Gobierno Petro entrega 5.300 hectáreas en Puerto Boyacá a 510 familias campesinas

En Puerto Boyacá, el presidente Gustavo Petro oficializó la entrega de 5.300 hectáreas a 510 familias campesinas, en un acto acompañado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y autoridades regionales. La adjudicación incluyó un total de 49 predios destinados a comunidades que, en su mayoría, han sido afectadas por el conflicto armado.

Durante el evento, el director de la ANT, Juan Felipe Harman, anunció que “ya son más de 19.000 hectáreas las que hemos entregado en Puerto Berrío, Puerto Triunfo, Yondó, La Dorada, Aguachica, Gamarra, La Gloria, San Alberto, San Martín, Tamalameque, Puerto Salgar, además de este municipio donde hoy estamos: Puerto Boyacá. Todo esto es un paso fundamental para revertir décadas de acumulación ilegal y avanzar en la construcción de paz”.

A su turno, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y representantes locales afirmaron que la entrega de estas 5.300 hectáreas, que pasan a manos de organizaciones rurales, trae consigo proyectos productivos en marcha. Los predios adjudicados en esta ocasión corresponden a fincas como La Gloria, Hoy Jamaica, Hacienda La Herradura, La Aurora, La Estrella, El Almendral, La Ponderosa, El Rincón, Hacienda El Edén, Las Brisas, El Martirio, Santa Marta, El Recreo, El Prado, La Primavera, La Esperanza 1, La Esmeralda, Tierra Bella y La Fredy, entre otros. De estos, 21 estuvieron vinculados a procesos de extinción de dominio, medidas cautelares o bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Durante el acto, el mandatario señaló que la instrucción ha sido priorizar la recuperación de tierras que fueron objeto de apropiación irregular o que corresponden a baldíos, con el fin de destinarlas a comunidades campesinas. Esta política se ejecuta a través de la ANT, entidad encargada de la gestión y formalización de la propiedad rural.
Algunas de las fincas entregadas habían sido utilizadas previamente para ocultar activos o estaban relacionadas con dinámicas propias del conflicto en la región. En ese contexto, la redistribución busca habilitar su uso productivo mediante proyectos agrícolas impulsados por las comunidades beneficiarias.

Representantes de organizaciones campesinas destacaron que los terrenos adjudicados permitirán el desarrollo de cultivos como arroz, ahuyama y patilla, entre otros alimentos. Las asociaciones también señalaron que el acceso a la tierra facilita la recuperación de prácticas agrícolas tradicionales y el fortalecimiento de economías locales.
El director Harman, señaló que el proceso en el Magdalena Medio hace parte de una estrategia integral de reorganización rural orientada a garantizar el acceso y la seguridad jurídica sobre la tierra.

Asimismo, destacó la decisión de laCorte Constitucional de Colombiaque ordena la implementación de la Jurisdicción Agraria a partir de 2027, lo que permitirá la creación de tribunales especializados para atender y resolver los conflictos relacionados con la tierra.

“Esta decisión marca un punto de inflexión: por primera vez, el país contará con un sistema judicial enfocado en los conflictos agrarios”, indicó Harman, al subrayar que la medida responde a una deuda histórica con el campesinado y abre el camino hacia una justicia más oportuna y efectiva en el campo.
Puerto Boyacá ha sido un punto relevante dentro de la historia agraria del país. En este territorio, la propiedad rural estuvo vinculada a procesos de control territorial, redes detestaferratoy dinámicas asociadas al narcotráfico. Con la recuperación de estos predios, las autoridades buscan darles un uso enfocado en la producción agrícola y el acceso formal a la tierra.

De acuerdo con datos oficiales, la Agencia Nacional de Tierras ha gestionado más de 700.000 hectáreas en beneficio de comunidades rurales en Colombia. Estas acciones incluyen la recuperación, formalización y adjudicación de terrenos en distintas regiones del país, con énfasis en zonas que han registrado conflictos por la tenencia de la tierra