Luego de que el Consejo de Estado suspendiera la resolución con la que el Gobierno había autorizado la instalación de la mesa de diálogos de paz con la 'Segunda Marquetalia', desde la Consejería Comisionada para la Paz aclararon que su delegación mantiene diálogos de paz con la Coordinadora Nacional-EB, no con la Segunda Marquetalia.Desde la Consejería aseguran que la Zona de Ubicación Temporal en Valle del Guamuez, en el departamento de Putumayo, donde permanecen 99 integrantes de la Coordinadora Nacional-EB, así como la mesa de negociación con el grupo, siguen vigente y no se verá afectada por la decisión del alto tribunal.Desde la Consejería señalaron que desde noviembre de 2024 no existe ningún contacto o comunicación y menos aún, una negociación con la Segunda Marquetalia cuya vocería estaba a cargo de Iván Márquez. Situación que quedó formalizada por medio de la Resolución 202 del 09 de julio de 2025.Asimismo, destacaron que los diálogos de Paz con la Coordinadora Nacional-EB ha tenido avances significativos en el propósito de reducir la violencia en los territorios, promover la superación de las economías ilícitas y fortalecer la convivencia en las comunidades."No obstante, aún es necesario avanzar con mayor determinación para garantizar la plena vigencia del Estado Social de Derecho", se lee en el comunicado.Desde la Consejería, señalan que uno de los avances más recientes fue la creación de la Zona de Ubicación Temporal en el municipio del Valle del Guamuez, en Putumayo, en donde han ingresado 99 integrantes de la Coordinadora Nacional-EB para su proceso de reintegración a la ciudadanía plena."La ZUT creada por decisión de nuestra mesa de diálogos no está cobijada por la decisión del Consejo de Estado y como espacio humanitario debe ser protegida por las autoridades públicas", agregó.Finalmente, señalaron que impugnarán esta decisión judicial para proteger los derechos de las 99 personas vinculadas a la Coordinadora.
El Juzgado Promiscuo de Valle del Guamuez, en Putumayo, rechazó las solicitudes presentadas por distintas entidades del Gobierno nacional que buscaban dejar sin efectos el fallo de tutela que ordenó suspender la instalación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) destinada a integrantes de las disidencias de las Farc al mando de alias 'Walter Mendoza'. La decisión mantiene vigente la medida adoptada recientemente por el despacho judicial, que frenó las obras, actividades e instalación de esa zona al considerar que no se garantizó el derecho fundamental a la consulta previa del resguardo indígena Telar Luz del Amanecer.La tutela fue promovida por José Remigio Cuarán Perenguez contra el Gobierno nacional y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. En el trámite inicial, el juzgado advirtió que varias entidades no respondieron oportunamente a los requerimientos realizados tras la admisión de la acción constitucional. La determinación cobró especial relevancia luego de que el Gobierno anunciara el traslado de al menos 99 integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), estructura disidente comandada por Walter Mendoza, hacia una Zona de Ubicación Temporal en Putumayo como parte de los diálogos de paz.Uno de los principales argumentos analizados por el despacho fue la solicitud presentada por la Presidencia de la República. La entidad aseguró que había elaborado y remitido una respuesta antes de que se profiriera la sentencia. Sin embargo, el juzgado concluyó que el documento nunca ingresó al expediente debido a un error en la dirección electrónica utilizada para enviarlo. Al respecto, el juez precisó que “debe precisarse que la carga de remitir correctamente las actuaciones procesales corresponde a quien las presenta, de manera que las consecuencias derivadas de errores en la utilización de los canales electrónicos de comunicación no pueden ser trasladadas a la administración de justicia ni afectar la validez de las actuaciones surtidas conforme al material procesal oportunamente incorporado al expediente”.Además de controvertir el fallo, la Presidencia solicitó aclaraciones y correcciones frente a algunas órdenes judiciales que consideró difíciles de cumplir. No obstante, el despacho negó esa petición al señalar que los planteamientos formulados no buscaban corregir errores de la providencia, sino cuestionar su contenido y alcance. En la decisión se indicó que “las razones expuestas por la entidad se encuentran dirigidas a cuestionar el fundamento jurídico de la decisión adoptada, el alcance de las órdenes impartidas, la valoración efectuada por el Despacho respecto de la afectación directa alegada por la comunidad accionante y, en general, las conclusiones que sustentaron la concesión del amparo constitucional”. Agregó que la solicitud “no persigue despejar dudas sobre el contenido de la providencia sino controvertir las determinaciones adoptadas en ella, finalidad que resulta ajena a los mecanismos de aclaración, corrección y adición”.El Ministerio de Defensa también pidió la nulidad del proceso argumentando que debía haber sido vinculado a la actuación por su relación con las actividades derivadas de la implementación de la ZUT. Sin embargo, el juzgado concluyó que la sentencia no impuso órdenes directas a esa cartera y, por tanto, no existía afectación alguna al debido proceso. En ese sentido, el despacho sostuvo que “tampoco se advierte que la providencia hubiera resuelto situación jurídica propia del Ministerio de Defensa Nacional o impuesto obligaciones directamente exigibles a su cargo”.Por su parte, el Ministerio del Interior cuestionó la competencia del juzgado para tramitar la tutela. Frente a este planteamiento, el juez recordó que ese asunto ya había sido resuelto previamente por el Tribunal Superior de Mocoa, que definió que el despacho era competente para conocer y decidir de fondo la acción constitucional.Igualmente, fueron rechazadas las solicitudes de nulidad promovidas por Armando Novoa García, jefe de la Delegación del Gobierno nacional en la Mesa de Diálogos de Paz, y Gloria Arias Nieto, integrante del equipo del Gobierno. El juzgado concluyó que, aunque ambos participan en la implementación de la Zona de Ubicación Temporal, su vinculación no era indispensable para la validez del proceso. Según la decisión, “aun cuando los solicitantes desempeñan funciones relevantes dentro de la mesa de diálogos de paz y participan en actividades relacionadas con la implementación de la Zona de Ubicación Temporal, no se advierte que su comparecencia constituyera un presupuesto indispensable para la válida integración del contradictorio ni que la ausencia de su vinculación hubiera generado una afectación sustancial al debido proceso”.Con esta determinación, el fallo que suspendió la instalación de la ZUT continúa vigente. No obstante, será el superior funcional el encargado de estudiar las impugnaciones presentadas por las entidades involucradas y adoptar una decisión definitiva sobre la tutela y las órdenes impartidas por el juzgado de primera instancia.
El Gobierno nacional defendió la puesta en marcha de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Putumayo, luego de los cuestionamientos surgidos por el traslado de cerca de 100 integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano a este espacio apenas días antes de las elecciones. El jefe negociador del Gobierno, Armando Novoa, aseguró que la decisión no fue improvisada y que hace parte de los compromisos alcanzados en la mesa de diálogos de paz.“Los avances en nuestra mesa de diálogos de paz no están sujetas a los tiempos del calendario electoral, son acciones que corren por caminos distintos. Nosotros intentamos llevar a la práctica una política de paz con grupos en el territorio y el calendario busca sufrir un proceso participativo para elegir un nuevo mandatario. Aunque las elecciones son fundamentales no necesariamente son incompartibles con los avances que tenemos en esta mesa de diálogos de paz. Los tiempos no tienen por qué oponerse”, dijo.Según explicó el Gobierno, entre este miércoles y el jueves comenzará el ingreso de 99 integrantes del grupo armado a la zona ubicada en zona rural de La Hormiga, Putumayo. Todos deberán entrar sin armas y sin uniformes. Antes de ingresar, cada miembro será identificado mediante un listado entregado por la organización y verificado por el mecanismo de monitoreo liderado por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA). La Fiscalía revisará individualmente la situación jurídica de cada integrante.Las armas tampoco permanecerán en poder del grupo. El armamento será entregado en depósitos bajo supervisión de los mecanismos de verificación y posteriormente trasladado por la fuerza pública para su destrucción. El Gobierno estima que serán cerca de 100 armas, además de municiones.La ZUT funcionará durante diez meses, hasta el 25 de diciembre de este año, y servirá como un espacio de tránsito hacia la reincorporación. Una vez instalados, los integrantes del grupo recibirán acompañamiento institucional del SENA, la Agencia para la Reincorporación y entidades de salud. Además, deberán participar en acciones de reparación a las víctimas y contribuir a la búsqueda de personas desaparecidas y al desmantelamiento de economías ilícitas.El Gobierno también aclaró que quienes ingresen a la zona no podrán salir libremente, salvo situaciones de emergencia, y que dejarán de formar parte de la estructura armada. Aunque las órdenes de captura de los integrantes serán suspendidas mientras permanezcan en la ZUT, no existe inmunidad frente a nuevos delitos que puedan cometerse dentro o fuera del espacio.Frente a las preocupaciones por la seguridad, las autoridades señalaron que no habrá un anillo militar permanente alrededor de la zona. En su lugar operará un Puesto de Mando Unificado en La Hormiga y se realizarán controles y patrullajes aleatorios. Incluso el traslado de los integrantes se hará en helicópteros de una empresa privada, luego de que la Fuerza Pública concluyera que los recorridos terrestres representaban riesgos de seguridad.El Gobierno también aclaró que la continuidad de la Zona de Ubicación Temporal dependerá de las decisiones que adopte el próximo Gobierno pues no se trata de una figura blindada jurídicamente. Al haber sido creada mediante una resolución administrativa y no por una ley o un acuerdo con rango especial, podrán mantenerla, modificarla o incluso revocarla. En caso de una terminación anticipada, existe un protocolo que contempla causales específicas, como incumplimientos graves por parte de los integrantes del grupo, y se les deberá otorgar un preaviso de 72 horas para abandonar el lugar. Las autoridades insistieron en que la eventual eliminación de la zona no significaría automáticamente el fin de los diálogos de paz, que podrían continuar bajo otros mecanismos.
En el marco del programa RenHacemos, por parte del Ministerio de Defensa y la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, avanzan junto a más de 8.000 familias en Putumayo una de las mayores apuestas de cambio social y que busca impulsar la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y la transformación productiva de los territorios.Esta estrategia espera que miles de familias campesinas dejen atrás la economía ilegal para construir un futuro digno desde la legalidad.La iniciativa impulsada por el Gobierno nacional apoya la transición ecológica y productiva ofreciendo asistencia y pagos mensuales a quienes erradiquen sus cultivos ilícitos.Hasta el momento, son más de ocho mil familias las que han decidido erradicar voluntariamente más de 14.500 hectáreas de hoja de coca para reemplazarlas por proyectos productivos legales como cacao, café, ají y plátano, para generar nuevas oportunidades de ingreso, estabilidad y bienestar para sus comunidades.Estas familias que por años han sido instrumentalizadas por grupos criminales para sembrar y cultivar hoja de coca ya iniciaron el levantamiento de cultivos ilícitos que por años alimentaron las economías criminales y la violencia en esta región del país.Desde el Gobierno, señala que “RenHacemos representa un cambio profundo en la manera de enfrentar el fenómeno de los cultivos ilícitos. Hoy, el diálogo y los acuerdos comunitarios reemplazan la confrontación, permitiendo que sean las propias comunidades quienes lideren la transición hacia economías legales y sostenibles”.El programa contempla la asistencia tecnica permanente, incentivos económicos y apoyo integral para las familias, con el objetivo de fortalecer la soberanía alimentaria y garantizar que las comunidades campesinas que adopten la estrategia puedan consolidar estos proyectos productivos de forma estable y sostenible en el tiempo.Según el Gobierno, a nivel nacional, más de 31.000 familias ya avanzan en procesos de sustitución voluntaria y cerca de 41.000 hectáreas de cultivos ilícitos están siendo transformadas por alternativas legales en diferentes regiones del país.
La operación fue adelantada por tropas del Gaula Militar de la Brigada 27 del Ejército, con apoyo de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía, mediante allanamientos realizados en dos viviendas de la vereda Monserrate, en el municipio de Puerto Asís, en el departamento de Putumayo.Según confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en total fueron encontrados más de 11 mil 600 kilos de marihuana distribuidos en más de 10 mil paquetes, en lo que las autoridades calificaron como la mayor incautación de este tipo registrada en Putumayo.Según información de inteligencia militar, el cargamento pertenecería a la estructura 48 Comandos de Frontera, de la Segunda Marquetalia, y tendría como destino final Brasil, utilizando corredores clandestinos y rutas fronterizas para el tráfico internacional de drogas.“Este importante resultado operacional se convierte en la incautación de marihuana más grande registrada en el departamento del Putumayo y representa un golpe estratégico contra las economías ilícitas del grupo armado organizado residual Segunda Marquetalia Estructura 48 Comandos de Frontera, organización criminal que financia su accionar delictivo mediante el tráfico de estupefacientes y otras actividades ilegales en esta región del país”, señaló el Ejército.Las autoridades señalaron que esta operación representa una afectación superior a los 8 mil millones de pesos para las finanzas ilegales de ese grupo armado organizado.“Invitamos a la población civil para que sigan suministrando información al Ejército Nacional, a nuestra Policía Nacional para seguir afectando las finanzas de estos grupos que lo único que hacen es sembrar el terror y, a través del dominio por la vía armada, traten de constreñir a la población civil y llevarlas a lograr sus prometidos”, señaló el Brigadier general Sergio Armando Guzmán Jaimes, comandante Sexta División (e).Además, destacaron que con esta incautación se evitó la comercialización de la droga y su llegada a diferentes mercados ilegales, especialmente afectando a niños y jóvenes.
Un juez envió a la cárcel a Jesse Adonai Daza, señalado de mantener en cautiverio y en condiciones inadecuadas a varias especies de fauna silvestre en una finca ubicada en la vereda Aguas Negras de Puerto Asís.Según la investigación, el creador de contenido presuntamente obtenía animales silvestres de manera irregular, incluyendo varias especies declaradas en peligro de extinción, y los mantenía en su lugar de residencia para exhibirlos y grabar videos que posteriormente compartía en redes sociales con mensajes relacionados con conservación ambiental y protección animal.De acuerdo con las autoridades, el objetivo de ese contenido era aumentar el número de seguidores en plataformas digitales.Los animales fueron evaluados por médicos veterinarios del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal de la Fiscalía, quienes concluyeron que permanecían en condiciones de encierro, con restricciones de movilidad, deficiencias higiénico-sanitarias y alimentación inadecuada.La Fiscalía señaló además que los animales eran utilizados de manera recurrente para la grabación de contenido audiovisual difundido a través de redes sociales.Por estos hechos, un fiscal imputó a Jesse Adonai Daza los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables agravado y lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física del animal.El procesado no aceptó los cargos durante las audiencias preliminares.Durante el operativo fueron encontrados 30 ejemplares pertenecientes a 17 especies de fauna silvestre, entre ellas tres guaras, una lora amazónica, una lora frente amarilla, una lora real, dos chigüiros, cuatro zarigüeyas, un pecarí de collar, dos guacamayas bandera, una guacamaya azul, una guacamaya cariseca, cinco borugas, un mono soldado, un paujil, dos tucanes arasarí, un tucán pechiblanco, una pava amazónica y dos zorros cangrejero.
El Gobierno nacional, a través de su jefe de delegación Armando Novoa, confirmó los detalles logísticos y operativos de la nueva Zona de Ubicación Temporal (ZUT) destinada a la autodenominada Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, una disidencia de la Segunda Marquetalia. Esta zona estará localizada en el municipio de Valle del Guamuez, departamento de Putumayo, y se espera que esté operativa entre la tercera y última semana del mes de mayo.Infraestructura y condiciones de permanenciaSegún explicó Novoa, la zona contará con adecuaciones básicas para garantizar la subsistencia de los miembros del grupo armado. "Serán unas unidades en donde podrán habitar los miembros del grupo, tendrán unas baterías de baño, una cocina, una zona social; es algo muy básico que permite el ingreso para unas condiciones de subsistencia en unas condiciones mínimas", señaló el negociador.Inicialmente, la zona recibirá a 100 integrantes de la organización, aunque los informes de inteligencia estiman que el grupo cuenta con aproximadamente 1.800 hombres en armas entre Nariño y Putumayo.La vigencia inicial de este espacio será de 10 meses, tras lo cual el próximo gobierno deberá evaluar su prórroga.Un modelo de "dejación gradual e incremental"A diferencia del proceso de paz de 2016, donde la concentración fue masiva y simultánea, este modelo apuesta por un ingreso escalonado. Novoa defendió esta estrategia argumentando que busca corregir fallas del pasado: "En Colombia es atípico lo que estamos haciendo en el sentido de que es un proceso de dejación de armas gradual e incremental", afirmó, añadiendo que la intención es desescalar la violencia en territorios donde el Estado no llegó efectivamente tras acuerdos anteriores.Dentro de las zonas, los combatientes deberán permanecer "sin uniformes y sin armas en tránsito a la vida civil".Sustitución de cultivos y compromisos judicialesUn punto crítico para la creación de estas zonas es el compromiso del grupo con la erradicación de la hoja de coca. Novoa destacó que en Putumayo cerca de 13.500 familias campesinas han firmado acuerdos voluntarios de sustitución. El grupo armado se ha comprometido a "apoyar, a respaldar la iniciativa gubernamental que debe obtener el respaldo de las comunidades".Finalmente, el jefe negociador aclaró la situación de los cabecillas con procesos judiciales pendientes. Respecto a alias 'Araña', líder de los Comandos de la Frontera, Novoa fue enfático: "Araña sigue en la Picota... Personas con solicitudes de extradición no deben ingresar a las zonas de ubicación temporal".Escuche aquí la entrevista:
La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura y condenó a 9 años de cárcel al exgobernador del Putumayo, Felipe Alfonso Guzmán, por las presuntas irregularidades en un contrato por más de 400 millones de pesos para la fabricación de juguetes destinados a niños de escasos recursos de ese departamento en el año 2008.Esta decisión del alto tribunal contra el exgobernador de Putumayo está relacionada con la presunta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por acción, dentro de un proceso relacionado con millonarios convenios para la fabricación de juguetes destinados a niños de bajos recursos del departamento.Ambos contratos tenían el mismo propósito que era fabricar artículos lúdico-didácticos para niños y niñas de escasos recursos durante la temporada decembrina.En el fallo de 136 páginas, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia expone cuáles habrían sido las irregularidades de dos contratos celebrados en el año 2008, la suma de ambos asciende a más de 400 millones de pesos.En ese mismo fallo, la Corte Suprema de Justicia absolvió al exgobernador encargado Camilo Augusto Otaya, quien era investigado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.La Corte Suprema de Justicia determinó que las fundaciones contratadas no tenían dentro de su objeto social la fabricación de juguetes y fueron utilizadas como “fachada”, vulnerando los principios de la contratación pública.Para la Corte Suprema de Justicia esos recursos tenían destinación específica y no podían utilizarse para esos fines, por lo que la actuación desconoció normas constitucionales y legales.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses señaló que el 85,11% de las muertes violentas registradas en Putumayo durante 2025 fueron de hombres, es decir, 223 casos de un total de 262. Estas muertes incluyen hechos por accidentalidad, eventos de tránsito, presuntos homicidios y suicidios.El análisis muestra que casi la mitad de las víctimas masculinas, estaban en edad productiva, (29 a 59 años), mientras que el 61% de los casos ocurrió en zonas rurales, donde se concentra la mayor ocurrencia de estos hechos.Puerto Asís es el municipio con más casos, con 53 víctimas masculinas en 2025, seguido por otros territorios con menores cifras. Además, el informe señala que los hechos se presentan con mayor frecuencia los domingos en horas de la tarde, particularmente en muertes relacionadas con tránsito y homicidio.Según Ariel Emilio Cortés, director general de Medicina Legal, en los dos primeros meses del año se registraron 50 muertes violentas, de las cuales 41 corresponden a hombres y 9 a mujeres. En el mismo periodo de 2025 se habían reportado 44 casos.El informe detalla que durante 2025 se registraron 88 presuntos homicidios en el departamento, con mayor concentración en Puerto Asís, Valle del Guamuez y Mocoa.Además, entre enero y febrero de 2026 se reportaron 20 casos, la misma cifra que en el mismo periodo del año anterior, siendo nuevamente Puerto Asís el municipio con más registros, seguido de Orito.El mayor número de víctimas se concentra en personas entre los 29 y 59 años, seguido por jóvenes de 18 a 28 años.El boletín también reporta afectaciones en población indígena. En 2025 se registraron 3 víctimas (2 hombres y 1 mujer) en municipios como Puerto Asís, Puerto Caicedo y Puerto Leguízamo. Para 2026, ya se ha contabilizado la muerte de un hombre y una mujer en Mocoa y Orito.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro no descarta trasladar desde el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota a Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, hacia una zona de ubicación temporal en el departamento del Putumayo.La posibilidad se da en medio de la puesta en marcha de este espacio, que ya cuenta con autorizaciones presidenciales y en el que se prevé el ingreso de 100 integrantes de los Comandos de Frontera a mediados del mes de mayo.De acuerdo con el Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno con la Coordinadora Nacional EB, este tipo de decisiones están contempladas en la Ley 2272 de 2022, que permite suspender órdenes de captura, incluso con fines de extradición, a integrantes de grupos armados que estén vinculados de manera efectiva a un proceso de paz y que se encuentren en una zona de ubicación temporal.En diálogo con Blu Radio, el jefe de la delegación del Gobierno en estos diálogos, Armando Novoa, se refirió a la posibilidad de que alias ‘Araña’ sea trasladado a esta Zona.“En el caso del señor Andrés Rojas, si el presidente considera que esa es una posibilidad para lograr la desmovilización integral de ese grupo, no podemos descartar que así lo considere el presidente de la república. Pero la última palabra sobre eso la tiene el señor presidente, y nosotros haremos todo lo posible para que ese proceso de paz sea irreversible”.Novoa explicó que esta zona estará ubicada en el municipio de Valle del Guamuez y funcionará como un espacio de tránsito hacia la vida civil.“Esperamos que esa zona esté adecuada en debida forma en el transcurso del mes de mayo, momento en el cual empezarán a ingresar las unidades de comandos de frontera que se han acordado en la mesa, que son cien personas que ingresarán a la zona sin armas y sin uniformes”.Además insistió en que esta “no será una zona de impunidad, no será una zona de despeje como la que conoció el país en otras épocas, será una zona de tránsito a la civilidad y a la ciudadanía plena de un grupo importante de integrantes de esta organización al margen de la ley”.Además, señaló que el proceso se encuentra en fase de adecuación administrativa y técnica para su implementación.“Faltan algunos aspectos de procedimiento y de carácter técnico, pero son menores. De tal manera que, si todo sale como lo esperamos, muy seguramente a mediados del mes de mayo, ese primer grupo de cien integrantes de Comandos de la Frontera empezarán a hacer ingreso a esa zona”.Es importante recordar que Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, fue capturado en febrero de 2025 en el hotel Courtyard Marriott de Bogotá por el CTI de la Fiscalía, luego de participar en un ciclo de diálogos de paz.La detención se produjo en cumplimiento de una circular roja de Interpol y de una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, donde es investigado por delitos relacionados con el envío de cocaína hacia ese país y por sus presuntos nexos con el cartel de Sinaloa.Aunque la Corte Suprema de Justicia avaló su extradición, a finales del año pasado el presidente Gustavo Petro decidió suspenderla de manera condicionada a los avances en el proceso de paz.“Recordemos que el presidente de la república autorizó la extradición del señor Rojas, pero la sujetó a que prestara un concurso directo en los avances en la mesa de diálogos de paz. Esos avances se traducen en que parte de su grupo entra a la zona de ubicación temporal, y también se traducen en el apoyo y respaldo que han dado al gobierno nacional para la erradicación de cultivos de uso ilícito en el departamento de Putumayo. Tenemos la expectativa de que se logre la erradicación voluntaria de quince mil hectáreas en ese departamento”, señaló Novoa.Actualmente, alias ‘Araña’ permanece recluido en la cárcel La Picota, en el pabellón de extraditables, a la espera de conocer cuál es el avance presentado a estas condiciones.
Una operación conjunta entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la DEA permitió dar un nuevo golpe a las redes del narcotráfico con la captura y notificación con fines de extradición de dos presuntos integrantes de una organización criminal que operaba en Antioquia y tenía conexiones internacionales.Los procedimientos se desarrollaron en el marco de la Operación Primavera, donde las autoridades hicieron efectiva la captura de Fabio Alberto Moreno Rendón, alias ‘Mono’, y notificaron con fines de extradición a Daniel Suaza Ochoa, alias ‘Menor’, identificado como uno de los principales cabecillas del Grupo Delincuencial Común Organizado "Los Chivos".Ambos son requeridos por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, para responder por cargos relacionados con concierto para delinquir, conspiración para distribuir cocaína y tráfico internacional de estupefacientes.Según las investigaciones, alias ‘Menor’ ejercía el liderazgo de la estructura criminal, mientras que alias ‘Mono’ era señalado de administrar las finanzas derivadas del narcotráfico y de desempeñar un papel determinante en la consolidación financiera de la organización.El alcalde Federico Gutiérrez indicó que el grupo mantenía alianzas con otras estructuras ilegales que delinquen en el Valle de Aburrá, incluido el Clan del Golfo, con el propósito de fortalecer la producción, el almacenamiento y el transporte de cocaína."Esa lucha en contra de esas estructuras criminales la vamos a seguir dando. Pero acá hay un dato muy relevante. Alias 'Menor' hacía parte de esa estructura criminal de toda la vida, de Los Chivos, que ha liderado inclusive directamente su papá, donde inclusive su hermano, alias 'Chatán', fue capturado en la administración anterior nuestra entre 2016 - 2019, cuando fungía como máxima cabecilla de Los Chivos", dijo.El expediente también señala que la organización había establecido contactos con redes criminales de México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Estados Unidos, conformando un entramado transnacional para el envío de cargamentos de droga hacia mercados internacionales.Según las autoridades, la producción y procesamiento del estupefaciente que era traficado se concentraban en sectores de Belén y Altavista desde donde presuntamente funcionaban laboratorios urbanos.Posteriormente, la cocaína era movilizada por corredores terrestres hacia La Guajira para facilitar su salida hacia Centroamérica y Estados Unidos.
La organización Human Rights Watch pidió este martes que se realice una investigación "oportuna, transparente y exhaustiva" de la muerte del colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU. en Maine."Esta semana, otra familia y comunidad enfrentan la devastadora pérdida de un ser querido en otro tiroteo fatal por parte del ICE", indicó en un comunicado Tanya Greene, directora del programa de Estados Unidos de HRW.La hija de 3 años y la pareja de Durán Guerrero, de 26 años, le acompañaban cuando le dispararon.El ICE confirmó que el colombiano no era el motivo del operativo que sus agentes realizaban en la comunidad de Biddeford, al sur de Maine, en busca de un inmigrante con orden de deportación.Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alegó que los agentes dispararon por seguridad pública. Según explicaron, el auto de Guerrero salía en la misma dirección de la persona que buscaban, por lo que al "intentar huir" procedieron a disparar.La organización de derechos civiles LatinoJustice catalogó como una "atrocidad contra los derechos humanos" la muerte y pidió una investigación "transparente" de lo ocurrido.La muerte del colombiano, con permiso de trabajo en EE.UU. y Seguro Social, se registró una semana después de que el mexicano Lorenzo Salgado también muriera a manos del ICE en Texas cuando se dirigía a trabajar en su auto con sus hermanos.Estas dos muertes elevan a 11 el total de tiroteos mortales perpetrados por agentes del DHS desde el inicio de la actual Administración, cinco de ellos dentro de vehículos, según la organización de abogados."Asesinatos como el de Durán Guerrero demuestran que el DHS no tiene ningún respeto por la vida de los inmigrantes, y especialmente de los inmigrantes latinos", indicó Rex Chen, asesor jurídico de derechos de los inmigrantes de LatinoJustice.Además, afirmó que el Gobierno de Trump ha actuado con impunidad ante las violaciones cometidas contra numerosas personas que viven en EE.UU. en nombre del control migratorio.Según Chen, tener apariencia latina se ha convertido en una excusa para "atropellar, herir, disparar y matar personas".Se estima que en el estado de Maine viven unos 30.000 latinos, lo que representa aproximadamente el 2 % de la población estatal, señaló LatinoJustice.
Quince homicidios se registraron durante el fin de semana en Cali. De acuerdo con el reporte de las autoridades, uno de los casos fue cometido con arma blanca y los otros 14 con armas de fuego, lo que mantiene la preocupación por los altos índices de violencia en la capital vallecaucana.Entre las víctimas se encuentra Ciro David Paz Banguero, abogado de 31 años, hijo del exalcalde de Guachené, Francisco José Paz Zapata, y funcionario de la Agencia Nacional de Tierras. El hombre fue asesinado a disparos mientras se encontraba en una fiesta en el barrio 12 de Octubre, en el oriente de la ciudad.Frente a esta situación, el personero distrital de Cali, Gerardo Mendoza, calificó como alarmante el panorama de violencia y aseguró que los jóvenes continúan siendo la población más afectada por estos hechos."Es alarmante y condenable la cifra de homicidios que se está presentando en Cali. Una vez más se comprueba que la juventud está siendo la población más vulnerable frente a este tipo de violencias. Cali está viviendo los efectos colaterales de las economías ilegales y la criminalidad continúa instrumentalizando a nuestros jóvenes", manifestó el funcionario.Ante el incremento de los homicidios, desde distintos sectores políticos se ha expresado respaldo a la propuesta del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de crear un Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana, con el propósito de fortalecer la lucha contra las estructuras criminales.El concejal Roberto Ortiz aseguró que la ciudad requiere una mayor inversión en seguridad para frenar la escalada de violencia."Cali necesita más inversión en seguridad. Ya superamos los 560 homicidios este año y, de mantenerse esta tendencia, podríamos cerrar nuevamente con más de mil casos. La seguridad debe ser una prioridad para garantizar la tranquilidad de todos los caleños", señaló.Sobre los 15 homicidios ocurridos durante el fin de semana, las autoridades indicaron que la mayoría estarían relacionados con disputas entre estructuras delincuenciales por el control del microtráfico y ajustes de cuentas.Finalmente, las autoridades informaron que con corte al 14 de julio, Cali acumula 561 homicidios en lo corrido de 2026, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades y a los organismos de control frente al comportamiento de la violencia en la ciudad.
Desde Bucaramanga, en medio del empalme territorial con el gobernador, alcaldes y autoridades de Santander, el presidente electo Abelardo de la Espriella envió un contundente mensaje a los grupos armados ilegales que operan en el oriente del país.El mandatario electo hizo un llamado directo a alias 'Zorrito', integrante del Frente Camilo Torres Restrepo, y a alias 'Volkswagen', del Frente Efraín Pabón del ELN, quienes delinquen en la región de los Santanderes, reiterando que tendrán pocos días para abandonar las armas."Quiero hacerle un llamado a este par de bandidos del ELN, alias 'Zorrito', del Frente Camilo Torres Restrepo, y alias 'Volkswagen', del Frente Efraín Pabón, que operan en los Santanderes, lo he dicho y lo reitero, tienen pocos días para desmovilizarse. Bandido que no se someta a la ley será perseguido y dado de baja, como la ley corresponde", afirmó.De la Espriella aseguró que quienes no se acojan al proceso de sometimiento serán perseguidos por la Fuerza Pública una vez asuma la Presidencia de la República el próximo 7 de agosto.Las declaraciones fueron entregadas durante el encuentro de empalme territorial con las autoridades santandereanas, donde también agradeció el respaldo electoral recibido por el departamento y anunció que Santander tendrá un lugar prioritario dentro de su administración."Estoy feliz de estar en Bucaramanga, que fue determinante para el triunfo de la Patria Milagro. Mi cariño absoluto y mi agradecimiento para este departamento. Santander, por la historia de los comuneros y de los defensores de la libertad, tiene un lugar muy especial en mi corazón", expresó.El presidente electo señaló que su gobierno buscará atender las principales necesidades del departamento, las cuales fueron consolidadas en una matriz de trabajo construida con los mandatarios locales.Asimismo, aseguró que el país atraviesa una difícil situación en diferentes sectores, pero reiteró su compromiso de trabajar en temas como seguridad, salud, oportunidades para los jóvenes e infraestructura vial."Santander ha sido olvidado por el Gobierno Nacional. Ha sido olvidado en seguridad, en salud, en oportunidades para los jóvenes y en una infraestructura vial totalmente deteriorada. No vamos a permitir el abandono estatal", manifestó.Finalmente, anunció que realizará visitas permanentes a las regiones y advirtió que ejercerá un estricto control sobre la inversión de los recursos públicos."Cada semana me tendrán en los departamentos y cada peso que se envíe desde el Gobierno Nacional deberá ser invertido en los proyectos. No acepto politiquería ni que se pierda un solo peso", puntualizó.
El presidente Gustavo Petro reaccionó a la muerte de Johan Sebastián Durán, un caso que se dio en Biddeford, en Maine, Estados Unidos.Johan Sebastián estaba en su vehículo y frente a su hija recibió un disparo de ICE durante un operativo. Petro calificó el caso como asesinato y le pidió al presidente Donald Trump un pronunciamiento.“Espero del servicio exterior colombiano en EEUU la acción jurídica y humana más rápida para que los asesinos paguen por su homicidio. Espero del presidente Donald Trump un mensaje para Colombia sobre lo sucedido”, dijo Petro.Es importante recordar que por este caso se han presentado manifestaciones en Estados Unidos durante las últimas horas.“Johan Sebastián Durán que descanse en paz víctima de estado por la persecusión y la exclusión contra un grupo poblacional civil por razones étnicas y culturales prohibida desde los tiempos del tribunal de Nuremberg en todo el planeta”, agregó Petro.
