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Suspenden operaciones militares para destruir armamento de disidentes en Nariño y Putumayo

La suspensión de actividades ofensivas se hará en tres fases, será temporal, y contará con el acompañamiento de la misión permanente de la OEA en Colombia.

Militares, soldados, Ejército
Militares, foto de referencia
Foto: Blu Radio

El Gobierno nacional ordenó la suspensión temporal y focalizada de operaciones militares y de policía en zonas de Nariño y Putumayo, como parte del proceso de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), grupo disidente de las antiguas Farc.

La medida, adoptada mediante los decretos 1052 y 1053 de 2025, busca facilitar la concentración, verificación y destrucción del material de guerra en poder de esa organización, bajo acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP-OEA).

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La suspensión se aplicará en tres fases y en áreas específicas de 25 kilómetros cuadrados, cuya ubicación se mantiene en reserva por razones de seguridad. Las fechas definidas son: del 9 al 14 de octubre en Putumayo (Punto A), del 19 al 24 de octubre en Nariño (Punto B), y del 29 de octubre al 3 de noviembre en Nariño (Punto C). Cada periodo tendrá una duración de seis días, para un total de 18 días.

Ejercito colombiano_AFP.jpg
Ejercito colombiano
Foto: AFP

El decreto establece que la fuerza pública mantendrá intactas su misión de proteger la integridad territorial, preservar el orden y continuar las operaciones contra las economías ilegales. La suspensión aplica únicamente frente a las acciones ofensivas contra el CNEB en el marco del proceso de entrega y destrucción de armas.

Por su parte, el grupo armado tiene compromisos concretos: detener sus ataques contra la Fuerza Pública, permitir el acceso a los lugares definidos y cumplir con la entrega progresiva del material bélico, de acuerdo con el protocolo suscrito en la Mesa de Diálogo.

La gestión de las armas será responsabilidad del Gobierno a través del Ministerio de Defensa, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la fuerza pública, que deberán garantizar seguridad, registro, custodia y destrucción. Además, el procurador General Gregorio Eljach fue invitado a acompañar los procedimientos.

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El decreto también prevé garantías para los funcionarios y miembros de la Fuerza Pública involucrados en estas tareas, quienes no incurrirán en responsabilidades penales o disciplinarias durante el proceso.

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