La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana Estructural para advertir sobre los riesgos que enfrentan las comunidades de Ricaurte y Mallama, en el departamento de Nariño, por la presencia y las acciones de grupos armados ilegales. La entidad identificó amenazas contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de la población, así como posibles infracciones al derecho internacional humanitario.La alerta, identificada como la 025 de 2026, comprende todo el territorio de los dos municipios. En Ricaurte incluye la cabecera municipal y sus 13 resguardos indígenas Awá, mientras que en Mallama abarca la cabecera de Piedrancha, siete corregimientos, 28 veredas y el resguardo Gran Mallama, del pueblo indígena Los Pastos.Según el documento, el escenario de riesgo está relacionado con la presencia de estructuras como el Frente Comuneros del Sur y el Frente Iván Ríos, de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, disidencia de las Farc, así como con redes criminales locales. La Defensoría también advierte sobre la posibilidad de que células del ELN y de estructuras de las disidencias de las Farc intenten regresar a la zona.La entidad señala que desde 2024 existe una dinámica de coexistencia armada entre Comuneros del Sur y el Frente Iván Ríos, que permite distribuir corredores y mantener el control de rentas ilegales. Sin embargo, advierte que este equilibrio es frágil y podría romperse ante cambios en las economías ilícitas o las tensiones relacionadas con los procesos de paz.A este panorama se suman las actividades vinculadas con el narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones. Según la entidad, estos grupos aprovechan los corredores fronterizos hacia Ecuador para el abastecimiento y el transporte de economías ilícitas. También se advierte sobre amenazas contra comerciantes y transportadores, así como la imposición de restricciones a la movilidad y cobros ilegales.La Defensoría identificó como población especialmente vulnerable a los pueblos indígenas Awá y Los Pastos, las comunidades campesinas, los firmantes del acuerdo de paz y sus familias, además de niños, niñas y adolescentes.En Ricaurte, en el caso de la población Awá, la entidad advierte que esta comunidad enfrenta riesgos de reclutamiento, contaminación por minas y presiones sobre su territorio.Por su parte, en Mallama, entre los riesgos que corre el pueblo indígena Los Pastos están los homicidios de autoridades tradicionales y las extorsiones contra sus gobiernos propios.Los niños, niñas y adolescentes también enfrentan riesgos de reclutamiento forzado y desescolarización. La alerta relaciona esta situación con las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades y las dificultades de acceso a servicios educativos.Asimismo, el documento advierte sobre amenazas e intimidaciones contra autoridades étnicas y liderazgos sociales, así como riesgos de estigmatización y represalias contra 15 firmantes de paz y sus familias.Los comerciantes, transportadores, servidores públicos y misiones médicas también están expuestos, debido a que corren el riesgo de interceptaciones a ambulancias, cobros de peajes ilegales en la Vía al Mar y amenazas contra comerciantes y transportadores mediante panfletos.Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo formuló 29 recomendaciones dirigidas a entidades nacionales y territoriales para prevenir nuevas vulneraciones de derechos humanos y responder a los riesgos identificados.Las medidas incluyen acciones de coordinación para una respuesta rápida, prevención y protección de las comunidades, investigación y acceso a la justicia, atención humanitaria y fortalecimiento de las organizaciones comunitarias.Entre las entidades destinatarias están los ministerios del Interior y de Defensa, las alcaldías de Ricaurte y Mallama, la Gobernación de Nariño, la Unidad Nacional de Protección, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad para las Víctimas, entre otras.La alerta también advierte que una eventual ruptura de la coexistencia entre los grupos armados podría desencadenar nuevos enfrentamientos, homicidios selectivos, masacres, desplazamientos masivos y confinamientos, con consecuencias que podrían superar la capacidad de respuesta de las autoridades municipales.
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales y territoriales para garantizar el acceso a alimentos, agua potable, atención en salud y otros servicios esenciales para las comunidades de Linares y Los Andes, en Nariño, afectadas por enfrentamientos entre grupos armados ilegales.Según la entidad, desde el sábado 17 de octubre se registran confrontaciones entre el autodenominado Estado Mayor Central (EMC), estructura de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, y las autodenominadas Autodefensas Unidas de Nariño, hechos que han incrementado los riesgos para la población civil y agravado la situación de derechos humanos en estos municipios.Ante este panorama, la Defensoría advirtió que se necesita una respuesta humanitaria urgente, integral y sostenida para atender las necesidades de las comunidades afectadas y garantizar sus derechos.La entidad insistió en que la atención humanitaria no puede esperar y pidió asegurar el acceso oportuno a alimentación, agua potable, servicios de salud, saneamiento básico, energía y demás bienes y servicios esenciales.También solicitó garantizar la continuidad de la educación y fortalecer la atención médica, especialmente para las personas que requieran asistencia prioritaria.La Defensoría hizo un llamado para que las autoridades municipales de Linares y Los Andes, junto con la Gobernación de Nariño, fortalezcan la coordinación institucional y prioricen las necesidades más urgentes de la población.Por su parte, al Gobierno nacional le solicitó trabajar de manera coordinada con las autoridades territoriales para garantizar una respuesta efectiva y sostenida, así como condiciones que permitan el acceso humanitario seguro a las zonas afectadas.En medio de esta escalada de violencia, la entidad también le pidió a los grupos armados involucrados en las confrontaciones respetar el derecho internacional humanitario, abstenerse de involucrar a la población civil en las hostilidades y no obstaculizar el ingreso de las instituciones y organizaciones encargadas de brindar asistencia.
Tres mujeres que resultaron heridas y sobrevivieron a la tragedia minera en Iscuandé, Nariño, ocurrida tras el deslizamiento de un talud que sepultó una mina artesanal de oro a cielo abierto en la vereda Chambergo, relataron con profunda angustia los momentos que vivieron al quedar atrapadas entre centenares de toneladas de lodo y piedra.Luz Eidy Obando recuerda que el lunes 19 de octubre viajaba junto con su esposo, Silvio Valencia, hacia la mina, ubicada a media hora aguas abajo del río Iscuandé. Llegó pasadas las 7:30 de la mañana, sin imaginar que ocurriría un hecho que cobró la vida de 17 personas.“Dios tuvo misericordia de mí. Gracias al Señor estoy viva porque el lodo me tapó más de medio cuerpo, pero el Señor me devolvió la vida. Iba a rebuscarme el pan para mis hijos. Solo recuerdo que eso fue muy rápido, muy rápido fue, porque yo llegué a la mina y al ratico se vino el derrumbe. Yo estaba con mi esposo, tenía hermanos, hermanas, cuñados, tenía casi toda la familia trabajando en esa mina, pero muchos de ellos se salvaron milagrosamente también”, contó.La mujer explicó que llevaba más de 12 años trabajando en la mina y que nunca había ocurrido algo similar. Aseguró que su esposo, Silvio Valencia, fue el más afectado y pidió ayuda al Gobierno nacional, pues ya no podrán volver a trabajar en el lugar.“Él sí está bastante delicado porque él recibió mucho el golpe, le afectó mucho y necesitamos ayuda, por favor”, pidió.Otra de las mujeres afectadas es Esmeralda Estupiñán, de aproximadamente 40 años, oriunda del municipio de Iscuandé, quien manifestó que fue un milagro sobrevivir.“Yo recuerdo que nosotros bajamos y estamos allí, pues listos para trabajar. Entonces, cuando en eso se vino el derrumbe y nosotros alcanzamos a correr, pero por mucho que tratamos de correr, nos atrapó el derrumbe. Todos los días bajo a la mina porque ese es el sustento de uno, porque aquí es lo único que hay para trabajar por acá. Es la mina, entonces uno saca el tiempito y se va uno al trabajo, a la mina, a rebuscarse para la comidita”, contó.El lunes, Esmeralda viajó junto a cuatro amigas, con quienes conversó durante el trayecto en lancha sobre sus proyectos. Sus hijos, mayores de edad, le habían pedido que no fuera a esa mina. Pese a ello, decidió ir y luego entendió el mensaje de Dios al recibir una nueva oportunidad.“Sí, es un gran milagro porque a mi lado estaban más o menos como treinta y pico, y todos los que estaban, o sea, unos alcanzaron a subir, los otros quedaron atrapados con el escombro. Yo quedé atrapada como unos 15 minutos hasta que la gente llegó y comenzaron a sacarme con las manos, con palas, y por eso estoy un poquito afectada y muy adolorida, pero hay que dar las gracias a Dios. Fueron minutos de miedo porque yo les decía a ellos que me sacaran, que me sacaran, que lo hicieran rápido, porque yo estaba muy atropellada, me sentía, me apretaron en medio de los escombros”, mencionó.María Estupiñán, otra de las afectadas, recuerda que llegó pasadas las 7:00 de la mañana y que la gente ya estaba trabajando. Según relató, unos 20 minutos después ocurrió el accidente. No olvida los gritos de sus familiares, quienes intentaban saber si seguía con vida mientras estaba sepultada por toneladas de lodo y piedra.“Fueron diez o 15 minutos que duré sepultada por toneladas de lodo y piedra. Mis hermanos y mi mamá me decían que me relajara, pero yo sentía mucho desespero. Yo ahí solo pensaba en mis hijos. Cuando escuché los primeros gritos de la gente, yo también corrí. Le dije a mi hermana, que estaba allá al lado mío, que corriera”, dijo.Las tres mujeres, junto con otras cuatro personas, están fuera de peligro y reciben atención médica en un hospital del municipio de Tumaco, Nariño.
Una caravana de la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de Linares fue atacada con ráfagas de fusil mientras se movilizaba hacia una zona rural para asistir a comunidades afectadas por los combates entre grupos armados ilegales. Los funcionarios viajaban sin armas y portaban banderas blancas. El hecho ocurrió en la noche del lunes 19 de octubre, en medio de una acción humanitaria que permitió evacuar a más de 300 personas de tres veredas del municipio.“¡Respeten la vida! Somos la Gobernación de Nariño, venimos en una acción humanitaria”. Estos fueron los desesperados gritos del secretario de Paz y Seguridad de la Gobernación de Nariño y de funcionarios de la Alcaldía de Linares, quienes salieron ilesos luego de que hombres armados atacaran a bala la caravana oficial en la que se movilizaban.Alex Gonzales, secretario de Paz y Seguridad del departamento, relató que, pese a las advertencias y a los gritos de los funcionarios, los hombres fuertemente armados respondieron con más ráfagas de fusil. Según indicó, se vivió una situación muy compleja en la que no podían dejar sola a la ciudadanía afectada por los enfrentamientos.Lo que parecía ser una acción humanitaria para rescatar, en medio del fuego cruzado, a más de 300 habitantes de tres veredas de la zona rural del municipio de Linares estuvo a punto de convertirse en una tragedia, luego de que desconocidos atacaran con ráfagas de fusil una caravana oficial de la El hecho ocurrió pasadas las 9:00 de la noche del lunes 19 de octubre, cuando el secretario de Paz y Seguridad de la Gobernación de Nariño, Alex Gonzales, viajaba junto a varios funcionarios de la Alcaldía de Linares hacia la vereda Bella Florida. Allí, cerca de un centenar de campesinos permanecían atrapados en sus viviendas desde el viernes 16 de octubre, debido a la intensidad de los combates entre grupos armados ilegales.Gonzales explicó que, minutos antes del ataque, habían logrado evacuar a más de 300 personas mediante un corredor humanitario. Entre los habitantes trasladados había decenas de niños de las veredas Parapetos, Las Cochas y El Tambillo, cuyos pobladores se encontraban confinados desde el viernes por los intensos enfrentamientos.De acuerdo con la información entregada, en los combates estarían involucrados integrantes del Frente Comuneros del Sur, las Autodefensas Unidas de Nariño y la columna Franco Benavides, perteneciente a las disidencias de las FARC del Estado Mayor Central, bajo el mando de alias Iván Mordisco.La Gobernación de Nariño rechazó el ataque y aseguró que, después de habilitar corredores humanitarios para atender a más de 300 personas confinadas por los enfrentamientos, la caravana oficial fue atacada con armas de fuego mientras se dirigía hacia la vereda Bella Florida.Los funcionarios, que viajaban sin armas y portaban banderas blancas, denunciaron la agresión contra la misión humanitaria. Las autoridades señalaron como presuntos responsables a integrantes de grupos armados ilegales que operan en la región, entre ellos estructuras como Comuneros del Sur y las Autodefensas de Nariño.El equipo gubernamental repudió el ataque contra la acción humanitaria y reafirmó su compromiso de continuar asistiendo a las familias afectadas por la violencia. Actualmente, más de 300 personas reciben atención en el coliseo municipal de Linares.“Viajábamos con el secretario de Gobierno de la Alcaldía del municipio de Linares, con miembros de la Administración municipal y con nuestro equipo de trabajo de la Gobernación de Nariño. Íbamos sin armas, con banderas blancas, adelantando una acción humanitaria”, manifestó Gonzales.El funcionario explicó que la misión buscaba auxiliar a comunidades que llevaban varios días sin acceso a servicios y productos básicos. “Es gente que está sin agua, sin comida. Como departamento, nos duele. Una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo en el territorio”, expresó.Gonzales lamentó que la caravana fuera atacada mientras intentaba proteger a la población civil y facilitar la asistencia humanitaria. Por ello, insistió en la necesidad de rechazar este tipo de acciones, que impiden el ingreso de ayuda a las comunidades afectadas por el conflicto armado.“Es lamentable y, por eso, también repudiable. Rechazamos estos actos que no permiten las acciones humanitarias en el territorio”, afirmó el secretario de Paz y Seguridad de Nariño.Finalmente, indicó que más de 300 personas permanecen bajo atención en el coliseo municipal de Linares, donde reciben asistencia de la Alcaldía, la Gobernación y la Unidad para las Víctimas.El funcionario advirtió que los combates continúan y que la situación de orden público sigue siendo compleja. Ante este panorama, aseguró que las autoridades mantienen sus gestiones para atender a las comunidades afectadas y buscar alternativas que permitan proteger a la población civil.“Vamos a seguir en esta situación porque los combates continúan. La situación todavía se mantiene y, ante ello, estamos mediando, no desde el escritorio, sino desde el territorio y en carne propia”, concluyó.
Doce de las 14 personas que murieron tras el derrumbe de un talud de tierra en una mina artesanal de Santa Bárbara de Iscuandé, en Nariño, son mujeres, y en su mayoría eran cabeza de hogar. Así lo confirmó el gobernador del departamento, Luis Alfonso Escobar, en entrevista con Mañanas Blu. El mandatario también pidió el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana para trasladar a los heridos en estado crítico.Una tragedia que enluta a Santa Bárbara de Iscuandé y a NariñoSegún el gobernador, el siniestro ocurrió el día anterior en el sector conocido como El Chambero, donde las comunidades explotan oro de aluvión a orillas del río. Escobar explicó que se trata de una mina a cielo abierto, trabajada de forma artesanal.Durante la entrevista, el reporte de víctimas se actualizó. Mañanas Blu consultó por versiones que hablaban de 17 fallecidos, y el gobernador respondió que no tenía confirmación de esa cifra. Dijo que estaba en comunicación con el alcalde de Santa Bárbara, quien le informó que en total son 21 las personas afectadas: 14 fallecidas y siete heridas, cuatro mujeres y tres hombres. Escobar advirtió que cuatro de los lesionados están en condición crítica. Explicó que el hospital local, de primer nivel, no tiene la capacidad para atender su estado de salud.Piden a la Fuerza Aérea trasladar a los heridosEl gobernador señaló que los heridos no pueden ser evacuados por vía marítima ni fluvial, por lo que su desplazamiento hacia Tumaco o Cali depende de transporte aéreo. Explicó que la víspera se gestionó el apoyo con mandos militares, entre ellos el general Salinas, pero que la operación se complicó porque en ese momento se atendía el accidente de un helicóptero en el Cauca y se coordinaba la evacuación de 19 soldados.“Uno entiende esto, pero hoy sí necesitamos que la movilización del ejército y de la fuerza aérea para tratar de trasladarnos estos 4 heridos sería muy importante”, afirmó el mandatario.Doce mujeres, la mayoría cabeza de hogarAl explicar por qué la mayoría de las víctimas son mujeres, tanto en este caso como en el de Policarpa, el gobernador respondió que muchas de ellas son cabeza de hogar y deben salir a trabajar para sostener a sus familias. Indicó que en este caso murieron familias enteras, que según su estimación serían dos o tres.“Son las mujeres en su gran mayoría cabezas de hogar que tienen que salir a trabajar y son las menos, las más indefensas ante el esfuerzo físico que tú ves que se hace ahí en ese tajo”, sostuvo. Añadió que quienes logran escapar suelen ser quienes tienen mayor habilidad física, y concluyó: “Hoy no escaparon 12 mujeres”.Policarpa, el antecedente de hace dos mesesEscobar recordó que la tragedia de Santa Bárbara de Iscuandé no es la primera de este tipo en el departamento. Según dijo, el 29 de agosto, en la zona de Policarpa, 12 personas fueron arrastradas por un talud: cinco mujeres y siete hombres. El gobernador atribuyó este tipo de deslizamientos a la explotación antitécnica. Según afirmó, suelen ocurrir cuando la actividad se realiza sin criterios técnicos ni ambientales.Formalización minera: la salida que plantea el gobernadorEscobar insistió en formalización de la minería artesanal. Afirmó que las comunidades de Santa Bárbara tienen al menos siete solicitudes de áreas de reserva especial minera en trámite ante la Agencia Nacional Minera, algunas desde hace muchos años. A nivel departamental, indicó que Nariño acumula 181 solicitudes de este tipo, con más de 20 años de espera.“Ahí creo que la solución”, dijo sobre la formalización de esas áreas, que describió como zonas de prelación minera de comunidades negras. Según explicó, permitirían una explotación técnica y ambientalmente adecuada.Preguntado por qué la mina no fue cerrada si operaba de manera ilegal, el mandatario respondió que lo ocurrido en Santa Bárbara es una situación cotidiana en Nariño, Cauca y Chocó. Señaló que se trata de una actividad que las comunidades negras han practicado históricamente, ahora con maquinaria de mayor intensidad. Agregó que lo que normalmente puede hacer el Estado es intervenir mediante el Ejército y la Policía donde hay explotación ilegal, pero que, a su juicio, la salida de fondo es formalizar.Qué cambiaría con las licenciasSobre el efecto de otorgar los permisos, el gobernador dijo que cambiaría “todo, absolutamente todo”. Sostuvo que se trabajaría con criterios técnicos y ambientales, y señaló que la gobernación ha ayudado a las comunidades a elaborar estudios técnicos geológicos, y que estas cuentan con planes de trabajo y obra y han comenzado los estudios ambientales. Escobar hizo un llamado a la Agencia Nacional Minera para acelerar los permisos y licencias, de modo que “no mueran más personas” que solo buscan trabajo.
Se elevó a 14 la cifra de personas que murieron este lunes en un deslizamiento de tierra en una mina de oro irregular en Santa Bárbara de Iscuandé, informaron las autoridades del departamento de Nariño.El secretario de Gobierno del departamento de Nariño, Fredy Andrés Gámez Castrillón, y el secretario de Paz y Derechos Humanos de esta misma región, Alex González, confirmaron la cifra de fallecidos a distintos medios locales."Se reporta que varias personas están sepultadas por un derrumbe de tierra, personas que estaban haciendo minería. Y el reporte que tenemos hasta el momento es de nueve muertos", indicó González. Los primeros reportes indicaron que el suceso en esta instalación artesanal se produjo a primera hora de la mañana y que se estima que la mayoría de quienes se encontraban en el lugar permanecen atrapados, por lo que podría elevarse el número de fallecidos.Al lugar, una zona rural de difícil acceso, se desplazaron equipos de bomberos y de la Defensa Civil para contribuir en las labores de búsqueda y rescate.La Defensoría del Pueblo pidió en redes sociales "atención" a la emergencia en esta mina y expresó su "profunda preocupación" ante la posibilidad de que el deslizamiento haya dejado "un número importante de víctimas"."La prioridad en este momento es salvar vidas y garantizar una atención inmediata y coordinada de la emergencia", agregó la Defensoría del Pueblo, quien hizo un "llamado urgente" para "disponer de todos los recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios".Este organismo, recordó asimismo que, "ante la presencia de grupos armados ilegales en la zona", es preciso "garantizar el acceso seguro de los equipos de emergencia y del personal humanitario” a la mina.Hace apenas dos meses, también en el departamento de Nariño, tuvo lugar otro accidente en una mina artesanal de oro que dejó 13 muertos y varios heridos.
Tragedia y preocupación en Iscuandé, Nariño, tras un derrumbe en la mañana de este lunes, 19 de octubre, en una mina de oro ubicada en la vereda Chambergo, en la cual trabajaban, al menos, 42 personas y que habrían quedado bajos los escombros.“Salgan rápido que la montaña se vino encima”, fueron los gritos desesperados de decenas de campesinos, que, desde hace más de una década se dedicaban a la minería artesanal, en esta vereda."El reporte son 14 fallecidos, desafortunadamente. Trece personas ya están en el casco urbano" de Iscuandé, mientras que una víctima fue trasladada a Guapi”, explicó Gabriel Ocaña, director administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de la Gobernación de Nariño.Según Fermín Obando, integrante del movimiento Mepas y la guardia Cimarrona, fueron los primeros en llegar al sitio, localizado a unos 50 minutos del casco urbano del municipio de Santa Barbara de Iscuandé. límites con el pacífico caucano sobre las riberas del río.Al llegar sitio, aseguró que solo escucharon gritos desesperados de la comunidad que trataba de sacar a sus familiares de las cientos de toneladas de lodo y tierra que sobre ellos cayó.“Tuvimos que improvisar porque no había maquinaria en la zona. Los campesinos extraen el mineral con las manos y eso hizo imposible que lográramos salvar más vidas”, dijo Obando.Después de casi dos horas, llegó una maquinaria amarilla al sitio y comenzó a remover la tierra que cayó sobre la mina artesanal, en donde hacia las 9:00 de la mañana estaban trabajando más de 42 personas.“Fueron momentos de angustia porque todos corrían de un lado a otro gritando los nombres de sus familiares y no obtenían ninguna repuesta”, aseguro el líder campesino.Uno de los momentos más difíciles, dice, fue cuando los niños salieron de la escuela aterrorizados preguntando por sus padres y nadie de la vereda tuvo el valor para decir en ese momento lo que había sucedido con ellos.De los casi 14 heridos, seis fueron trasladados a Guapi en el Cauca y Tumaco en Nariño.
Al menos 400 personas, integrantes de unas 100 familias, permanecen desde hace tres días en medio del fuego cruzado entre grupos armados ilegales que se disputan el control territorial en el corregimiento de Tabiles, en la zona rural del municipio de Linares, en el occidente de Nariño, informó el secretario de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación de Nariño, Alex González.El funcionario explicó que, de acuerdo con la información oficial de la Alcaldía Municipal de Linares, desde el viernes 16 de octubre se intensificaron los combates entre los grupos armados ilegales Comuneros del Sur, el Frente Franco Benavides, de las disidencias del Estado Mayor Central, y las Autodefensas Unidas de Nariño.Según el secretario de Paz de la Gobernación de Nariño, desde hace 72 horas se registra una situación crítica en la vereda El Tambillo de Bravos, en dirección al corregimiento de Tabiles, de donde han salido varias familias.“Uno puede decir que son unas 30 o 40 familias, pero el informe oficial se estará dando en un comité de justicia transicional. Recordemos que ya sobre esa zona se declaró un confinamiento y un desplazamiento de más de 500 personas, y la situación continúa”, señaló.“Hay niños, personas mayores y mujeres, porque la mayoría de la población es campesina. Entonces, estamos haciendo un llamado para que pueda existir una pronta atención a estas personas y familias”, indicó González.El funcionario aseguró que se trata de aproximadamente 100 familias, es decir, unas 400 personas, por lo que se requiere una intervención integral y permanente en estos territorios.González manifestó que, desde mayo, se han realizado catorce consejos de seguridad extraordinarios debido a la situación que se presenta, particularmente en el corregimiento de Tabiles, municipio de Linares, y en las veredas de Tambillo de Bravos.“Sobre esto, hay que manifestar que no es algo nuevo. En esta comunidad se ha configurado el confinamiento y se han presentado desplazamientos. No estamos hablando de 10 o 20 personas, sino de más de 500 personas que han sufrido este flagelo”, afirmó.El secretario también señaló que, en días recientes, se registró la destrucción de un trapiche comunitario que daba empleo a 70 personas de varias viviendas de esa región del occidente de Nariño.“La situación es muy crítica y sorprende que quienes están generando los enfrentamientos sean los mismos grupos armados no estatales: el Estado Mayor Central de las FARC, el Frente Franco Benavides y Comuneros del Sur, junto con las AUN, quienes desde mayo se vienen disputando este territorio y frente a quienes no ha habido respuestas por parte de la fuerza pública”, afirmó el secretario de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación de Nariño.“Desde la Gobernación de Nariño hemos hecho los requerimientos al Ministerio de Defensa y las solicitudes, incluso, al mismo comandante de las Fuerzas Militares, para poder garantizar la seguridad en esa zona. Sin embargo, la respuesta ha sido muy pasiva por parte del Estado colombiano”, agregó el funcionario.González indicó que el día anterior fue evacuada una persona herida y reiteró que la situación es compleja desde mayo.“La invitación es a que el Ejército no esté solamente cinco o 10 días, sino que ayude a estabilizar y consolidar el territorio”, manifestó.El funcionario advirtió que esta zona viene sufriendo los efectos de la guerra desde mayo, una situación que calificó como muy preocupante, pues cada mes o cada quince días se presentan desplazamientos, confinamientos y amenazas.Además, señaló que los enfrentamientos incluyen el uso de nuevos artefactos de ataque, como drones y explosivos lanzados con estos dispositivos. Según explicó, esta situación está afectando a la población civil, que queda en medio del fuego cruzado, pues los explosivos caen en el puesto de salud y en la cancha de fútbol de Tabiles, así como muy cerca de las viviendas.La comunidad exige respuestas y presencia del Estado, así como el cese de los combates y una respuesta efectiva de las instituciones. El funcionario agregó que existe inconformidad entre los habitantes porque, desde mayo e incluso desde el año anterior, se han presentado solicitudes para atender esta problemática.“Este fenómeno, sin duda alguna, se incrementó desde el mes de agosto”, puntualizó. Finalmente, González indicó que las comunidades del corregimiento también reclaman inversión social y consideró que existe una deuda muy grande con este municipio.
Nueve años después de la masacre de El Tandil, ocurrida el 5 de octubre de 2017 en Tumaco, Nariño, la justicia colombiana todavía no ha emitido una condena por la muerte de siete campesinos. Ese día, más de 1.500 personas protestaban cerca de una base de la Policía Antinarcóticos contra la erradicación de cultivos de coca argumentando que era su única forma de subsistir, cuando una intervención de la fuerza pública dejó siete muertos y más de 20 heridos. El hecho es recordado como la primera masacre ocurrida después de la firma del acuerdo de paz.El proceso judicial tampoco ha tenido un camino fácil. Un año y tres meses después de los hechos, la Fiscalía formuló imputación en la justicia ordinaria contra el capitán Javier Soto García y el mayor Luis Fernando González Ramírez. Sin embargo, en agosto de 2019 el caso fue remitido a la Justicia Penal Militar, en una audiencia que, según la representación de las víctimas, se adelantó sin que ellas fueran autorizadas a participar.La disputa por la jurisdicción del caso llegó hasta la Corte Constitucional. El 14 de julio de 2022, mediante el Auto 989, el alto tribunal determinó que el proceso debía permanecer en la justicia ordinaria. La decisión se produjo al considerar que la Justicia Penal Militar no tiene competencia para investigar hechos relacionados con graves violaciones de derechos humanos. “Se dio un conflicto de jurisdicciones a espaldas de las víctimas, sin que pudieran intervenir ni pronunciarse en ningún momento, cuando es un derecho que les asiste”, afirmó Francisco Henao, abogado de la Corporación Jurídica Yira Castro, que representa a las víctimas.Henao también cuestionó que el caso hubiera llegado a la justicia penal militar, al considerar que se pasaron por alto estándares internacionales de protección de derechos humanos. Según el abogado, esa discusión terminó frenando el avance de la investigación y acumulando un alto nivel de impunidad, pese a que, asegura, existen pruebas fuertes contra las personas involucradas.Aunque la Corte Constitucional devolvió el expediente a la justicia ordinaria en 2022, el proceso tampoco ha avanzado con continuidad. De acuerdo con Henao, fue hasta 2023 cuando comenzaron las audiencias preparatorias para el juicio, y desde entonces varias diligencias han sido aplazadas por diferentes razones .“Ha habido aplazamientos de las diligencias por parte de los juzgados de Pasto, por enfermedades, problemas de conectividad, situaciones de la Fiscalía, y siempre son aplazamientos de meses, hasta de un año”, afirmó Henao.A esto se suma que, durante una audiencia de acusación, la defensa volvió a plantear el conflicto de competencia, lo que, según Henao, significó retomar una discusión que ya parecía superada después de la decisión de la Corte Constitucional. "En una audiencia de acusación se volvió a solicitar el conflicto de competencia, lo que reabrió una discusión que ya se sentía superada”, dijo.El caso también tiene una investigación en la Procuraduría. En abril de 2023, el Ministerio Público formuló pliego de cargos contra tres oficiales, un suboficial y 18 agentes de la Policía, por su presunta responsabilidad en los hechos. Según el documento de la Procuraduría, después de escucharse lo que parecía una ráfaga de disparos, los policías “desenfundaron y accionaron sus armas de dotación en contra de la población civil”. El Ministerio Público señaló además que los civiles se encontraban en estado de indefensión y que, en su mayoría, “recibieron impactos de disparos por la espalda” cuando intentaban salir del lugar.Las conductas fueron calificadas provisionalmente como gravísimas a título de dolo, es decir, no fue un accidente sino que las personas actúan conscientemente y de forma intencional, y el proceso pasó a las Procuradurías Delegadas para el Juzgamiento.Mientras tanto, las víctimas siguen reclamando verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición."Estamos esperando que el caso llegue a la etapa de juicio. Mañana continúan las audiencias preparatorias, que nos permiten el descubrimiento de los materiales probatorios, y si se llegara a una condena, hay material suficiente para lograrla”, concluyó Henao. Así, nueve años después de la masacre de El Tandil, el caso sigue sin una sentencia y con las víctimas esperando que la justicia determine qué ocurrió y quiénes fueron responsables.
En la mañana del domingo, hacia las 7:30 a. m., los habitantes del municipio de El Peñol, ubicado a aproximadamente una hora y cuarto de la ciudad de Pasto (Nariño), vivieron momentos de extrema zozobra tras una incursión armada perpetrada presuntamente por disidencias de las Farc. El hostigamiento se registró en un momento de alta afluencia de civiles, mientras se celebraba la misa dominical y se adelantaba un mercado agropecuario en el casco urbano. Ante el inicio de las ráfagas de fusil y el lanzamiento de explosivos, decenas de feligreses tuvieron que resguardarse dentro del templo parroquial. El alcalde del municipio, Duán Chávez, destacó la reacción del párroco local y la serenidad de los pobladores: "Felicitamos al padre por haber sabido manejar la situación. Las personas se mantuvieron en calma mientras tuvieron la oportunidad de desplazarse hacia sus viviendas".El mandatario añadió que "el municipio acá en el casco urbano fue evacuado, las personas todas se reubicaron en algunos lugares, en algunos negocios comerciales, hasta que hubo el chance de que se puedan ir para sus distintos hogares".Drones con explosivos y graves destrozos materialesLa acción violenta no solo incluyó armamento liviano y granadas de mortero, sino también una preocupante modalidad bélica: el uso indiscriminado de drones cargados con explosivos dirigidos hacia la estación de policía y sectores residenciales.De acuerdo con el balance entregado por el alcalde Chávez, el bombardeo afectó severamente la infraestructura civil. "Eran bastante los drones que estaban atacando. Había la precisión pues de pronto de estos objetos y fueron afectadas varias viviendas acá en nuestro municipio", explicó el mandatario local, quien calculó preliminarmente los daños: "Estaremos hablando de unas 15 viviendas más o menos lo que hemos escuchado y lo que nos han reportado".Chávez agregó que las detonaciones continuaron durante la jornada y que "en horas de la tarde volvió a caer un artefacto de lleno en una casa". Ante la magnitud de los hechos, el alcalde manifestó su rechazo: "Rechazamos todos estos actos y les pedimos que por favor no vuelva a suceder. Queremos resguardar la vida de nuestra comunidad".Comunidad indígena denuncia abandono y heridos sin atención médicaEl impacto de la incursión armada afectó gravemente a la población indígena del resguardo local. Edwin Rivera, gobernador indígena del resguardo de El Peñol, relató los estragos sufridos por su propia familia y su comunidad en la vereda La Cuchilla. Su vivienda resultó seriamente dañada por los explosivos y su hermana sufrió lesiones físicas. "Hoy amanecimos preocupados porque nuevamente vemos que el conflicto ha tocado a nuestras puertas. Este no ha sido un hecho nuevo. Estos hechos han sido o han venido siendo denunciados. Desde el año 2025, nosotros fuimos víctimas de un desplazamiento masivo en el mes de diciembre", afirmó el líder indígena, recordando que existía una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo que no evitó la tragedia.Asimismo, Rivera expuso las deficiencias en la asistencia humanitaria y médica para los afectados: "Mi casa fue bombardeada, mi hermana resultó herida. En este momento no ha recibido la atención primordial. Tengo que sacarla en un vehículo particular a la ciudad de Pasto para que reciba atención"."Los grupos al margen de la ley llegan hasta nuestras casas y sacan a nuestras familias para utilizar las casas como trincheras dentro de este conflicto", denunció Rivera. Aunque reconoció que la Fuerza Pública debe brindar protección, enfatizó en la necesidad de respetar la vida de la población civil durante los operativos: "El deber ser del ejército es brindarnos seguridad. Ese es el deber ser. Pero esa seguridad no puede poner de por medio la vida de las familias". Escuche aquí la entrevista:
El premio mayor de MiLoto volvió a caer en Colombia. En el sorteo número 0638, realizado el lunes 9 de noviembre de 2026, un jugador de Barranquilla acertó los cinco números de la combinación ganadora y obtuvo el acumulado de $600 millones, según informó el operador del juego.Con este resultado, el premio mayor de MiLoto completa 31 caídas en lo corrido de 2026. Además, es la cuarta vez en la historia del juego que el gran acumulado se entrega en la capital del Atlántico.Números ganadores de MiLoto del sorteo 0638La combinación que dio el premio mayor en el sorteo del 9 de noviembre fue la siguiente: 04 – 21 – 30 – 31 – 32Los jugadores que conserven su tiquete pueden verificar si obtuvieron alguno de los premios de las categorías inferiores, que se entregan desde dos aciertos.Así se jugó el tiquete ganadorDe acuerdo con la información oficial, el ganador realizó su apuesta en un punto físico de SuperGIROS, uno de los aliados comerciales del juego, y eligió la modalidad automática, en la que el sistema genera los números de manera aleatoria.Resultados completos y premiación del sorteo 638El sorteo dejó un total de 18.523 ganadores y una premiación total de $742.256.850, distribuida así entre las distintas categorías:5 aciertos: 1 ganador, que recibió $600.000.000.4 aciertos: 43 ganadores, con un premio de $661.150 cada uno, para un total de $28.429.450.3 aciertos: 1.556 ganadores, con un premio de $29.650 cada uno, para un total de $46.135.400.2 aciertos: 16.923 ganadores, con un premio de $4.000 cada uno, para un total de $67.692.000.La categoría con mayor número de ganadores fue la de dos aciertos, con 16.923 apostadores premiados, mientras que el premio mayor fue para un único jugador.Nuevo acumulado de MiLotoTras la entrega del premio mayor, el acumulado de MiLoto se reinicia en $120 millones para el próximo sorteo.Cifras de MiLoto desde su lanzamientoSegún los datos entregados por el operador, entre el 20 de octubre de 2023 y el 8 de noviembre de 2026, MiLoto ha pagado más de $65.698 millones en premios, que corresponden a 3.989.853 premios entregados. Con estas cifras, el juego se presenta como el de mayor frecuencia de premiación en el país.En ese mismo periodo, el juego de suerte y azar ha transferido más de $26.827 millones al sistema de salud colombiano, recursos que hacen parte de las contribuciones que por ley generan los juegos de este tipo.¿Cómo cobrar el premio de MiLoto?El ganador del acumulado deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o revisar los pasos y condiciones para reclamar el premio en el sitio web oficial, www.baloto.com.Premios de hasta $2 millones se cobran en líneaEl operador recordó que los premios de hasta $2 millones de Baloto Revancha, MiLoto y Colorloto pueden cobrarse directamente a través de la página web oficial, sin necesidad de acudir a un punto físico.Dónde comprar MiLotoLos interesados en participar en los próximos sorteos pueden adquirir su tiquete de las siguientes formas:En línea, desde el celular o el computador, a través de www.baloto.com.En puntos físicos, en los más de 43.000 puntos de Su Red y SuperGIROS en todo el país.En grandes superficies, en las principales cadenas comerciales del territorio nacional.Los resultados oficiales de cada sorteo, así como la información sobre acumulados y premiación, se publican en la página web y en las redes sociales oficiales del juego: Facebook (Baloto_Colombia), Instagram y X (@Baloto_Colombia) y YouTube (@BalotoCo).
Los resultados de ColorLoto de lunes, 9 de noviembre de 2026, ya fueron publicados tras la realización del sorteo número 231.Números y colores ganadores de ColorLoto Los resultados del sorteo 235 de ColorLoto quedaron de la siguiente manera:3 (azul) - 7 (amarillo) - 3 (negro) - 7 (blanco) - 6 (blanco) - 7 (rojo).Los jugadores pueden comparar esta combinación con la registrada en sus respectivos tiquetes para determinar si obtuvieron alguno de los premios correspondientes a las categorías establecidas por ColorLoto.Nuevo acumulado de ColorLotoDespués del sorteo realizado este lunes, 9 de noviembre, el acumulado anunciado para el próximo sorteo quedó en $2.250 millones.Los resultados de ColorLoto pueden consultarse después de cada sorteo para verificar los números y colores obtenidos, así como las categorías de premios y el acumulado correspondiente al siguiente juego.
El regreso de Maluma a Bogotá en 2027 se convirtió en un verdadero fenómeno. Luego de agotar las entradas para sus presentaciones del 5 y 6 de febrero, el cantante paisa confirmó una tercera fecha en la capital colombiana, debido a la alta demanda de sus seguidores.La nueva presentación será el domingo 7 de febrero en El Corazón de Bogotá – Arena, escenario que recibirá el inicio de su gira internacional 'Loco x Volver'. El anuncio fue celebrado por los fanáticos del artista, quienes tendrán una oportunidad más de reencontrarse con Juan Luis Londoño, nombre de pila del cantante.“¡Bogotá no para! El 5 y el 6 de febrero ya están sold out, y como aquí todos estamos locos por volver a ver a Maluma, Juan Luis vuelve a casa una noche más”, anunciaron los organizadores a través de sus canales oficiales.¿Habrá una cuarta fecha de Maluma en Bogotá?Aunque por ahora están confirmados tres conciertos, el rápido agotamiento de las entradas para las primeras presentaciones ha despertado la expectativa sobre la posibilidad de una cuarta fecha. Sin embargo, hasta el momento no existe un anuncio oficial sobre una nueva función.La respuesta del público demuestra la expectativa que existe por el regreso del artista colombiano, quien eligió la capital para comenzar esta nueva etapa musical.Preventa y venta de entradas para MalumaLas entradas para la tercera fecha estarán disponibles a través de TuBoleta. La preventa exclusiva para clientes Visa Bancolombia y Nequi estará habilitada hasta el miércoles 11 de noviembre a las 2:59 p. m., o hasta agotar existencias. La venta general comenzará ese mismo día a las 3:00 p. m.Con tres noches confirmadas, Bogotá se prepara para recibir uno de los regresos musicales más esperados de 2027. Mientras tanto, los seguidores de Maluma siguen pendientes de un posible cuarto anuncio.
Frente a dos millones y medio de fieles, el papa León XIV dio la misa más multitudinaria de su papado en Buenos Aires y ofreció un potente mensaje a los trabajadores al decir que "el éxito financiero debe medirse en clave de bien común", este lunes en su segundo día en Argentina.El papa celebró su primera misa en el país desde un imponente altar en el Monumento de los Españoles, donde reivindicó a la familia cristiana como "pilar" ante las precariedades de la sociedad actual, como "la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario o la violencia doméstica".Muchos de los fieles llegaron al barrio porteño de Palermo desde distintas provincias del país y acamparon desde la noche anterior para asistir a la misa y saludar al pontífice en algún tramo de los 2,3 kilómetros que recorrió en papamóvil.Mientras los asistentes se distribuían en distintos puntos de Buenos Aires por donde pasaría el papa, León XIV se reunía con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, donde lo esperaron miles de personas.El papa escuchó las historias de una recicladora urbana marginada en la pobreza, una trabajadora comunitaria guaraní del norte del país, una sindicalista, una docente y un emprendedor ambiental.En su turno de palabra dijo que las políticas públicas deben garantizar "el pleno empleo y la inclusión social, bajo un marco ético donde la economía, el mercado y el Estado operen subsidiariamente en la redistribución justa de las oportunidades".De acuerdo a un informe difundido el pasado octubre por varias organizaciones de la sociedad civil, desde que Milei asumió la Presidencia argentina a finales de 2023 ya se han perdido 241.200 puestos de trabajo."Si bien la Iglesia reconoce y defiende el derecho a la propiedad privada, este derecho está siempre gravado por una hipoteca social. La tierra y sus frutos han sido dados por Dios para el sustento de toda la humanidad", expresó el papa.También retomó los contenidos de su primera encíclica, 'Magnifica Humanitas', al hablar del "desarrollo responsable de la creación" y advertir sobre las pérdidas de empleo a causa de la inteligencia artificial.
Bogotá no solo es la casa de Andrés Cepeda, sino en el sitio en donde él más ama cantar en toda su vida. Por eso, es normal que la ciudad sea prioridad en las giras y, en 2027, volverá a serlo con la llegada del tour Latitudes que tendrá doble fecha en mayo en El Corazón de Bogotá - Arena.Sin embargo, cada fecha será algo diferente e invita a sus fans a asistir a ambas para vivirlo de manera especial. El 14 de mayo, Andrés Cepeda presentará un espectáculo que reunirá los grandes éxitos de su carrera y las canciones de su repertorio más reciente. El 15 de mayo será el turno de Big Band, uno de los proyectos más destacados de su trayectoria, con el que rinde homenaje a la época dorada de las grandes orquestas."Con Big Band, Cepeda explora una faceta musical distinta, acompañado de una gran agrupación de músicos y un repertorio que reúne la elegancia del jazz, el romanticismo del bolero y la riqueza de ritmos como la cumbia, el mambo y el porro. Esta propuesta, que ha tenido dos entregas discográficas, incluida Andrés Cepeda Big Band 2, lanzada en agosto de 2026, llegará a Bogotá como una oportunidad para descubrir otra dimensión artística del cantante y celebrar el legado musical de América Latina", explicaron desde la organización.No obstante, Bogotá no será la única ciudad en donde Cepeda se presente en este tour; de hecho, estará en las principales ciudades del país: Ibagué: viernes 16 de abril – Néctar Arena.Manizales: sábado 1 de mayo – Plaza de Toros.Bogotá: viernes 14 de mayo – El Corazón de Bogotá Arena.Bogotá: sábado 15 de mayo – El Corazón de Bogotá Arena (Big Band).Cali: viernes 21 de mayo – Arena Cañaveralejo.Pereira: sábado 22 de mayo – Expofuturo.Bucaramanga: viernes 28 de mayo – Cenfer.Barranquilla: viernes 4 de junio – Puerta de Oro.
