El Tribunal Administrativo de Putumayo suspendió provisionalmente el plan piloto de fumigación aérea de cultivos ilícitos con glufosinato de amonio en ese departamento. La decisión ordena al Gobierno detener las actividades para iniciar las aspersiones y establece que la suspensión se mantendrá hasta por cuatro meses, contados desde que quede en firme la sentencia, siempre y cuando los demandantes interpongan un recurso para que se discuta de fondo y se aclaren las dudas sobre sus posibles efectos en la salud y el medioambiente.Uno de los principales motivos de la suspensión es que todavía existen dudas sobre los efectos que podría tener el glufosinato de amonio cuando se aplica desde el aire. El Tribunal destacó que el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó que todavía no había entregado el concepto previo sobre los posibles riesgos del proyecto para la salud."El comunicado emitido por el Instituto Nacional de Salud el 2 de octubre de 2026, mediante el cual dicha entidad informó que no había emitido concepto previo en salud respecto del proyecto objeto de controversia. Aunque tal circunstancia no implica por sí misma la demostración de una afectación cierta a la salud pública, sí constituye un elemento relevante al momento de valorar el grado de certidumbre científica existente acerca de los posibles efectos derivados de la aspersión aérea con glufosinato de amonio", se lee en la decisión.Además, la orden cobija al Consejo Nacional de Estupefacientes, los ministerios de Justicia y Defensa y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional. Estas entidades deberán detener las actividades relacionadas con el proyecto autorizado mediante la Resolución 0007 del 18 de agosto de 2026, que contemplaba fumigar desde aeronaves un máximo de 1.000 hectáreas durante un periodo de siete días.El Tribunal explicó que la medida busca evitar posibles daños a la salud de las comunidades y al medioambiente mientras otro juez estudia el caso. Por esta razón, protegió temporalmente los derechos a la salud, a participar en las decisiones ambientales, a recibir información y a que se cumplan las reglas de protección del medioambiente.La decisión también tuvo en cuenta las advertencias de expertos del Centro de Derechos Reproductivos y de la Universidad del Valle, quienes señalaron posibles efectos sobre la salud reproductiva y falta de información sobre las consecuencias de utilizar este producto mediante fumigaciones aéreas.A estas preocupaciones se sumaron los conceptos de la Universidad de los Andes, que advirtió sobre los posibles efectos del herbicida a mediano y largo plazo y la fragilidad ambiental del Piedemonte Amazónico. La Universidad de Nariño, por su parte, señaló que todavía no se han descartado riesgos para las fuentes de agua y las actividades económicas de las familias campesinas.En el análisis también se tuvo en cuenta la dimensión del problema en el departamento. De acuerdo con la información presentada durante el proceso, en Putumayo se han identificado 40.565 hectáreas de cultivos de coca, de las cuales la Policía Antinarcóticos señaló que 5.401 hectáreas serían susceptibles de intervención. Sin embargo, el Tribunal consideró que las medidas para evitar que el producto llegue a zonas protegidas no despejan las dudas sobre sus posibles efectos.Por esta razón, los magistrados aplicaron el principio de precaución ambiental, que significa que, aunque no exista certeza científica sobre un daño, las autoridades deben tomar medidas para evitarlo cuando hay indicios de posibles afectaciones graves a la salud o al medioambiente.Sin embargo, aclararon que esta decisión no significa que el plan de fumigación sea ilegal ni que se haya prohibido definitivamente el uso del herbicida. Los accionantes deberán presentar una demanda, como una acción popular, dentro de los cuatro meses siguientes a que quede en firme la sentencia. Si no lo hacen, la suspensión perderá automáticamente sus efectos.Mientras tanto, el Tribunal pidió al Gobierno continuar revisando la información científica y adoptar medidas para prevenir posibles daños si encuentra nuevos riesgos para la salud, las fuentes de agua o el medioambiente.
El Ejército Nacional destruyó de manera controlada un depósito ilegal que contenía 81 dispositivos explosivos en zona rural de Puerto Guzmán, Putumayo. El hallazgo se produjo en la vereda Victoria Madur, donde las tropas encontraron una gran cantidad de material que presuntamente pertenecería a las disidencias de las Farc.La operación fue desarrollada por soldados del Batallón de Infantería Liviana número 25, adscrito a la Vigésima Séptima Brigada del Ejército, en medio de las acciones militares para contrarrestar las amenazas de los grupos armados ilegales en este departamento.Además de los 81 dispositivos explosivos, en el lugar fueron encontrados 81 kilogramos de ANFO, un tipo de explosivo elaborado con nitrato de amonio y combustible que puede utilizarse para fabricar artefactos de gran capacidad destructiva.También fueron hallados dos metros de cordón detonante, un elemento que permite transmitir la detonación para activar una carga explosiva, y 100 baterías de nueve voltios, que pueden utilizarse como fuentes de energía en mecanismos eléctricos de activación.De acuerdo con la información preliminar del Ejército, todo este material pertenecería presuntamente al grupo armado organizado residual, GAO-r, estructura Raúl Reyes, del bloque Jorge Suárez Briceño, facción 'Calarcá'.Las autoridades señalaron que estos elementos podrían ser utilizados para fabricar y activar artefactos explosivos improvisados, es decir, bombas elaboradas de manera artesanal que pueden ser empleadas en ataques contra la población civil y la fuerza pública.Tras el hallazgo, un equipo especializado en la detección y neutralización de explosivos, conocido como EOD, se encargó de destruir el material mediante un procedimiento controlado. Con esta intervención se evitó que los dispositivos y demás elementos pudieran ser utilizados en posibles acciones terroristas.La Vigésima Séptima Brigada continuará desarrollando operaciones militares en Putumayo para enfrentar las amenazas de los grupos armados ilegales y proteger a la población. Además, invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier información que permita prevenir atentados a través de la línea 107 contra el terrorismo.
La zona de ubicación temporal donde permanecen cerca de 62 miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en el Valle del Guamuez seguirá vigente durante seis meses más luego de que un juez de Putumayo prorrogara la resolución que ordenaba el cierre.La decisión llega en respuesta a una tutela presentada por los miembros de este grupo ilegal que estuvo en conversaciones con el Gobierno anterior advirtiendo sobre posibles riesgos para su seguridad y su proceso de reincorporación. Además, ordenó al Gobierno avanzar en la elaboración y ejecución del plan de cierre y transición de este espacio.En el trámite de la tutela, el juzgado suspendió provisionalmente los efectos de la decisión de cierre mientras estudiaba los argumentos expuestos por los excombatientes. Con la nueva determinación, se amplía por seis meses esa suspensión, al tiempo que se exige al Gobierno avanzar en las medidas necesarias para la transición y culminación de la ZUT.La decisión se produjo tras una acción de tutela presentada por los 62 excombatientes contra la Presidencia de la República, luego de conocer la resolución que establecía el cierre de la zona para el 30 de septiembre. Los accionantes advirtieron sobre los posibles riesgos que esa medida podría representar para su seguridad y su proceso de reincorporación.El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República había expedido una nueva resolución que fijó el mes de diciembre como plazo para culminar el proceso. El documento también estableció que, a más tardar el 30 de noviembre de 2026, debía materializarse la salida de todas las personas que permanecen en el lugar.La decisión judicial podrá ser impugnada por el Gobierno. Mientras tanto, la suspensión de los efectos de la resolución de cierre se mantiene por el periodo establecido por el juez y no por la resolución presidencial.
La salida de los 58 excombatientes de los Comandos de la Frontera que permanecen en la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) de Valle del Guamuez, en Putumayo, deberá completarse a más tardar el próximo 30 de noviembre. Así lo determinó el Gobierno, que amplió los plazos para el desmonte de este espacio y estableció un acompañamiento de varias entidades para garantizar una salida gradual y ordenada.La decisión quedó consignada en la Resolución 216 de 2026, expedida el 2 de octubre por la Consejería Comisionada de Paz, que extendió hasta el 3 de diciembre el cronograma de la comisión humanitaria encargada de coordinar el proceso. Para esa fecha, el predio deberá estar completamente desocupado, sin personas, instalaciones ni elementos destinados al funcionamiento de la zona.La resolución también establece que los excombatientes podrán continuar sus trámites de reincorporación, comparecencias y asuntos relacionados con su situación jurídica sin necesidad de permanecer en el lugar. Para ello, deberán acudir a las sedes territoriales de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Fiscalía y las demás entidades competentes. Además, quienes abandonen voluntariamente la zona no podrán regresar y tendrán que adelantar cualquier gestión posterior a través de los canales institucionales.El proceso contará con una instancia de coordinación liderada por la Consejería Comisionada de Paz, con participación de los ministerios de Hacienda, Justicia y Defensa, la ARN y organismos como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Procuraduría, la Registraduría y la Contraloría. Esta mesa tendrá a su cargo orientar las decisiones y hacer seguimiento a los compromisos para el cierre definitivo del espacio. También se actualizarán las medidas administrativas, contractuales y logísticas para retirar progresivamente los bienes y la infraestructura, en coordinación con el Fondo de Programas Especiales para la Paz.El nuevo plazo se da en medio de las decisiones judiciales y administrativas que han rodeado el cierre de esta zona. El Gobierno había ordenado su terminación en septiembre, luego de dar por finalizado el espacio de diálogo con los Comandos de la Frontera, grupo armado vinculado a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Sin embargo, un juzgado de Puerto Asís suspendió provisionalmente esa decisión. Posteriormente, una nueva resolución fijó la salida de los excombatientes para los primeros días de octubre, pero el proceso quedó sujeto a las disposiciones judiciales. Con esta nueva medida, el Ejecutivo ajusta el cronograma y establece un mecanismo de coordinación interinstitucional para completar el desmonte.
En diálogo con Mañanas BLU, el gobernador del departamento del Putumayo, John Molina, abordó la compleja coyuntura de orden público y orden social que atraviesa la región. El mandatario departamental expuso una ambiciosa propuesta planteada por los campesinos cocaleros para erradicar manualmente las hectáreas de hoja de coca en solo 15 días, al tiempo que dio a conocer la incertidumbre jurídica y de seguridad tras el cierre de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el municipio del Valle del HuamuésErradicación comunitaria en 15 días y temor por la aspersiónEl contexto en el Putumayo refleja una profunda dependencia económica de los cultivos de uso ilícito. Según detalló el gobernador Molina, el 44% de la población del departamento habita en el sector rural, y unas 22.000 familias (correspondientes al 23% del total regional) derivan sus ingresos del cultivo de hoja de coca.En la actualidad, el departamento registra 40.500 hectáreas de hoja de coca, una cifra que contrasta con el periodo 2009-2011, cuando la extensión oscilaba entre las 4.000 y 5.000 hectáreas, antes de dispararse hasta picos de 53.000 hectáreas.Frente al anuncio del Gobierno Nacional sobre la realización de un plan piloto de erradicación mediante aspersión con glufosinato de amonio, Molina alertó sobre la inquietud que embarga a las comunidades rurales: "El temor y la zozobra se genera por las consecuencias que vivieron en el pasado con las fumigaciones... cómo perjudicó la salud de las personas, cómo muchas mujeres en embarazo perdieron sus bebés, la contaminación de las tierras, la afectación sobre los cultivos lícitos, la fauna, la flora y las fuentes hídricas".Ante esta situación, los voceros de las asociaciones cocaleras presentaron una alternativa directa de erradicación manual. De acuerdo con el gobernador, la propuesta es títulada como factible debido a la estructura de la propiedad rural en la zona. "Estos voceros de las asociaciones cocaleras nos propusieron que ellos podían erradicar esas hectáreas en dos semanas, o sea, 15 días. ¿Y por qué me parece que es posible? Porque es que una familia en el Putumayo tiene alrededor de una hectárea, dos hectáreas, máximo tres hectáreas de hoja de coca. Y si hay 22.000 familias y después de lograr un compromiso de inversión social se puede arrancar en ese proceso, pues es algo que se puede realizar".Un plan de sustitución productiva por $1 billón de pesosPara que la erradicación voluntaria sea sostenible y no deje desprotegidas a miles de familias, la Gobernación del Putumayo estructuró un borrador de plan de sustitución de cultivos que requiere una inversión cercana a un billón de pesos. La iniciativa contempla la siembra de 50.000 hectáreas de cultivos lícitos, distribuidas equitativamente en 10.000 hectáreas de cacao, 10.000 de maíz, 10.000 de chontaduro, y 10.000 compartidas de plátano y yuca. Molina enfatizó la necesidad de contar con infraestructura básica como mejoramiento de vías, electrificación y líneas productivas reales. Para discutir este plan y definir un cronograma, se confirmó la visita de al menos cinco ministerios al departamento durante la siguiente semana: "Ellos se comprometerían a iniciar ese proceso de erradicación con las garantías de que el gobierno haga un compromiso real en materia de inversión social. Es que el Putumayo necesita mejoramiento de vías, necesita electrificación, necesita inversión en líneas productivas lícitas". En materia de orden público, el gobernador confirmó que mediante la Resolución 389 se decretó el cierre definitivo de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) creada en zona rural del municipio del Valle del Huamués para la concentración de integrantes de los Comandos de Frontera. En el lugar permanecen 62 excombatientes bajo supervisión de la Agencia para la Reincorporación, mientras que el Ejército mantiene cordones de seguridad perimetrales. Según la oficina jurídica departamental, las autoridades judiciales ya habrían emitido órdenes de captura contra aquellas personas con procesos penales pendientes que intenten abandonar la zona. Escuche aquí la entrevista:
El Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa concedió las impugnaciones contra la sentencia que suspendió el piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo y ordenó enviar el expediente al Tribunal Administrativo del Putumayo, que deberá resolver la segunda instancia.La decisión corresponde a la Sentencia No. 003 del 22 de septiembre de 2026, que frenó la ejecución material del piloto autorizado por el Consejo Nacional de Estupefacientes.Entre los recursos están los del Ministerio de Justicia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que buscan revertir la suspensión.El Ministerio sostiene que no existe una amenaza cierta e inminente y que el piloto todavía depende del cumplimiento de requisitos previos. La Agencia plantea que la tutela era improcedente porque las resoluciones que autorizaron el programa podían ser demandadas mediante otros mecanismos judiciales y sostiene que todavía no se habían realizado sobrevuelos ni aspersiones.También fue concedida la impugnación presentada por la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación, una de las organizaciones vinculadas al proceso.El proceso reúne diez acciones de tutela acumuladas. Además, el juzgado incorporó un informe del secretario de Infraestructura de Orito, Filipo Aníbal López, en calidad de alcalde encargado, quien pidió retirar al municipio del proceso, y un memorial relacionado con declaraciones públicas del presidente de la República sobre la erradicación aérea. Esos asuntos quedaron para valoración del Tribunal.
El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Asís, Putumayo, decidió no ampliar por ahora la medida provisional que había suspendido el cierre de la Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal del Valle del Guamuez.La decisión fue adoptada luego de que la Defensoría del Pueblo solicitara ampliar y precisar el alcance de la medida, ante la expedición de una nueva resolución de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz que establece el cronograma para la salida de las personas que permanecen en la zona.El juez Carlos Alexander Coral Cuatín consideró que la medida provisional adoptada el pasado 24 de septiembre es suficientemente clara y, por ahora, no requiere una interpretación adicional. En esa decisión, el despacho había ordenado suspender transitoriamente los efectos de la Resolución 389 del 9 de septiembre, específicamente lo relacionado con la terminación de la ZUT a partir del 30 de septiembre, mientras se resolvía de fondo una acción de tutela presentada por un excombatiente.La controversia surgió después de que el Consejero Comisionado de Paz encargado, Carlos Andrés Ríos, expidiera la Resolución 215 del 29 de septiembre, mediante la cual se estableció el cronograma para la salida ordenada, gradual y articulada de las personas ubicadas en la ZUT.Según ese documento, la salida física está prevista entre la medianoche del 1 de octubre y la medianoche del 2 de octubre. Situación que llevó a la Defensoría a advertir que la nueva resolución podría materializar precisamente los efectos del cierre que el juez había ordenado suspender.Sin embargo, el juzgado no accedió a la solicitud de ampliar la medida. En lugar de esto, abrió un requerimiento dirigido a la Consejería Comisionada de Paz para que informe, en un plazo de 48 horas, si dio cumplimiento a la orden del 24 de septiembre.El despacho también pidió que, en caso de no haber cumplido la medida, se expliquen las razones y se adopten las medidas necesarias para acatarla.Exjefe negociador del Gobierno pide garantías para las personas ubicadas en la ZUT en Putumayo.En medio de esta discusión, Armando Novoa García, quien hasta el pasado 6 de agosto fue jefe de la delegación del Gobierno Nacional en la mesa de diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, cuestionó las condiciones en las que se estaría produciendo la salida de las personas ubicadas en la ZUT.Según Novoa, inicialmente el Gobierno había establecido que la ZUT tendría vigencia hasta el 30 de septiembre y se había comprometido a presentar, dentro de los cinco días siguientes, una hoja de ruta para garantizar una salida ordenada de los exmiembros de los Comandos de la Frontera.Sin embargo, asegura que esa hoja de ruta no se habría establecido en los términos esperados y que la nueva resolución establece directamente un cronograma de salida.“Más bien lo que ocurrió es que en forma abrupta hoy se expidió una resolución que no establece una hoja de ruta, sino que elude establecer ese cronograma para permitir precisamente lo que en la resolución anterior se había dicho”, aseguró Novoa.El exfuncionario también respaldó la solicitud que la Defensoría del Pueblo presentó este miércoles para que el juez amplíe la medida cautelar y suspenda las actuaciones relacionadas con la salida física de los excombatientes.“Esas personas entraron a la zona bajo un principio de buena fe, de confianza legítima, se desarmaron, se separaron de la violencia y del grupo”, señaló Novoa.Uno de los principales cuestionamientos del exjefe de la delegación tiene que ver con las condiciones materiales en las que quedarían las personas una vez abandonen la ZUT. Según afirmó, los excombatientes no contarían, hasta el momento, con apoyos suficientes para cubrir transporte, alimentación o alojamiento durante los primeros días después de su salida.“Esa es la razón de la manifestación que ha hecho la Defensoría del Pueblo, que va en la dirección correcta y que demanda una intervención inmediata del juez en orden a proteger los derechos de esas personas que se encuentran en un estado de indefensión, y de acuerdo a la jurisprudencia de la corte constitucional, son sujetos de especial protección por parte del estado, lo cual no está cumpliendo la resolución del Gobierno”, agregó.Novoa aseguró ademas que los excombatientes no cuentan con recursos, ni garantías suficientes de subsistencia.“Las personas van a tener que salir hoy sin protección, sin seguridad, sin un mínimo que les garantice la subsistencia humanitaria, sin condiciones de dónde ir a dormir ni dónde ir a comer, porque ellos están en una zona rural que queda 20 kilómetros dentro más cercano, que es la el centro poblado de La Hormiga del municipio del Valle del Guamué. Muy lamentable, muy deplorable. El Gobierno, al parecer, no le interesa pacificar estas regiones con decisiones de entrega voluntaria, sino solamente con todo cadáveres. Eso es muy triste.”, afirmó.Aunque la Resolución 215 de 2026, establece que las personas acreditadas como desmovilizadas podrán continuar o iniciar su ruta de reincorporación ante la ARN en cualquier parte del país y la salida de la zona no extingue investigaciones penales, órdenes de captura, medidas de aseguramiento o condenas, el exjefe negociador asegura que la nueva resolución no habla sobre una hoja de ruta específica.Asimismo, advirtió sobre los riesgos de seguridad que podrían enfrentar los excombatientes una vez abandonen la zona.“Me imagino que llegará entonces la fuerza pública a sacarlos a las malas de la zona de ubicación temporal. ¿Qué necesidad hay de hacer eso? Si las personas allí están pacíficamente, por lo menos tienen una morada en donde dormir. Si lo único que estaban pidiendo es que se respetara el término inicial del duración de la zona que va hasta el mes de diciembre, o por lo menos hasta que hubiera una hoja de ruta clara al respecto”, concluyó.
El Gobierno ordenó nuevamente el cierre de la Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZUT) de Valle del Guamuez, en Putumayo, pese a que un juzgado de ese departamento había suspendido provisionalmente este proceso mientras estudia una tutela presentada por los excombatientes que permanecen en el lugar.La decisión está contenida en la Resolución 215 del 29 de septiembre de 2026, firmada por el Consejero Comisionado de Paz encargado, Carlos Andrés Ríos.De acuerdo con el documento, se establece un cronograma para la salida física, gradual y articulada de las personas ubicadas en la ZUT. En concreto, los 66 excombatientes de los Comandos de la Frontera, de las disidencias de las Farc, que permanecen actualmente en el lugar deberán abandonar la zona entre las 12:00 de la medianoche del 1 de octubre y las 12:00 de la medianoche del 2 de octubre.La resolución señala que una comisión humanitaria estará encargada de coordinar el proceso de salida.Cabe destacar que la nueva decisión se conoce después de que el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Asís adoptara una medida provisional para frenar el cierre de la ZUT, mientras resuelve de fondo una tutela presentada por los exintegrantes de los Comandos de la FronteraSegún la decisión judicial, los excombatientes argumentaron que el cierre podía afectar derechos relacionados con su seguridad, integridad física, reincorporación, tránsito a la vida civil, debido proceso y paz.El juzgado había tomado esta determinación luego de que, a comienzos de septiembre, el Gobierno expidiera la Resolución Ejecutiva 389 de 2026, mediante la cual se dio por terminada la ZUT y se ordenó avanzar en su cierre administrativo. Esa decisión tenía efectos a partir del 30 de septiembre. La resolución de la Oficina de la Consejería Comisionada de Paz establece que antes de la salida se realizará una verificación de antecedentes para determinar cuáles de las personas pueden participar en la jornada.El documento precisa que la salida de la ZUT no significa la extinción de investigaciones penales, órdenes de captura, medidas de aseguramiento o condenas. La situación jurídica de cada persona continuará bajo competencia de la Fiscalía General de la Nación y de los jueces correspondientes.Al mismo tiempo, el Gobierno plantea que las personas acreditadas como desmovilizadas podrán continuar su ruta de reincorporación ante la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, en cualquiera de sus sedes en el país.Defensoría del Pueblo pide ampliar medida cautelar para evitar cierre de la ZUTFrente a este tema, la Defensoría del Pueblo pidió al Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Asís, Putumayo, ampliar la medida provisional que había frenado el cierre de la ZUT de Valle del Guamuez, ante la nueva resolución del Gobierno.La solicitud fue presentada este 30 de septiembre por la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, luego de que la entidad conociera la Resolución 215 de 2026, firmada por el Consejero Comisionado de Paz encargado.En su comunicación al juzgado, la Defensoría advierte que la nueva resolución podría entrar en contradicción con la medida provisional adoptada el pasado 24 de septiembre.Para la entidad, permitir ahora la salida física de los excombatientes tendría, en la práctica, el mismo efecto que el cierre de la zona que el juzgado había ordenado suspender. Además, advierte que el cumplimiento de la Resolución 215 “haría inocua” la medida provisional y la eventual decisión de fondo de la tutela, debido a que una vez las personas abandonen la ZUT sería difícil revertir esa situación.Desde la entidad señalaron también que no tiene conocimiento de un plan operativo para ejecutar la salida ni ha sido convocada a participar en la comisión humanitaria mencionada en la resolución del Gobierno.La entidad considera que resulta especialmente preocupante que el procedimiento esté previsto para comenzar en menos de 24 horas, a partir de la medianoche del primero de octubre.La Defensoría señala que la salida, sin condiciones mínimas para garantizar los derechos fundamentales de las personas, podría generar una afectación de difícil o imposible reversión.Por lo que le solicitó al Juzgado que precise y amplíe el alcance de la medida provisional del 24 de septiembre para establecer expresamente que la suspensión también cobija cualquier actuación administrativa u operativa que tenga como objetivo, directa o indirectamente, sacar físicamente a las personas de la ZUT mientras se resuelve la tutela.También pidió suspender de manera inmediata la ejecución del artículo segundo de la Resolución 215 de 2026, específicamente frente a las personas cobijadas por la medida provisional.Además, solicitó que se ordene a la Oficina de la Consejería Comisionada de Paz garantizar de manera ininterrumpida los servicios y bienes básicos para las personas que permanecen en la zona, incluidos salud, transporte seguro, protección, comunicación, alimentación y servicios públicos.Finalmente, pidió al juez adoptar cualquier otra medida urgente que considere necesaria para garantizar el cumplimiento efectivo de la orden judicial y evitar que nuevas actuaciones administrativas la hagan ineficaz.
Las fuerzas de seguridad de Perú se "enfrentaron e hicieron retroceder a un grupo criminal transnacional", conformado por disidencias de las FARC, en la frontera amazónica con Colombia, informó este domingo el Ministerio de Defensa peruano.La acción militar fue realizada por patrullas combinadas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú (PNP), integrantes del Comando Unificado PUMA (Cupuma), contra los miembros de 'Los Comandos de la Frontera'.La operación, denominada 'Zancudo', se ejecutó en Putumayo, en el límite fronterizo entre Colombia y Perú, como parte de las acciones "para el control del territorio" que desarrolla el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Comando Operacional de la Amazonía.Según la información, tras una labor de inteligencia, las fuerzas de seguridad ubicaron a los miembros del grupo armado cerca al centro poblado San Belín de Yaricaya, en el distrito de Teniente Manuel Clavero, por lo que se produjo un enfrentamiento "que obligó a los criminales a huir, mientras que tres de ellos cayeron al río Yaricaya"."Las condiciones de seguridad, así como la profundidad y el caudal del río, imposibilitaron las labores de búsqueda de los cuerpos", añadió.Tras asegurar la zona, los militares y policías del Cupuma encontraron un fusil M16 con cargadores, dos pistolas, una granada de guerra, municiones, equipos ligeros de combate, uniformes militares, mantas de camuflaje, medicamentos y herramientas."Todo el material quedó bajo custodia para su posterior entrega a las autoridades competentes", agregó Defensa antes de asegurar que los 'Comandos de la Frontera' son un grupo armado residual surgido en 2017, conformado principalmente por disidentes de las FARC, que opera en zonas fronterizas de Colombia, Ecuador y Perú.Sus actividades "están vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y otros delitos", sostuvo, antes de afirmar que las fuerzas de seguridad mantienen sus operaciones en la zona para "defender la soberanía nacional, proteger a la población, fortalecer la presencia del Estado y enfrentar a grupos armados que operan en la frontera del Putumayo".La operación se realizó poco después de que las Fuerzas Armadas de Perú y Colombia reafirmaran su compromiso con la seguridad y cooperación en la frontera común durante la XXXV Reunión de la Comisión Binacional Fronteriza (Combifron), que se desarrolló en Lima del 21 al 25 de septiembre pasado.Durante el encuentro, militares de ambos países intercambiaron experiencias e información sobre los principales escenarios de riesgo y amenazas en la zona fronteriza, con el propósito de fortalecer los mecanismos de cooperación bilateral y la respuesta conjunta, según detalló el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú.Las delegaciones suscribieron acuerdos y entendimientos y reafirmaron "la voluntad de Perú y Colombia de continuar consolidando una cooperación efectiva en materia de seguridad fronteriza".
El Ministerio de Justicia impugnó el fallo del Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa que suspendió el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo. El recurso fue presentado por Linda Gisselle Suárez Villamizar, directora (e) de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia, y secretaria Técnica del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE)En el recurso, el Gobierno sostiene que el juez aplicó de manera amplia el principio de precaución, sin establecer de forma concreta la gravedad, probabilidad y nivel de riesgo que justificarían la suspensión.También cuestiona el uso de jurisprudencia relacionada con el programa de aspersión con glifosato. Según el Ministerio, decisiones como la T-236 de 2017, el Auto 387 de 2019 y la SU-545 de 2023 corresponden a situaciones específicas del uso con ese herbicida y no pueden trasladarse automáticamente al nuevo plan piloto experimental, limitado y temporal en el que se buscan determinar el alcance del uso de glufosinato de amonio.“La Resolución 007 de 2026 no dispuso la reanudación general del PECIG ni adoptó un nuevo programa nacional de aspersión aérea. Por el contrario, configuró una fase experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable, cuya finalidad es generar evidencia específica acerca de eficacia, precisión, deriva, riesgos e impactos y suficiencia de las medidas de manejo, y precisó expresamente que el piloto “no equivale a la reanudación, adopción o autorización definitiva de un programa de alcance general o nacional”. La diferencia es jurídicamente determinante”, se puede leer en el documento.Otro de los argumentos es que el fallo habría confundido requisitos que todavía están en trámite con incumplimientos. El Ministerio sostiene que en la resolución que establecía el plan piloto en el Putumayo queda claro que mientras no se cumplan las condiciones ambientales, sanitarias, técnicas y operativas previstas en la ley, no puede comenzar las aspersiones aéreas.También se cuestiona que la sentencia haya presumido posibles afectaciones a comunidades o territorios sin identificar de manera concreta cuáles resultarían afectados. Incluso en el documento, el Ejecutivo deja claro que de 40.565 hectáreas con cultivos de coca identificados en el departamento de Putumayo, quedaron excluídas del plan piloto 35.164 hectáreas, quedando susceptibles de intervención 5.401 hectáreas y de las cuales el plan piloto sólo busca abarcar un máximo de 1.000 hectáreas.Finalmente, el Gobierno considera que la tutela no era procedente porque el piloto aún no había comenzado y, según su argumentación, no se acreditó una amenaza cierta e inminente ni un perjuicio irremediable. Además, recuerda que existen otros mecanismos judiciales, como la acción popular; los medios de control ante la jurisdicción contencioso-administrativa; y las medidas cautelares que pueden adoptarse incluso con carácter urgente.Por eso, el documento solicita a la juez Ana Pilar Vidal Uribe revocar la sentencia y declarar improcedentes las acciones de tutela acumuladas; o de no hacerlo revocar el amparo concedido. Además se pide que se precise en detalle cuáles son los requisitos que deben cumplirse de “manera expresa, concreta y verificable” y bajo qué condiciones podría levantarse la suspensión.
Continua la consternación en Resistencia, Argentina, por el asesinato de Matías Julián Álvarez, de 29 años, a manos, al parecer, de su novia, Victoria Luz Cantero, quien lo habría apuñalado en un ataque de celos y una discusión en el interior de la camioneta de este hombre.El caso sucedió a inicios de agosto de 2026, la mujer fue detenido y, hasta la fecha, sigue en marcha la investigación para determinar si fue o no culpable de este crimen. De hecho, esta mujer se encuentra recibiendo tratamiento psicológico y farmacológico luego de ser evaluada por especialistas del área de Salud Mental del Hospital Julio C. Perrando.Sin embargo, nuevo material probatorio habría dado más fuerza a su culpabilidad, pues las autoridades hallaron en la camioneta donde murió varias cartas que habría escrito antes de morir en donde aseguraba que “se estaba alejando de todos por miedo”.“Hoy me levanté con ansiedad y depresión por la situación que estoy pasando. No saber qué va a pasar. Me queda poco por hace. No me conviene ella, pero bueno el corazón es así. La realidad es que me estoy aislando de todos”, fueron las palabras halladas en la carta de este joven, que, ahora, daría más fuerza a que ella seria la responsable de este crimen.Ante esto, han solicitado una autopsia psicológica para conocer en qué estado se encontraba su salud mental y así relacionar este material probatorio con la investigación en curso. Además, otro dato que surgió de los elementos encontrados en el vehículo es que Julián y Victoria habían ido al cine la noche anterior al crimen, según contó el medio local TN.El reporte, hasta ahora, indica que el joven no se esperaba este ataque y fue apuñalado por sorpresa, al parecer, tras una discusión en el interior de la camioneta de acuerdo con todo lo encontrado en el escena del crimen.
Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este lunes:Néstor Lorenzo respondió a Lucas González por sus críticas a la convocatoria de jugadores de Atlético Nacional. El entrenador verdolaga cuestionó que Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo deban ausentarse en partidos decisivos de la Copa Colombia, mientras que otros futbolistas, como Álvaro Montero, permanecen con sus clubes. El técnico aseguró que la alternancia de Montero y Camilo Vargas estaba planificada desde la convocatoria anterior y recordó que los clubes deberían sentirse orgullosos de aportar jugadores a la Selección Colombia.El seleccionador nacional también desmintió los rumores de una supuesta pelea con Jorge Carrascal. El técnico explicó que el volante continúa dentro de sus planes y que su ausencia responde a la intención de probar otras alternativas. También aclaró que, después de un partido frente a Ghana, hubo un llamado de atención a varios futbolistas que no querían atender a la prensa, pero negó que se hubiera presentado un enfrentamiento personal con Carrascal.La lucha por los cuadrangulares de la Liga Colombiana quedó abierta con tres cupos todavía en disputa. Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Bucaramanga e Independiente Santa Fe son los cinco equipos clasificados. Medellín, Millonarios, Once Caldas, Tolima, Águilas Doradas y Cúcuta mantienen opciones de quedarse con las tres plazas restantes.Independiente Santa Fe goleó 5-0 a Deportivo Pasto en un partido marcado por los problemas económicos del conjunto nariñense. Pasto presentó una nómina integrada principalmente por juveniles, situación que generó críticas sobre el manejo financiero de algunos clubes y la manera en que estas dificultades pueden alterar el campeonato. Hugo Rodallega marcó tres goles, mientras que el técnico Pablo Repetto reconoció que buscó recibir una quinta tarjeta amarilla para cumplir la suspensión antes de los cuadrangulares, aunque el árbitro no se la mostró.Andrés Gómez quedó en el centro de la polémica en Brasil después de fallar un penal decisivo frente a Palmeiras. El colombiano erró su cobro durante la definición que permitió al equipo de Jhon Arias avanzar a la final de la Copa de Brasil. Una publicación de la esposa de Gómez, en la que aseguró que otros compañeros evitaron cobrar, generó debate sobre las posibles consecuencias dentro del camerino. También se destacó el gesto de Arias, quien se acercó a consolar a su compatriota después de la eliminación.Reviva el programa completo de Blog Deportivo aquí:
La inflación anual en Colombia se ubicó en 6,3 % para octubre de 2026, según el Dane. Con esto, son tres meses consecutivos al alza. Además, en octubre, la variación mensual del IPC fue de 0,20%, mientras que entre enero y octubre de este 2026 alcanzó 5,94%.La inflación anualizada en Colombia se ubicó en 6,3 % a octubre de 2026, lo que representa un incremento de 0,79 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025. Por su parte, la variación acumulada en lo corrido del año alcanzó el 1,24 %, mientras que la inflación mensual, correspondiente a la comparación entre octubre y septiembre de 2026, fue de 0,02 %.
El viceministro técnico de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, explicó que el Gobierno recibió un presupuesto que ya llevaba ocho meses de ejecución, lo que limitó el margen para hacer los ajustes previstos. Por eso, aunque la meta inicial era recortar cerca de $20 billones, el decreto expedido el pasado 22 de octubre dejó el ajuste en $13,8 billones, de los cuales $6,8 billones serían en contratación, $4 billones en deuda y $3 billones en gastos de funcionamiento.Ahora, el Gobierno contempla un segundo recorte para acercarse lo más posible a la cifra inicial. “Teníamos una meta de hacer un recorte de alrededor de $20 billones, no lo logramos. Estamos contemplando la posibilidad de hacer un segundo recorte para acercarnos tanto como sea posible”, afirmó Betancur. Y agregó que “la política fiscal no se hace con anuncios, se hace con decisiones”.Durante la decimotercera edición del Congreso de Asofiduciarias, el funcionario también alertó sobre el peso que está teniendo la deuda en las finanzas públicas. Según explicó, uno de cada tres pesos que recauda el Estado se destina a pagarla, el doble de lo que ocurría hace diez años, cuando la proporción era de uno de cada seis. “Eso muestra que el espacio de gastos social o de gasto productivo es cada vez más bajo, y eso, además de ser un problema técnico, es un problema político. Aquí hay una bola de nieve y si nos quedamos cruzados de brazos en tres o cuatro años será uno de cada dos (el 50 % del recaudo)”, dijo.Betancur también sostuvo que, sin la Ley de Rescate Fiscal, el Gobierno tendría que conseguir cerca de 26.000 millones de dólares en los mercados internacionales durante 2027. Una cifra que contrasta con los cerca de 5.000 millones de dólares que Colombia ha obtenido, en promedio, mediante financiamiento externo durante los últimos diez años.En materia de inflación, el viceministro aseguró que el impulso fiscal está aportando más de dos puntos porcentuales a este indicador. Sin ese efecto, señaló, la inflación estaría cerca del 4 %, aunque todavía por encima de la meta del 3 % del Banco de la República. También atribuyó la falta de anclaje de las expectativas a la incertidumbre sobre el ajuste de las finanzas públicas y a lo que calificó como “decisiones desafortunadas sobre el salario mínimo”.Sobre el crecimiento económico, consideró que una expansión de entre 2,5 % y 2,9 % no representa una catástrofe frente al desempeño de otros países de la región, pero sí resulta “mediocre” para una economía emergente como la colombiana."Lo que sí es un desastre es ver qué ocurre con la economía. Cuando uno descuenta el aporte que le genera el sector público, eso sí es un desastre. Eso demuestra que la economía privada está creciendo a tasas del 1”, afirmó el viceministro técnico de Hacienda.Para Betancur, la salida es avanzar en un ajuste fiscal que permita recuperar la confianza de los mercados, reducir las primas de riesgo y abrir espacio para la inversión privada. Advirtió que no tomar decisiones tendría consecuencias mucho más graves, pues la deuda podría superar el 80 %, los intereses absorberían una proporción cada vez mayor del recaudo y el déficit primario alcanzaría niveles insostenibles. Además, aseguró que los mercados perderían la paciencia mucho antes de llegar a ese escenario.
El viernes, 11 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación continuará con la diligencia de indagatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, dentro de la investigación que busca establecer su presunta vinculación con hechos relacionados con las masacres de La Granja y El Aro, el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la conformación de un grupo paramilitar en Antioquia, entre ellos el denominado Bloque Metro.La diligencia es adelantada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y hace parte de un expediente en el que Uribe, quien también fue gobernador de Antioquia, es investigado por los presuntos delitos de homicidio en persona protegida agravado y concierto para delinquir agravado, además de hechos relacionados con la presunta conformación de organizaciones armadas paramilitares.La primera sesión de la indagatoria se realizó el pasado 4 de septiembre en el Búnker de la Fiscalía General de la Nación. En esa oportunidad, el expresidente se refirió a los señalamientos que lo relacionan con el denominado “Petro-uribismo” y rechazó que existieran acuerdos o favorecimientos con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.A su llegada a la Fiscalía, Uribe aseguró: “Ahora me acusan de "Petro-uribismo" para sembrar desconfianza en nuestros compañeros de lucha. Para esto no ha importado nuestra oposición sin declives con la nación. Al Gobierno Petro la combatimos mirando a los ojos y sin pretensiones de pactos o favorecimientos. Elegimos un presidente del Senado con condiciones de patriota”.Durante esa primera jornada, el exmandatario también hizo referencia a las actuaciones y señalamientos relacionados con el expresidente Gustavo Petro y sostuvo que, frente a cualquier ciudadano, debía garantizarse el debido proceso.“A pesar que esta acusación también está basada en los señalamientos y movidas del expresidente Petro, frente a él, como frente a cualquier ciudadano, acusado con o sin justicia, prefiero mi adhesión a las mismas garantías constitucionales que para mi reclamo, en lugar de caer en la rabiosa actitud del ‘diente por diente o del ojo por ojo’”, afirmó Uribe.La investigación tiene antecedentes en denuncias iniciadas desde el año 2000 y en una compulsa de copias ordenada en noviembre de 2017 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, durante el proceso relacionado con el asesinato de Jesús María Valle.Dentro del expediente también se analiza la posible omisión de deberes de protección a la población civil durante la administración de Uribe como gobernador de Antioquia. De igual manera, se investigan los señalamientos relacionados con un presunto fomento y apoyo al Bloque Metro en la hacienda Las Guacharacas y una eventual responsabilidad en la promoción o formación de organizaciones armadas paramilitares.
