El Gobierno Nacional trabaja en la elaboración de un nuevo estatuto antiterrorista que busca establecer herramientas jurídicas específicas para enfrentar a organizaciones criminales que, según las autoridades, estarían detrás de acciones violentas y estrategias destinadas a afectar la capacidad de respuesta del Estado. Así lo anunció el ministro del Interior, Rodrigo Lara, durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu.
La iniciativa, que deberá ser presentada y aprobada por el Congreso de la República, parte de la necesidad de establecer una definición legal de las organizaciones terroristas y crear un mecanismo que permita incluirlas en una lista, bajo procedimientos que garanticen el debido proceso y el derecho a la defensa.
El anuncio se conoció en medio de la preocupación del Gobierno por los incendios registrados en diferentes municipios, particularmente en el departamento del Tolima. De acuerdo con Lara, las autoridades han identificado patrones que podrían apuntar a una acción deliberada detrás de algunos de estos hechos.
Gobierno advierte sobre posible uso de acelerantes en incendios
El ministro explicó que, durante un sobrevuelo realizado junto al director nacional de la Policía y reuniones con alcaldes, se encontraron elementos que, según las autoridades, resultan preocupantes.
Uno de ellos está relacionado con el posible uso de acelerantes. Lara aseguró que la Dirección Nacional de Bomberos habría corroborado técnicamente indicios asociados al uso de combustibles u otros productos químicos para facilitar la propagación del fuego: “La Dirección Nacional de Bomberos, que observa técnicamente a estos incendios, nos confirma el uso de acelerantes”, afirmó el ministro.
Lara también señaló que las autoridades han identificado coincidencias entre la ocurrencia de incendios y posteriores acciones violentas atribuidas por el Gobierno a disidencias de las FARC que operan en el sur del Tolima. A esto se suman, según el jefe de la cartera política, testimonios de civiles y autoridades locales sobre la presencia de hombres en motocicleta en lugares donde posteriormente se habrían registrado incendios.
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El ministro aclaró que estos elementos hacen parte de los patrones que están siendo analizados por las autoridades y que apuntan a una posible estrategia criminal.
Un estatuto con lista de organizaciones terroristas
Frente a la posibilidad de que grupos armados estén utilizando los incendios para afectar la capacidad de respuesta del Estado, Lara anunció que el Gobierno avanza en una propuesta de estatuto antiterrorista.
La iniciativa contempla, según explicó, un sistema de listas en el que podrían ser incluidas organizaciones previamente definidas bajo criterios establecidos por la ley: “Nosotros estamos trabajando en el Ministerio del Interior por instrucción del presidente en un nuevo, o en un estatuto antiterrorista”, sostuvo Lara.
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El ministro explicó que actualmente Colombia cuenta con el delito de terrorismo, pero no con una definición específica de “organización terrorista” que permita establecer un mecanismo de inclusión y exclusión de grupos bajo esa categoría.
La propuesta deberá pasar por el Congreso y, de acuerdo con Lara, tendrá que contemplar garantías para las organizaciones o personas afectadas por una eventual inclusión en la lista: “No lo digo yo, tampoco lo dice el legislador”, respondió el ministro al ser consultado sobre qué grupos podrían ser incluidos. Según explicó, será el mecanismo establecido por la legislación el que determine qué organizaciones entran o salen de dicha lista.
Régimen especial y agravación de delitos
Aunque evitó anticipar detalles de un proyecto que todavía no ha sido presentado ante el Congreso, Lara señaló que un eventual estatuto podría contemplar normas específicas para las organizaciones calificadas como terroristas, entre ellas medidas relacionadas con el régimen penitenciario y la agravación de determinados delitos.
“De ahí se derivan normas específicas como un régimen, ¿por qué no? Un régimen penitenciario especial, y también normas, por ejemplo, de agravación de delitos”, indicó.
El ministro puso como referencia que mecanismos similares existen en otros países, entre ellos Estados Unidos y algunas naciones de Europa occidental, y enfatizó que cualquier medida deberá desarrollarse dentro del marco del Estado de Derecho y con respeto al debido proceso. Lara también descartó que la creación del estatuto vaya a significar una suspensión de las operaciones de la Fuerza Pública contra estos grupos mientras se tramita la iniciativa.
La fuerza pública siempre está en pie de lucha y esa ha sido la directriz del presidente
Además, explicó que la eventual inclusión de una organización en una lista de grupos terroristas no impediría necesariamente una política de sometimiento a la justicia.
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La hipótesis sobre los incendios: distraer a la Fuerza Pública
Uno de los principales planteamientos expuestos por el ministro es que los incendios podrían estar siendo utilizados como una forma de distraer y agotar las capacidades operativas de la Fuerza Pública.
Según esta hipótesis, el despliegue de helicópteros, aviones, soldados, policías, bomberos y organismos de socorro para atender emergencias provocadas por incendios reduciría temporalmente las capacidades disponibles para combatir a las organizaciones armadas en otras zonas: “Distraer y agotar las capacidades de la fuerza pública en los incendios para que no los combatan a ellos”, explicó Lara.
El funcionario sostuvo que este patrón habría sido observado especialmente en el Tolima y advirtió que no descartaba que una estrategia similar pudiera presentarse en otros departamentos, como Nariño.
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La preocupación se produce en un contexto de incendios forestales y condiciones climáticas adversas, que han obligado a las autoridades a desplegar recursos de emergencia para proteger a comunidades, viviendas y zonas rurales.
Gobierno señala una posible “estrategia híbrida”
Durante la entrevista, el ministro también se refirió a otro fenómeno que, según dijo, estaría siendo identificado en algunos puntos donde se atienden incendios.
Lara aseguró que pequeños grupos que se presentan inicialmente como voluntarios habrían llegado a zonas de emergencia para realizar arengas políticas y, en algunos casos, interferir con el trabajo de los organismos de rescate. El ministro calificó esta situación como una posible “estrategia híbrida”, al considerar que combina diferentes acciones destinadas a generar escenarios de ingobernabilidad.
“Generar las narrativas que después replican las campañas comunicacionales en redes sociales, narrativas de que aquí no funciona nada, de que esto es un desastre”, manifestó. Según Lara, las autoridades también estarían analizando la forma en que estas narrativas pueden ser amplificadas a través de redes sociales para cuestionar la capacidad de respuesta de las instituciones.
El ministro insistió en que las autoridades están recopilando información sobre estos hechos y que, si se configuran conductas delictivas, serán judicializadas. El Gobierno, por ahora, deberá convertir el anuncio del nuevo estatuto antiterrorista en un proyecto concreto que tendrá que superar el trámite legislativo. La propuesta buscará definir qué se entiende jurídicamente por organización terrorista, establecer mecanismos para su inclusión y exclusión de una lista y dotar a la Fuerza Pública de nuevas herramientas para enfrentar estructuras criminales.