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Si existe un tema de la agenda nacional en el que hay consenso del Congreso, el Gobierno y hasta la propia Rama Judicial, es la necesidad de reformar la justicia.
Además de hacerla más cercana a los ciudadanos, quienes lideran la presentación de propuestas de reforma señalan que se le debe regresar credibilidad, después de escándalos como el ‘cartel de la toga’ que han disparado la desconfianza de los colombianos en la administración de justicia.
Actualmente hay tres propuestas distintas de Reforma a la Justicia tramitándose en el Congreso. El partido Cambio Radical fue el primero en presentar una iniciativa de este tipo que recoge, básicamente, la propuesta defendida por Germán Vargas Lleras en la pasada campaña presidencial.
El proyecto incluye temas como la creación de una jurisdicción comercial, la eliminación de las contralorías territoriales, un cambio en el sistema de elección del procurador, el auditor y el registrador nacional. También modifica los requisitos para ser magistrado aumentando a 25 años la experiencia y a 12 el periodo en las altas cortes.
Posteriormente llegó la propuesta del Gobierno Nacional, presentada por las ministras de Justicia, Gloria María Borrero, e Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. El proyecto genera controversia por varios puntos, principalmente por los cambios que hace a la tutela.
El Ejecutivo propone exigir legitimidad de quien ejerce la acción de tutela, que no sea en cualquier tiempo, que el juez que conozca de la acción de tutela pertenezca a la jurisdicción y especialidad del asunto objeto de amparo y se delega a la ley la regulación del plazo, competencia, procedimiento y las causales de la tutela contra providencias judiciales.
Esta reforma también prohíbe a las altas cortes pronunciarse a través de comunicados de prensa previo a la sentencia e incluye la posibilidad de que los magistrados que afecten la confianza pública sean suspendidos.
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Finalmente, está la reforma de un sector del uribismo que, como partido de Gobierno, radicó una iniciativa “complementaria”, según explicó la senadora Paloma Valencia. El texto tiene varios artículos polémicos, empezando por la unificación de las cortes, el desaforamiento de congresistas y magistrados y poner a la Fiscalía General más cerca del poder ejecutivo que del judicial.
El próximo lunes, en la Comisión Primera del Senado, el Congreso escuchará al fiscal y a los magistrados para socializar las distintas propuestas y avanzar en la construcción de la ponencia para el primer debate.
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*Fuente: Ministerio de Justicia
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