Un grupo de 99 personas, habitantes de la Zona de Capacitación Integral y Ubicación Temporal del Valle del Guamuez, en Putumayo, envió una carta al presidente electo, Abelardo De La Espriella, en la que le solicita dar una oportunidad al diálogo.“En este país estamos acostumbrados a pensar nuestras diferencias como si fuéramos enemigos. Solicitamos que se dé una oportunidad al diálogo y ver que aquí muchos hemos sido víctimas, antes y después de los procesos de paz, la invitación es a que el país conozca y sea consciente de que por haber sido partícipes de un grupo armado no merecemos ser excluidos o discriminados”, señala la comunicación.En el documento, los firmantes aseguran que dejaron las armas, cumplieron con el proceso de desmovilización y hoy le apuestan a la legalidad, la educación y la reconciliación con las comunidades.“Reconocemos que en el pasado se cometieron errores; sin embargo, con sentido de humanidad y convicción política, entendemos que la vía de la violencia nunca será la solución para transformar a Colombia”, agregaron.En la comunicación también invitan al presidente electo a visitar el territorio para dialogar y conocer los avances y los retos del proceso de reincorporación.“Señor presidente, le invitamos respetuosamente a que el Gobierno mire los logros, la voluntad y lo bueno que se está construyendo en esta región. Lo invitamos cordialmente a visitar nuestro territorio, compartir con nosotros y la comunidad, y dialogar respetuosamente para que conozca de primera mano los avances y retos de este proceso”.Finalmente, piden que durante el próximo Gobierno se fortalezca la inversión social, los proyectos productivos y las oportunidades de formación y empleo para los jóvenes, al considerar que esas alternativas son fundamentales para evitar que nuevas generaciones opten por la violencia.“Nuestro deseo es que durante su gobierno se apoye nuestro compromiso de paz. La paz como política de Estado y como derecho fundamental, nos alienta a que lo acordado siga adelante”.
Luego de que el Consejo de Estado suspendiera la resolución con la que el Gobierno había autorizado la instalación de la mesa de diálogos de paz con la 'Segunda Marquetalia', desde la Consejería Comisionada para la Paz aclararon que su delegación mantiene diálogos de paz con la Coordinadora Nacional-EB, no con la Segunda Marquetalia.Desde la Consejería aseguran que la Zona de Ubicación Temporal en Valle del Guamuez, en el departamento de Putumayo, donde permanecen 99 integrantes de la Coordinadora Nacional-EB, así como la mesa de negociación con el grupo, siguen vigente y no se verá afectada por la decisión del alto tribunal.Desde la Consejería señalaron que desde noviembre de 2024 no existe ningún contacto o comunicación y menos aún, una negociación con la Segunda Marquetalia cuya vocería estaba a cargo de Iván Márquez. Situación que quedó formalizada por medio de la Resolución 202 del 09 de julio de 2025.Asimismo, destacaron que los diálogos de Paz con la Coordinadora Nacional-EB ha tenido avances significativos en el propósito de reducir la violencia en los territorios, promover la superación de las economías ilícitas y fortalecer la convivencia en las comunidades."No obstante, aún es necesario avanzar con mayor determinación para garantizar la plena vigencia del Estado Social de Derecho", se lee en el comunicado.Desde la Consejería, señalan que uno de los avances más recientes fue la creación de la Zona de Ubicación Temporal en el municipio del Valle del Guamuez, en Putumayo, en donde han ingresado 99 integrantes de la Coordinadora Nacional-EB para su proceso de reintegración a la ciudadanía plena."La ZUT creada por decisión de nuestra mesa de diálogos no está cobijada por la decisión del Consejo de Estado y como espacio humanitario debe ser protegida por las autoridades públicas", agregó.Finalmente, señalaron que impugnarán esta decisión judicial para proteger los derechos de las 99 personas vinculadas a la Coordinadora.
El Juzgado Promiscuo de Valle del Guamuez, en Putumayo, rechazó las solicitudes presentadas por distintas entidades del Gobierno nacional que buscaban dejar sin efectos el fallo de tutela que ordenó suspender la instalación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) destinada a integrantes de las disidencias de las Farc al mando de alias 'Walter Mendoza'. La decisión mantiene vigente la medida adoptada recientemente por el despacho judicial, que frenó las obras, actividades e instalación de esa zona al considerar que no se garantizó el derecho fundamental a la consulta previa del resguardo indígena Telar Luz del Amanecer.La tutela fue promovida por José Remigio Cuarán Perenguez contra el Gobierno nacional y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. En el trámite inicial, el juzgado advirtió que varias entidades no respondieron oportunamente a los requerimientos realizados tras la admisión de la acción constitucional. La determinación cobró especial relevancia luego de que el Gobierno anunciara el traslado de al menos 99 integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), estructura disidente comandada por Walter Mendoza, hacia una Zona de Ubicación Temporal en Putumayo como parte de los diálogos de paz.Uno de los principales argumentos analizados por el despacho fue la solicitud presentada por la Presidencia de la República. La entidad aseguró que había elaborado y remitido una respuesta antes de que se profiriera la sentencia. Sin embargo, el juzgado concluyó que el documento nunca ingresó al expediente debido a un error en la dirección electrónica utilizada para enviarlo. Al respecto, el juez precisó que “debe precisarse que la carga de remitir correctamente las actuaciones procesales corresponde a quien las presenta, de manera que las consecuencias derivadas de errores en la utilización de los canales electrónicos de comunicación no pueden ser trasladadas a la administración de justicia ni afectar la validez de las actuaciones surtidas conforme al material procesal oportunamente incorporado al expediente”.Además de controvertir el fallo, la Presidencia solicitó aclaraciones y correcciones frente a algunas órdenes judiciales que consideró difíciles de cumplir. No obstante, el despacho negó esa petición al señalar que los planteamientos formulados no buscaban corregir errores de la providencia, sino cuestionar su contenido y alcance. En la decisión se indicó que “las razones expuestas por la entidad se encuentran dirigidas a cuestionar el fundamento jurídico de la decisión adoptada, el alcance de las órdenes impartidas, la valoración efectuada por el Despacho respecto de la afectación directa alegada por la comunidad accionante y, en general, las conclusiones que sustentaron la concesión del amparo constitucional”. Agregó que la solicitud “no persigue despejar dudas sobre el contenido de la providencia sino controvertir las determinaciones adoptadas en ella, finalidad que resulta ajena a los mecanismos de aclaración, corrección y adición”.El Ministerio de Defensa también pidió la nulidad del proceso argumentando que debía haber sido vinculado a la actuación por su relación con las actividades derivadas de la implementación de la ZUT. Sin embargo, el juzgado concluyó que la sentencia no impuso órdenes directas a esa cartera y, por tanto, no existía afectación alguna al debido proceso. En ese sentido, el despacho sostuvo que “tampoco se advierte que la providencia hubiera resuelto situación jurídica propia del Ministerio de Defensa Nacional o impuesto obligaciones directamente exigibles a su cargo”.Por su parte, el Ministerio del Interior cuestionó la competencia del juzgado para tramitar la tutela. Frente a este planteamiento, el juez recordó que ese asunto ya había sido resuelto previamente por el Tribunal Superior de Mocoa, que definió que el despacho era competente para conocer y decidir de fondo la acción constitucional.Igualmente, fueron rechazadas las solicitudes de nulidad promovidas por Armando Novoa García, jefe de la Delegación del Gobierno nacional en la Mesa de Diálogos de Paz, y Gloria Arias Nieto, integrante del equipo del Gobierno. El juzgado concluyó que, aunque ambos participan en la implementación de la Zona de Ubicación Temporal, su vinculación no era indispensable para la validez del proceso. Según la decisión, “aun cuando los solicitantes desempeñan funciones relevantes dentro de la mesa de diálogos de paz y participan en actividades relacionadas con la implementación de la Zona de Ubicación Temporal, no se advierte que su comparecencia constituyera un presupuesto indispensable para la válida integración del contradictorio ni que la ausencia de su vinculación hubiera generado una afectación sustancial al debido proceso”.Con esta determinación, el fallo que suspendió la instalación de la ZUT continúa vigente. No obstante, será el superior funcional el encargado de estudiar las impugnaciones presentadas por las entidades involucradas y adoptar una decisión definitiva sobre la tutela y las órdenes impartidas por el juzgado de primera instancia.
El Gobierno nacional defendió la puesta en marcha de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Putumayo, luego de los cuestionamientos surgidos por el traslado de cerca de 100 integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano a este espacio apenas días antes de las elecciones. El jefe negociador del Gobierno, Armando Novoa, aseguró que la decisión no fue improvisada y que hace parte de los compromisos alcanzados en la mesa de diálogos de paz.“Los avances en nuestra mesa de diálogos de paz no están sujetas a los tiempos del calendario electoral, son acciones que corren por caminos distintos. Nosotros intentamos llevar a la práctica una política de paz con grupos en el territorio y el calendario busca sufrir un proceso participativo para elegir un nuevo mandatario. Aunque las elecciones son fundamentales no necesariamente son incompartibles con los avances que tenemos en esta mesa de diálogos de paz. Los tiempos no tienen por qué oponerse”, dijo.Según explicó el Gobierno, entre este miércoles y el jueves comenzará el ingreso de 99 integrantes del grupo armado a la zona ubicada en zona rural de La Hormiga, Putumayo. Todos deberán entrar sin armas y sin uniformes. Antes de ingresar, cada miembro será identificado mediante un listado entregado por la organización y verificado por el mecanismo de monitoreo liderado por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA). La Fiscalía revisará individualmente la situación jurídica de cada integrante.Las armas tampoco permanecerán en poder del grupo. El armamento será entregado en depósitos bajo supervisión de los mecanismos de verificación y posteriormente trasladado por la fuerza pública para su destrucción. El Gobierno estima que serán cerca de 100 armas, además de municiones.La ZUT funcionará durante diez meses, hasta el 25 de diciembre de este año, y servirá como un espacio de tránsito hacia la reincorporación. Una vez instalados, los integrantes del grupo recibirán acompañamiento institucional del SENA, la Agencia para la Reincorporación y entidades de salud. Además, deberán participar en acciones de reparación a las víctimas y contribuir a la búsqueda de personas desaparecidas y al desmantelamiento de economías ilícitas.El Gobierno también aclaró que quienes ingresen a la zona no podrán salir libremente, salvo situaciones de emergencia, y que dejarán de formar parte de la estructura armada. Aunque las órdenes de captura de los integrantes serán suspendidas mientras permanezcan en la ZUT, no existe inmunidad frente a nuevos delitos que puedan cometerse dentro o fuera del espacio.Frente a las preocupaciones por la seguridad, las autoridades señalaron que no habrá un anillo militar permanente alrededor de la zona. En su lugar operará un Puesto de Mando Unificado en La Hormiga y se realizarán controles y patrullajes aleatorios. Incluso el traslado de los integrantes se hará en helicópteros de una empresa privada, luego de que la Fuerza Pública concluyera que los recorridos terrestres representaban riesgos de seguridad.El Gobierno también aclaró que la continuidad de la Zona de Ubicación Temporal dependerá de las decisiones que adopte el próximo Gobierno pues no se trata de una figura blindada jurídicamente. Al haber sido creada mediante una resolución administrativa y no por una ley o un acuerdo con rango especial, podrán mantenerla, modificarla o incluso revocarla. En caso de una terminación anticipada, existe un protocolo que contempla causales específicas, como incumplimientos graves por parte de los integrantes del grupo, y se les deberá otorgar un preaviso de 72 horas para abandonar el lugar. Las autoridades insistieron en que la eventual eliminación de la zona no significaría automáticamente el fin de los diálogos de paz, que podrían continuar bajo otros mecanismos.
En el marco del programa RenHacemos, por parte del Ministerio de Defensa y la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, avanzan junto a más de 8.000 familias en Putumayo una de las mayores apuestas de cambio social y que busca impulsar la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y la transformación productiva de los territorios.Esta estrategia espera que miles de familias campesinas dejen atrás la economía ilegal para construir un futuro digno desde la legalidad.La iniciativa impulsada por el Gobierno nacional apoya la transición ecológica y productiva ofreciendo asistencia y pagos mensuales a quienes erradiquen sus cultivos ilícitos.Hasta el momento, son más de ocho mil familias las que han decidido erradicar voluntariamente más de 14.500 hectáreas de hoja de coca para reemplazarlas por proyectos productivos legales como cacao, café, ají y plátano, para generar nuevas oportunidades de ingreso, estabilidad y bienestar para sus comunidades.Estas familias que por años han sido instrumentalizadas por grupos criminales para sembrar y cultivar hoja de coca ya iniciaron el levantamiento de cultivos ilícitos que por años alimentaron las economías criminales y la violencia en esta región del país.Desde el Gobierno, señala que “RenHacemos representa un cambio profundo en la manera de enfrentar el fenómeno de los cultivos ilícitos. Hoy, el diálogo y los acuerdos comunitarios reemplazan la confrontación, permitiendo que sean las propias comunidades quienes lideren la transición hacia economías legales y sostenibles”.El programa contempla la asistencia tecnica permanente, incentivos económicos y apoyo integral para las familias, con el objetivo de fortalecer la soberanía alimentaria y garantizar que las comunidades campesinas que adopten la estrategia puedan consolidar estos proyectos productivos de forma estable y sostenible en el tiempo.Según el Gobierno, a nivel nacional, más de 31.000 familias ya avanzan en procesos de sustitución voluntaria y cerca de 41.000 hectáreas de cultivos ilícitos están siendo transformadas por alternativas legales en diferentes regiones del país.
La operación fue adelantada por tropas del Gaula Militar de la Brigada 27 del Ejército, con apoyo de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía, mediante allanamientos realizados en dos viviendas de la vereda Monserrate, en el municipio de Puerto Asís, en el departamento de Putumayo.Según confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en total fueron encontrados más de 11 mil 600 kilos de marihuana distribuidos en más de 10 mil paquetes, en lo que las autoridades calificaron como la mayor incautación de este tipo registrada en Putumayo.Según información de inteligencia militar, el cargamento pertenecería a la estructura 48 Comandos de Frontera, de la Segunda Marquetalia, y tendría como destino final Brasil, utilizando corredores clandestinos y rutas fronterizas para el tráfico internacional de drogas.“Este importante resultado operacional se convierte en la incautación de marihuana más grande registrada en el departamento del Putumayo y representa un golpe estratégico contra las economías ilícitas del grupo armado organizado residual Segunda Marquetalia Estructura 48 Comandos de Frontera, organización criminal que financia su accionar delictivo mediante el tráfico de estupefacientes y otras actividades ilegales en esta región del país”, señaló el Ejército.Las autoridades señalaron que esta operación representa una afectación superior a los 8 mil millones de pesos para las finanzas ilegales de ese grupo armado organizado.“Invitamos a la población civil para que sigan suministrando información al Ejército Nacional, a nuestra Policía Nacional para seguir afectando las finanzas de estos grupos que lo único que hacen es sembrar el terror y, a través del dominio por la vía armada, traten de constreñir a la población civil y llevarlas a lograr sus prometidos”, señaló el Brigadier general Sergio Armando Guzmán Jaimes, comandante Sexta División (e).Además, destacaron que con esta incautación se evitó la comercialización de la droga y su llegada a diferentes mercados ilegales, especialmente afectando a niños y jóvenes.
Un juez envió a la cárcel a Jesse Adonai Daza, señalado de mantener en cautiverio y en condiciones inadecuadas a varias especies de fauna silvestre en una finca ubicada en la vereda Aguas Negras de Puerto Asís.Según la investigación, el creador de contenido presuntamente obtenía animales silvestres de manera irregular, incluyendo varias especies declaradas en peligro de extinción, y los mantenía en su lugar de residencia para exhibirlos y grabar videos que posteriormente compartía en redes sociales con mensajes relacionados con conservación ambiental y protección animal.De acuerdo con las autoridades, el objetivo de ese contenido era aumentar el número de seguidores en plataformas digitales.Los animales fueron evaluados por médicos veterinarios del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal de la Fiscalía, quienes concluyeron que permanecían en condiciones de encierro, con restricciones de movilidad, deficiencias higiénico-sanitarias y alimentación inadecuada.La Fiscalía señaló además que los animales eran utilizados de manera recurrente para la grabación de contenido audiovisual difundido a través de redes sociales.Por estos hechos, un fiscal imputó a Jesse Adonai Daza los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables agravado y lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física del animal.El procesado no aceptó los cargos durante las audiencias preliminares.Durante el operativo fueron encontrados 30 ejemplares pertenecientes a 17 especies de fauna silvestre, entre ellas tres guaras, una lora amazónica, una lora frente amarilla, una lora real, dos chigüiros, cuatro zarigüeyas, un pecarí de collar, dos guacamayas bandera, una guacamaya azul, una guacamaya cariseca, cinco borugas, un mono soldado, un paujil, dos tucanes arasarí, un tucán pechiblanco, una pava amazónica y dos zorros cangrejero.
El Gobierno nacional, a través de su jefe de delegación Armando Novoa, confirmó los detalles logísticos y operativos de la nueva Zona de Ubicación Temporal (ZUT) destinada a la autodenominada Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, una disidencia de la Segunda Marquetalia. Esta zona estará localizada en el municipio de Valle del Guamuez, departamento de Putumayo, y se espera que esté operativa entre la tercera y última semana del mes de mayo.Infraestructura y condiciones de permanenciaSegún explicó Novoa, la zona contará con adecuaciones básicas para garantizar la subsistencia de los miembros del grupo armado. "Serán unas unidades en donde podrán habitar los miembros del grupo, tendrán unas baterías de baño, una cocina, una zona social; es algo muy básico que permite el ingreso para unas condiciones de subsistencia en unas condiciones mínimas", señaló el negociador.Inicialmente, la zona recibirá a 100 integrantes de la organización, aunque los informes de inteligencia estiman que el grupo cuenta con aproximadamente 1.800 hombres en armas entre Nariño y Putumayo.La vigencia inicial de este espacio será de 10 meses, tras lo cual el próximo gobierno deberá evaluar su prórroga.Un modelo de "dejación gradual e incremental"A diferencia del proceso de paz de 2016, donde la concentración fue masiva y simultánea, este modelo apuesta por un ingreso escalonado. Novoa defendió esta estrategia argumentando que busca corregir fallas del pasado: "En Colombia es atípico lo que estamos haciendo en el sentido de que es un proceso de dejación de armas gradual e incremental", afirmó, añadiendo que la intención es desescalar la violencia en territorios donde el Estado no llegó efectivamente tras acuerdos anteriores.Dentro de las zonas, los combatientes deberán permanecer "sin uniformes y sin armas en tránsito a la vida civil".Sustitución de cultivos y compromisos judicialesUn punto crítico para la creación de estas zonas es el compromiso del grupo con la erradicación de la hoja de coca. Novoa destacó que en Putumayo cerca de 13.500 familias campesinas han firmado acuerdos voluntarios de sustitución. El grupo armado se ha comprometido a "apoyar, a respaldar la iniciativa gubernamental que debe obtener el respaldo de las comunidades".Finalmente, el jefe negociador aclaró la situación de los cabecillas con procesos judiciales pendientes. Respecto a alias 'Araña', líder de los Comandos de la Frontera, Novoa fue enfático: "Araña sigue en la Picota... Personas con solicitudes de extradición no deben ingresar a las zonas de ubicación temporal".Escuche aquí la entrevista:
La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura y condenó a 9 años de cárcel al exgobernador del Putumayo, Felipe Alfonso Guzmán, por las presuntas irregularidades en un contrato por más de 400 millones de pesos para la fabricación de juguetes destinados a niños de escasos recursos de ese departamento en el año 2008.Esta decisión del alto tribunal contra el exgobernador de Putumayo está relacionada con la presunta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y prevaricato por acción, dentro de un proceso relacionado con millonarios convenios para la fabricación de juguetes destinados a niños de bajos recursos del departamento.Ambos contratos tenían el mismo propósito que era fabricar artículos lúdico-didácticos para niños y niñas de escasos recursos durante la temporada decembrina.En el fallo de 136 páginas, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia expone cuáles habrían sido las irregularidades de dos contratos celebrados en el año 2008, la suma de ambos asciende a más de 400 millones de pesos.En ese mismo fallo, la Corte Suprema de Justicia absolvió al exgobernador encargado Camilo Augusto Otaya, quien era investigado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.La Corte Suprema de Justicia determinó que las fundaciones contratadas no tenían dentro de su objeto social la fabricación de juguetes y fueron utilizadas como “fachada”, vulnerando los principios de la contratación pública.Para la Corte Suprema de Justicia esos recursos tenían destinación específica y no podían utilizarse para esos fines, por lo que la actuación desconoció normas constitucionales y legales.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses señaló que el 85,11% de las muertes violentas registradas en Putumayo durante 2025 fueron de hombres, es decir, 223 casos de un total de 262. Estas muertes incluyen hechos por accidentalidad, eventos de tránsito, presuntos homicidios y suicidios.El análisis muestra que casi la mitad de las víctimas masculinas, estaban en edad productiva, (29 a 59 años), mientras que el 61% de los casos ocurrió en zonas rurales, donde se concentra la mayor ocurrencia de estos hechos.Puerto Asís es el municipio con más casos, con 53 víctimas masculinas en 2025, seguido por otros territorios con menores cifras. Además, el informe señala que los hechos se presentan con mayor frecuencia los domingos en horas de la tarde, particularmente en muertes relacionadas con tránsito y homicidio.Según Ariel Emilio Cortés, director general de Medicina Legal, en los dos primeros meses del año se registraron 50 muertes violentas, de las cuales 41 corresponden a hombres y 9 a mujeres. En el mismo periodo de 2025 se habían reportado 44 casos.El informe detalla que durante 2025 se registraron 88 presuntos homicidios en el departamento, con mayor concentración en Puerto Asís, Valle del Guamuez y Mocoa.Además, entre enero y febrero de 2026 se reportaron 20 casos, la misma cifra que en el mismo periodo del año anterior, siendo nuevamente Puerto Asís el municipio con más registros, seguido de Orito.El mayor número de víctimas se concentra en personas entre los 29 y 59 años, seguido por jóvenes de 18 a 28 años.El boletín también reporta afectaciones en población indígena. En 2025 se registraron 3 víctimas (2 hombres y 1 mujer) en municipios como Puerto Asís, Puerto Caicedo y Puerto Leguízamo. Para 2026, ya se ha contabilizado la muerte de un hombre y una mujer en Mocoa y Orito.
El terremoto que se registró en Colombia volvió a poner la atención sobre los seguros de vivienda o de carros y las coberturas que tienen los propietarios o arrendatarios ante este tipo de emergencias. Para quienes ya cuentan con una póliza, una de las principales dudas es cuánto tiempo tienen para reportar los daños y comenzar el proceso de reclamación.Sandra Hernández, consultora en seguros de SPH Seguros, explicó en entrevista con Mañanas Blu 10:30 cuál es el procedimiento que deben seguir las personas que tienen asegurado su inmueble y resultaron afectadas.¿Cuánto tiempo tienen los asegurados para reclamar por los daños?De acuerdo con la experta, las personas que tienen un seguro de vivienda cuentan con un plazo aproximado de 30 días para realizar la reclamación ante la compañía aseguradora.“No, en este caso más o menos vendrían siendo 30 días”, explicó la consultora durante la entrevista.La experta agregó que, por tratarse de un evento ampliamente conocido, las compañías de seguros pueden verificar que el inmueble estaba asegurado y que la dirección corresponde a la información registrada.“Este es un evento que ya es un evento pues ampliamente conocido”, señaló Hernández.Sin embargo, para iniciar el trámite, recomendó que los asegurados se comuniquen con la compañía con la que tienen contratada la póliza o, en su defecto, con el intermediario que les vendió el seguro.¿Qué debe hacer una persona que tiene seguro y sufrió daños?Según la consultora, lo primero es comunicarse con las líneas de asistencia de la aseguradora correspondiente. También se puede acudir al intermediario de seguros para recibir orientación durante el proceso.Hernández explicó que el asegurado debe presentar evidencia sobre lo ocurrido y la cuantía de los daños. “Lo primero que hay que demostrarle a la compañía de seguros es evidencia y cuantía”, indicó.Por esa razón, señaló que mientras más evidencia pueda entregar el cliente a la aseguradora, mejor. Además, explicó que la compañía solicitará información para identificar el inmueble y verificar que se encuentra asegurado.Entre los datos que mencionó están la ubicación del inmueble y el número de documento del cliente, información con la que la compañía podría ubicar la póliza en su sistema y comenzar el seguimiento del siniestro.¿El seguro cubre la vivienda y todo lo que hay dentro?Hernández también hizo una precisión sobre las coberturas, pues explicó que existe una diferencia entre asegurar la estructura del inmueble y asegurar los contenidos.“Una cosa es tener asegurada la estructura del inmueble, otra tener asegurado lo que se tiene adentro”, explicó.La consultora señaló que una persona que vive en arriendo puede asegurar los contenidos de la vivienda, mientras que quien reside en un inmueble propio puede contar con una cobertura para la estructura y, adicionalmente, para los elementos que tiene dentro.En ese sentido, recomendó tener claridad sobre qué contempla la póliza contratada antes de realizar una reclamación.¿Qué importancia tiene contar con un seguro de vivienda?La consultora sostuvo que los seguros representan un respaldo financiero ante situaciones como un terremoto y señaló que en Colombia todavía existe una baja cultura de aseguramiento.Según las cifras que, de acuerdo con Hernández, fueron reportadas por Fasecolda, en el país habría aproximadamente 2.258.000 inmuebles asegurados. De estos, alrededor de 442.000 estarían ubicados en las zonas afectadas por el terremoto mencionado durante la entrevista.Hernández aseguró que el seguro suele ser visto como un gasto, pero señaló que situaciones como la ocurrida permiten dimensionar la importancia de contar con este tipo de respaldo.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La solidaridad comenzó a hacerse visible en Bucaramanga luego del fuerte terremoto que afectó al occidente de Colombia. Varios ciudadanos se han acercado a los nueve puntos de recolección habilitados en la ciudad cómo La Gobernación de Santander, la Oficina de Gestión del Riesgo de Floridablanca, el Indersantander, la Lotería de Santander, Idesan, el Banco de Alimentos de Bucaramanga, el Centro Comercial La Quinta, la Alcaldía de Bucaramanga y Centroabastos; para entregar productos que serán destinados a las familias damnificadas.Uno de los primeros en llegar a la alcaldía de Bucaramanga uno de los puntos habilitados, fue Sergio Lizarazo, quién vino desde el municipio de Piedecuesta, en el extremo del área metropolitana para poder dar su aporte, cuándo identificó los lugares de recepción de ayudas, y decidió acudir desde el primer día para no perder la oportunida de apoyar a quienes atraviesan una situación difícil.“Realmente en mi familia siempre nos han inculcado que cuando hay una persona que necesita apoyo debemos brindárselo, nadie puede ser indolente, no sabemos cuándo seamos nosotros quienes vivamos esta tragedia”, afirmó.Lizarazo aseguró que, aunque para quien dona pueda parecer un aporte pequeño, para una familia que atraviesa una emergencia puede representar una ayuda importante.“Desde lo poco hay que tratar de apoyar para que se vuelva mucho, todas las ayudas que puedan llegar pueden apoyar a estas personas, hoy para nosotros es una cosa muy pequeña, pero para quien la reciba puede ayudarle mucho a superar estos días que acogen a este país”, señaló.El ciudadano también hizo énfasis en la importancia de donar a tiempo y no esperar hasta los últimos días de las campañas de recolección. Dijo que, al enterarse de que ya estaban habilitados los puntos, decidió desplazarse inmediatamente desde Piedecuesta para hacer su aporte.A esta jornada también se sumaron padres de familia de pacientes de Joselin García, fonoaudióloga pediátrica, quienes decidieron organizarse para entregar productos especialmente destinados a bebés y niños.Según explicó, los padres activaron rápidamente una cadena de ayuda que ya habían utilizado durante la tragedia de Venezuela y comenzaron a recolectar elementos indispensables para los bebes y madres como pañales, medicamentos, pañitos húmedos, cremas antipañalitis y shampoo, entre otros.“Los papás son súper solidarios y entendemos que debe estar sufriendo un papá, una mamá que tiene su bebé sin nada y necesita esta ayuda urgente”, manifestó.García explicó que decidieron concentrar sus esfuerzos en los niños, teniendo en cuenta su especialidad y que son muchas las necesidades particulares de esta población y el consumo permanente de productos básicos.“Precisamente un insumo de aseo, traemos 50 paquetes pañales que la verdad es muy poco, en uno o dos días ya no hay nada porque un bebé necesita cambios todo el tiempo por sus necesidades”, agregó.La profesional hizo además un llamado a que los ciudadanos se sumen a la campaña y, más allá de sus actividades cotidianas, encuentren la manera de aportar a quienes están atravesando la emergencia, " si no pueden traer físicamente la cruz roja tiene dispuesta una cuenta bancaria oficial para donar".Otro de los ciudadanos que llevó ayudas fue Juan Camilo Ayala, quien destacó la necesidad de mantener la solidaridad desde Bucaramanga hacia las zonas que resultaron más afectadas.“Pienso que como colombianos debemos unirnos. Bucaramanga fue solo un susto, pero es impactante ver las imágenes y desde acá, sin poder hacer mucho, entonces es un pequeño aporte para poder ayudar a otros compatriotas”, señaló.Ayala invitó a más habitantes de Bucaramanga a acercarse a los puntos habilitados y aseguró que todavía se requieren muchas ayudas.“Deberían hacer más campañas de visualización e invitar a toda la comunidad a donar de corazón”, manifestó.En Santander permanecen habilitados diferentes puntos para recibir alimentos no perecederos, agua, colchonetas, cobijas, productos de higiene, pañales, alimentos para mascotas y otros elementos de primera necesidad que serán destinados a las familias afectadas por el terremoto.La jornada de solidaridad busca que las ayudas comiencen a llegar oportunamente a las comunidades que enfrentan mayores necesidades tras la emergencia.
El mercado de fichajes en Europa sigue dando de qué hablar, especialmente luego del Mundial 2026, pero ahora el lateral colombiano Johan Mojica aparece entre las figuras cafeteras que podrían vestir una nueva piel, y es que todo apunta a que las negociaciones ya tendrían todo avanzado.Luego de varios años en el fútbol español, el defensor vallecaucano estaría muy cerca de concluir su paso por el Mallorca, club al que llegó en 2024 y donde consiguió una continuidad importante antes de afrontar el Mundial con Colombia.Todo apunta a que su próximo destino sería el Getafe, equipo con el que ya tendría un acuerdo. La información fue revelada por Pipe Sierra, quien afirmó que Mojica ya tendría acordados los términos personales para llegar al azulón.¿Johan Mojica jugará en Getafe?La operación todavía no está cerrada de manera oficial. Según Sierra, quedan algunos detalles por resolver entre Mallorca y Getafe, aunque las conversaciones avanzan de forma positiva.“Johan Mojica (33) acordó los términos personales de su llegada a Getafe”, informó el periodista, quien además señaló que restan aspectos mínimos para completar el negocio entre los clubes.La información también fue recogida por Fútbol Fantasy, medio que reportó un principio de acuerdo y señaló que las partes estarían terminando de definir los detalles económicos del traspaso.De concretarse el movimiento, Mojica permanecería en España, país en el que está radicado desde 2013, cuando salió del Deportivo Cali para comenzar su recorrido por el fútbol europeo.¿Cómo fue el paso de Johan Mojica por Mallorca?Mojica llegó al Mallorca en 2024, después de disputar una temporada con Osasuna. En el conjunto mallorquinista logró uno de los periodos de mayor continuidad de su carrera en España.Durante su etapa con el club disputó 73 partidos, en los que consiguió un gol y seis asistencias. Su presencia en Mallorca también le permitió mantenerse dentro de los planes de la Selección Colombia y disputar el Mundial 2026.Con la Tricolor tuvo participación en el torneo disputado en Norteamérica, donde aportó en labores defensivas y ofensivas. Colombia avanzó hasta los octavos de final, instancia en la que quedó eliminada frente a Suiza.¿En qué equipos ha jugado Mojica en España?El posible cambio al conjunto madrileño sería un nuevo capítulo en una trayectoria extensa por el fútbol español. Desde su llegada al país, el colombiano ha vestido las camisetas de Rayo Vallecano, Real Valladolid, Girona, Elche, Villarreal, Osasuna y Mallorca.Ahora, Getafe podría convertirse en su octavo equipo en España. La experiencia acumulada en LaLiga sería uno de los elementos que favorecerían la operación, pues el defensor conoce la competición y llega después de disputar un Mundial con Colombia.Por ahora, el acuerdo está encaminado, pero Mallorca y Getafe deben terminar de resolver los detalles económicos antes de que el traspaso pueda hacerse oficial.
El terremoto plantea un nuevo desafío para las finanzas públicas de Colombia, que ya enfrentaban un escenario de ajuste fiscal. Así lo explicó en entrevista con Mañanas Blu 10:30 Mauricio Salazar Sáenz, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, quien señaló que una eventual reforma tributaria no permitiría obtener recursos inmediatos para atender la emergencia de este año.“Cualquier cambio tributario que se haga aplica para 2027. Es decir, siempre que usted hace reforma tributaria o ley de financiamiento, eso no va a aplicar para esta vigencia como tal”, precisó Salazar.¿Qué opciones tiene el Gobierno para financiar la emergencia?El experto señaló que, ante las limitaciones fiscales, Colombia tendría que acudir principalmente a mecanismos como la cooperación internacional y el endeudamiento. También destacó que los desastres naturales pueden justificar un gasto extraordinario dentro de las reglas fiscales.“Todo esto va a venir en el contexto súper complejo en el cual a futuro hoy nos va a tocar gastar más, que es un punto del PIB, son 20 billones extras total al recorte anunciado”, explicó el académico. Salazar agregó que el país enfrenta la emergencia en un momento especialmente complejo para sus cuentas públicas, debido al ajuste fiscal que ya había sido anunciado por el nuevo Gobierno.Recursos extraordinarios y control del gasto públicoEl director del Observatorio Fiscal planteó que existen recursos extraordinarios que podrían ser revisados para atender parte de las necesidades generadas por el terremoto. Mencionó los cerca de 8 billones de pesos asociados a una emergencia ambiental declarada durante el primer semestre y cuestionó el nivel de ejecución de esos recursos.“Pues este puede ser un momento para coger mano de esos recursos. Ahora, si el tamaño son 19, 20 billones, tenemos 8, digamos, ahí para coger”, señaló el director.Además, Salazar mencionó un análisis realizado por el Observatorio Fiscal sobre la contratación durante la ley de garantías. Según explicó, encontraron alrededor de 70.000 contratos adicionales y un sobrecosto estimado de 7 billones de pesos.¿Se justifica una emergencia económica?Frente a la posibilidad de utilizar mecanismos extraordinarios, Salazar consideró que la situación actual sí podría justificar una emergencia económica, especialmente por las necesidades de las personas afectadas.“En este contexto sí se justifica. Y justamente yo creo que toda esta discusión ya estructural, como usted bien la dice, en su momento cuando la Corte Suprema tumbó en la primera emergencia económica, acá estamos frente a una condición que sí es una emergencia”, sostuvo el catedr.ático. El economista insistió, además, en la necesidad de mantener vigilancia sobre el uso de los recursos públicos destinados a la atención de la emergencia.Escuche la entrevista completa aquí:
El presidente Abelardo De La Espriella, llegó a la ciudad de Pereira, capital del departamento cafetero de Risaralda, uno de los más afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la víspera a la mayor parte del país."Camino al Eje Cafetero para seguir al frente de la emergencia y unir esfuerzos ante las afectaciones que dejó el sismo de ayer", anunció esta mañana el mandatario en su cuenta de X.El presidente, quien viajó acompañado de su esposa, Ana Lucía Pineda, se reunió a su llegada con el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, quien le presentó un informe sobre los daños en una de las zonas afectadas.Durante la conversación entre ambas autoridades, el mandatario consultó al alcalde cuáles eran las principales necesidades de la ciudad, mientras que Salazar le informó sobre la llegada de rescatistas.El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, cifró este martes en 181 el número de muertos por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes varias zonas del país, un balance que contrasta con el de al menos 240 fallecidos contabilizados por las autoridades de los departamentos más afectados."En este momento tenemos 181 fallecidos a nivel nacional, 2.595 heridos, 195 desaparecidos, 1.136 viviendas destruidas, 48 edificios colapsados, 8.357 viviendas averiadas, 807 centros educativos también averiados", dijo el mandatario a periodistas en Pereira, capital del departamento de Risaralda y una de las ciudades afectadas por el terremoto.
