulgación previa de cinco días prevista en la Resolución 007 de 2026, entregar las respectivas pruebas y señalar si existe una fecha para iniciar, reanudar o continuar las aspersiones durante los próximos diez días. También deberán entregar el anexo integral de la resolución y los documentos que sustenten la información.En un plazo de dos días, el Consejo Nacional de Estupefacientes y el Ministerio de Justicia y del Derecho deberán entregar los estudios técnicos, científicos, sanitarios y ambientales que sustentaron el piloto, así como información sobre comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas y un eventual proceso de consulta previa.El juez también pidió establecer los posibles riesgos para la salud, fuentes hídricas, biodiversidad, abejas y otros polinizadores, cultivos lícitos y ecosistemas amazónicos. Con esta información, el despacho avanzará en el estudio de la tutela y definirá el alcance de las medidas dentro del proceso.Además, el juez requirió al Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Instituto Colombiano Agropecuario, Ministerio de Salud y Protección Social, junto con el Instituto Nacional de Salud; a Corpoamazonia; Defensoría del Pueblo; Procuraduría delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios y a la Aeronáutica civil información específica de cada una de sus respectivas áreas.
La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional oficializó los detalles del plan piloto de aspersión aérea contra cultivos ilícitos que se ejecutará en el departamento del Putumayo.Según la información entregada por la institución en un comunicado de ocho puntos, la iniciativa se concibió como una fase experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable, desarrollada en el marco de la Estrategia Esmeralda Plus y aprobada por el Consejo Nacional de Estupefacientes.Fuentes de la institución policial indicaron que las operaciones en campo para este proyecto experimental iniciarían durante la próxima semana.Aeronaves y químico en fase de pruebaDe acuerdo con la Policía Nacional, para las labores operacionales se dispondrá de dos aeronaves tipo AT-802, plataformas destinadas de manera exclusiva a la aplicación del producto en los polígonos previa y formalmente habilitados.El objetivo central del proyecto consiste en generar información técnica y científica que permita determinar si la aplicación de glufosinato de amonio mediante aspersión aérea es pertinente frente a los resultados que se obtengan en el territorio.La institución subrayó que esta fase de prueba se ajusta a las disposiciones fijadas por la Corte Constitucional en sus diferentes sentencias. Por ello, aclaró que la actividad no constituye una adopción definitiva ni la reanudación general del programa a nivel nacional.El reporte oficial precisa que la operación aérea cuenta con restricciones técnicas, ambientales y de seguridad para delimitar las zonas de intervención.El plan contempla la exclusión estricta de las siguientes áreas:Territorios colectivos y comunidades afrodescendientes.Zonas habitadas por grupos sujetos a especial protección constitucional.Parques y zonas de protección ambiental o áreas protegidas.Ecosistemas sensibles y terrenos colindantes a fuentes hídricas o ríos.Los datos recolectados durante la ejecución serán evaluados por las autoridades competentes para certificar la efectividad y el impacto de la medida en la lucha contra la cadena del narcotráfico.
Dos personas que habían sido secuestradas horas antes fueron rescatadas sanas y salvas en Mocoa, Putumayo, durante una operación conjunta del Gaula Militar, el Gaula de la Policía y el CTI. Los captores exigían 30 millones de pesos por su liberación.Durante el operativo se presentó una confrontación armada en la que dos de los presuntos secuestradores murieron, según informó el presidente Abelardo De La Espriella, quien aseguró que la Fuerza Pública continuará las acciones contra las estructuras criminales.“El secuestro vuelve a tener al Estado encima”, señaló De La Espriella, quien agregó que quienes “secuestre, extorsione, ataque nuestra infraestructura o aterrorice a los colombianos” serán perseguidos con toda la capacidad de la Fuerza Pública, porque se está pasando “a la ofensiva total y no vamos a aflojar”.Cuatro capturados en CesarEn otra operación, esta vez en El Paso, Cesar, el Ejército Nacional capturó en flagrancia a cuatro presuntos integrantes del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN.Los detenidos son señalados de haber participado en la acción terrorista del pasado 27 de agosto, que afectó la línea férrea y un tren de la empresa Drummond.Durante el procedimiento, las autoridades incautaron cinco armas largas, un arma corta y munición.De La Espriella sostuvo que las estructuras responsables de acciones contra el departamento serán perseguidas y aseguró que el objetivo es “desmantelar sus estructuras, destruir sus capacidades criminales y acabar con su presencia en este territorio”.
El Hospital de Puerto Asís logró estabilizar la atención luego de enfrentar una sobreocupación del 245,2 % tras el terremoto que sacudió al suroccidente del país. De acuerdo con Ovidio Garrido, agente interventor de la institución, los momentos más críticos se registraron durante los primeros días de la emergencia, cuando el centro asistencial tuvo que responder a la llegada masiva de pacientes mientras ya operaba con niveles habituales de ocupación cercanos al 90 y 100 %.Durante el primer día de la emergencia fueron atendidos alrededor de 47 pacientes relacionados directamente con el terremoto. El hospital tuvo además dificultades iniciales por la disponibilidad limitada de insumos médicos, medicamentos y, especialmente, sangre. Ante esta situación, la institución activó su alerta y recibió apoyo de diferentes sectores, entre ellos el Gobierno nacional, la Gobernación y organizaciones que hicieron llegar elementos necesarios para mantener la atención.La situación llevó a reforzar la atención prehospitalaria y a instalar carpas para recibir y clasificar a los pacientes. Médicos generales, especialistas, enfermeros y auxiliares participaron en los equipos de triage para determinar rápidamente la gravedad de cada caso y establecer las prioridades de atención.Uno de los principales mecanismos para reducir la presión sobre el hospital fue el traslado de pacientes a otras instituciones. Según Garrido, el 11 de agosto fueron trasladados 18 pacientes y el 12 de agosto otros 17, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y de la red hospitalaria de Antioquia, que habilitó camas para recibir a los pacientes provenientes de Puerto Asís.La sobreocupación, que alcanzó el 245,2 %, comenzó así a disminuir. Para el día siguiente se encontraba alrededor del 160 %, hasta llegar posteriormente a una situación considerada estable por las directivas del hospital.La emergencia también puso en evidencia las dificultades de la red hospitalaria de la región. Puerto Asís cuenta con el único hospital de mediana complejidad del departamento, por lo que la capacidad de respuesta de la institución resulta fundamental. Garrido señaló que otros centros asistenciales de la zona no están prestando algunos servicios debido a dificultades financieras relacionadas con las obligaciones pendientes de las EPS.A pesar de la reducción de la sobreocupación, el hospital mantiene necesidades importantes. La institución recibió medicamentos, insumos médico-quirúrgicos y unidades de sangre durante la emergencia. Incluso tuvo que afrontar daños en la infraestructura destinada al almacenamiento de sangre y gestionar de manera urgente una nueva nevera para garantizar su conservación. Actualmente, según el interventor, cuentan con cerca de 160 unidades de sangre y con una cantidad suficiente de insumos para continuar la atención.El personal de salud también fue determinante durante la emergencia. Además de los trabajadores de planta, profesionales provenientes de otras ciudades e instituciones se sumaron voluntariamente para apoyar la atención de los pacientes. Algunos trabajadores del hospital tuvieron afectaciones en sus viviendas por el terremoto, pero la institución logró mantener la prestación de los servicios.El principal desafío ahora es financiero. Garrido confirmó que a especialistas y contratistas vinculados mediante órdenes de prestación de servicios se les adeudan aproximadamente dos meses de pagos. Aunque el personal continúa trabajando y la atención se mantiene con normalidad, el hospital busca recursos que permitan garantizar la operación y responder a estas obligaciones.La institución ya presentó ante el Gobierno nacional un proyecto para apalancar durante cuatro meses la operación del hospital. Los recursos permitirían adquirir medicamentos, insumos médico-quirúrgicos, sangre y material de osteosíntesis, además de garantizar el pago al personal asistencial. Según Garrido, el proyecto ya cuenta con una resolución de asignación de recursos y actualmente se adelantan los trámites necesarios para que estos sean desembolsados.El interventor hizo un llamado al Gobierno nacional para agilizar este proceso y permitir que los recursos lleguen al hospital en medio de la emergencia. También pidió a las EPS cumplir con sus obligaciones y pagar los servicios que ya fueron prestados, una medida que, según explicó, ayudaría a aliviar la presión financiera de la institución.Durante esta semana se instaló además un Puesto de Mando Unificado con participación de representantes del Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y la Secretaría de Salud Departamental. En este espacio también se abordó la situación financiera con representantes locales de las EPS. Sin embargo, Garrido explicó que estos funcionarios no tienen capacidad para tomar decisiones sobre los pagos.Por esta razón, quedó prevista una nueva reunión para el martes con los directivos nacionales de las EPS, quienes sí tienen capacidad de decisión sobre los recursos adeudados.Mientras tanto, el Hospital de Puerto Asís asegura que mantiene activos sus servicios de urgencias y consulta externa. Aunque la asistencia a consulta externa todavía se ha visto afectada por el temor de la población ante posibles réplicas, la institución sostiene que la atención se está prestando con normalidad.La emergencia dejó al hospital con una sobreocupación crítica, pero también evidenció la capacidad de respuesta del personal sanitario y el respaldo recibido desde diferentes regiones del país. Ahora, con la situación asistencial estabilizada, el reto pasa por garantizar los recursos necesarios para que el único hospital de mediana complejidad del departamento pueda mantener su operación y atender las necesidades de la población afectada por la emergencia.
Un grupo de 99 personas, habitantes de la Zona de Capacitación Integral y Ubicación Temporal del Valle del Guamuez, en Putumayo, envió una carta al presidente electo, Abelardo De La Espriella, en la que le solicita dar una oportunidad al diálogo.“En este país estamos acostumbrados a pensar nuestras diferencias como si fuéramos enemigos. Solicitamos que se dé una oportunidad al diálogo y ver que aquí muchos hemos sido víctimas, antes y después de los procesos de paz, la invitación es a que el país conozca y sea consciente de que por haber sido partícipes de un grupo armado no merecemos ser excluidos o discriminados”, señala la comunicación.En el documento, los firmantes aseguran que dejaron las armas, cumplieron con el proceso de desmovilización y hoy le apuestan a la legalidad, la educación y la reconciliación con las comunidades.“Reconocemos que en el pasado se cometieron errores; sin embargo, con sentido de humanidad y convicción política, entendemos que la vía de la violencia nunca será la solución para transformar a Colombia”, agregaron.En la comunicación también invitan al presidente electo a visitar el territorio para dialogar y conocer los avances y los retos del proceso de reincorporación.“Señor presidente, le invitamos respetuosamente a que el Gobierno mire los logros, la voluntad y lo bueno que se está construyendo en esta región. Lo invitamos cordialmente a visitar nuestro territorio, compartir con nosotros y la comunidad, y dialogar respetuosamente para que conozca de primera mano los avances y retos de este proceso”.Finalmente, piden que durante el próximo Gobierno se fortalezca la inversión social, los proyectos productivos y las oportunidades de formación y empleo para los jóvenes, al considerar que esas alternativas son fundamentales para evitar que nuevas generaciones opten por la violencia.“Nuestro deseo es que durante su gobierno se apoye nuestro compromiso de paz. La paz como política de Estado y como derecho fundamental, nos alienta a que lo acordado siga adelante”.
Luego de que el Consejo de Estado suspendiera la resolución con la que el Gobierno había autorizado la instalación de la mesa de diálogos de paz con la 'Segunda Marquetalia', desde la Consejería Comisionada para la Paz aclararon que su delegación mantiene diálogos de paz con la Coordinadora Nacional-EB, no con la Segunda Marquetalia.Desde la Consejería aseguran que la Zona de Ubicación Temporal en Valle del Guamuez, en el departamento de Putumayo, donde permanecen 99 integrantes de la Coordinadora Nacional-EB, así como la mesa de negociación con el grupo, siguen vigente y no se verá afectada por la decisión del alto tribunal.Desde la Consejería señalaron que desde noviembre de 2024 no existe ningún contacto o comunicación y menos aún, una negociación con la Segunda Marquetalia cuya vocería estaba a cargo de Iván Márquez. Situación que quedó formalizada por medio de la Resolución 202 del 09 de julio de 2025.Asimismo, destacaron que los diálogos de Paz con la Coordinadora Nacional-EB ha tenido avances significativos en el propósito de reducir la violencia en los territorios, promover la superación de las economías ilícitas y fortalecer la convivencia en las comunidades."No obstante, aún es necesario avanzar con mayor determinación para garantizar la plena vigencia del Estado Social de Derecho", se lee en el comunicado.Desde la Consejería, señalan que uno de los avances más recientes fue la creación de la Zona de Ubicación Temporal en el municipio del Valle del Guamuez, en Putumayo, en donde han ingresado 99 integrantes de la Coordinadora Nacional-EB para su proceso de reintegración a la ciudadanía plena."La ZUT creada por decisión de nuestra mesa de diálogos no está cobijada por la decisión del Consejo de Estado y como espacio humanitario debe ser protegida por las autoridades públicas", agregó.Finalmente, señalaron que impugnarán esta decisión judicial para proteger los derechos de las 99 personas vinculadas a la Coordinadora.
Juan Fernando Quintero presenta una lesión muscular en el recto femoral izquierdo, según informó este viernes el departamento médico del Deportivo Independiente Medellín. El diagnóstico se conoció luego de que el jugador fuera sometido a estudios complementarios.El DIM confirmó que los exámenes médicos realizados a Juan Fernando Quintero permitieron establecer el alcance de la molestia que presenta en su pierna izquierda. El mediocampista deberá continuar con el proceso de recuperación bajo seguimiento médico.¿Cuánto tiempo estará de baja Juan Fernando Quintero en el DIM?Por ahora, el Deportivo Independiente Medellín no estableció un tiempo específico de incapacidad para Quintero. Según el parte médico, su regreso a las canchas dependerá de la evolución clínica de la lesión muscular.La situación representa una novedad para el DIM, que deberá esperar el desarrollo de la recuperación antes de conocer cuándo podrá volver a contar con Juan Fernando Quintero para sus próximos compromisos.Cabe recordar que la lesión del centrocampista de Independiente Medellín se produjo en medio del compromiso que el poderoso disputó el pasado martes, en el Atanasio Girardot, ante Jaguares de Córdoba por la fecha 11 de la Liga Betplay y que terminó con victoria (2-1) para el onceno local, dirigido por Amaranto Perea.Tras conocer el parte médico, el club antioqueño, que marcha actualmente en la cuarta posición de la Liga con 19 puntos y tendrá su partido de este fin de semana ante el Junior de Barranquilla, realizará seguimiento permanente al estado físico del futbolista y entregará novedades sobre su recuperación conforme avance el proceso.
La Selección Colombia tendrá un nuevo capitán en la era posterior a James Rodríguez. De acuerdo con la información revelada en Blog Deportivo, Dávinson Sánchez será confirmado como el encargado de portar la cinta en el partido frente a México, que se disputará este sábado a las 8:00 de la noche, en el primero de los compromisos internacionales que afrontará el combinado nacional durante esta fecha.El defensor ya ha asumido en diferentes oportunidades la responsabilidad de llevar la cinta de capitán, por lo que su designación no resulta completamente nueva dentro del grupo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo. Sin embargo, en esta ocasión se trataría de una entrega formal de la capitanía y de la vocería del equipo, luego de que James Rodríguez anunciara su retiro de la Selección Colombia.Vale recordar que Dávinson tuvo su primera convocatoria con la absulota en el 2016 y, desde entonces, ha estado en los diferentes ciclos de la selección, con distintos entrenadores, por lo que ya conoce cómo es la interna del equipo nacional.El actual jugador del Galatasary, a sus 30 años, asumirá esta nueva posición de liderazgo tras el adió de James.¿Quién usará la camiseta número 10?Además de la novedad en la capitanía, otro de los interrogantes que surgieron alrededor del equipo nacional está relacionado con la camiseta número 10 que durante varios años identificó a James. Según la información conocida por Blog Deportivo, John Arias será el jugador elegido para utilizar ese dorsal en el encuentro contra México.De esta manera, el mediocampista asumirá simbólicamente una camiseta que ha tenido un peso especial en la historia reciente de la selección, incluyendo al Pibe Valderrama.El encuentro ante México marcará además el inicio de una serie de partidos para Colombia. Posteriormente, el combinado nacional se medirá con Paraguay y Perú, en una programación que servirá para continuar con la preparación del equipo y consolidar diferentes alternativas dentro del plantel de cara a los próximos desafíos (Copa América y Eliminatoria).
El Valle de Aburrá comienza a sentir las consecuencias de las condiciones climáticas y de acuerdo con la actualización más reciente del proyecto SIATA, existe una probabilidad del 98 % de que el Fenómeno de El Niño alcance una categoría muy fuerte en los últimos tres meses del año.Daniel Ruiz, coordinador general del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá, explicó que también existe una probabilidad del 75 % de que la intensidad del Fenómeno de El Niño supere la registrada en eventos anteriores desde 1950.Entre los principales efectos asociados al fenómeno se encuentran una menor cobertura de nubes, mayor radiación solar sobre la superficie, incremento de las temperaturas del aire y una reducción de las precipitaciones."Para el trimestre septiembre, octubre, noviembre del 2026, nosotros argumentamos que esa temporada iba a tener acumulados de lluvia por debajo de condiciones normales. Un ejemplo lo tenemos ya en el mes de septiembre. El mes de septiembre ha mostrado, en términos generales, en todo el territorio metropolitano, acumulados de lluvia por debajo de condiciones normales", aseguró el experto.Además, las condiciones de déficit de lluvias ya se observan durante septiembre, ya que el pronóstico del SIATA a finales de agosto advertía que los acumulados de precipitación para septiembre, octubre y noviembre estarían por debajo de los valores normales.Las siete estaciones de monitoreo analizadas reportan acumulados equivalentes a apenas 18 % de lo esperado para un septiembre normal, es decir, un déficit cercano al 82 % frente al promedio histórico.Por ahora, el SIATA mantiene el monitoreo permanente de las condiciones hidrometeorológicas del Valle de Aburrá y continuará analizando las temperaturas, precipitaciones y caudales, con el propósito de apoyar la toma de decisiones ante la evolución del fenómeno.
Las Fuerzas Militares y los organismos de investigación reportaron dos golpes contundentes contra estructuras del Clan del Golfo en el departamento de Antioquia, afectando tanto sus redes de microtráfico en el Bajo Cauca como sus fuentes de financiación ilegal en el Oriente.El primer operativo se registró en el corregimiento El Jardín, zona rural del municipio de Cáceres. Allí, tropas del Gaula del Bajo Cauca, en coordinación con la Policía Nacional, capturaron en flagrancia a dos presuntos integrantes de la subestructura Yeison Leudo Chaverra. A los detenidos, señalados de dedicarse al tráfico de estupefacientes, les fueron incautadas 341 dosis de marihuana, 451 dosis de cocaína y un cuaderno con registros contables de la organización criminal.De manera simultánea, en la vereda Piedras Blancas del municipio de Sonsón, unidades del Ejército Nacional y del CTI de la Fiscalía intervinieron una unidad de producción minera ilegal operada por la subestructura Gener Morales. En el lugar fue inutilizada maquinaria avaluada en más de 680 millones de pesos, que incluía una excavadora, tres motores diésel, cuatro clasificadoras metálicas, además de casi 1.400 galones entre ACPM y gasolina.Las autoridades destacaron que este complejo minero tenía la capacidad de extraer mensualmente unos 3.000 gramos de oro, con un valor comercial aproximado de 1.300 millones de pesos. Tanto los capturados en Cáceres como los elementos incautados en ambos procedimientos quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes.
Cine, deporte y música, son algunos de los planes para este fin de semana en Antioquia, con programación especialmente en Medellín y la subregión del Suroeste.Festival de cine de JardínQuienes disfrutan del séptimo arte tienen el plan en jardín con la versión 11 del festival de cine del municipio. Osvaldo Osorio, programador del festival, explicó qué tendrá la programación que este año tendrá como tema los líderes sociales: "Una veintena de películas de distintas partes del mundo y épocas que le dan una mirada a estos personajes y a sus luchas. Va a haber mucho cine, va a haber muchas conferencias, lanzamientos de libros", señaló.De esta manera, bajo la dirección del cineasta colombiano Víctor Gaviria, la programación de este año centra su mirada en el liderazgo social, con el objetivo de reconocer la dimensión afectiva, cotidiana y transformadora de líderes y lideresas campesinos, indígenas, afrodescendientes, diversidades y defensores ambientales. Carrera de Las Rosas en MedellínPara los amantes del deporte, este domingo se correrá en Medellín la Carrera de las Rosas, con distancias de 2, 5, 10, 15 y 21 kilómetros con un sentido social, como detalló Jorge Andrés Orozco, director de la carrera. "(Será) un evento deportivo que es la excusa para concientizar a miles y miles de mujeres para que lleguen a tiempo a un potencial diagnóstico de cáncer de mama", explicó Orozco.Finalmente, en el Teatro del Tesoro, quienes buscan planes musicales podrán asistir al concierto sinfónico en homenaje a Leo Dan este sábado desde las 7:00 de la noche.
