Por irregularidades en un proceso de contratación, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra la exsecretaria General de la Superintendencia de la Economía Solidaria, Iveth Susana Ayala Rodríguez.
La actuación busca establecer si durante la contratación para desarrollar actividades de capacitación y actualización de servidores públicos se presentaron posibles incumplimientos de las normas que rigen la contratación estatal.
Los hechos están relacionados con un proceso adelantado para ejecutar las actividades de capacitación previstas en el plan institucional de la Superintendencia para la vigencia 2024. La Procuraduría busca determinar cómo se estructuró el proceso, cuáles fueron los requisitos establecidos para los participantes y si las condiciones fijadas pudieron afectar el desarrollo normal de la contratación.
Por estos mismos hechos, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal vinculó al expediente a Ida Marcela Dickson Barrera, quien para ese momento se desempeñaba como coordinadora del Grupo de Contratos de la entidad. La investigación deberá establecer el nivel de participación y las actuaciones que habrían desarrollado las funcionarias dentro del proceso contractual.
Uno de los aspectos que está bajo revisión es el requisito incluido en el pliego de condiciones, según el cual los proponentes debían presentar un certificado de acreditación de alta calidad.
De acuerdo con la Procuraduría, este certificado sería propio de entidades de educación superior y no sería exigible para actividades de educación informal, como las que estaban contempladas en el proceso de contratación.
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El Ministerio Público ordenó practicar pruebas, principalmente de carácter documental, para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos y determinar si existió alguna responsabilidad disciplinaria.