Suspenden operaciones militares para destruir armamento de disidentes en Nariño y Putumayo
La suspensión de actividades ofensivas se hará en tres fases, será temporal, y contará con el acompañamiento de la misión permanente de la OEA en Colombia.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Gobierno nacional ordenó la suspensión temporal y focalizada de operaciones militares y de policía en zonas de Nariño y Putumayo, como parte del proceso de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), grupo disidente de las antiguas Farc.
La medida, adoptada mediante los decretos 1052 y 1053 de 2025, busca facilitar la concentración, verificación y destrucción del material de guerra en poder de esa organización, bajo acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP-OEA).
La suspensión se aplicará en tres fases y en áreas específicas de 25 kilómetros cuadrados, cuya ubicación se mantiene en reserva por razones de seguridad. Las fechas definidas son: del 9 al 14 de octubre en Putumayo (Punto A), del 19 al 24 de octubre en Nariño (Punto B), y del 29 de octubre al 3 de noviembre en Nariño (Punto C). Cada periodo tendrá una duración de seis días, para un total de 18 días.
El decreto establece que la fuerza pública mantendrá intactas su misión de proteger la integridad territorial, preservar el orden y continuar las operaciones contra las economías ilegales. La suspensión aplica únicamente frente a las acciones ofensivas contra el CNEB en el marco del proceso de entrega y destrucción de armas.
Por su parte, el grupo armado tiene compromisos concretos: detener sus ataques contra la Fuerza Pública, permitir el acceso a los lugares definidos y cumplir con la entrega progresiva del material bélico, de acuerdo con el protocolo suscrito en la Mesa de Diálogo.
La gestión de las armas será responsabilidad del Gobierno a través del Ministerio de Defensa, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la fuerza pública, que deberán garantizar seguridad, registro, custodia y destrucción. Además, el procurador General Gregorio Eljach fue invitado a acompañar los procedimientos.
El decreto también prevé garantías para los funcionarios y miembros de la Fuerza Pública involucrados en estas tareas, quienes no incurrirán en responsabilidades penales o disciplinarias durante el proceso.