El estatuto antiterrorista que prepara el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ya genera posturas encontradas en el Congreso, antes de ser radicado. La representante a la Cámara por el Centro Democrático Ana Ligia Mora lo respalda "totalmente" como herramienta para "restablecer el orden" y la autoridad. El senador del Pacto Histórico Alejandro Ocampo, en cambio, sostiene que el proyecto tiene una parte que "no es contra el terrorismo" y advirtió sobre riesgos para la oposición, los estudiantes y la protesta social. Ambos hablaron en Mañanas Blu.
¿Quiénes serían incluidos en el registro de organizaciones terroristas?
La iniciativa tiene más de 130 artículos y busca crear un marco jurídico para enfrentar a las organizaciones que el Gobierno considere terroristas, así como a sus integrantes y redes de financiación. Se tramitaría como ley estatutaria porque toca derechos fundamentales. Eso implica un trámite más exigente en el Congreso y control automático de la Corte Constitucional.
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Entre los puntos principales del proyecto están:
- Registro de organizaciones terroristas: un listado oficial de organizaciones y actores considerados terroristas.
- Congelamiento de bienes: medidas sobre los bienes y recursos de quienes sean incluidos.
- Restricciones con el Estado: quienes figuren en el registro no podrían contratar con el Estado ni recibir ciertos recursos públicos o subsidios.
- Comisionado contra el terrorismo: un funcionario que coordinaría la política sobre el fenómeno durante cinco años.
- Facultades extraordinarias: seis meses para que el presidente reglamente algunas de las nuevas herramientas.
- Drones: delitos por fabricar, comprar o transportar drones con fines terroristas, con penas que podrían llegar a 30 años de cárcel.
- Asonadas contra la fuerza pública: penas de hasta 42 años por retener, detener, cercar o desarmar a integrantes de la fuerza pública durante manifestaciones.
- Otros delitos: mayores sanciones para narcotráfico, extorsión, secuestro, contrabando, minería ilegal, trata de personas y ataques contra infraestructura crítica, además de la persecución de activos digitales.
- Prisión y colaboración: un régimen especial de prisión para líderes y reducciones de hasta el 60 % de la pena para quienes entreguen información efectiva antes de la acusación.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó que el proyecto "crea básicamente una lista de organizaciones terroristas" de la que se desprenden normas específicas, y que se atacarán "particularmente las finanzas de esas organizaciones". Aclaró que existe un procedimiento "garantista" para incluir y excluir organizaciones. Estas podrían salir del listado, por ejemplo, si se someten a la ley de sometimiento que se trabaja con el ministro Iván Cancino. Al preguntársele qué grupos entrarían, respondió que eso no lo define él.
El respaldo del Centro Democrático
La representante Ana Ligia Mora afirmó que su partido recibió la propuesta y manifestó apoyo total. "Tenemos que restablecer el orden en el país, la autoridad", dijo. Señaló que la bancada también ha presentado instrumentos complementarios, entre ellos un proyecto de formalización minera gradual para mineros de pequeña escala. Según explicó, la cocaína y el oro son fuentes de financiación de las estructuras criminales.
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Sobre la creación de listas, Mora indicó que permitiría "tener una ruta clara" sobre contra quién se lucha y acompañar a quienes quieran someterse y transitar hacia la legalidad. También afirmó que el mensaje de "total flexibilidad" frente a los criminales generó desestabilización, y citó cultivos de coca, minería ilícita, atentados y microtráfico. Dijo que su bancada propondrá ajustes durante el debate, pero que "de entrada" el estatuto es lo que el país necesita.
En la misma línea, la senadora del Centro Democrático María Clara Posada respaldó la iniciativa. Dijo que hay casi 30.000 hombres en armas en 527 municipios y que "la mitad del país está sometida al terrorismo".
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Las críticas del Pacto Histórico
El senador Alejandro Ocampo planteó que el estatuto "tiene una parte que lo que busca es meter preso a Gustavo Petro, declararlo terrorista, declarar terrorista al Pacto Histórico", además de estudiantes, políticos y empresarios que no estén de acuerdo con el Gobierno. Son afirmaciones del senador que el texto del proyecto no ha confirmado públicamente.
Según Ocampo, el borrador permitiría incluir a una persona en la lista si el presidente considera que genera "pánico", "miedo o zozobra", conductas que, dijo, "no son delitos en Colombia". También citó un artículo que, según su lectura, incluiría en la lista a quien dé alojamiento a un grupo irregular, lo que podría afectar a campesinos obligados a albergar a armados. Agregó que financiar agrupaciones para obstruir la labor de la fuerza pública podría alcanzar a estudiantes que protesten.
"Fiscal y juez": el cuestionamiento por la concentración de poder
La mayor preocupación del congresista es la creación de un consejo de seguridad en el que, afirmó, el presidente concentraría el poder de la Fiscalía y de un juez. A su juicio, una persona podría ser incluida en la lista mediante un acto administrativo y solo podría acudir después al Consejo de Estado, un trámite que, según estimó, tardaría entre ocho meses y un año. Mientras tanto, dijo, perdería sus bienes.
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El senador Iván Cepeda, también del Pacto Histórico, cuestionó las facultades extraordinarias: "Se conceden facultades extraordinarias al presidente para regular un procedimiento judicial estatutario, en particular la acción de aprehensión preventiva".
Lo que ya existe en la legislación
Ocampo aclaró que su bancada está de acuerdo con luchar contra el terrorismo y que apoya el nuevo delito de drones. Sostuvo que el Código Penal ya contempla delitos de terrorismo (artículos 340 a 345) y que la Ley 1121 de 2006 obliga a Colombia a reportar organizaciones terroristas a la ONU. También señaló que el congelamiento de bienes ya existe y comparó el mecanismo con la lista OFAC de Estados Unidos. Citó casos en Filipinas, Israel, Egipto, Rusia, Turquía y Sri Lanka donde, dijo, leyes similares se usaron contra opositores. Esas referencias son afirmaciones del senador y no fueron verificadas en la entrevista.