El Ministerio del Interior iniciará en los próximos días una revisión del funcionamiento de la Unidad Nacional de Protección para determinar, entre otras cosas, la continuidad de los 1.200 escoltas que fueron incorporados a la entidad tras la firma del acuerdo de paz, todos ellos excombatientes de las Farc.
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La jefe de esa cartera, Nancy Patricia Gutiérrez, explicó que se revisará el funcionamiento y el sistema de alertas tempranas para generar una política pública de protección de distintos sectores y que, en medio de ese análisis, se examinará la estructura de la UNP.
Un año atrás, producto de lo pactado entre el Gobierno y la exguerrilla, el Congreso de la República aprobó una ley orgánica que permitió a la Unidad ampliar su planta de personal contratando a los desmovilizados, a quienes se les autorizó una remuneración mensual de $1.825.423.
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El propósito de la medida era garantizar la protección de quienes se acogieron al acuerdo, sin embargo, en su momento el Centro Democrático, a cuya bancada perteneció el hoy presidente, se opuso a la iniciativa.
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