La entrega de títulos de propiedad en el sur del Tolima pone fin a años de incertidumbre para decenas de familias que trabajaron la tierra sin ser legalmente sus dueñas. Ahora esperan acceder a créditos, fortalecer sus cultivos y asegurar el futuro de sus hijos.Durante 17 años, Jhon Jairo Ramírez Dussán sembró café, plátano, yuca, arracacha y maíz en una finca que sentía suya, pero que, en los documentos, aún no le pertenecía. Cada cosecha representaba el esfuerzo de toda una vida, aunque sin la seguridad jurídica necesaria para acceder a créditos o invertir con tranquilidad en su producción. Esta semana, esa espera llegó a su fin.Jhon fue una de las 142 personas que recibieron el título de propiedad de sus predios rurales en Chaparral, una decisión que transforma la realidad de igual número de familias campesinas del sur del Tolima. “Estábamos esperando hace 17 años este documento para tener la posibilidad de un crédito y trabajar más descansados para el sostenimiento de nuestras familias”, relató el agricultor de la vereda El Limón, mientras sostenía el documento que durante casi dos décadas había esperado.Para quienes viven del campo, el título representa mucho más que un trámite. Significa la posibilidad de acceder a financiamiento, mejorar la producción y dejar atrás años de incertidumbre. “Lo que el campesino cultiva muchas veces se vende barato, mientras los costos siguen aumentando. Con este documento se abre una puerta para seguir adelante”, expresó Ramírez.Una deuda histórica con el campoLa entrega se realizó en Chaparral, uno de los municipios más representativos del sur tolimense, una región marcada por décadas de conflicto armado, disputas por la tierra y dificultades para que miles de campesinos pudieran formalizar la propiedad de los predios que trabajaban.Durante años, muchas familias cultivaron sus tierras sin contar con documentos que respaldaran legalmente su posesión, una situación que limitó el acceso a programas estatales, créditos agropecuarios y proyectos productivos.Según explicó Julián Yesid Ballén Reina, subdirector de Seguridad Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras, la jornada forma parte de una estrategia que busca llevar seguridad jurídica a las comunidades rurales. “Estamos entregando resultados a las familias campesinas del sur del Tolima. Venimos adelantando un trabajo riguroso para formalizar la propiedad rural y brindar seguridad jurídica y alimentaria en estos territorios”, señaló el funcionario.Ballén destacó que la intervención ha llegado a municipios como Chaparral, Planadas, Ataco y Rioblanco, donde la formalización de predios avanza como una herramienta para fortalecer la economía campesina y consolidar procesos de desarrollo rural.Más de 3.600 títulos en el TolimaLos 142 títulos entregados en Chaparral hacen parte de un proceso más amplio que ha permitido otorgar más de 3.600 títulos de propiedad en diferentes municipios del Tolima, equivalentes a cerca de 18.000 hectáreas formalizadas.La cifra representa uno de los procesos de formalización rural más importantes registrados en el departamento y busca garantizar que las familias campesinas tengan pleno reconocimiento legal sobre las tierras que trabajan.Para las organizaciones campesinas de la región, estos avances también fortalecen procesos comunitarios y proyectos de desarrollo rural que durante años estuvieron limitados por la falta de documentación de los predios.El documento que abre oportunidadesMás allá de las cifras, la historia se resume en escenas sencillas: campesinos que llegan con sus familias a recibir un papel que les brinda tranquilidad; productores que por primera vez pueden pensar en solicitar un crédito; y adultos mayores que ven reconocido el trabajo de toda una vida.En una región que durante décadas fue noticia por la guerra, la entrega de títulos busca escribir una historia distinta: la de familias que ahora cuentan con una herramienta para construir futuro desde la legalidad, la producción agrícola y la permanencia en el campo.Para Jhon Jairo Ramírez, el significado es claro. Después de 17 años de espera, el documento que recibió no solo certifica la propiedad de una tierra. También representa la esperanza de seguir cultivando, sostener a su familia y proyectar un mejor porvenir para las nuevas generaciones campesinas del sur del Tolima.
De cara a la jornada electora del próximo domingo, el departamento del Tolima se prepara con un robusto dispositivo de seguridad y la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU), en medio de alertas por bloqueos indígenas en el sur del territorio.El plan electoral contempla el despliegue de 2.264 uniformados de la Policía Nacional, distribuidos en puestos de votación, servicios adicionales y 20 esquemas especiales del grupo GOES, con Dispositivos Mínimos de Atención en puntos críticos. Además, se contará con apoyo de unidades motorizadas y personal de tránsito que cubre más de 560 kilómetros de vías.Por su parte, el Ejército Nacional, a través de la Sexta Brigada, dispondrá de 3.500 efectivos, reforzados con tropas provenientes de Cundinamarca, Boyacá y el Eje Cafetero, quienes estarán encargados de la seguridad en puestos de votación y puntos estratégicos del departamento.En el segundo balance previo a las elecciones, las autoridades departamentales confirmaron que persisten dos bloqueos indígenas: uno en el sector de Castilla, sobre la vía que conecta El Espinal con el Huila, y otro en jurisdicción del municipio de Saldaña. Estas situaciones mantienen en alerta a las autoridades, que hicieron un llamado urgente al Gobierno nacional para intervenir y atender las demandas de las comunidades.Durante la jornada, se oficializó la instalación del PMU departamental, que estará activo hasta el lunes 22 de junio, con articulación en municipios priorizados como Venadillo, Coyaima, Honda y El Líbano, donde se reforzarán las acciones de seguridad para garantizar el normal desarrollo de la jornada democrática.El secretario de Convivencia, Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra Varón, fue enfático en señalar que los bloqueos no están dirigidos contra el Gobierno departamental, sino contra la Agencia Nacional de Tierras, por presuntos incumplimientos con comunidades indígenas. Explicó que la situación en Castilla completa ya varios días, afectando la movilidad en un corredor vial estratégico.El funcionario hizo un llamado directo al Gobierno nacional, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa y a la Agencia Nacional de Tierras para que hagan presencia en el territorio con capacidad de diálogo y soluciones. “No pueden trasladar estas problemáticas a las regiones. Aquí damos la cara en el territorio y garantizamos que no haya confrontaciones”, afirmó, destacando que en el Tolima no se han registrado hechos violentos en medio de movilizaciones sociales bajo la actual administración.En cuanto al dispositivo de seguridad, el secretario del Interior, Ricardo Suárez Guzmán, entregó un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos e invitó a la participación masiva en las urnas.“Le damos una voz de tranquilidad a todos los tolimenses: vamos a tener total seguridad. Invitamos a los ciudadanos a que salgan a votar masivamente y que, una vez finalicen los escrutinios, respetemos los resultados de esta fiesta electoral”, señaló.Las autoridades también confirmaron que 27 alcaldías participaron en la Comisión de Seguimiento Electoral, junto con organismos de control y misiones de observación nacional e internacional, como la ONU y la Unión Europea.Finalmente, la Registraduría destacó que durante la primera vuelta no se presentaron inconvenientes logísticos, por lo que se espera que la jornada del 21 de junio se desarrolle con normalidad, bajo condiciones de transparencia, seguridad y orden público.
El rector de la Universidad de El Espinal, en el departamento del Tolima, Mario Díaz, denunció una presunta por parte del ministro de Educación, Daniel Rojas, al negarse a ubicar a un familiar del funcionario en un cargo de la institución.Por medio de un video publicado en sus redes sociales, el rector de la Uniespinal, calificó al funcionario como un “sinvergüenza y mentiroso” y sostuvo que desde hace varios meses viene siendo objeto de una presunta persecución política por parte del Ministerio. Según el rector, el origen del conflicto estaría relacionado con una supuesta solicitud para nombrar en un alto cargo de la universidad a Wilson Callejas Gómez, quien, según afirmó, sería el supuesto suegro del ministro de Educación.“Desde hace varios meses estoy siendo perseguido políticamente por el ministro de educación, Daniel Rojas. ¿Y saben cuál es la razón por la cual el ministro de educación me está persiguiendo? Porque como rector no accedí a nombrar a su supuesto suegro en un alto cargo directivo en nuestra institución universitaria. El ministro quería que le nombrara, en el cargo de asesor de planeación, al papá de quien dicen es su novio o pareja sentimental. Esta solicitud ilegal del ministro de educación la denuncié en su oportunidad ante los fiscales delegados de la Corte Suprema de Justicia”, señaló el rector Mario Díaz en su video.La reacción del directivo se da luego que el Ministerio de Educación, en una visita de inspección y vigilancia identificara una serie de presuntas irregularidades administrativas, financieras y contractuales en UniEspinal por lo que se tomaron medidas entre las que está ordenar una vigilancia especial.“Ministro, su persecución política y su show mediático inició en febrero cuando ordenó una visita expresa a uniespinal. Hoy anuncia medidas especiales sin fundamento en contra de nuestra institución, seguramente motivado porque no nombre a su suegro, o tal vez porque nuestra ideología es distinta”, agregó.En medio de su denuncia, Díaz señaló que las actuaciones del Gobierno buscarían afectar su permanencia al frente de la institución y cuestionó la decisión del Ministerio de implementar medidas especiales sobre UniEspinal. Además, aseguró que defenderá la autonomía universitaria y su gestión como rector.“Llevo nueve años como rector y nunca he sido sancionado por malos manejos de recursos”, afirmó Díaz.Por ahora, continúa el proceso de vigilancia sobre la universidad por parte del Ministerio de Educación.
En medio de la tensión previa a la jornada electoral del próximo 21 de junio, autoridades en el Tolima asestaron un nuevo golpe a los grupos armados ilegales tras el hallazgo de un depósito clandestino de material de guerra en zona rural de Chaparral.La operación, desarrollada en la vereda Hato Viejo, permitió ubicar el segundo escondite ilegal en menos de 15 días, presuntamente perteneciente al GAO-r Frente Gerónimo Galeano, estructura del Bloque Central Isaías Pardo del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.El material, que se encontraba enterrado dentro de una caneca plástica de 40 galones en un potrero, incluía un importante arsenal: seis fusiles (entre ellos un Galil y cinco M4), más de 1.700 cartuchos calibre 5,56 mm, chalecos multipropósito, proveedores metálicos, explosivos como pentolita, estopines eléctricos y una barra de C4. Además, fueron hallados documentos que evidenciarían actividades extorsivas, como citaciones y recibos de cobro a la población.Según el coronel Arnold Esneider Pérez Linares, comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, este material tenía como objetivo atentar contra la Fuerza Pública y la población civil, además de intimidar a campesinos de la región.“Este depósito ilegal pretendía ser utilizado para cometer atentados y generar amenazas contra la comunidad. Seguimos trabajando para garantizar la seguridad en el departamento, especialmente en este periodo electoral”, afirmó el oficial.Por su parte, el coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía Tolima, destacó el trabajo articulado entre la SIJIN, la inteligencia policial y el Ejército Nacional para lograr este resultado.“Con esta operación seguimos afectando las capacidades logísticas y criminales de estas estructuras ilegales. Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana”, señaló.Las autoridades confirmaron que todo el material fue dejado a disposición de la Fiscalía Especializada (DECOC) en Ibagué, que continuará con las investigaciones.Este hallazgo se suma al reciente descubrimiento de otro depósito ilegal en Rovira, atribuido al Frente Joaquín González, lo que evidencia una ofensiva sostenida contra las estructuras armadas en el departamento.En medio de este panorama, las autoridades hacen un llamado urgente a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa a través de las líneas 107 y 147 del Gaula Militar, así como de la línea 123 de la Policía Nacional.El objetivo de las autoridades es claro: garantizar que, a solo nueve días de las elecciones, los tolimenses puedan ejercer su derecho al voto en un ambiente de tranquilidad y seguridad.
Las autoridades del Tolima encendieron las alertas ante la posible llegada de Florentino Boyocue Tenorio, conocido como alias ‘Amazonas’, presunto integrante de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, con injerencia en el departamento del Cauca.Según información de inteligencia, alias ‘Amazonas’ haría parte del cartel de los 15 más buscados en esa región y es señalado de participar en el ataque en el cañón del Micay, donde murieron cinco soldados. Su eventual arribo al Tolima estaría relacionado con un intento de fortalecer estructuras ilegales en el sur del departamento.Las autoridades no solo tienen identificado su movimiento, sino también su posible rol dentro de la organización: sería el reemplazo de Jhan Carlos Rodríguez Masmela, alias “Chapolo”, considerado uno de los principales cabecillas del frente Ismael Ruiz de las disidencias, estructura que opera bajo las órdenes de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”.Frente a este panorama, el secretario de Convivencia Ciudadana, Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, lanzó una advertencia directa.“Sabemos por inteligencia que posiblemente llegaría un criminal denominado alias ‘Amazonas’. Queremos que sepa que ya tenemos identificada su designación para esta zona y que aquí será repelido por la legalidad de la fuerza. Lo estamos esperando; que no se atreva a pisar el territorio tolimense”, afirmó el funcionario.Bocanegra fue enfático en que, de intentar ingresar, el presunto cabecilla sería capturado y judicializado, en medio del despliegue articulado entre Policía, Ejército y Fuerza Aeroespacial Colombiana.La alerta coincide con recientes denuncias de la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, sobre posibles acciones de control social por parte de grupos armados ilegales en municipios del sur del departamento, como Planadas, Rioblanco, Chaparral, Ataco, San Antonio y Rovira.En estas zonas, las autoridades han intensificado los operativos con el objetivo de evitar la consolidación de corredores estratégicos por parte de estructuras criminales vinculadas a alias ‘Calarcá y alias Iván Mordisco.Actualmente, las autoridades ofrecen recompensas de hasta 300 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar a alias Chapolo, mientras que en el Cauca la cifra asciende hasta los 500 millones dentro del cartel de los más buscados.La apuesta institucional es clara, cerrar el paso a cualquier intento de expansión de las disidencias en el Tolima y garantizar la seguridad de las comunidades.
La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, denunció que carnetización de disidencias evidencia “mutación de la violencia” en el departamento, así lo advirtió la mandataria, quien manifestó su preocupación por la transformación en las dinámicas de los grupos armados ilegales que operan en el sur del departamento. La “carnetización” de campesinos es una práctica que, según la mandataria, evidencia la mutación del conflicto armado hacia formas de control social más sutiles, pero igual de intimidantes.“Lo venimos denunciando desde 2024, ya no hay enfrentamientos directos con la Fuerza Pública. Lo que existe hoy es una coerción social sobre las comunidades”, aseguró Matiz.La gobernadora explicó que estos grupos, identificados como disidencias de las Farc, han cambiado su estrategia. Atrás quedaron las grandes estructuras visibles y los combates abiertos. En su lugar, operan células pequeñas que ejercen control territorial mediante citaciones, presiones y registros ilegales de población civil.“La carnetización no es otra cosa que un mecanismo de intimidación. Están identificando, controlando y generando miedo en la gente”, enfatizó.La violencia en el Tolima ya no se libra a bala. Ahora se impone en silencio. Las denuncias, según indicó, se concentran en municipios del sur, suroriente y oriente del Tolima, donde las comunidades han alertado sobre estas prácticas en medio de un contexto especialmente sensible: la antesala de procesos electorales.De hecho, Matiz anunció que estos hechos serán puestos sobre la mesa en la próxima sesión de seguimiento electoral, junto con otras denuncias recibidas en distintas zonas del departamento.La mandataria advirtió que esta nueva forma de violencia es más difícil de detectar y combatir, precisamente, porque se disfraza de control social y no de confrontación armada directa.“Ya no se ven grupos grandes. Son estructuras pequeñas que hacen presencia silenciosa, pero efectiva. Por eso es clave reforzar el control del territorio”, señaló.En ese sentido, hizo un llamado a fortalecer la presencia de la Fuerza Pública, especialmente en corredores viales y zonas rurales, con el fin de garantizar condiciones de seguridad para la población.La preocupación aumenta ante la cercanía de la jornada electoral. Para Matiz, el principal reto es blindar el derecho al voto frente a cualquier intento de presión o manipulación.“Tenemos que garantizar un ejercicio libre, transparente y seguro. Vamos a tomar todas las medidas necesarias para proteger el proceso electoral”, concluyó.
La alerta se enciende en el Tolima a pocas semanas del inicio de las tradicionales festividades de San Juan y San Pedro. La Procuraduría General de la Nación lanzó un llamado urgente a las autoridades locales para que activen planes de emergencia y refuercen las medidas de prevención ante los múltiples riesgos que acompañan estas celebraciones masivas.El requerimiento, dirigido a alcaldes, secretarios de Gobierno, Salud, Ambiente y Tránsito, así como a organismos de socorro y demás entidades competentes, advierte sobre el incremento de situaciones que históricamente han puesto en jaque la seguridad y la convivencia durante esta temporada: aglomeraciones, accidentes viales, incendios, uso de pólvora, consumo excesivo de alcohol, violencias basadas en género y casos de maltrato animal.La intervención del Ministerio Público no es menor. Se trata de una acción preventiva que busca evitar emergencias que, en años anteriores, han dejado víctimas y afectaciones en varios municipios del departamento. En ese sentido, la entidad fue enfática al recordar que las administraciones locales tienen la obligación legal de garantizar el orden público, la protección de los derechos fundamentales y la gestión del riesgo.Además, la Procuraduría hizo énfasis en la responsabilidad de los organizadores de eventos, quienes deberán cumplir estrictamente con los requisitos de seguridad, permisos, planes de evacuación y condiciones adecuadas de movilidad para los asistentes.El llamado también incluye la actualización inmediata de los planes de contingencia, la articulación con los cuerpos de bomberos, la Cruz Roja, la Policía y el Ejército, así como la inspección rigurosa de escenarios como graderías y tarimas. A esto se suma la exigencia de contar con conceptos técnicos en seguridad humana y prevención de incendios.En una región donde la cultura y la tradición se viven con intensidad, el mensaje es claro: la fiesta no puede convertirse en un riesgo. Las autoridades tienen ahora la tarea de anticiparse a las emergencias y garantizar que la celebración más emblemática del Tolima transcurra sin hechos que lamentar.
Este viernes 5 de junio, la carretera La Línea tiene cierre total desde el Tolima hasta el ordenador vial de Versalles en Calarcá, Quindío, el cual inicia a las 6:00 de la mañana hasta la 2:00 de la tarde. El cierre obedece a la cuarta etapa ciclista de la Vuelta a Colombia Femenina.La etapa de la competencia de ciclismo iniciará con un recorrido de 116 kilómetros que unirá Girardot, la variante de Ibagué, Cajamarca, y finalizará en el mítico Alto de La Línea a más de 3200 metros sobre el nivel del mar.Al respecto, la jefe de la Policía de Carreteras en el Quindío, mayor Sara Novoa, confirmó los cambios que tendrá la movilidad en territorio cafetero el viernes y el sábado 6 de junio.El viernesEn la cuarta etapa, el cierre será desde temprano: "Se efectuará el cierre total de la vía, en el sector de Versalles desde las 6:00 de la mañana y hasta, aproximadamente, la 2: 00 de la tarde", manifestó la mayor Novoa.El sábadoPor la quinta etapa, los cierres viales serán: a partir de las 7:00 de la mañana, desde la carrera 19 con calle 33 norte de Armenia en sentido hacia la ciudad de Pereira, confirmó la uniformada.Por las novedades viales, las autoridades también recomendaron a los viajeros "programar sus desplazamientos con anticipación y utilizar rutas alternas".
Una mujer de 22 años fue enviada a la cárcel mientras avanza la investigación por la muerte de su hija de seis meses de edad, ocurrida el pasado 27 de mayo en Ibagué. La decisión fue adoptada luego de que la Fiscalía General de la Nación le imputara el delito de homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión en dolo eventual.De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Tolima, la menor presentó durante varios días síntomas que evidenciaban un progresivo deterioro de su estado de salud. Entre las afectaciones registradas se encontraban congestión nasal, tos, fiebre alta y episodios de convulsión. Sin embargo, según el ente acusador, la niña no recibió atención médica oportuna pese a la gravedad de los síntomas.La Fiscalía sostiene que la falta de asistencia médica derivó en una neumonía que comprometió el pulmón derecho de la bebé. La enfermedad avanzó hasta causar complicaciones que terminaron provocando su fallecimiento.Las labores investigativas fueron desarrolladas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Sijin de la Policía Nacional. Según los elementos recopilados durante la indagación, la mujer habría incumplido el deber de cuidado y protección que tenía frente a su hija al no gestionar de manera adecuada la atención médica que requería.La investigación señala que solo hasta el 26 de mayo la menor fue llevada a un centro asistencial de El Espinal. Debido a la complejidad de su condición clínica, los médicos dispusieron su remisión a una institución de mayor nivel en Ibagué para recibir tratamiento especializado.Pese a los esfuerzos realizados por el personal médico, la bebé falleció al día siguiente, el 27 de mayo, como consecuencia de las complicaciones derivadas de su estado de salud.Con base en los hallazgos obtenidos durante la investigación, la Fiscalía presentó a la mujer ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión en dolo eventual, al considerar que tenía la obligación legal de proteger a la menor y actuar frente a los síntomas que presentaba.Durante las audiencias preliminares, la procesada no aceptó los cargos formulados por el ente acusador. No obstante, el juez acogió la solicitud de la Fiscalía y le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras continúa el proceso judicial que busca establecer su responsabilidad en la muerte de la niña.
El caso que estremeció al país por la muerte de la bebé Mía Kathaleya Ramírez López, de tan solo seis meses, da un nuevo giro judicial. En las últimas horas, fue capturada su madre en el municipio de El Espinal (Tolima), señalada por la Fiscalía General de la Nación de presuntamente haber incurrido en una omisión determinante en los hechos que rodearon el fallecimiento de la menor.La detención fue ejecutada por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con unidades de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden judicial emitida dentro del proceso penal que avanza contra la mujer.De acuerdo con el ente acusador, la progenitora habría incumplido sus deberes de cuidado, protección y custodia, una conducta que, según la línea investigativa, estaría directamente relacionada con la muerte de la menor. Por ello, deberá responder ante un juez de control de garantías por el delito de homicidio agravado bajo la modalidad de comisión por omisión en dolo eventual.Un caso que conmocionó a ColombiaLa tragedia salió a la luz el pasado 27 de mayo, cuando la bebé fue ingresada de urgencia a un centro asistencial en Ibagué en estado crítico. El personal médico evidenció signos alarmantes de presunta agresión, lo que activó de inmediato el protocolo de Código Blanco, reservado para posibles víctimas de violencia.Horas después, la menor falleció, desatando una ola de indignación en El Espinal, Tolima, y el resto del país. Las imágenes del caso, los reportes clínicos y las primeras versiones encendieron las alarmas de las autoridades, que exigieron celeridad en la investigación para evitar la impunidad.El caso generó, además, momentos de alta tensión en la comunidad, donde el rechazo ciudadano escaló rápidamente ante la gravedad de los hechos conocidos.Lo que sigue en el procesoCon la captura de la madre, la Fiscalía busca avanzar en el esclarecimiento de responsabilidades en un caso que ha sido catalogado como uno de los más sensibles de la región en los últimos meses.En las próximas horas, la mujer será presentada ante un juez, quien definirá la legalidad de la captura y las medidas judiciales que se impondrán mientras continúa el proceso.Entretanto, el país sigue a la expectativa de las decisiones judiciales que permitan esclarecer completamente lo ocurrido y garantizar justicia por la muerte de Mía Kathaleya.
Los fuertes vendavales y vientos huracanados que se registraron en las últimas horas mantienen en emergencia a más de 10 municipios de las provincias de Soto Norte y García Rovira, en Santander. Las ráfagas ocasionaron destechamientos de viviendas, caída de árboles, postes y redes eléctricas, además de graves afectaciones en cultivos. Hasta el momento, las autoridades no reportan personas heridas ni víctimas fatales.Pedro Conde, integrante de la Sala de Crisis de Gestión del Riesgo de Santander, indicó que aunque la emergencia no deja pérdidas humanas, los daños materiales son considerables."Aunque no hay personas afectadas o pérdidas de vidas humanas, varios municipios permanecen sin servicio de energía por el desprendimiento de cables eléctricos. A esto se suman afectaciones en cultivos y numerosas viviendas que quedaron sin techo; muchas familias están tratando de protegerse con costales y otros elementos provisionales", explicó el funcionario.Entre los municipios con mayores afectaciones se encuentran Miranda y Málaga, donde las autoridades realizan el censo de daños para coordinar la entrega de ayudas y restablecer los servicios afectados.Los habitantes aseguran que la intensidad de los vientos no tiene precedentes. Cristian Rolando Vargas, residente de Málaga, relató que en casi cinco décadas nunca había vivido un fenómeno similar."En 48 años de vida en estos páramos nunca habíamos visto unos vendavales de esta magnitud. Arrancaron techos de casas, láminas de eternit, invernaderos, cocheras, árboles e incluso derribaron antenas de telecomunicaciones", manifestó.En el municipio de San Andrés, específicamente en la vereda Cairasco, los fuertes vientos derribaron una torre de telecomunicaciones de la empresa EASY TEC, dejando sin servicio a numerosos usuarios de las zonas rurales de San Andrés y Guaca.Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de las condiciones climáticas, luego de que el Ideam advirtiera sobre un aumento en la intensidad de los vientos y el riesgo de vendavales en diferentes regiones del país debido a la consolidación del fenómeno de El Niño. Según la entidad, las fuertes ráfagas, sumadas a las altas temperaturas y los periodos de sequía, incrementan el riesgo de destechamientos, caída de árboles y daños en estructuras inestables, por lo que se recomienda a la comunidad extremar las medidas de prevención.Los organismos de gestión del riesgo continúan evaluando las afectaciones y coordinando la atención de las comunidades, mientras avanzan las labores para restablecer el servicio de energía y telecomunicaciones en los sectores impactados.
El Paisita Día es uno de los juegos de chance más conocidos en Colombia, especialmente en Antioquia, una región donde este sorteo tiene gran reconocimiento. Su nombre está relacionado con la cultura paisa y sus resultados son transmitidos por Teleantioquia.El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 27 de junio de 2026 es el xxxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Los jugadores deben verificar con su vendedor si el tiquete corresponde al resultado ganador.Número ganador: xxxxDos últimas cifras: xxTres últimas cifras: xxxLa quinta: xDesde 2025, los apostadores tienen la opción de agregar una quinta balota o número adicional, una alternativa que puede aumentar el valor del premio cuando se acierta junto con las demás cifras del sorteo.Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, el número elegido debe coincidir en el mismo orden de izquierda a derecha con las cifras obtenidas en el sorteo oficial.A qué hora juega Paisita DíaEl sorteo de Paisita Día se realiza todos los días. De lunes a sábado juega a la 1:00 p. m., mientras que los domingos y días festivos el sorteo se realiza a las 2:00 p. m.Los resultados pueden consultarse después de la hora establecida para cada jornada.Cómo se juega el chancePaisita Día cuenta con diferentes modalidades de apuesta, en las que el premio depende de la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado:Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.Una cifra o uña: acertar la última cifra.Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día?El proceso para reclamar un premio depende del valor obtenido, pero existen documentos básicos que el ganador debe presentar para realizar el trámite.Documentos fundamentales para cualquier premio:Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Documentos adicionales según el valor del premio:Si el premio es menor a 48 UVT: solo debe presentar los documentos fundamentales.Si el premio está entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, deberá entregar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.Si el premio es mayor a 182 UVT: deberá presentar también una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días y a nombre de la persona que diligenció el tiquete. En este caso, el pago se realizará mediante transferencia bancaria en un tiempo aproximado de ocho días hábiles.
El último puente festivo de junio vendrá cargado de buenas noticias para el comercio en Antioquia que espera recibir grandes réditos económicos producto de la prima de mitad de año y del partido entre Colombia y Portugal, que será el evento central del fin de semana.Los comerciantes en las zonas de alta afluencia de Medellín esperan que cientos y cientos de personas salgan a bares y restaurantes para disfrutar el último partido de la fase de grupos de la 'tricolor', por lo prevén una alta derrama económica.El presidente de Asobares Antioquia, Juan Pablo Valenzuela, habló de las cifras que esperan tener durante este puente festivo y los planes que podrán hacer las personas en Medellín y municipios cercanos."Esperamos que el ingreso en caja pueda estar cercano, por lo menos en el departamento de Antioquia, una cifra de 15 mil millones de pesos nada más este fin de semana. Promociones especiales y en general hay un una un abanico de opciones muy amplio con todas las personas que vienen a disfrutar del fútbol".El comercio en la capital de Antioquia también espera tener mayor movimiento debido al pago de la prima de mitad de año, con lo que todo tipo de establecimientos estarían copados no solo viendo a la 'tricolor' sino todos los partidos de la Copa del Mundo.Finalmente, Valenzuela y en el caso de Medellín, los bares estarán abiertos hasta las 4:00 a. m., un horario que le permite al comercio paisa tener más posibilidades de hacer su 'agosto' anticipado.
El Gobierno saliente de Gustavo Petro designó al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, como coordinador del equipo de empalme por parte del Gobierno Nacional con el nuevo mandato de Abelardo De La Espriella, proceso que estará a cargo del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.Así lo notificó la Casa de Nariño mediante un comunicado en el que la Presidencia señaló que se espera que en los próximos días se realice la primera reunión entre el coordinador del Gobierno Nacional y el coordinador del equipo designado por el presidente electo, con el objetivo de acordar las metodologías y dar inicio al proceso de empalme.Asimismo, aseguraron que esta es una invitación a realizar un ejercicio de transición democrática, respetando los principios de transparencia en el marco del fortalecimiento institucional de Colombia.Empalme del nuevo gobierno estará liderado por José Manuel RestrepoEl equipo del presidente Abelardo de la Espriella confirmó que José Manuel Restrepo será quien lidere el grupo encargado de revisar la información de las diferentes entidades del Estado durante el proceso de empalme entre el gobierno saliente y el entrante.Según informaron mediante un comunicado, este “Empalme Anticorrupción” estará integrado por el equipo técnico que durante los últimos seis meses ha trabajado en la construcción de la hoja de ruta del nuevo gobierno.La misión principal será realizar una revisión integral de la administración pública, identificar posibles riesgos relacionados con el manejo de los recursos del Estado y establecer las bases para una gestión que, según el presidente electo, estará enfocada en la transparencia y la lucha contra la corrupción."El Empalme Anticorrupción estará conformado por el equipo técnico que durante los últimos seis meses ha preparado la hoja de ruta del Gobierno entrante y tendrá como misión garantizar una transición transparente, identificar riesgos para los recursos públicos y sentar las bases de una administración íntegra y eficiente", se lee en el comunicado.
Una acción popular fue interpuesta ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con el propósito de lograr la garantía del derecho a la salud de más de un millón de personas en el departamento, en medio de la crisis humanitaria que se está viviendo.Justo esta semana, se hizo un llamado para que las EPS, especialmente las intervenidas, se pusieran al día en sus pagos por el riesgo que tienen las operaciones de los hospitales, entre ellos el San Juan de Dios de Cali, que está al borde del cierre por el aumento de la cartera.La gobernadora Dilian Francisca Toro indicó que, con esta acción popular, espera que la justicia pueda lograr lo que en los últimos meses se ha intentado: un acuerdo para mejorar la atención a los pacientes."Esta no es una pelea política, es una defensa de la vida, de la dignidad de los pacientes y de los recursos públicos que deben llegar a donde más se necesita: a la atención de la gente. Con esta acción le pedimos a la justicia medidas urgentes para poder garantizar la entrega oportuna de medicamentos, el pago de las deudas que, por supuesto, tienen en crisis a nuestros hospitales y un seguimiento permanente para que los compromisos se cumplan", indicó la mandataria.Cabe recordar que la última advertencia de las autoridades sanitarias del departamento es que la red pública del Valle del Cauca podría verse obligada a suspender la atención de usuarios afiliados a EPS como Emssanar, Coosalud, Asmet Salud y Nueva EPS, a las cuales están afiliados cerca del 80 % de los vallecaucanos.
