En el resguardo indígena de Inda Zabaleta, Nariño, se adelantó una nueva jornada de destrucción de material de guerra entregado por la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). En esta segunda fase fueron eliminadas 6,5 toneladas de artefactos explosivos, que se suman a las 3,8 toneladas destruidas previamente en Putumayo, para un total de 10,5 toneladas neutralizadas.
El material incluía 823 minas antipersonal, 500 cápsulas de activación, granadas, cilindros, morteros y otros explosivos de fabricación industrial e improvisada. Las labores fueron realizadas por el grupo de manejo de artefactos explosivos del Ejército Nacional, bajo supervisión de la mesa de diálogos y con acompañamiento de las comunidades locales.
De acuerdo con Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno en este proceso, la destrucción de este material “representa hechos concretos que salvan vidas y transforman territorios históricamente golpeados por la guerra”. Añadió que, pese a las críticas a la Paz Total, estas acciones “protegen a las comunidades y fortalecen el derecho del país a superar la violencia por la vía del diálogo”.
El Ejército Nacional destacó el impacto de la operación: con la cantidad de material destruido “se habrían podido fabricar más de 30.000 artefactos explosivos”, lo que refleja el nivel de amenaza que enfrentaban las poblaciones rurales de Nariño y Putumayo.
Desde las comunidades, la percepción es similar. Jerson David Villada, representante del movimiento campesino y multiétnico Asomocampaz, aseguró que la reducción del riesgo de explosivos ha permitido “volver a transitar sin miedo, acabar con las escenas de guerra y reactivar la vida comunitaria”.
La última fase de destrucción está prevista para los próximos días, también en Nariño. Con ella se completará la entrega total del arsenal de la disidencia, en lo que el Gobierno considera un avance clave para generar confianza en los diálogos y demostrar que la Paz Total puede avanzar con hechos verificables, no solo con discursos.