Procuraduría investiga contrato de $25.000 millones en Putumayo por posibles irregularidades

La Procuraduría General abrió una indagación preliminar contra funcionarios por determinar de la Gobernación de Putumayo y la Alcaldía de Orito, tras encontrar posibles irregularidades en un millonario proceso licitatorio relacionado con la implementación de sistemas agroforestales sostenibles para la producción de Asaí.El contrato, cuyo valor asciende a $25.572.930.269, habría sido adjudicado presuntamente sin cumplir con los requisitos legales establecidos para la contratación estatal, lo que encendió las alarmas del órgano de control disciplinario.Según el Ministerio Público, el objetivo de la indagación es determinar si hubo afectación o riesgo para el patrimonio público, dado el alto monto del acuerdo. Las primeras informaciones apuntan a que los funcionarios involucrados no habrían garantizado la correcta legalización del contrato ni la debida vigilancia y control sobre el uso de los recursos.Además, la Procuraduría analiza una posible vulneración de varios principios fundamentales de la contratación pública, entre ellos los de planeación, selección objetiva, libre concurrencia y moralidad administrativa. Estos principios buscan asegurar que los procesos licitatorios se realicen con transparencia, igualdad de condiciones entre los oferentes y una adecuada evaluación de las propuestas.El organismo de control explicó que, de confirmarse las irregularidades, podría configurarse una falta disciplinaria por parte de los servidores involucrados. Por ello, la entidad ordenó la recolección de pruebas con el fin de identificar plenamente a los presuntos responsables y establecer si hubo omisiones o decisiones que favorecieron intereses particulares sobre el bien público.Hasta ahora la Gobernación de Putumayo y la Alcaldía de Orito no se han pronunciado oficialmente sobre la investigación. Sin embargo, de avanzar el proceso, los funcionarios podrían enfrentar sanciones disciplinarias que van desde amonestaciones hasta la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos.