Radican acción popular contra decreto que pretende traslado de 2.6 millones de usuarios a Nueva EPS

Siguen las reacciones tras conocerse la expedición por parte del Gobierno nacional del decreto 0182 que reorganiza el funcionamiento de al menos 20 EPS en el país y sobre el cual ya se conoce uno de los primeros recursos legales interpuestos por usuarios.Y es que ante el Tribunal Administrativo de Antioquia fue interpuesta una acción popular con una medida cautelar de urgencia que busca principalmente que no se realicen asignaciones de pacientes de otras entidades a Nueva EPS en vista de su deterioro en el calidad del servicio y su intervención por parte del Gobierno nacional.El mecanismo constitucional fue radicado ante la Sección Primera por parte de Víctor Raúl Palacio, representante principal de la Asociación de usuarios de Sanitas en Medellín, un paciente con dificultades cardíacas y a quien a le preocupa asuntos como el reinicio de su tratamiento en la nueva entidad a la que será asignado."A mí me trasladan fuera de que yo estoy operado, llevo seis meses de operado, me están tratando y me debo de ir a otro a otra EPS, donde tengo que empezar de nuevo con un tratamiento que ya llevo varios años", señaló Palacio.Palacio se refirió a la complejidad para la atención de usuarios que en la actualidad registra esta EPS en la capital antioqueña y que, según él, demuestra la falta de cumplimientos para operar en relación con su capital y patrimonio adecuado."Eso estaba totalmente aborratado de gente reclamando medicamentos, reclamando fórmula. No quieren dar operaciones, no quieren dar todas las citas dicen que están, no hay agendas, y los van a mandar para una nueva EPS que está intervenida", aseguró el representante de los usuarios de Sanitas.Sobre el polémico decreto el Gobierno nacional ha manifestado que se trata de una medida para corregir desequilibrios en la prestación del servicio y evitar fallas en la atención en salud conservando con plena cobertura en los 1.102 municipios del país solo a Nueva EPS.Se estima que de los 6 millones de usuarios que tendrían traslados obligatorios, 2.6 irían a Nueva EPS, una institución que según la Defensoría del Pueblo, entre 2024 y 2025 aumentó en reclamos hasta en un 107%, al pasar a 14.603 quejas registradas solo el año anterior.