El número de quejas que presentan los colombianos contra las EPS mostró una reducción en los últimos meses. Según el más reciente seguimiento de la Superintendencia Nacional de Salud, entre marzo y junio de 2026 el indicador general de reclamos pasó de 37,57 a 35,04, una disminución cercana al 7 % que refleja una mejora en el comportamiento de la mayoría de las aseguradoras del país.Sin embargo, el panorama no es igual para todas las entidades. La Superintendencia identificó que Sanitas, Salud Total y SURA fueron las únicas EPS que incrementaron sus indicadores de quejas entre mayo y junio, mientras el resto del sector mantuvo una tendencia a la baja. Ante este resultado, la entidad anunció el inicio de acciones de inspección y vigilancia para establecer qué está provocando el aumento de las reclamaciones y verificar si existen fallas en la prestación de los servicios de salud o en la atención que reciben los afiliados. Si durante estas actuaciones se encuentran incumplimientos, las EPS podrían enfrentar las sanciones contempladas en la ley.El superintendente delegado para la Protección al Usuario, Juan David Duque, aseguró que, aunque el balance general es positivo por la reducción de las quejas en la mayoría de las EPS, preocupa que estas tres entidades registren un comportamiento contrario a la tendencia nacional.Las quejas que reciben las autoridades corresponden principalmente a problemas con la entrega de medicamentos, demoras en la asignación de citas médicas, autorizaciones de procedimientos, acceso a especialistas y otras dificultades relacionadas con la atención en salud.Con este monitoreo permanente, la Superintendencia busca detectar de forma temprana posibles fallas en el servicio y exigir a las EPS las mejoras necesarias para garantizar una atención oportuna y proteger los derechos de millones de usuarios del sistema de salud.
Keralty publicó el lunes 20 de julio un comunicado en el que rechazó las recientes acusaciones formuladas por el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, en donde se refirió en contra de la organización y sus trabajadores. La empresa calificó los señalamientos como "gravísimos e infundados" y aseguró que afectan no solo a la compañía, sino también a miles de profesionales de la salud.En el comunicado, la organización sostuvo que durante los últimos cuatro años enfrentó decisiones gubernamentales que, según afirma, buscaron debilitar el modelo de aseguramiento en salud. Keralty aseguró que las intervenciones administrativas, las campañas de desprestigio y los ataques públicos hicieron parte de una estrategia para afectar su operación y la de la EPS Sanitas.El presidente de Keralty, Joseba Grajales, aseguró que decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado le han dado la razón a la compañía en varios procesos relacionados con la intervención de EPS Sanitas, al dejar sin efectos algunas medidas y concluir que se vulneró el debido proceso. También señaló que la devolución de la administración de la EPS, las órdenes de rectificación y el reconocimiento de perjuicios son decisiones judiciales que respaldan su posición.Keralty también aseguró que continuará acudiendo a las instancias judiciales nacionales e internacionales para proteger su buen nombre y el de sus directivos y trabajadores. Además, manifestó su confianza en que los procesos penales, disciplinarios y fiscales en curso permitirán establecer las responsabilidades correspondientes.La organización rechazó las acusaciones relacionadas con supuestos crímenes, genocidio o financiación ilícita, afirmando que estos señalamientos han sido desmentidos en escenarios judiciales.Finalmente, el presidente de Keralty, Joseba Grajales, reiteró el compromiso de la compañía con la permanencia en Colombia y con la prestación de servicios de salud. "Seguiremos cuidando la salud y la vida", es como concluye el comunicado, en el que la organización asegura que continuará trabajando por fortalecer el sistema de salud y recuperar la confianza institucional.
La Superintendencia Nacional de Salud ordenó a Nueva EPS, Salud Total, Sanitas y EPS SURA implementar un plan de choque para reducir las demoras en la asignación de citas médicas, luego de evidenciar un aumento en las reclamaciones presentadas por los usuarios durante el mes de julio.La decisión fue anunciada tras analizar las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD) recibidas hasta el 10 de julio, periodo en el que estas cuatro entidades concentraron el 55,32 % de los casos registrados por la Superintendencia.Nueva EPS encabeza el listado con 8.328 reclamaciones, equivalente al 14,62 % del total. Le siguen Salud Total, con 8.062 quejas (14,15 %); Sanitas, con 7.576 (13,30 %), y EPS SURA, con 7.546 (13,25 %).Ante este panorama, la Superintendencia exigió a las EPS adoptar medidas inmediatas para reducir los tiempos de espera en la asignación de citas, descongestionar la agenda de consultas y atender los casos que permanecen represados.El superintendente delegado para la Protección al Usuario, Juan David Duque, afirmó que los ciudadanos no deberían tener que acudir a la entidad para lograr la asignación de una cita médica y recordó que este servicio constituye una obligación de las EPS y un derecho de los pacientes.El organismo de control advirtió que hará seguimiento permanente al cumplimiento del plan de choque y al comportamiento de las reclamaciones para verificar que las entidades mejoren la oportunidad en la atención.Asimismo, señaló que, si las EPS no implementan las medidas ordenadas o persisten las demoras en la prestación del servicio, iniciará acciones de inspección, vigilancia y control, y aplicará las medidas administrativas a que haya lugar.
La atención de cientos de usuarios de la EPS Sanitas en la clínica San Luis de Bucaramanga podría verse afectada a partir del próximo 30 de julio, luego de que sus directivas anunciaran un preaviso de suspensión de los servicios debido al incumplimiento en el pago de una deuda que asciende a $13.000 millones.La decisión fue comunicada por las directivas de la institución mediante una carta enviada a la EPS, en la que advierten que, si antes de esa fecha no se materializan acuerdos concretos de pago, dejarán de prestar el servicio integral a los afiliados de Sanitas.En diálogo con Blu Radio, el gerente de la Clínica San Luis, Sergio Prada, aseguró que la institución atraviesa una de las peores crisis financieras de los últimos años y atribuyó la situación al incumplimiento en los pagos por parte de varias EPS."Ha sido un año muy complicado. Nos adeudan mucho dinero y no nos cumplen. Esto es una cadena: cuando a nosotros no nos pagan, nosotros dejamos de cumplir nuestras obligaciones. Lo más grave es empezar a retrasar el pago de salarios a los trabajadores y a los proveedores de medicamentos e insumos que necesitamos para la atención diaria", afirmó.La Clínica San Luis es una de las principales instituciones especializadas en atención materno-infantil en Santander. De concretarse la suspensión, los principales afectados serían los afiliados de Sanitas, especialmente la población pediátrica, las mujeres gestantes y las pacientes de ginecología de Bucaramanga, su área metropolitana y municipios del área de influencia.El gerente advirtió además que la situación compromete la continuidad de tratamientos altamente especializados, entre ellos la atención de niños con cáncer que actualmente reciben manejo médico en la institución.Prada explicó que, pese a las múltiples reuniones sostenidas con la EPS desde comienzos de este año, no se han cumplido los compromisos adquiridos."Venimos trabajando desde enero con ellos y no se ha logrado nada efectivo para la clínica. Lo que exigimos es que las directivas nacionales de Sanitas cumplan los acuerdos que previamente fueron pactados y firmados. No se trata solo de dar la cara, sino de cumplir", manifestó.El directivo aclaró que, por ahora, la clínica únicamente emitió un preaviso dirigido a la EPS Sanitas."La única carta que hemos enviado es un preaviso en el que informamos que hasta el 30 de julio podremos seguir prestando el servicio integral a los usuarios de Sanitas. Esperamos que antes de esa fecha se llegue a una solución", señaló.La deuda de Sanitas se suma a otros compromisos pendientes que mantienen en una situación crítica a la institución. Según Prada, la Clínica San Luis acumula cerca de $34.000 millones en cartera con distintas EPS.Además, recordó que aún esperan el pago de $15.000 millones correspondientes a obligaciones dejadas por EPS liquidadas como Coomeva, Solsalud y Coosalud, recursos que, asegura, nunca fueron recuperados pese a las intervenciones realizadas por el Gobierno Nacional."Hoy tenemos una situación muy grave. Algunas EPS han venido cumpliendo, pero otras no. Esto termina poniendo en riesgo la atención de los pacientes y también afecta a médicos, enfermeras, odontólogos y todo el personal del sistema de salud, porque cuando no llegan los recursos, se empiezan a retrasar salarios y pagos a proveedores", explicó.El gerente hizo un llamado al Gobierno para adoptar medidas urgentes que permitan aliviar la crisis financiera del sistema de salud y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios."Aquí el problema está diagnosticado desde hace mucho tiempo. No hay que inventar nada nuevo, hay que actuar. Se necesitan recursos para pagar las deudas que están ahogando a las IPS y garantizar que los pacientes no terminen siendo los principales perjudicados", concluyó.
Su hija, Nancy Carrillo, denuncia que su madre tiene fiebre y está delicada de salud, pero ambas entidades le niegan el servicio con el mismo argumento: no aparece activa.““Ante el deficiente servicio de la Nueva EPS, aún pagando el plan complementario, nos vimos en la necesidad de trasladar a mi madre a Sanitas con su plan premium. (...) La semana pasada me enteré de que ya no estaba en Sanitas porque la Nueva EPS la había solicitado de nuevo”, indicó la hija de la paciente.El enredo empezó en enero de 2026. Carrillo tramitó el traslado de su madre desde Nueva EPS hacia Sanitas el 21 de ese mes, insatisfecha con la atención que recibía.El traslado se hizo efectivo el 1 de marzo. Hasta el 28 de febrero, Nueva EPS atendió a la paciente; desde el 1 de marzo, Sanitas asumió su cobertura con plan complementario.El problema llegó en abril. Según Carrillo, Nueva EPS solicitó de nuevo a su madre sin que la familia lo autorizara ni lo pidiera.A partir de ahí, los registros se contradicen entre sí. Un certificado de la EPS Sanitas del 2 de mayo reporta a la paciente como desafiliada, con retiro desde el 30 de abril.Un certificado de Nueva EPS del 30 de abril la muestra como cancelada por traslado desde el 1 de marzo. Pero la base de datos oficial de ADRES, consultada también el 2 de mayo, la registra como activa en Nueva EPS desde el 1 de ese mes, con vigencia indefinida.“Hoy mi madre ha estado con fiebre, ha estado delicada de salud y Sanitas no le presta el servicio. ¿Por qué? Porque no está activa. Y la Nueva EPS tampoco le presta el servicio. ¿Por qué? Porque no está activa. ¿Quién me responde? ¿Quién nos dará una solución a esta situación tan grave, vital y gravísima?”, insistió Nancy Carrillo.La familia radicó dos reclamos formales. Uno ante Sanitas el 30 de abril. Otro ante la Superintendencia Nacional de Salud, para denunciar la falta de servicio y las irregularidades en la afiliación.La denunciante advierte que ella misma gestionó todos los trámites, habló con las dos entidades y conserva los soportes y documentos de cada paso del proceso. Pese a eso, su madre quedó en un limbo administrativo del que ninguna entidad quiere hacerse responsable. Cuestiona quién responde por una situación que califica de grave y vitalmente urgente.
La Asociación de Usuarios Sanitas informó sobre un cambio en la dispensación de medicamentos para afiliados de la EPS Sanitas, luego de conocer que el gestor farmacéutico Cruz Verde dejaría de prestar este servicio a partir del 1 de octubre de 2026 o antes de esa fecha.De acuerdo con el comunicado, la Asociación estableció contacto con directivos de ambas entidades para verificar la información. Según lo indicado, la decisión correspondería a una determinación unilateral por parte del gestor farmacéutico.Ante este escenario, la organización solicitó a la EPS Sanitas activar procesos de contingencia que permitan garantizar la continuidad en la entrega de medicamentos. También pidió que, antes de la fecha anunciada, se defina qué entidad asumirá la dispensación para los usuarios.En el documento se señala que la entrega de medicamentos ha sido una de las principales preocupaciones de pacientes y usuarios en el contexto actual del sistema de salud. Por ello, se instó a mantener el suministro mientras se resuelven las dificultades en los procesos de distribución.La Asociación también solicitó el seguimiento a otros gestores farmacéuticos que actualmente operan en distintas regiones del país, con el fin de realizar ajustes en los mecanismos de entrega.Finalmente, la Junta Directiva Nacional, encabezada por Gloria Elena Quiceno Acevedo, anunció que continuará realizando labores de veeduría y que informará a los afiliados cuando se confirme quién asumirá la dispensación de medicamentos.
La crisis financiera del sistema de salud en Colombia vuelve a quedar en evidencia. Blu Radio conoció, mediante un derecho de petición a la Superintendencia Nacional de Salud, que las EPS intervenidas por el Estado acumulan deudas por 19,17 billones de pesos, con corte a noviembre de 2025, una cifra que refleja la profundidad del problema estructural del sector.El desglose por entidades muestra el peso de estas obligaciones:Savia Salud: $1,59 billonesAsmet Salud: $2,15 billonesCapresoca: $346.606 millonesCoosalud: $6,25 billonesEmssanar: $2,97 billonesFamisanar: $4,43 billonesSOS: $1,43 billonesLejos de disminuir, las deudas han mantenido una tendencia creciente en los últimos años, lo que pone en duda la efectividad de las intervenciones estatales. Aunque la Superintendencia sostiene que este comportamiento hace parte de una dinámica general del sistema, lo cierto es que estas EPS concentran una parte significativa de las obligaciones.En la práctica, esta situación se traduce en hospitales y clínicas con problemas de liquidez, retrasos en pagos al personal de salud y dificultades para garantizar insumos, medicamentos y atención oportuna a los pacientes.Frente a este panorama, la Superintendencia indicó en el documento que ha ordenado medidas dentro de los procesos de intervención. Entre ellas, la implementación de planes de trabajo obligatorios por parte de los agentes interventores, con metas, cronogramas e indicadores para la conciliación, depuración y pago de las deudas.Además, durante 2025 se realizaron 21 mesas de flujo de recursos en todo el país, con participación de EPS y prestadores, que permitieron avanzar en acuerdos de pago, organización de cartera y priorización de obligaciones, especialmente con hospitales públicos.También dijo que se han exigido controles más estrictos sobre el manejo de los recursos, incluyendo medidas cautelares para verificar que el dinero se destine efectivamente al pago de servicios de salud y garantizar la continuidad en la atención.Sin embargo, los resultados aún no son suficientes. El crecimiento de los pasivos evidencia que el problema no es solo de gestión, sino estructural. Incluso, la propia Superintendencia reconoce que parte del aumento responde a procesos de auditoría, ajustes contables y reconocimiento de deudas que antes no estaban registradas.A esto se suma otro factor crítico: las fallas en la entrega de medicamentos, que hoy tienen múltiples causas. Entre ellas, según lo que indica la Superintendencia Nacional de Salud en el informe conocido por Blu Radio, están la sobredemanda, la escasez de insumos, la falta de interés de la industria en ciertos productos de baja rentabilidad y las dificultades en el flujo de recursos entre EPS y gestores farmacéuticos.También se identificaron problemas como incumplimientos en los pagos, fallas logísticas, debilidades en la contratación y una oferta limitada de operadores farmacéuticos, lo que termina afectando directamente la dispensación oportuna de medicamentos a los usuarios.
La cadena de farmacias Cruz Verde anunció que no prorrogará su contrato de dispensación de medicamentos con Sanitas EPS, cuya vigencia finaliza el 30 de septiembre de 2026.La decisión, que ya fue comunicada a las autoridades competentes, entrará en efecto a partir del 1 de octubre de ese año. Según informó la compañía, el anuncio se realizó con seis meses de anticipación con el objetivo de facilitar una transición ordenada en la prestación del servicio.Cruz Verde señaló que durante este período mantendrá la continuidad en la entrega de medicamentos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), en las condiciones actuales, y brindará acompañamiento a Sanitas y a los nuevos gestores farmacéuticos que la entidad designe.La empresa destacó la importancia de garantizar el acceso de los usuarios a medicamentos y otros productos necesarios para el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, por lo que insistió en que la medida busca evitar afectaciones durante el proceso de cambio.Cruz Verde afirma que sigue siendo un actor clave en la generación de salud y aclara que mantendrá su posición como una de las principales cadenas de droguerías con presencia a nivel nacional.
Siguen las reacciones tras conocerse la expedición por parte del Gobierno nacional del decreto 0182 que reorganiza el funcionamiento de al menos 20 EPS en el país y sobre el cual ya se conoce uno de los primeros recursos legales interpuestos por usuarios.Y es que ante el Tribunal Administrativo de Antioquia fue interpuesta una acción popular con una medida cautelar de urgencia que busca principalmente que no se realicen asignaciones de pacientes de otras entidades a Nueva EPS en vista de su deterioro en el calidad del servicio y su intervención por parte del Gobierno nacional.El mecanismo constitucional fue radicado ante la Sección Primera por parte de Víctor Raúl Palacio, representante principal de la Asociación de usuarios de Sanitas en Medellín, un paciente con dificultades cardíacas y a quien a le preocupa asuntos como el reinicio de su tratamiento en la nueva entidad a la que será asignado."A mí me trasladan fuera de que yo estoy operado, llevo seis meses de operado, me están tratando y me debo de ir a otro a otra EPS, donde tengo que empezar de nuevo con un tratamiento que ya llevo varios años", señaló Palacio.Palacio se refirió a la complejidad para la atención de usuarios que en la actualidad registra esta EPS en la capital antioqueña y que, según él, demuestra la falta de cumplimientos para operar en relación con su capital y patrimonio adecuado."Eso estaba totalmente aborratado de gente reclamando medicamentos, reclamando fórmula. No quieren dar operaciones, no quieren dar todas las citas dicen que están, no hay agendas, y los van a mandar para una nueva EPS que está intervenida", aseguró el representante de los usuarios de Sanitas.Sobre el polémico decreto el Gobierno nacional ha manifestado que se trata de una medida para corregir desequilibrios en la prestación del servicio y evitar fallas en la atención en salud conservando con plena cobertura en los 1.102 municipios del país solo a Nueva EPS.Se estima que de los 6 millones de usuarios que tendrían traslados obligatorios, 2.6 irían a Nueva EPS, una institución que según la Defensoría del Pueblo, entre 2024 y 2025 aumentó en reclamos hasta en un 107%, al pasar a 14.603 quejas registradas solo el año anterior.
Más de 300 niños con diversas condiciones médicas se quedaron sin atención terapéutica este martes luego de que la fundación Asopormen suspendiera sus servicios por falta de pago de la EPS Sanitas, situación que genera profunda preocupación entre padres de familia y defensores de los derechos de la infancia.Kren Giraldo, vocera de la fundación, denunció que desde las 7:00 de la mañana esperaron una respuesta de la EPS y protestaron frente a sus instalaciones, para evitar la suspensión del servicio, pero finalmente se vieron obligados a cerrar sus puertas.“Hoy nos suspendieron servicios en Asopormen por falta de pago de la EPS Sanitas. Mañana volvemos a plantar protesta. Son más de 300 niños que necesitan atención urgente en terapias. El daño es muy grande”, afirmó.Giraldo recordó que una situación similar ya se había presentado hace dos años, pero en esta ocasión, aseguró, no hubo tiempo para gestionar una solución antes de la suspensión.“No nos dieron tiempo de gestionar, hoy Asopormen nos cerró las puertas y seguimos sin servicio. Mañana protestaremos nuevamente”, señaló.Según la fundación, Sanitas les informó que la suspensión se debe a la falta de giros del Gobierno Nacional, lo que ha generado un grave impacto en la prestación del servicio.La representante de Asopormen fue enfática en que no puede existir una barrera administrativa frente a los derechos fundamentales de los niños, y anunció acciones legales inmediatas.“Ya realizamos las diferentes quejas ante la Superintendencia de Salud y procederemos a iniciar incidentes de desacato”, indicó.Padres de familia expresaron su angustia ante la interrupción de tratamientos que consideran vitales para el desarrollo y bienestar de sus hijos, y pidieron la intervención urgente de las autoridades de salud para restablecer los servicios, señalan que mañana 7 de enero protestarán nuevamente.
Un carro que llegue a la revisión tecnomecánica con luces en mal estado, desalineadas o que no funcionen correctamente puede ser rechazado, ya que se trata de una de las razones comunes de reprobación durante la inspección, que verifica el estado de las luces de parqueo, direccionales, freno, reversa y las delimitadoras o de posición, según dijo ASOCDA a Blu Radio.Y es que el panorama de alto incumplimiento de la tecnomecánica en Colombia no es menor. De los 22.161.912 vehículos matriculados en el país, más de 10 millones evaden actualmente la revisión, según el más reciente informe de la Asociación Nacional de Centro de Diagnóstico Automotor.Durante el primer semestre de 2026, la tasa nacional de evasión llegó al 55,98 %, mientras que en los últimos cinco años se ha mantenido por encima del 50 % del parque automotor registrado.¿Qué problemas en las luces hacen que rechacen un carro?Entre las fallas que pueden provocar el rechazo están el mal estado, la desalineación o el no funcionamiento de las luces del vehículo.La revisión contempla las luces de:Parqueo.Direccionales.Freno.Reversa.Delimitación.Posición.Por tratarse de elementos utilizados para iluminar la vía o advertir a otros conductores sobre las maniobras del vehículo, una falla en estos componentes puede impedir que el carro obtenga el certificado de la tecnomecánica.Por eso, antes de llevar el vehículo al Centro de Diagnóstico Automotor (CDA), es importante comprobar que las diferentes luces funcionen y que no presenten problemas visibles de estado o alineación.¿En qué regiones están rechazando más vehículos en 2026?Las cifras del informe muestran diferencias importantes entre las regiones del país. San Andrés y Providencia registra el mayor porcentaje de revisiones rechazadas, con un 51,83 %. Le siguen Chocó, con 31,42 %, y Arauca, con 26,39 %.Por tipo de vehículo, las motocicletas son las que acumulan el mayor número de rechazos en lo corrido de 2026, con 167.170 unidades que no superaron la inspección técnica.El panorama contrasta con el nivel de evasión de la revisión. Amazonas registra la tasa más alta del país, con 96,95 % de evasión, seguido por Guainía, con 93,79 %, y Vichada, con 93,42 %.A nivel municipal también aparecen cifras elevadas: Aguachica alcanza 90,93 % de evasión y La Dorada, 74,48 %.¿Qué pasa si rechazan mi carro en la tecnomecánica?Cuando un vehículo es rechazado, el propietario tiene 15 días calendario para corregir los defectos identificados y volver a presentarlo para una segunda inspección.Si en esa segunda revisión el carro vuelve a incumplir los estándares, el propietario deberá pagar nuevamente el costo de la revisión para poder obtener el certificado.También será necesario realizar una nueva revisión completa y asumir nuevamente el costo del procedimiento si el propietario no presenta el vehículo dentro del plazo de 15 días.Por eso, una falla en las luces no debería dejarse para el momento de la inspección: si alguna está dañada, no funciona, presenta problemas de alineación o tiene algún otro defecto, debe corregirse antes de acudir al CDA.¿Cuántos vehículos tienen la tecnomecánica al día?A pesar del nivel de evasión, el número de vehículos que cumplen con la RTMyEC aumentó durante el último año. En el primer semestre de 2026, 3.810.725 vehículos estaban certificados, frente a 3.629.782 en el mismo periodo de 2025. Esto representa un incremento de 180.943 vehículos, equivalente al 5 %.La red de CDA cuenta actualmente con 930 líneas de inspección para motocicletas, 432 para vehículos livianos, 294 líneas mixtas y 13 exclusivas para vehículos pesados.Sin embargo, la infraestructura disponible permanece ampliamente subutilizada. El porcentaje mensual de vehículos inspeccionados frente a la capacidad autorizada no supera el 10,59 %, según el informe.
La Corte Constitucional estableció una serie de condiciones que deberán ser tenidas en cuenta por el Gobierno Nacional al momento de definir la Unidad de Pago por Capitación, UPC, para 2027, el valor que financia los servicios y tecnologías de salud de los afiliados.En el Auto 1302 de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 reiteró que el Ministerio de Salud debe demostrar, con información técnica y verificable, que los recursos asignados son suficientes para cubrir las necesidades del sistema.Uno de los puntos centrales de la decisión es que la UPC integral del régimen subsidiado no podrá ser inferior al 95% de la UPC integral del régimen contributivo, mientras no exista evidencia técnica que justifique una diferencia mayor.La Corte también advirtió que el cálculo de la UPC no puede limitarse a actualizar valores históricos ni estar determinado únicamente por las restricciones presupuestales. El Ministerio de Salud deberá establecer técnicamente cuánto dinero requiere el sistema para garantizar los servicios y tecnologías financiados mediante esta prima.Además, la Sala ordenó identificar y cuantificar el posible rezago acumulado de la UPC, diferenciándolo de factores como problemas de gestión, ineficiencias o dificultades de flujo de recursos de las EPS.La decisión también involucra al Ministerio de Hacienda, al que se le reiteró la obligación de garantizar los recursos necesarios para cumplir las órdenes relacionadas con la financiación del sistema de salud.El Ministerio de Salud tendrá que presentar, a más tardar el 15 de enero de 2027, un informe a la Corte con la metodología utilizada, la calidad de la información, la justificación técnica del valor definido para la UPC y el proceso de participación adelantado.La Corte aclaró que este auto no constituye todavía una evaluación de cumplimiento, sino que establece las condiciones mínimas que deberán observarse para la definición de la UPC de 2027.En contexto, la Sala señaló que la decisión se adopta en un escenario de dificultades en el acceso a los servicios de salud y recordó que las tutelas relacionadas con este derecho aumentaron de más de 265.000 en 2024 a cerca de 312.500 en 2025, según los datos citados en la providencia.
Un devastador movimiento telúrico ocurrido el 16 de noviembre de 1827 destruyó por completo el asentamiento original de la población donde se ubicaba el municipio de Chaparral. Al cumplirse 199 años de este evento histórico, el estudio de la amenaza sísmica en esa zona del país mantiene en alerta a la población de Chaparral.Zonas de subducción y acumulación de energíaLos sismos de mayor magnitud a nivel mundial se originan en contextos geológicos específicos, principalmente en las zonas de subducción, donde el choque entre placas tectónicas genera un proceso continuo de acumulación de fricción y energía. La geóloga Martha Calvache habló para la emisora Ecos del Combeiba 790AM sobre la evaluación de las fuentes sismogénicas y la desinformación asociada a este tipo de eventos."Hay muchos estudios, muchas teorías. Cada vez hay más información de cómo esa energía se va acumulando en zonas mucho más propensas a sismos grandes, muy muy grandes, que son, por ejemplo, la zona donde se acumula toda esta energía porque una placa se choca contra la otra, como son las zonas de subducción", explicó la experta.Frente a la idea extendida de que los eventos telúricos se repiten en intervalos fijos de tiempo, el informe de Calvache desmitifica la posibilidad de fijar fechas o plazos exactos:"Se pretende decir muchas veces que cada 50 años ocurre un sismo, que ya va a ocurrir porque son 49 años que han pasado desde ese sismo y entonces ya va a pasar el otro. La naturaleza y los humanos no llegamos a esas precisiones", aseveró.
La Unión Sindical Obrera, USO, se pronunció sobre la designación de Joaquín Gutiérrez como nuevo presidente de Ecopetrol y manifestó su disposición para trabajar con la nueva administración en el fortalecimiento de la empresa.Martín Ravelo, integrante de la USO, señaló que los trabajadores esperan que durante esta nueva etapa se adopten medidas encaminadas a fortalecer la soberanía y la seguridad energética del país, además de consolidar a Ecopetrol como una de las principales empresas de Colombia.“Aspiramos en la expectativa desde los trabajadores que se implementen las políticas correctas para recuperar la soberanía y la seguridad energética de los colombianos, fortalecer a Ecopetrol como la empresa insignia del país”, señaló Ravelo.El dirigente sindical también destacó la importancia de que la industria petrolera tenga una relación más cercana con las comunidades donde desarrolla sus actividades. Según dijo, esperan que los territorios vean a la industria extractiva como un aliado y que se continúe generando empleo digno para las familias vinculadas al sector.La posición de la USO también fue expresada a través de su cuenta en X, donde el sindicato manifestó su disposición al diálogo y al trabajo conjunto, manteniendo su independencia y autonomía sindical.La USO también señaló que será estratégico que las vicepresidencias que hacen parte del comité directivo de Ecopetrol estén encabezadas por personas con amplia experiencia en el sector de petróleo y gas.Para el sindicato, el diálogo social será uno de los elementos centrales para avanzar en la reactivación de la industria y fortalecer a Ecopetrol como empresa mayoritariamente pública y activo estratégico de la Nación.
La fuerza pública en Cali llevó a cabo la denominada 'Operación Iron', un despliegue operativo enfocado en golpear las estructuras delictivas radicadas en el sector céntrico de El Calvario y en otras zonas estratégicas de la capital vallecaucana.En dialogo con Mañanas Blu, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, entregó el balance definitivo de esta ofensiva e informó que el despliegue permitió neutralizar a siete organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes a pequeña escala, al robo y a los homicidios.Detalles de la Operación Iron y el impacto en El CalvarioEl mandatario local explicó que las acciones no solo se concentraron en el corazón de la ciudad, sino que se extendieron a sectores como El Vallado, en el oriente, y Meléndez, en la comuna 18.Refiriéndose a los resultados del despliegue policial y militar, Eder afirmó que “esta inicial fue un operativo que se llevó a cabo en el centro de Cali, pero también en el oriente, en el sector del Vallado y en la comuna 18 en el sector de Meléndez y logramos desarticular siete bandas dedicadas al microtráfico, al hurto y al homicidio”.Entre las estructuras desmanteladas o intervenidas en este sector céntrico se encuentran bandas reconocidas en la zona como Los Buitres, La Luna y Los Pascuas.El sector de El Calvario ha sido históricamente catalogado como uno de los principales focos de delincuencia en la ciudad.Sobre la magnitud de este problema, el alcalde Alejandro Eder comparó la situación con zonas críticas de la capital colombiana: “El Calvario es, haga de cuenta, el Bronx en Bogotá... una olla que lleva 50 años de esta manera”.Añadió además la gravedad geográfica de este punto al señalar que “tener la olla donde está en Cali es como si en Bogotá el Bronx quedara en la 78... están en el corazón de la ciudad, en el corazón del motor económico de la ciudad”.Solamente en el sector de El Calvario se ejecutaron cerca de 40 capturas de integrantes de estas bandas dedicadas al expendio de sustancias psicoactivas.Renovación urbana y articulación con el Gobierno NacionalA diferencia de intervenciones pasadas que terminaban en el traslado de la criminalidad a otros barrios, la administración distrital sostiene que esta estrategia estará respaldada por proyectos concretos de transformación física e institucional.El mandatario destacó que ya se encuentra en funcionamiento la sede principal del búnker de la Fiscalía en ese sector, sumado al inicio de la construcción de la Estación Central del MÍO —una infraestructura de 90.000 metros cuadrados— y la edificación de tres torres de vivienda nueva con cerca de 80 apartamentos cada una.Asimismo, Eder enfatizó la importancia de la voluntad política y el respaldo del Gobierno Nacional para ejecutar operaciones de gran escala. Para llevar a cabo esta incursión simultánea en siete puntos de la ciudad, se requirieron más de 100 efectivos, tanquetas y unidades de fuerzas especiales urbanas de las Fuerzas Militares.Con el fin de ratificar la continuidad de la estrategia de seguridad, el mandatario fue categórico al declarar: “esto no es flor de una noche, esto es la primera parte del operativo y vendrán más”.Finalmente, al referirse al impacto de la presencia del presidente de la República y los altos mandos institucionales en el terreno de las operaciones, el alcalde destacó el aspecto psicológico y de respaldo operacional. “Cuando la fuerza pública ve el compromiso de sus gobernantes, comenzando con el presidente de la República, presencia del alcalde, presencia de todos los altos mandos, eso motiva a la tropa”.Escuche aquí la entrevista:
