A partir del jueves 1 de agosto, EPS Sanitas implementará una nueva modalidad para el pago de las cuotas moderadoras, según la entidad esto se hizo con el objetivo de optimizar el modelo de recaudo y garantizar un servicio más eficiente. Esta modificación responde a la necesidad de alinearse con los estándares del Sistema General de Seguridad Social en Salud y mejorar la gestión de los recursos.De ese modo, las cuotas moderadoras deberán ser pagadas exclusivamente en el lugar donde el usuario tenga programada su cita médica, examen o recepción de medicamentos. Esto significa que las cuotas no podrán ser compartidas entre diferentes entidades o sedes. Cada afiliado deberá abonar la cuota moderadora en la institución prestadora correspondiente, evitando así desplazamientos innecesarios y asegurando mayor agilidad en la atención.Consejo de Estado negó medida cautelar que buscaba suspender la intervención a EPS SanitasLos servicios que estarán sujetos a estas cuotas incluyen: consultas externas de medicina general, consultas paramédicas como nutrición, psicología y optometría, consultas con especialistas, servicios odontológicos, medicamentos recetados en consulta ambulatoria, exámenes de laboratorio clínico, radiología e imagenología, así como urgencias no vitales.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio de Salud en contra de 26 EPS que, según un informe publicado por la Contraloría General en febrero de este año, adeudan 25 billones de pesos al sistema y no cumplen con los indicadores financieros establecidos por la ley.La demanda, que involucra a la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca (Comfenalco Valle EPS), Compensar y Sanitas, entre otras, se basa en el incumplimiento del Régimen de Inversión de las Reservas Técnicas.El fallo destaca que estas irregularidades afectan directamente la prestación de los servicios de salud, ya que los recursos destinados a cubrir los servicios médicos y tecnológicos están comprometidos. Además, se mencionan prácticas indebidas como el pago de multas con recursos de la salud y el giro anticipado de recursos a IPS de los propios holdings empresariales de las EPS, lo cual agrava la situación.El tribunal subrayó que la falta de cumplimiento por parte de las EPS no solo transgrede la moralidad administrativa, sino que también pone en riesgo la efectividad del derecho a la salud de los ciudadanos, afectando la asignación y autorización de citas de medicina especializada y otros servicios esenciales.A pesar de que el Gobierno sustentó la medida cautelar con cifras del informe antes mencionado, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que no existe una vulneración de un derecho colectivo o la puesta en riesgo del derecho a la salud."Para dilucidar el fondo del asunto se requiere hacer un análisis más profundo, un estudio detenido de las disposiciones que se aducen como trasgredidas en el concepto de la violación contenido en la demanda, los argumentos de defensa que invoquen las entidades demandadas, y demás que se aducen aspectos que no pueden desarrollarse al resolver la solicitud de medida cautelar", indicó el alto tribunal.
Con el propósito de resolver inquietudes, identificar brechas de acceso a servicios y facilitar trámites, EPS Sanitas creo la feria llamada expo Sanitas 2024 que contará con la participación destacada de 9 IPS y 2 operadores logísticos, incluyendo centros médicos de EPS Sanitas, Clínica Colsanitas S.A., Cafam, Oftalmosanitas, Corporación Salud UN, Clínica Visión Colombia, Laboratorio Clínico Sanitas, Clínica la Paz y Carlos Eduardo Rangel Galvis. Cruz Verde y Audifarma, como operadores logísticos, también jugarán un papel crucial en garantizar una experiencia fluida y efectiva para los asistentes.Según Duver Vargas, quien es el agente especial interventor de EPS Sanitas, este evento no solo busca resolver dudas y ofrecer servicios, sino también educar a los afiliados sobre los canales de atención disponibles y promover el bienestar a través de charlas y actividades especializadas. "Esperamos la presencia de más de 1.000 afiliados para que vivan la experiencia EPS Sanitas", afirmó Vargas, subrayando el compromiso de la EPS en mejorar continuamente la experiencia del usuario.Los interesados podrán inscribirse en la página oficial de la entidad o mediante invitación por correo electrónico, reservando su lugar entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. durante el evento. Se espera que puedan asistir cerca de 2.000 personas, beneficiándose de la atención personalizada y la orientación directa de los prestadores de servicios.El agente interventor también afirma que esto es parte de las estrategias innovadoras implementadas por EPS Sanitas como proyecto piloto, en el marco del proceso de intervención para fortalecer la operación y recuperar la confianza de sus afiliados. Este evento no solo busca reducir quejas, sino también presentar los beneficios del plan Premium y garantizar un acceso efectivo a los servicios de salud.
El partido Cambio Radical había interpuesto una solicitud ante el Consejo de Estado para suspender la resolución que ordenaba la intervención de la EPS Sanitas por parte de la Superintendencia de Salud, emitida a principios de abril de 2024. Sin embargo, el Consejo de Estado ha tomado la decisión de anular dicha medida, argumentando que la Supersalud está actuando conforme a la normativa vigente.Entre los argumentos presentados por Cambio Radical para la anulación de la resolución se encontraba la falta de un expediente administrativo adecuado por parte de la Supersalud, un punto respaldado previamente por la Procuraduría General de la Nación. En respuesta a estas alegaciones, el Consejo de Estado determinó que la Superintendencia de Salud sí proporcionó los antecedentes necesarios para fundamentar la intervención de la EPS Sanitas.“Dentro de las consideraciones, y luego de reafirmar su competencia para la resolución de la solicitud de medida cautelar, el Consejo de Estado señaló que la decisión de la Superintendencia Nacional de Salud se fundamentó, no solo en normas de carácter reglamentario, sino también en disposiciones constitucionales y leyes que, en criterio de la demandada, eran aplicables a la toma de posesión”, añadió la Supersalud en su comunicado.Esta decisión del Consejo de Estado también respalda que la Supersalud está cumpliendo con su deber de inspección, vigilancia y control para adoptar las medidas necesarias. Este fallo judicial representa que esta es la segunda vez que acciones judiciales intentan revertir la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud en la EPS Sanitas, las cuales han sido rechazadas en las dos ocasiones por los tribunales.
Decenas de padres de familia de pacientes en situación de discapacidad se congregaron a las afueras de la EPS Sanitas en el norte de Barranquilla y bloquearon el acceso a esta sede desde tempranas horas de este jueves.Los padres, acompañados de algunos pacientes afectados, se alzaron en protesta para denunciar demoras en la atención de estos usuarios y dificultades en el servicio de transporte que estos deben recibir para poder ser trasladados a los centros médicos."Es una barrera que han puesto para impedir que los niños se rehabiliten y me parece injusto que esto esté pasando ahora mismo, cuando hay un interventor", manifestó Rosalba Amaranto, presidenta de Apadeuc, una asociación que reúne a padres de pacientes en situación de discapacidad."Cuando intervienen una EPS es precisamente para mejorar y ahora estamos peor. Cuando llegó el interventor teníamos transporte para nuestros hijos, ahora no lo tienen y tampoco quieren entregar los medicamentos. Vemos puras trabas administrativas", agregó.Una de los usuarios que dice estar afrontando un verdadero drama a raíz de la intervención que ordenó el Gobierno Nacional a la EPS Sanitas es Andrea Navarro, madre de un niño de 4 años que fue diagnosticado con autismo y a quien hace dos meses no le brindan atención neurológica.Interventor Sanitas: Buscamos que el afiliado pueda acceder al sistema de salud sin ningún problema"Hace año y medio le detectaron el autismo, estaba recibiendo atención neurológica en ICN, pero hace dos meses estoy solicitándole a Sánitas la autorización para que lo vea el neurólogo y me dice que cambiaron de prestador, que ya no tiene contrato con ICN, sino que la misma EPS lo debe atender, pero cuando voy a apartar la cita, nunca hay agenda disponible", contó.La protesta desató algunos encontronazos entre los mismos usuarios, ya que los manifestantes decidieron no permitir el ingreso de otros pacientes hasta que no les garanticen una solución.Es así como un representante de la EPS se hizo presente en el lugar de la protesta para convocar un diálogo con los manifestantes. De estas conversaciones dependerá el cese o no de la protesta.Respuesta de Sanitas La EPS Sanitas se pronunció frente a esta protesta en un comunicado de prensa en el que explicó que “el equipo del Agente Interventor, Duver Vargas Rojas, solicitó la verificación del estado de la contratación vigente con la red prestadora de servicios en los territorios donde actualmente tiene presencia la entidad, para evaluar su idoneidad y establecer las medidas necesarias para su fortalecimiento”.En ese sentido, Sanitas detalló que, “para el caso de la empresa prestadora del servicio de transporte en la Regional Barranquilla, IPS Hogar Salud, se identificaron incumplimientos de los requisitos legales mínimos exigidos para la prestación de dicho servicio, entre ellos la resolución de habilitación para el servicio de transporte terrestre que expide el Ministerio de Transporte”.Agrega que por esta razón procedió “a contratar y habilitar una red alterna con un prestador de transporte que cumpliera la totalidad de requisitos exigidos, garantizando así de manera ininterrumpida el servicio de transporte para estos afiliados”.“Es importante precisar que el servicio en todo momento se ha garantizado y reiteramos que nunca se ha suspendido la atención o se han negado autorizaciones de transporte”, dijo Sanitas.
Luego de tres meses de haber ordenado la intervención de la EPS Sanitas, la Superintendencia de Salud entregó el primer balance del diagnóstico que hizo el interventor de esta EPS.“Mientras la empresa reportaba pérdidas al final del año, o sea, en los gastos administrativos y todo al final del ejercicio, decían "no, estamos en pérdidas y por eso vamos a un riesgo financiero muy importante, reportaban esas pérdidas, pero aumentaban los gastos administrativos de maneras injustificadas”, reveló el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal.Según Leal, Sanitas gastó más de 104.000 mil millones de pesos en operación de centros médicos.“Es que los centros médicos se supone que son EPS, las EPS funcionan distinto, la EPS no debe pagar como la administración o el funcionamiento de los centros médicos, para eso paga el gasto médico para que en esos centros médicos se haga la atención a los pacientes”, explicó Leal.El funcionario agregó: “No solo pagaban la administración de esas entidades, sino que además les pagaban el arriendo 64 contratos de arrendamiento por un valor total de 4.666 millones de pesos mensuales, es decir, 56.000 millones anuales y además de pagarles el arriendo les pagaban las mejoras en la infraestructura, 800 millones de pesos en esas mejoras”.Además, el superintendente reportó que se firmaron contratos que no tuvieron ningún beneficio para la EPS, citó como ejemplo un contrato con la sociedad, Andrés Murcia Vargas, abogados asociados.La intervención por un periodo de un año la anunció la Superintendencia de Salud alegando supuesta insolvencia de Sanitas, que tiene 5,8 millones de afiliados en Colombia, y deudas de más de dos billones de pesos. Pero Keralty aseguró que la situación de sostenibilidad financiera de la EPS la provoca “en gran medida el mismo Gobierno”.Eso debido a que no hace “los análisis responsables en temas como la insuficiencia de la UPC (Unidad de Pago por Capitación)”, que es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad, “la concentración de riesgo por afiliado y el no reconocimiento de la deuda acumulada”.
Debido a las denuncias que han realizado diferentes afiliados de la EPS Sanitas en las que aseguran que los han contactado telefónicamente para trasladarlos a otras Entidades Promotores de Salud, desde la Superintendencia de Salud explican que la intervención que rige sobre la EPS, no restringe la capacidad de afiliación de nuevos afiliados y tampoco implica el retiro de los servicios en los departamentos donde actualmente hacen presencia.En un comunicado aclaran que no se encuentran en ningún proceso de asignación o promoción de traslados obligatorios de usuarios a otras entidades, y por eso no han autorizado a personas externas a la compañía para adelantar procesos de traslados de afiliados a otras administradoras ni cobrando dinero por ningún tipo de trámite.Agregan que están enfocados en la implementación de las acciones necesarias para dar continuidad a la operación de la EPS, Y que la intervención no compromete los servicios que vienen prestando.“Los usuarios que actualmente se encuentren realizando el proceso de afiliación a la EPS pueden hacerlo sin ninguna restricción. Vale la pena precisar que la medida de intervención no restringe el trámite de afiliación ni la adquisición del plan premium que continúa ofertándose con normalidad”, indicó el agente especial interventor, Duver Vargas Rojas.Finalmente, pide a sus afiliados que, en el caso de presentar inquietudes, podrán resolverlas a través de los canales oficiales y reiteran su compromiso permanente con la salud de los usuarios.
La Fiscalía General de la Nación se ha unido a la Procuraduría General en la investigación de las supuestas irregularidades en la intervención de la EPS Sanitas por parte de la Superintendencia de Salud, bajo la administración de Luis Carlos Leal.Los hechos, catalogados como arbitrarios e ilegales por los denunciantes, motivaron la indagación para clarificar los posibles errores y abusos de función pública ocurridos durante el proceso. La situación escaló hasta la petición de medidas para recuperar la administración de la entidad y asegurar el derecho fundamental a la salud de los afiliados, comprometido según las alegaciones.El origen de esta controversia se sitúa en la orden de intervención forzosa emitida por la Supersalud, justificada por el incumplimiento de indicadores financieros críticos que amenazaban la atención a más de 5.7 millones de afiliados. Sin embargo, Juan Pablo Currea Tavera, representante legal de Keralty (compañía propietaria de Sanitas), argumenta una "falsa motivación" detrás de estas acciones, denunciando la medida como "desproporcionada, discriminatoria y arbitraria", lo que sugiere una posible expropiación y afecta directamente la garantía del derecho a la salud.Las investigaciones han iniciado la recopilación de evidencias, realizando diligencias que incluyen la recolección de declaraciones de los funcionarios implicados y la revisión de legislaciones aplicables. Asimismo, se han documentado las irregularidades no solo en la denuncia sino también en informes de la Procuraduría.Esto incluye la cuestionable designación de Dúver Dicson Vargas Rojas como agente interventor y la revisión de la resolución que fundamenta la intervención. La Procuraduría, además, solicitó a la Supersalud la entrega de documentos relevantes, como la resolución de intervención y detalles sobre quejas, reclamaciones y tutelas relacionadas con EPS Sanitas.Por su parte, el abogado de Sanitas anunció "otra serie de acciones" con el objetivo principal de recobrar la administración de la EPS. La entidad busca evitar cualquier impacto negativo sobre sus usuarios y aspira a retomar el control lo antes posible. En este contexto, también se ha presentado una recusación contra el superintendente Leal, quien es acusado de haber emitido severas críticas hacia las EPS y el sistema de salud colombiano en general a través de sus redes sociales.La indagación de la Fiscalía, que incluye la tarea de verificar la existencia de presuntas irregularidades, se ve reforzada por el llamado a la transparencia y al rigor en la gestión de las EPS por parte de la Procuraduría. Esta entidad ha enfocado su labor en esclarecer los motivos y procedimientos detrás de la intervención de EPS Sanitas, poniendo en relieve la importancia de una administración justa y legal de las entidades prestadoras de salud en Colombia.
La interventora de Famisanar, Sandra Jaramillo, informa que tras casi siete meses de la intervención de la Superintendencia de Salud en la EPS, se ha registrado un avance positivo en diversos aspectos. Se destaca una reducción del 17,7 % en las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR), indicativo crucial de la percepción de calidad en la atención al usuario.Además, se ha logrado reducir en un 25 % la interposición de tutelas y casos de desacato, instancias a las que recurren los usuarios en última instancia para acceder a la atención. Para abordar esto, se ha implementado una herramienta tecnológica que permite un seguimiento más efectivo, antes fuera de control y generador de frustración.En cuanto a la expansión de operaciones, se han inaugurado tres nuevas oficinas y se planea abrir 10 más en todo el país, una vez aprobada la solicitud de la Superintendencia para reanudar la afiliación de usuarios, actualmente suspendida debido a la intervención.“No creo que las EPS estén satisfechas”: exdirectora de Gestarsalud sobre nueva reforma a la saludEn términos de salud, se han observado mejoras significativas en el control del embarazo y se avanza según lo previsto en el Plan de Acción presentado a la Superintendencia, alcanzando metas clave en indicadores de salud.Por otro lado, Famisanar no ha realizado cambios significativos en su red de IPS, pero está en proceso de incorporar más Empresas Sociales del Estado (ESE) para mejorar la accesibilidad de los usuarios.Mientras tanto, la EPS Sanitas continúa sus esfuerzos para mitigar el impacto de las reclamaciones en los indicadores de cumplimiento. El Agente Especial Interventor designado por la Supersalud, Duver Vargas Rojas, ha lanzado un plan estratégico llamado PCR (prevención, contención y respuesta) para supervisar de cerca el desempeño de 65 IPS identificadas, que representan el 70 % de las reclamaciones presentadas por los afiliados."Estas mesas de trabajo tienen como objetivo unir esfuerzos para atender las necesidades de salud de nuestros afiliados y garantizar una atención oportuna, integral y de calidad. Esperamos que estas medidas se sumen al plan de trabajo que presentaremos a la Supersalud en los próximos días", comentó Duver Vargas Rojas, Agente Especial Interventor.El proceso de supervisión priorizó las IPS a nivel nacional que manejan el mayor flujo de atención, abarcando servicios como medicina general, odontología, laboratorio clínico, optometría, oftalmología, imágenes diagnósticas, cirugías y entrega de medicamentos."La próxima semana iniciaremos la evaluación del cumplimiento de las medidas implementadas para reducir en un 50 % las PQR radicadas que aún no han sido respondidas y acompañaremos el proceso para resolver temas relacionados con autorizaciones", agregó Vargas Rojas.Ambas EPS han implementado estas medidas con el objetivo de mejorar la calidad y la oportunidad de la atención médica.
Por diferentes puntos de la ciudad, el agente especial interventor de EPS Sanitas, Duver Vargas Rojas, inició el proceso que se ha llevado a cabo en paralelo con la implementación de medidas de contención para abordar el crecimiento en los indicadores de reclamaciones.Durante este período inicial se ha puesto énfasis en los puntos de atención con mayor volumen de operación en el país, donde mensualmente se atienden aproximadamente a 20.000 personas y se resuelven alrededor de 950 solicitudes diarias. Las quejas más recurrentes están relacionadas con la oportunidad en el agendamiento de citas y la entrega de medicamentos, aspectos en los que se está trabajando para reducir los tiempos de espera y satisfacer las necesidades de los afiliados.Una de las primeras acciones ha sido el reconocimiento de las principales oficinas de atención en Bogotá, dado que las mayores de las quejas se concentran en esta ciudad. El interventor Vargas ha destacado la importancia de garantizar una respuesta rápida y dándole respuesta a todas las necesidades de salud de los usuarios, priorizando la descongestión del proceso que enfrenta más de 19.000 quejas mensuales.El interventor ha señalado que el desafío a corto plazo es fortalecer los canales de atención para cerrar las brechas en la atención de los afiliados, particularmente en el régimen contributivo, que concentra el 89 % de las quejas hasta el momento. Este proceso de intervención busca mejorar la experiencia y la calidad de los servicios de salud ofrecidos por la EPS Sanitas, priorizando siempre las necesidades de los usuarios.
La Policía Nacional capturó este viernes en Medellín a Robinson Alexander Foronda Galeano y Juan Esteban Atehortúa Acevedo, señalados de presuntamente perpetrar el crimen del líder comunitario Luis Fernando Osorio Soto, el pasado 3 de enero en la vereda Orizaba de Andes, Suroeste de Antioquia.Foronda y Atehortúa tenían orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto calificado y agravado, por lo sucedido a este líder, quien además era enfermero de varias zonas rurales de Andes.De acuerdo con la investigación de las autoridades, la víctima se habría resistido al hurto de su vivienda y cuentas bancarias, no obstante, en mayo de este año capturaron a Juan Esteban Acevedo Arteaga, alias 'Juancito', quien al parecer hizo retiros de las cuentas bancarias del líder social por 19 millones de pesos. En total le fueron robados, entre dinero y otros elementos de valor, algo más de 20 millones de pesos.Para el caso de alias 'Juancito', un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario el 28 de mayo, mientras avanza el proceso judicial.Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2023, cuando varios hombres armados, habrían ingresado a la vivienda de la víctima y llevado en contra de su voluntad a un sitio solitario y despoblado. Días después, el 3 de enero de este año, el cuerpo fue encontrado atado de manos y pies, además con varias heridas de arma de fuego y politraumatismos en cabeza y tórax, según la Fiscalía.
El Gobierno chileno envió este viernes a Venezuela una nota de protesta por haber impedido ingresar al país a los senadores Felipe Kast (centroderecha) y José Manuel Rojo Edwards (ultraderecha), invitados por la oposición venezolana como observadores en las elecciones del domingo en las que Nicolás Maduro busca la reelección."El Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta debido a que no se permitió el ingreso a ese país a los senadores José Manuel Rojo Edwards y Felipe Kast", dijo la Cancillería en un escueto comunicado.Kast, del partido Evópoli, informó en sus redes sociales que iban a ser deportados porque no cumplían "con el perfil ni las condiciones de ingresar al país".Edwards, del ultraderchista Partido Social Cristiano, indicó por su parte que "Maduro ha traído miseria y hambre" y "debe saber que Latinoamérica entera va a defender la democracia del pueblo bravo de Venezuela".La Presidencia del Senado chileno aseguró que los hechos son "antidemocráticos" y "denotan la mayor gravedad" porque "los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio".Maduro, en el poder desde 2013, se enfrentará el domingo a Edmundo González Urrutia, un exdiplomático de 74 años que se convirtió en el candidato de la oposición luego de que la exdiputada María Corina Machado fuera inhabilitada, y que lidera la intención de voto según las encuestadoras tradicionales del país suramericano.El chavismo, sin embargo, asegura que Maduro ganará, pese a que los sondeos independientes reflejan el hastío de gran parte de la población en medio de una feroz crisis económica que devastó al país en la última década.La deportación de los senadores chilenos tiene lugar horas después de que Venezuela impidió la entrada de una delegación de parlamentarios del Partido Popular (PP) de España y también de un grupo de expresidentes latinoamericanos en un avión que no pudo despegar desde Panamá hasta que los exmandatarios no bajaron de la aeronave.
En la semana epidemiológica que realizó, el Instituto Nacional de Salud reportó un total de 2,375 casos de hepatitis, desglosados en hepatitis B, C y coinfección B-Delta. La cifra se compone de 1,348 casos de hepatitis B, 1,025 de hepatitis C, 2 de hepatitis Delta y 1 transmisión maternoinfantil. Por otra parte, la tasa de incidencia para hepatitis B se estimó en 2.6 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que para hepatitis C fue de 1.0 casos por cada 100,000 habitantes. La tendencia general indica un aumento en la incidencia de estas enfermedades.¿Cómo está la hepatitis en Colombia?Las ciudades con mayor número de casos de hepatitis B fueron Bogotá D.C., Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Cali. Para hepatitis C, las principales ciudades afectadas incluyeron Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Armenia. Los casos de hepatitis D se concentraron en Bogotá D.C. y Neiva.Hombres, los más afectados por Hepatitis BEl análisis por género muestra que la hepatitis B afecta más a los hombres, con una tasa de incidencia de 3.1 casos por 100,000 habitantes, frente a 1.1 casos en mujeres. En los hombres, se observó una disminución estadísticamente significativa en los casos de hepatitis B en el grupo etario de 15 a 19 años y un aumento en el grupo de 65 a 69 años. Entre las mujeres, se registró una disminución en los casos en el rango de 30 a 34 años y un aumento en el grupo de 60 a 64 años.Disminuye la hepatitis B en mujeres embarazadas en ColombiaDe los casos de hepatitis B reportados, el 4.6 % correspondió a mujeres embarazadas, lo que representa una disminución estadísticamente significativa en comparación con el año anterior. El principal mecanismo de transmisión de la hepatitis B fue sexual, representando el 72.6% de los casos, seguido de la transmisión percutánea o parenteral con el 7.1%. Además, el 3.8% de los casos correspondió a poblaciones indígenas y el 3.6% a negros, mulatos o afrodescendientes, con una disminución estadísticamente significativa en estos últimos grupos comparado con el año anterior.
Una verdadera crisis atraviesa la negociación entre la Alcaldía de Cartagena y la Asociación Cartagenera de Cocheros en medio del proceso de sustitución de coches de tracción animal por coches eléctricos, luego de que un grupo de propietarios y conductores de coches protestaran en contra dicho proceso.Tras varios días de silencio, el alcalde Dumek Turbay se pronunció al respecto asegurando que el proceso de transición en la ciudad no tiene reversa, y que no se volverá a sentar a la mesa con quienes protagonizan esta protesta que calificó como ‘difamatoria’.“En el mes de septiembre vamos a escoger a 15 cocheros, no a dueños de coches, sino a 15 cocheros de la ciudad de Cartagena y los vamos a llevar a Santo Domingo, donde hay un proceso exitoso de sustitución de coches (…) y para los cocheros que hicieron la protesta que fue irrespetuosa, que utilizó palabras difamatorias y calumniosas con el gobierno y conmigo, pues tenemos que decirles que no tenemos nada de que hablar, el diálogo se ha roto por esa actitud, por promocionar la mentira, como argumento de defensa y por creer que amedrentan el gobierno”, dijo.El mandatario señaló que la protesta habría sido incentivada más por los “dueños de los coches que por los cocheros”, y que espera que antes de las Fiestas de Independencia ya estén en la ciudad los primeros 30 coches eléctricos.“Una cosa es el cocheros y una cosa es el dueño de los coches (…) Yo tengo la impresión que la protesta última fue de los dueños de los coches, no de los cocheros, porque lo hemos dicho es que los 60 coches que vamos a adquirir los van a administrar los cocheros, la misma Asociación de Cocheros, y los coches eléctricos tendrán todo el respaldo nuestro, dos años de garantía, dos años de acompañamiento, recursos para que ellos puedan pasar de cochero a empresarios de un servicio turístico”, sostuvo.El alcalde dijo, además, que ya tienen los recursos asegurados para la compra de los 60 coches eléctricos, y que a finales de julio estaría lista la resolución del Ministerio de Transporte que permitirá avanzar en el proceso de transición.Recordemos que el pasado 22 de julio un grupo de cerca de 30 cocheros y propietarios protestaron frente a la Alcaldía de Cartagena para exigir garantías en el proceso de sustitución y claridad sobre una resolución del Ministerio de Transporte que regulará esta actividad.Señalaron que fueron “engañados” por el alcalde Dumek Turbay y que se han sentado en mesas de negación, pero no han sido realmente escuchados.
La prohibición de un vuelo en el que exgobernantes latinoamericanos iban a viajar de Panamá a Venezuela para ser observadores electorales y la deportación de otros veedores aumentaron este viernes la tensión antes de las presidenciales del fin de semana, en las que Nicolás Maduro busca un tercer mandato.Maduro, de 61 años y en el poder desde 2013, tiene como principal rival al diplomático Edmundo González Urrutia, de 74, postulado por la alianza opositora Plaforma Unitaria ante la inhabilitación política de su candidata original, María Corina Machado, y otros dirigentes.Autoridades venezolanas impidieron el despegue desde el aeropuerto panameño de Tocumen de un vuelo de Copa Airlines que tenía entre sus pasajeros a los exmandatarios, denunció este viernes el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.Se trata de los exgobernantes Mireya Moscoso (Panamá), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Jorge Quiroga (Bolivia) y Vicente Fox (México), miembros de la derechista Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) y fuertes críticos de Maduro."El avión (estaba) lleno, completamente lleno, de venezolanos que iban a votar", relató Moscoso en una rueda de prensa. "Vimos lágrimas, (gente) llorando diciéndonos: ¡por favor, quédense, no se vayan!".Fox, en tanto, lo consideró una "mala señal".El miércoles, el poderoso líder chavista Diosdado Cabello adelantó que se les impediría la entrada."Si usted no está invitado a una fiesta, ¿qué le dicen? (...), le dicen: 'por favor, tenga la amabilidad, y se retira' (...). No están invitados, son showseros", dijo Cabello en su programa en la televisión estatal. "Acá no van a venir a joder", agregó.Diez congresistas y eurodiputados del Partido Popular (PP) español, así como una parlamentaria de Colombia y otra de Ecuador, denunciaron después su deportación a su llegada al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas."Nos expulsan (...). Lamentablemente la policía de Maduro es implacable", dijo en la red social X el portavoz parlamentario del derechista PP, Miguel Tellado.Consultado sobre el caso de los expresidentes del Grupo IDEA, un funcionario de Estados Unidos que pidió anonimato solicitó al gobierno venezolano "reconsiderar esta decisión y permitir una mayor presencia internacional".Estos incidentes se suman a las alarmas que despertó en la región una advertencia de Maduro sobre "un baño de sangre" si ganase la oposición, palabras por las cuales los presidentes de Brasil y Chile, Luiz Inácio Lula da Silva y Gabriel Boric, expresaron preocupación.Todo listo Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los gobiernos de América Latina desconocieron la reelección de Maduro en 2018 en elecciones boicoteadas por la oposición, que las calificó como un fraude."Tenemos todo listo", dijo este viernes el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, en un acto en Caracas con veedores internacionales que sí fueron invitados.El proceso de instalación de las más de 30.000 mesas de votación se puso en marcha en horas de la mañana, marcado por denuncias de activistas opositores sobre retrasos. Sin embargo, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, defendió el despliegue del Plan República, el operativo de seguridad para custodiar los comicios."¡Alerta! Se pretende desde ya, con denuncias tendenciosas a través de las RRSS (redes sociales), enrarecer el clima electoral", cuestionó en X Padrino, quien esta semana negó que la Fuerza Armada vaya a ser "árbitro".González Urrutia pidió a esa institución "respetar y hacer respetar" los resultados en las urnas.Machado informó que conversó con los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Luis Lacalle Pou. Les agradeció en X "su solidaridad y respaldo" en la "lucha por la democracia"."Siempre estaremos junto al pueblo venezolano", le respondió Milei.Detenciones masivas La ONG de derechos humanos Foro Penal denunció también este viernes que 135 personas vinculadas con la campaña del opositor González Urrutia han sido arrestadas, de las cuales 47 permanecen detenidas."Desde enero hasta acá se han producido 149 arrestos arbitrarios por motivos políticos (...) y 135 están directamente vinculados con lo que fue la gira nacional y la campaña ya propiamente dicha de María Corina Machado con Edmundo González Urrutia", dijo a la AFP su director, Gonzalo Himiob.Hay 10 candidatos en este proceso electoral al que están llamados a participar 21 millones de los 30 millones de venezolanos. Las encuestas favorecen a González Urrutia, pero el chavismo las desestima y acusa a sus adversarios de planear desconocer los resultados y generar violencia.