Por diferentes puntos de la ciudad, el agente especial interventor de EPS Sanitas, Duver Vargas Rojas, inició el proceso que se ha llevado a cabo en paralelo con la implementación de medidas de contención para abordar el crecimiento en los indicadores de reclamaciones.Durante este período inicial se ha puesto énfasis en los puntos de atención con mayor volumen de operación en el país, donde mensualmente se atienden aproximadamente a 20.000 personas y se resuelven alrededor de 950 solicitudes diarias. Las quejas más recurrentes están relacionadas con la oportunidad en el agendamiento de citas y la entrega de medicamentos, aspectos en los que se está trabajando para reducir los tiempos de espera y satisfacer las necesidades de los afiliados.Una de las primeras acciones ha sido el reconocimiento de las principales oficinas de atención en Bogotá, dado que las mayores de las quejas se concentran en esta ciudad. El interventor Vargas ha destacado la importancia de garantizar una respuesta rápida y dándole respuesta a todas las necesidades de salud de los usuarios, priorizando la descongestión del proceso que enfrenta más de 19.000 quejas mensuales.El interventor ha señalado que el desafío a corto plazo es fortalecer los canales de atención para cerrar las brechas en la atención de los afiliados, particularmente en el régimen contributivo, que concentra el 89 % de las quejas hasta el momento. Este proceso de intervención busca mejorar la experiencia y la calidad de los servicios de salud ofrecidos por la EPS Sanitas, priorizando siempre las necesidades de los usuarios.
La EPS Sanitas emitió este martes un comunicado en el que reafirma su compromiso con la salud y el bienestar de sus afiliados y la continuidad de sus servicios, a pesar de la intervención que ordenó la Superpenintendencia de Salud. Duver Vargas Rojas, agente especial interventor, enfatizó que todos los esfuerzos están dirigidos a mantener la operación de manera integral, sin comprometer la calidad ni la oportunidad en la atención.Cabe recordar que la liquidación forzosa a esta entidad, que cuenta con más de 5.7 millones de pacientes afiliados, se presentó el pasado 2 de abril.Vargas, señaló que quieren tranquilizar a sus afiliados y mostrar su compromiso, manteniendo altos los estándares de calidad. Aclaró que los trámites en curso no sufrirán alteraciones y podrán gestionarse de manera habitual. Además, hizo hincapié en que el proceso de afiliación continúa sin restricciones, incluyendo la adquisición del plan premium. Anadió que los esfuerzos de la EPS, actualmente, están enfocados en reforzar la protección del derecho a la salud de los usuarios.“Los usuarios que actualmente se encuentren realizando el proceso de afiliación a la EPS pueden hacerlo sin ninguna restricción. Vale la pena precisar que la medida de intervención no restringe el trámite de afiliación ni la adquisición del plan premium que continúa ofertándose con normalidad”, agregó Vargas.Este es el texto del comunicado:Nuestros esfuerzos están enfocados en garantizar la continuidad de los servicios”: Agente Especial Interventor Sanitas EPS Bogotá D.C., 16 de abril de 2024-. Como parte del compromiso con la salud y la vida de sus afiliados a lo largo del territorio nacional, la EPS Sanitas trabaja en la implementación de las acciones necesarias para dar continuidad a su operación, garantizando la atención de manera integral, y aclara, que la intervención no compromete la continuidad y sostenibilidad de los servicios que se vienen prestando. “Queremos darles un parte de tranquilidad a los afiliados y ratificarles nuestro compromiso por brindar un servicio sin interrupciones, en términos de calidad y oportunidad”, indicó su Agente Especial Interventor, Duver Vargas Rojas. En este sentido, el interventor aclaró que los trámites realizados a la fecha no tendrán ninguna afectación y los que se requieran, podrán ser gestionados de la manera habitual. “Los usuarios que actualmente se encuentren realizando el proceso de afiliación a la EPS pueden hacerlo sin ninguna restricción. Vale la pena precisar que la medida de intervención no restringe el trámite de afiliación ni la adquisición del plan premium que continúa ofertándose con normalidad”, agregó Vargas. Finalmente, desde la EPS Sanitas se reitera a todos los afiliados que en el caso de presentar inquietudes relacionadas con su atención, podrán resolverlas a través de nuestro sitio web www.epssanitas.com o haciendo uso de los canales habituales: Línea gratuita de atención: 01 8000 919 100 App EPS Sanitas: para sistema Android y IOS WhatsApp web: 320-2550525 Los esfuerzos de la EPS actualmente están enfocados en reforzar la protección del derecho a la salud de los usuarios.
Keralty, el conglomerado internacional propietario de la EPS Sanitas inició una disputa legal tras la intervención del Gobierno de Gustavo Petro en sus operaciones. El abogado Juan David Riveros, representante de Keralty, en una entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, dijo que la demanda incluye acusaciones graves como el prevaricato por parte del superintendente de salud, Luis Carlos Leal.Riveros detalló que la serie de acciones legales no solo se circunscribe a lo penal, sino que también abarca una recusación contra el Superintendente en la que se argumenta lo que, dijo, es un claro sesgo contra las EPS, evidenciado por publicaciones previas en redes sociales."Es crucial que en un cargo con responsabilidades tan significativas como la inspección, control y vigilancia, la objetividad y la imparcialidad sean la norma. No es el caso aquí", señaló el abogado."Además, estamos contemplando llevar nuestras preocupaciones a instancias internacionales, dada la magnitud del impacto de esta intervención no solo en la empresa sino también en el derecho fundamental a la salud", dijo Riveros.“Es una expropiación”En la entrevista en Mañanas Blu, Riveros, dijo que el caso puede considerarse una expropiación indirecta, que tiene efectos similares en términos de impacto y consecuencias para la empresa.Según el abogado, esta acción gubernamental podría ser vista como una parte de una serie de medidas que buscan asfixiar financieramente a la EPS, algo que en derecho administrativo se conoce como desviación de poder.Además, Riveros destacó un hecho particularmente alarmante: la suspensión de la asamblea de accionistas, quitándoles los derechos de propiedad que se desprenden de sus acciones. Este acto, según el abogado, no tiene precedentes ni está previsto en la normativa aplicable, lo cual refuerza la percepción de una expropiación indirecta. Este argumento es uno de los pilares de la defensa de Keralty y forma parte de la justificación para llevar el caso a instancias internacionales, además de los tribunales nacionales.“Nosotros creemos que esto puede ser un fenómeno que se llamaría una expropiación indirecta, que no es un trámite de expropiación, pero que, en una en el marco de una decisión arbitraria como ésta, termina teniendo el mismo efecto”, dijo.Del plano nacional al internacionalLa estrategia legal de Keralty no se limitará al escenario nacional, según dijo el abogado. Riveros mencionó que se están preparando demandas bajo tratados de protección de inversión extranjera, lo cual podría incluir procedimientos ante tribunales internacionales de arbitraje."Esto no es solo una cuestión de recuperar la administración, sino de asegurar que los derechos de nuestros inversores no sean pisoteados", explicó.La denuncia por prevaricatoLa gravedad de la denuncia penal radica en la acusación de que el acto administrativo que justificó la intervención de Sanitas fue ilegal."Identificamos una falsa motivación y una desviación de poder en la acción del superintendente, lo que nos lleva a considerar seriamente la vía penal como parte de nuestra defensa integral", sostuvo Riveros.Riveros también tocó un punto especialmente delicado al referirse a la suspensión de la asamblea de accionistas, algo que calificó como un acto sin precedentes y posiblemente ilegal.“Es normal que se remueva a la junta directiva durante una intervención, pero eliminar los derechos de propiedad de la asamblea de accionistas es un territorio completamente nuevo y alarmante”, señaló.
El Superintendente de Salud se pronunció respecto a la denuncia penal que fue interpuesta en su contra por parte del grupo Keralty, y dice que hasta al momento no ha sido notificado y que además desconoce cuáles son los argumentos que fueron expuestos para dicha decisión. Además, aseguró que la Superintendencia de Salud actuó según las normas vigentes sujetas a la ley.Por otro lado, también se refirió a las intervenciones forzosas hechas a las EPS Sanitas y Nueva EPS, y dijo que las medidas para dichos procedimientos tenían toda la argumentación y el sustento jurídico para efectuarse. Incluso, aseguró que no conocía una apertura de investigación en su contra y que se enteró por medio de las redes sociales.Ante esto, dice que está dispuesto a responder con la justicia de manera oportuna como debe ser.La Procuraduría General de la Nación hizo una visita de inspección a las instalaciones de la Superintendencia de Salud para recolectar documentación suficiente que probará que efectivamente las intervenciones forzosas a las EPS estaban sustentadas, el Ministerio Público dijo que no se encontraron pruebas contundentes a lo que Leal afirmó que “el ente de control solicitó una serie de expedientes que no correspondían al expediente relaciono con los ejercicios de control que hace la Superintendencia de Salud”.Por otra parte, Leal respondió a los cuestionamientos de la opción sobre declararse impedido para tomar esa decisión dijo que la Corte manifiesta que se debe proteger la opinión en particular de actores políticos, recordemos que en Leal también hizo parte del Concejo de Bogotá por el Partido Alianza Verde, y manifestó que en aquella época dio una opinión en contra de “la intermediación financiera” y defendiendo el derecho a la salud haciendo una crítica a los entes encargados de prestar el servicio de salud.Por último, el Superintendente hizo énfasis que para tomar la decisión de intervenir las EPS se basaron en el estatuto orgánico financiero, artículo 114, donde se estipulan las causales para tomar las determinaciones y que están adecuadamente sustentadas. Ante la pregunta que, si venían más intervenciones a otras EPS, Leal respondió que “las intervenciones se van a dar en la medida que la Supersalud tiene la obligación de proteger y respetar el derecho a la salud, cuando vemos que hay un riesgo latente debemos actuar de manera oportuna”, fueron las palabras del actual Superintendente de Salud.
Este lunes 15 de abril de 2024 se conoció el primer recurso en contra de las múltiples intervenciones que ha hecho la Supersalud tras el hundimiento de la reforma a la salud. Tan pronto la EPS fue intervenida, Keralty expresó su inconformismo ante esta decisión.El abogado penalista Juan David Rivero, en representación legal de Keralty, presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, acusándolo del delito de prevaricato por acción. Rivero ha señalado presuntas irregularidades durante la intervención de la EPS Sanitas.Rivero expresó su preocupación por lo que considera una intervención abiertamente ilegal, arbitraria, desproporcionada y discriminatoria en la EPS Sanitas. Tras dos semanas de análisis legal, el equipo de abogados ha decidido iniciar acciones legales en varias jurisdicciones.Además de la denuncia penal contra el superintendente de Salud, Rivero ha anunciado que en las próximas semanas se tomarán otras medidas legales para recuperar la administración de la EPS Sanitas.En las últimas semanas, tres EPS han sido intervenidas por la Supersalud. Entre tanto, otras Entidades Promotoras de Salud han expresado querer hacer parte del proyecto del Gobierno de transformarlas en gestoras de salud y vida.
El expresidente y jefe único del Partido Liberal, Cesar Gaviria, se pronunció acerca de las intervenciones de la Superintendencia de Salud ante las EPS Sura y Nueva EPS, así como respecto a la decisión voluntaria de la caja de compensación Compensar de liquidar su EPS.Para el exmandatario, esta decisión fue producto de la asfixia financiera a la que ha sido sometido el sistema por cuenta de las decisiones del Gobierno Nacional, como el atraso en el pago de presupuestos máximos y el desfinanciamiento de la UPC. “El Gobierno ha generado una crisis de flujo de recursos al sistema y las EPS sin precedentes cercanos. Ese es el origen del deterioro de los indicadores financieros de las EPS”.“El Gobierno no ha atendido, por tanto, su deber constitucional de financiar adecuadamente el sistema de salud y las EPS, ha desconocido el fallo de la Corte Constitucional y ya se cumplieron los 45 días de plazo que le dio la Corte para pagar las muy significativas deudas que tenía con las EPS llevándolas al estado en el que se encuentran hoy para forzar su intervención o quiebra, como ya se dio en el caso de Sanitas y como es el caso de Compensar EPS en los últimos días. Con esto, está destruyendo el sistema de salud, poniendo en riesgo la vida de millones de colombianos”, señaló Gaviria.El expresidente recordó que durante las discusiones de la fallida reforma a la salud, los partidos Liberal, Conservador y de la U, presentaron una propuesta que sí abordaba estos problemas estructurales, de forma técnica y ordenada; por ejemplo, la introducción de cambios sobre la UPC para que se ajustara por condiciones de salud de riesgo y un esquema de gestión compartida del riesgo financiero entre el Estado y el aseguramiento con incentivos a los resultados y el buen desempeño. “Pero todas estas propuestas no fueron escuchadas, obstinadamente, por parte del Gobierno durante el debate de la reforma a la salud en el Congreso”.El jefe liberal sentenció que estas acciones llevan a la destrucción del aseguramiento como uno de los avances del sistema de salud de la ley 100 de 1992. “Los decretos anunciados por parte del ministro de salud en estos días, claramente provocarán el colapso del sistema, y al final, los pacientes quedarán desprotegidos, sin gestión de su riesgo de salud, tan solo, la posibilidad de pedir citas médicas desordenadamente y el sistema seguirá a la deriva. Solo queda pedir la pronta intervención de la Corte Constitucional, la Procuraduría y el Consejo de Estado y las demás instituciones de control para evitar que se profundice esta situación que, de nuevo recuerdo, coloca en peligro la vida de millones de colombianas y colombianos”.
En carta dirigida al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, figuras prominentes como Jaime Arias, Fernando Ruiz, Augusto Gala, Carlos Castro, entre otros, expresan su preocupación por el destino del proyecto de reforma a la salud propuesto por el Gobierno nacional. Se subraya que este proyecto, cuyo propósito era reformar un sistema crucial que regula y protege el derecho fundamental a la salud, no cumplía con los mínimos requisitos constitucionales.Los exministros y exviceministros califican como decisiones erróneas las intervenciones llevadas a cabo por la Superintendencia Nacional de Salud en las EPS Sanitas y Nueva EPS. Consideran que estas acciones fueron una reacción improvisada por parte del Gobierno ante el fracaso del proyecto de ley, y evidencian una falta de consideración hacia los usuarios y pacientes. Además, señalan que el enfoque del proyecto parecía más orientado a cambiar la estructura institucional existente y crear nuevas entidades, lo que generó preocupaciones sobre la posible estatización del sistema de salud.Y añaden que la reciente solicitud de Compensar EPS al Gobierno nacional para establecer un plan de desmonte progresivo hasta su liquidación, como prueba de la urgencia de abordar la desfinanciación y otros problemas estructurales del sistema de salud. La situación actual, con 25 millones de colombianos dependientes directamente del Gobierno para su seguridad social en salud, exige una acción inmediata para proteger sus derechos y garantizarles el acceso adecuado a los servicios médicos.Finalmente, instan al ministro Jaramillo a establecer una amplia mesa de concertación sobre las acciones que la sociedad y el sector deben adoptar para mejorar el acceso a los servicios de salud y cerrar la brecha entre zonas rurales y urbanas en este aspecto. La protección del derecho a la salud de todos los colombianos se presenta como una prioridad indiscutible, que requiere un enfoque colaborativo basado en la evidencia para renovar el contrato social en materia de salud en el país.
En medio de la incertidumbre que se vive en el sector salud por las intervenciones de Sanitas y Nueva EPS por parte de la Superintendencia de Salud, los entes de control le han puesto la lupa a este asunto.Anteriormente, se había conocido que la Procuraduría inició una indagación el pasado 4 de abril contra el superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, por presuntas irregularidades presentadas en la toma de posesión e intervención forzosa administrativa de la EPS Sanitas, así como en la designación de su agente interventor, Dúver Dicson Vargas Rojas.Ahora es la Fiscalía que abrió noticia criminal para investigar posibles irregularidades en la destinación de recursos de la Unidad de Pagos por Capitación, UPC, por parte de las EPS y el giro de presupuesto máximos a cargo de la Adres.La decisión se da luego de un encuentro entre la fiscal, Luz Adriana Camargo, con funcionarios de la Contraloría, donde se evaluó la situación del sector salud. Blu radio había presentado un informe con corte a octubre de 2023 que dejaba en evidencia las grandes deudas de 21 Entidades Promotoras de Salud, EPS, que ascienden a los 25 billones de pesos.En dicho informe se señalaba que solo 5 EPS podían garantizar su sostenibilidad cumpliendo con las reservas técnicas: Salud Total EPS, Comfachocó, Captresoca, EPM Salud, EPS Sura.Luego de la reunión de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, con el contralor general de la República y el defensor del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación dispuso la apertura de una investigación por los presuntos manejos irregulares de los dineros públicos de la salud en algunas EPS.La Fiscalía ordenó la conformación de un equipo especial conjunto de fiscales, expertos y peritos de las delegada para las finanzas criminales, delegada contra la criminalidad organizada y delegada para la seguridad territorial, para que adelante esta indagación ante posibles inconsistencias en la utilización de los recursos de la Unidad de Pago de Capitación, UPC, por parte de algunas EPS.La investigación de la Fiscalía General de la Nación se inicia a partir de los primeros avances de la indagación fiscal de la Contraloría General de la República.La Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría acordaron trabajar articuladamente en defensa de los recursos de la salud, para empezar, por iniciativa de la Fiscalía, en la definición de las rutas del dinero y sus respectivos usos.
El expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez se refirió este domingo 7 de abril a la grave situación que atraviesan las entidades promotoras de salud, más conocidas como EPS, algunas de ellas ya intervenidas por el gobierno del actual mandatario, Gustavo Petro, que lo tienen en el ojo del huracán tras las decisiones con EPS Sanitas y Nueva EPS.En su perfil de X, el ex jefe de Estado, sin referirse de manera directa a la realidad de estas entidades, sí describió en detalle lo que, para él, está aconteciendo con el tema de las EPS y cómo desde la presidencia se estaría expropiando para modificar el sistema actual de salud."Hay diferentes maneras de expropiar y siempre los resultados han sido malos. El comunismo clásico expropió con fusilamientos; (Fidel) Castro con invasión; (Hugo) Chávez decidía en el discurso, sin instituciones, sin normas de defensa del afectado; los Kirchner con impuestos", afirmó Uribe Vélez en primer lugar, en un corto pero contundente mensaje.En concepto del expresidente, la insuficiencia o tardanza en pagos, al igual que lo que consideró "el manejo enteramente subjetivo del presupuesto", y en su caso, la combinación de impuestos de renta, patrimonio y prediales, en una pelea que tiene con el primer mandatario por sus propiedades, "son todos caminos que conducen a la eliminación de la actividad particular"."No quedarán sino dos opciones: una rápida entrega al Gobierno o una prolongada", agregó el expresidente en su mensaje, en el que puso como manifiesto la determinación que tomó Compensar EPS de someterse a un proceso de liquidación voluntaria, antes de ser intervenida por la Superintendencia de Salud.
Joséba Grajales, presidente de Keralty a nivel mundial, empresa propietaria de la EPS Sanitas, se pronunció este sábado, 6 de abril, y calificó como injusta la intervención que realizó el pasado martes el Gobierno a través de la Superintendencia de Salud a la EPS.“Quiero que sepan que nuestro principal objetivo en este momento es revertir esta situación injusta y devolverlos a casa, donde siempre han pertenecido y donde nunca debían haber sido separados. Estamos trabajando incansablemente para resolver este desafío y conseguir que se aplique la ley por todas las instituciones del país, cosa en la que confiamos. Les pido paciencia y confianza mientras trabajamos en encontrar una solución”, señaló el presidente de Keralty.Este pronunciamiento está en línea con el que ya había realizado la empresa, en donde calificaron como “improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria” la manera en que el Gobierno intervino en Sanitas. También mencionaron que la crisis financiera que está enfrentando la EPS es en parte culpa del mismo gobierno por no realizar el correcto análisis de las UPC.También dirigió un mensaje de apoyo a los colaboradores y afiliados de Sanitas: “En estos momentos de incertidumbre, quiero recordarles que ustedes son parte inseparable de nuestra familia. Es por eso que la situación actual nos duele profundamente, ya que sabemos que nunca debían haber sido sacados de nuestro hogar, o sea, de nuestra familia Keralty”.
El panorama de las transacciones financieras en Colombia ha experimentado una transformación significativa en los últimos años, impulsada por el crecimiento exponencial de los servicios digitales. Transfiya hizo un anuncio importante para este tipo de transacciones.Entre estos, Transfiya se destaca como referente en transferencias interbancarias inmediatas, así marcó un paso importante con su última actualización: el aumento del tope diario de transacciones a $3.000.000.Desde su inicio en 2020 con apenas 6 entidades financieras asociadas, Transfiya ha ido consolidándose como el referente en este ámbito. Hoy, con 20 instituciones financieras vinculadas, incluyendo bancos, cooperativas, billeteras móviles y SEDPES, busca revolucionar la manera en que los colombianos mueven su dinero.Según datos recopilados por Raddar en octubre de 2023, el uso del efectivo aún domina con una participación del 86%, pero la adopción masiva de servicios digitales como Transfiya ha desempeñado un papel crucial en la evolución de los hábitos financieros.El impacto de Transfiya se refleja en números impresionantes: al cierre de 2023, la plataforma reportó cerca de 138 millones de transferencias procesadas, con más de 12 millones de usuarios que han utilizado su número de celular para enviar y recibir dinero de manera rápida y segura.Este crecimiento continuo se evidencia aún más en el récord de más de 16.8 millones de transferencias registradas solo en marzo de 2024, consolidando a Transfiya como una pieza clave en el panorama financiero del país."El aumento en las transferencias inmediatas subraya la adaptabilidad del consumidor colombiano y la relevancia de la innovación financiera. Seguiremos liderando este cambio, ofreciendo soluciones cada vez más eficientes y seguras", mencionó Gustavo Vega Villamil, presidente de ACH Colombia, la compañía detrás de Transfiya.¿Desde cuándo Transfiya aumentará el tope de transacciones?En línea con este compromiso, a partir de mayo, Transfiya elevará progresivamente su tope diario a $3.000.000 en la mayoría de las entidades asociadas, beneficiando a miles de usuarios en todo el país.La comodidad y rapidez de las transacciones inmediatas han transformado la manera en que los colombianos gestionan su dinero, consolidando estas herramientas como una de las opciones preferidas en 2023.Beneficios de las plataformas de pagoPlataformas como esta continúan innovando y expandiendo sus servicios para satisfacer las crecientes demandas del mercado, asegurando una experiencia financiera más eficiente y conveniente para todos los usuarios.
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) inició un procedimiento administrativo de control contra la empresa de Servicios Públicos Aguas de Puerto Wilches, Santander, por mal desempeño y manejo de los recursos de regalías.Según la Resolución del 3 de abril de 2024, expedida por el DNP, la empresa de servicios públicos Aguas de Puerto Wilches obtuvo un desempeño de 0 puntos en el año 2022 y 49 puntos en el año 2023 en el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías.“En consecuencia, no se obtuvo un adecuado desempeño durante dos mediciones anuales consecutivas”, dice el DNP.Así las cosas, la entidad decidió iniciar un procedimiento administrativo de control a Aguas de Puerto Wilches S.A.S ESP e igualmente imponer una “medida de protección inmediata de no aprobación directa de proyectos ni designación como ejecutor hasta tanto se acredite el adecuado desempeño en los términos descritos en la Ley 2056 de 2020 y sus actos reglamentarios”, indica la parte decisoria de la resolución.El representante legal de Aguas de Puerto Wilches ESP tendrá 10 días hábiles a partir de la notificación, para que de respuestas sobre lo señalado en el procedimiento administrativo.En 2022 la empresa de servicios públicos Aguas de Puerto Wilches recibió $9.443 millones por concepto de regalías para la construcción de alcantarillado en 525 viviendas.Esta es la Resolución del DNP.
La Comisión Europea amenazó este lunes con suspender a partir del próximo jueves 25 TikTok Lite, la aplicación que la plataforma china ha lanzado en España y Francia, ante la sospecha de que "es tóxico y adictivo, especialmente para los niños"."A menos que TikTok proporcione pruebas convincentes de seguridad, lo que no ha hecho hasta ahora, estamos dispuestos a activar las medidas provisionales de la ley de servicios digitales, incluida la suspensión del programa de recompensas TikTok Lite", dijo el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, en un mensaje en la red social X.Se trata de la primera vez que Bruselas amenaza directamente con sanciones financieras a una plataforma desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea.En un comunicado, la Comisión Europea señaló que la empresa china con sede europea en Irlanda no ha entregado la evaluación de riesgos reclamada la semana pasada y ha lanzado Tik Tok Lite en España y Francia "sin adoptar medidas eficaces para mitigar los riesgos"."Esto es especialmente preocupante para los niños, dada la supuesta ausencia de mecanismos eficaces de verificación de la edad en TikTok", indicó el Ejecutivo europeo.TikTok, que pertenece a la compañía ByteDance, tiene ahora 48 horas para contestar, de forma que si no entrega la documentación o si Bruselas considera que esta no analiza y mitiga adecuadamente los riesgos, la Comisión tomará medidas para proteger la salud mental de los menores, que podrían ir desde la suspensión del sistema en la UE a multas económicas.Esas sanciones podrían consistir en el 1 % de la facturación anual global o el 5 % de sus ingresos medios en todo el mundo y podrían aplicarse también multas "por cada día de retraso", indicaron fuentes europeas.Con esa investigación en curso, TikTok ha lanzado el nuevo sistema de recompensas que crea "un incentivo financiero por el tiempo extra que se pasa en la aplicación", explicaron fuentes europeas, lo que aumenta el "miedo" de Bruselas a que "pueda generar adicción especialmente a los usuarios más vulnerables".Esos puntos se pueden canjear después por bonos en tiendas de comercio electrónico y similares, indicó la Comisión, que más allá de esa nueva aplicación, ya investigaba formalmente a la plataforma desde febrero ante la aparente "falta de mecanismos eficaces de verificación de la edad y el presunto diseño adictivo".En caso de suspender el servicio TikTok lite, decisión que Bruselas podría tomar a partir del jueves, esa quedaría cancelada durante un período inicial y renovable de 60 días."Mandar el documento no será suficiente. Tenemos que estar seguros de que no hay riesgo grave de daño a nuestros ciudadanos", agregaron las fuentes.La Comisión ha colaborado con Francia, España e Irlanda para estudiar el expediente.
La ONU exigió el martes una investigación internacional sobre las fosas comunes halladas en los dos principales hospitales de la Franja de Gaza y denunció el "clima de impunidad reinante".El lunes, la Protección Civil de la Franja de Gaza indicó que desde el sábado se exhumaron unos 200 cadáveres que habían sido enterrados por las fuerzas israelíes en fosas comunes en el hospital Nasser de Jan Yunis.A principios de abril, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que el hospital Al Chifa, el principal del enclave palestino, había quedado reducido a un "cascarón vacío"con muchos cadáveres.Combates entre Israel y Hamás en el mayor hospital de Gaza obligaron a civiles a huirLa Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se declaró "horrorizada" por la destrucción de los dos principales hospitales de Gaza.El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, exigió "investigaciones independientes, eficaces y transparentes" sobre lo sucedido."Dado el clima de impunidad reinante, los investigadores internacionales deben participar en este proceso", afirmó.Según Israel, Hamás utiliza los hospitales para llevar a cabo atentados y ocultar túneles y armas. El movimiento islamista palestino niega estas acusaciones.Decenas de civiles que esperaban ayuda humanitaria en Gaza mueren por ataques israelíesSegún funcionarios de Gaza, se encontraron 283 cadáveres en el hospital Nasser, una cifra que el Alto Comisionado de la ONU está intentando verificar."Las víctimas fueron enterradas muy profundamente en el suelo y tapadas con basura", afirmó a la prensa Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, añadiendo que entre las víctimas había ancianos y mujeres.Otros fueron "encontrados con las manos atadas y sin ropa", agregó.
Hay consternación en el municipio de San Rafael, en Antioquia, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un reconocido locutor en su apartamento.Autoridades en el Oriente antioqueño investigan las circunstancias de la muerte de Julio Zapata, un reconocido locutor y comunicador en esta subregión de Antioquia que fue hallado sin vida por allegados en su apartamento en zona urbana de San Rafael, cerca al hospital, en un sector conocido como Parque de la Madre.Según información preliminar de fuentes oficiales conocida por Blu Radio, el cuerpo de la víctima fue hallado con diferentes lesiones de arma cortopunzante, por lo que para la policía una de las principales hipótesis es que se trataría de un crimen pasional.El alcalde de San Rafael, Eduin Giraldo, indicó que todas las investigaciones están en manos de las autoridades competentes y que hasta el momento no se conocían amenazas en contra de esta persona querida por la población y que, incluso, había sido funcionario de administraciones municipales anteriores.“Un muchacho muy reconocido acá en San Rafael, participó en varias campañas, él era comunicador de administraciones pasadas y lo querían mucho aquí en San Rafael”, contó el mandatario local.Julio Zapata también era reconocido por ser el director y fundador del medio local San Rafael Online y por su trabajo durante varios años en una reconocida cadena radial del país en la ciudad de Barrancabermeja.