La deuda de las EPS con hospitales y clínicas en Colombia sigue creciendo. Un nuevo informe de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) reveló que, al cierre de junio de 2026, las instituciones de salud que participaron en el estudio tenían cuentas pendientes de pago por cerca de 27,8 billones de pesos.La cifra representa un aumento del 8,2 % frente a diciembre de 2025, cuando las deudas llegaban a 25,7 billones de pesos. Es decir, en apenas seis meses, las obligaciones con hospitales y clínicas aumentaron en más de 2,1 billones de pesos.Pero uno de los datos que más preocupa es que no solamente está creciendo la deuda, sino también los pagos que llevan meses sin hacerse. Según el informe, el 60,5 % de las cuentas pendientes ya están vencidas. Esto significa que, de cada diez pesos que les deben a las instituciones de salud, seis corresponden a obligaciones que no han sido pagadas a tiempo.Al revisar quiénes deben estos recursos, el informe señala que las EPS del régimen contributivo concentran casi la mitad de toda la deuda, con más de 13,7 billones de pesos. Por su parte, las EPS del régimen subsidiado deben cerca de 7,8 billones. También aparecen obligaciones del Estado, que incluyen recursos pendientes de entidades territoriales y la ADRES, por aproximadamente 1,9 billones de pesos.Entre las entidades con mayores deudas aparecen Nueva EPS, Coosalud, Sanitas, Savia Salud y Emssanar. Estas cinco acumulan obligaciones por más de 13,8 billones de pesos, de los cuales más de 9,1 billones corresponden a cuentas vencidas.El caso de Nueva EPS es especialmente relevante: aparece como la principal deudora, con una deuda total superior a los 8,3 billones de pesos y cerca de 5,9 billones en pagos atrasados. Le sigue Coosalud, que registra obligaciones por casi 1,4 billones de pesos, con más de un billón en mora.El panorama también genera preocupación por las EPS que actualmente están intervenidas o bajo vigilancia especial de la Superintendencia Nacional de Salud. Las nueve entidades que hacen parte de este grupo acumulan deudas cercanas a los 13 billones de pesos y concentran más de 9 billones en cuentas vencidas. Además, atienden a más de 23 millones de afiliados, es decir, al 43,9 % de las personas vinculadas al sistema de salud.Frente a este escenario, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas hizo un llamado al Gobierno nacional para buscar soluciones que permitan pagar las deudas y evitar que los hospitales sigan acumulando obligaciones pendientes. Entre sus propuestas está garantizar que los recursos de la salud lleguen a tiempo, avanzar en acuerdos de pago entre las EPS y las instituciones prestadoras y ejecutar el plan de choque que contempla al menos 10 billones de pesos para atender las dificultades financieras del sector.El gremio también pidió revisar la situación de las EPS intervenidas, fortalecer aquellas que puedan continuar operando y establecer mecanismos que protejan a los hospitales y clínicas en caso de que alguna entidad tenga que ser liquidada.El director general de la ACHC, Juan Carlos Giraldo, reiteró la disposición de las instituciones prestadoras para participar en las mesas de conciliación y buscar acuerdos que se traduzcan en pagos efectivos.La advertencia del sector hospitalario es que, mientras las deudas sigan creciendo y los pagos continúen retrasándose, las instituciones de salud tendrán mayores dificultades para sostener su operación y garantizar la prestación de los servicios a los pacientes.
El plan de choque del Gobierno de Abelardo de la Espriella para atender la crisis de la salud continúa avanzando, con resultados distintos entre las principales EPS intervenidas. Los registros de seguimiento muestran cierres de pendientes en medicamentos y procedimientos, aunque persisten diferencias importantes entre las entidades y el volumen de solicitudes que aún requieren atención.Uno de los casos que concentra la atención es Nueva EPS, una de las entidades más grandes del sistema y que enfrenta dificultades financieras y de atención. Según el reporte más reciente, la EPS registra más de 800.000 pendientes relacionados con medicamentos. De estos, el 41,69 % corresponde a registros que ya han sido cerrados, lo que representa cerca de 353.690 solicitudes atendidas.Sin embargo, el panorama es diferente cuando se revisan los procedimientos médicos. Nueva EPS reporta 706.453 pendientes, de los cuales solamente 49 figuran con cierre. Esto equivale al 0,01 % del total, una cifra que contrasta con los avances reportados en la entrega de medicamentos y que evidencia el reto que todavía enfrenta la entidad para resolver las solicitudes de sus usuarios.En el caso de Famisanar, también bajo intervención del Gobierno Nacional, las cifras muestran un avance en la atención de los pendientes. Desde el inicio del plan de choque, la entidad había registrado 47.314 solicitudes relacionadas con medicamentos, de las cuales 23.625 ya aparecen con cierre, es decir, cerca de la mitad del total.En cuanto a los procedimientos médicos, Famisanar reporta 354.967 pendientes, de los cuales 102.558 han sido cerrados. Esta cifra representa aproximadamente el 28,9 % de los registros, un resultado que muestra avances tanto en medicamentos como en procedimientos.Por su parte, Sanitas reporta 35.261 registros pendientes relacionados con medicamentos. De acuerdo con las cifras entregadas, más de 16.000 ya han sido resueltos, lo que corresponde al 46,6 % del total. En materia de procedimientos, la entidad registra 1.895.143 pendientes, de los cuales 520.315 aparecen con cierre. Esto representa cerca del 27,5 % de los registros reportados.Finalmente, Coosalud, otra de las EPS que ha estado en el centro del debate por su situación y la atención a sus afiliados, registra cerca de 3.000 pendientes relacionados con medicamentos, de los cuales se han resuelto poco más de 1.000. En procedimientos, la entidad reporta 191.183 pendientes y 51.898 cierres, lo que equivale aproximadamente al 27,1 %.Las cifras evidencian que los resultados del plan de choque varían entre las entidades. Mientras Famisanar y Sanitas reportan avances en el cierre de registros de medicamentos, Nueva EPS continúa enfrentando un volumen importante de pendientes, especialmente en procedimientos médicos.En total, el plan de choque ha recibido 4.505.909 registros de pendientes relacionados con medicamentos y procedimientos médicos, de los cuales 1.257.656 ya cuentan con cierre. Esto representa un avance del 27,91 %, mientras que el porcentaje restante evidencia que aún hay millones de solicitudes que requieren seguimiento para garantizar que los pacientes puedan acceder oportunamente a los servicios de salud que necesitan.
La vida de Jhon Anderson y Jordan Colmenares Vargas, de 39 y 32 años, depende de cuidados permanentes. Los dos hermanos padecen distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad genética que provoca el deterioro progresivo de los músculos y que, en su caso, les ha generado una condición de alta dependencia. Sin embargo, desde enero de este año, según denuncia su familia, dejaron de recibir terapias y medicamentos que necesitan para su atención diaria.Su madre, Ruth Vargas Díaz, asegura que ambos requieren terapias físicas, respiratorias y de fonoaudiología, además de medicamentos y otros procedimientos indispensables para su cuidado. La falta de estos servicios mantiene en alerta a la familia, que teme por el deterioro de su salud.“Yo veo que esto es un atentado contra mis hijos. Ellos tienen que hacerse todos los días las terapias físicas, respiratorias, fonoaudiología. Son cuadripléjicos; hay que bañarlos, hacerles todas las aspiraciones y darles los medicamentos”, relató Ruth, quien se encarga de acompañarlos en medio de las dificultades para garantizar su atención.Le puede interesar: Liam Santiago, niño con distrofia muscular de Duchenne pide ayuda: esto dijo Nueva EPSAnte la suspensión de los servicios, la familia ha acudido a diferentes instancias para exigir que Nueva EPS restablezca los tratamientos. Han presentado derechos de petición y una acción de tutela, además de buscar la intervención de las autoridades judiciales y de los organismos de protección de derechos.Según sus familiares, dos juzgados han emitido 11 incidentes de desacato, con medidas que incluyen multas y órdenes de arresto, sin que hasta el momento se haya logrado restablecer la atención que reclaman.Jaime Colmenares, padre de los dos hermanos, cuestionó que las decisiones judiciales no hayan conseguido una respuesta efectiva por parte de la entidad de salud.“¿Quién puede obligar a la Nueva EPS a cumplir? Porque nos vemos de verdad desamparados. Mire que jueces, Procuraduría, , Defensoría del Pueblo, todos los estamentos judiciales, a todos hemos acudido y nadie ha hecho absolutamente nada por obligar a la EPS a cumplir”, manifestó.La preocupación también se refleja en el llamado que hace Jordan Colmenares, quien pidió la intervención del presidente de la República Abelardo De La Espriella para encontrar una solución a la situación que atraviesa junto con su hermano.“Hemos acudido a todas las entidades y ya no hay más ayuda. Entonces, la única ayuda que necesitamos ahora es la del presidente. Yo sé que si él hace un arreglo o algo, se puede solucionar”, expresó.Para esta familia, cada día sin los tratamientos representa una nueva preocupación por la salud y la calidad de vida de los dos hermanos. Su madre insiste en que, más allá de las acciones legales que ha emprendido, necesitan una respuesta que se traduzca en atención médica efectiva.“Yo les pido que se muevan, que miren la parte humana. Jurídicamente no me he quedado quieta, me han ayudado muchísimo, pero mis hijos están en riesgo y han estado al borde de la muerte. Apelo al corazón de la gente y pido que se haga justicia”, manifestó Ruth Vargas.Mientras continúan buscando una solución, los familiares esperan que Nueva EPS responda por los servicios médicos y las terapias. Su petición es que se garantice la atención que requieren Jhon Anderson y Jordan para afrontar una enfermedad que demanda cuidados continuos y especializados.
Dos madres hicieron llamados públicos para pedir respuestas de las EPS frente a situaciones que comprometen la atención médica de sus hijos. Una denuncia las dificultades para lograr la remisión de un niño de dos años con un delicado estado de salud, mientras que la otra reclama desde hace tres años una cita especializada para un joven que necesita seguimiento a su implante coclear.Los casos fueron expuestos mediante videos en los que las mujeres piden la intervención de las entidades responsables y de las autoridades para superar las barreras administrativas que, según sus testimonios, les impiden acceder oportunamente a los servicios de salud.Tany Coronado es la madre de Alejandro Rodríguez, un niño de dos años que permanece hospitalizado desde hace tres semanas en el Hospital Internacional de Colombia (HIC), en Santander. Según relató, el menor nació con varias enfermedades y actualmente presenta complicaciones que afectan sus riñones y su hígado.La mujer explicó que su hijo tiene enfermedad renal crónica y que, debido a su condición, ha enfrentado episodios de infección. Además, señaló que recientemente fue hospitalizado tras presentar un vómito con sangre, en medio del deterioro de su estado de salud.De acuerdo con Coronado, hace seis días los médicos solicitaron la remisión del menor a la Clínica Cardioinfantil, en Bogotá, para una valoración por hepatología y determinar la posibilidad de un trasplante de hígado. También existe la posibilidad de que requiera un trasplante renal.Sin embargo, asegura que el traslado no se ha concretado debido a dificultades administrativas entre la EPS Dusakawi de Valledupar, a la que está afiliado el niño, y la institución receptora, relacionadas con la falta de un convenio y los pagos pendientes que, según su denuncia, impiden avanzar en el proceso.“Cada día que no se le está tratando su enfermedad es una pérdida de tiempo. La preocupación es porque, aunque Alejandro se encuentra estable en este momento, su condición general es grave. Mi hijo ingresó a cuidados paliativos en el HIC”, contó la madre.La segunda denuncia corresponde a Dunia Escobar, madre de Ronald Sney Manrique escobar, un joven de 19 años afiliado a la Nueva EPS, quien nació con sordera y fue sometido a la implantación de un dispositivo coclear hace aproximadamente 16 años.Según explicó, su hijo necesita controles periódicos con un especialista en otología para evaluar el funcionamiento del implante y garantizar el acceso a los dispositivos que le permiten escuchar. Sin embargo, asegura que lleva tres años intentando conseguir una cita y que actualmente el joven no puede oír.“La valoración está ordenada desde 2024, pero que, pese a las solicitudes, no he logrado la cita. He acudido a distintas instancias para reclamar la atención, incluida una denuncia ante la Fiscalía, tres acciones de tutela y un incidente de desacato ya fue fallado, pero ni así he conseguido la cita con el otólogo”, aseguró la madre.La mujer también cuestionó la falta de acceso a los elementos necesarios para el funcionamiento del implante coclear. Señaló que el dispositivo representa una inversión de alto costo y reclamó que se garantice la continuidad del tratamiento de su hijo.“Qué pena que yo tenga que hacer este video simplemente por una cita señor presidente Abelardo De La Espriella”, manifestó la mujer en el video.La situación, añadió, también ha afectado su salud. Escobar indicó que tiene una condición de discapacidad y que, después de 19 años dedicada al cuidado de su hijo, enfrenta problemas de salud física y emocional. Además, denunció dificultades para acceder a sus propios medicamentos y a las terapias que le han ordenado.Aunque se trata de situaciones diferentes, los testimonios de las dos mujeres coinciden en la preocupación por las demoras y los obstáculos que, según denuncian, enfrentan para acceder a servicios médicos necesarios.
El 25 de mayo de este año inició una pesadilla para Rafael Barraza Ariza y su familia, luego de su llegada hacia la Clínica Reina Catalina de Barranquilla por la aparición de un granuloma en su estómago, una pequeña masa que se forma a causa de infecciones. Desde entonces, suman cinco meses intentando recibir la autorización de la Nueva EPS para un traslado que le salve la vida a este paciente de 41 años, quien necesita con urgencia la intervención de un cirujano gastrointestinal especialista en fístulas enteroatmosféricas y reconstrucción de la pared abdominal.Rafael en estos momentos se aferra a un tratamiento que drena sus líquidos intestinales para que no se infecten, al tiempo que médicos deben realizarle lavados quirúrgicos dos veces por semana mientras llega la anhelada respuesta. Sin embargo, lo grave es que Nueva EPS les insiste en que no hay disponibilidad de camas.Eddy Barraza, hermano del paciente, indica que ni con un fallo de tutela favorable del Juzgado Séptimo de Familia han logrado la remisión, pese a que la misma fue ordenada por el togado desde el viernes 17 de septiembre, en un lapso obligatorio de 48 horas.“He ido a la Personería, a la Superintendencia de Salud, a la Secretaría de Salud Distrital y he pedido ayuda, se le colocó una acción de tutela por medio del juez séptimo del Tribunal de Barranquilla y resulta, pese al plazo puesto de 48 horas, tampoco se pudo. No hay ley, ni justicia, mucho menos cumplimiento”, declaró a Blu Radio.Le puede interesar: Ordenan a Nueva EPS revisar solicitud de eutanasia de paciente tras hallar barreras administrativasEl estado de Rafael Barraza es crítico y muestra de ello es su peso inferior a los 40 kilos. Su problema se deriva desde hace 20 años, cuando fue víctima de una bala pérdida momentos en los que regresaba de estudiar en la Universidad del Atlántico. De allí, terminó con una perforación en su colón y su riñón izquierdo, además de quedar parapléjico y sumar una peritonitis.Sus órganos se sostienen con una malla intraabdominal. Por eso, su hermano explica que cada día que pasa es un sufrimiento mayor para él y también para su madre, quien no sale de la sala de hospital en la que se encuentra hasta verlo mejor.“Él llora, me dice que lo ayude, que haga lo que sea. Está sufriendo mucho. Sabe todo lo que hacemos, pero no nos podemos poner en su lugar. Mi mamá está todo el tiempo allí, casi que vive en esa habitación de la clínica”, agregó.La última opción a la que esperan recurrir los familiares de Rafael Barraza Ariza, es que el presidente Abelardo De La Espriella se dé cuenta de lo que está pasando y los ayude.
Autoridades en Antioquia piden atención urgente para José Alejandro, un niño paisa con cáncer cerebral. La Gobernación escaló la situación a la Superintendencia de Salud y espera una respuesta pronta de la Nueva EPS.En Caldas, Antioquia, vive José Alejandro quien tiene 10 años y que desde hace 4 años enfrenta un cáncer cerebral, no obstante, su historia se hizo viral luego de que el menor difundiera un mensaje en el que pidió ayuda ante la necesidad de recibir atención médica y tratamiento de manera urgente.En un corto mensaje que rápido se empezó a compartir en redes sociales, José Alejandro no solo reflejó su preocupación por su estado de salud, sino que también pidió ayuda por la difícil situación económica que atraviesa su familia.“Me llamo José Alejandro y tengo 10 años y hace 4 años me diagnosticaron con un glioblastoma cerebral. Yo no quiero regalo, yo quiero recuperar mi salud y un empleo para mi mamá”, relató el pequeño José Alejandro.Le puede interesar: Lucas Murillo reapareció tras su cirugía: “Estoy bien y espero volver pronto a Cúcuta”Tras conocer el caso, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que se activó el mecanismo de respuesta prioritaria para atender la situación del menor. Según explicó el mandatario, el caso fue elevado ante la Superintendencia Nacional de Salud.“Elevamos el caso ante la Superintendencia Nacional de Salud y estamos en comunicación permanente con la nueva EPS. Seguiremos al frente de esta situación para asegurar que la atención médica y el tratamiento que necesitas se cumpla sin más dilaciones”; aseveró.La Administración Departamental indicó que continuará haciendo seguimiento para garantizar que el niño pueda acceder a la atención médica y al tratamiento que requiere, sin que se presenten nuevas dilaciones.Además de las gestiones relacionadas con su atención en salud, la Gobernación anunció que un equipo psicosocial llegará hasta la vivienda de la familia para brindar acompañamiento integral. El propósito también será apoyar a la madre de José Alejandro en la búsqueda de oportunidades laborales.
La Corte Constitucional le ordenó a Nueva EPS eliminar las trabas administrativas que retrasen o dificulten la atención de sus usuarios, especialmente cuando se trate de niños, niñas y adolescentes o de pacientes con enfermedades huérfanas.La advertencia hace parte de una sentencia en la que el alto tribunal determinó que la EPS vulneró los derechos fundamentales de un menor de 10 años que requería un medicamento y varios servicios médicos para el tratamiento y seguimiento de una enfermedad genética.El menor padece raquitismo hipofosfatémico familiar ligado al cromosoma X, una enfermedad genética que afecta el desarrollo de los huesos y los músculos y que puede generar dolor, alteraciones en el crecimiento y dificultades de movilidad.En junio de 2025, un endocrinólogo pediatra formuló el medicamento Burosumab, requerido para el manejo de esta condición. Un mes antes, además, se había ordenado un examen para hacer seguimiento al estado de salud del menor.Sin embargo, transcurrieron más de 60 días sin que Nueva EPS suministrara el medicamento ni concretara el examen. Ante esta situación, la madre del menor presentó una acción de tutela en agosto de 2025 para exigir la protección de sus derechos fundamentales.Aunque un juez de Valledupar ordenó inicialmente garantizar el medicamento y el examen, la situación no se solucionó completamente. La familia incluso acudió posteriormente a un incidente de desacato porque las órdenes continuaban sin cumplirse.Durante la revisión del caso, la Corte encontró un elemento determinante: el Burosumab estaba disponible en Colombia y no existían alertas de desabastecimiento. El medicamento, además, contaba con registro sanitario, por lo que la demora no podía atribuirse a una falta de disponibilidad del producto.Con esos elementos, la Corte concluyó que Nueva EPS incumplió su obligación de garantizar una atención oportuna y efectiva. Recordó que el servicio de salud debe prestarse bajo los principios de continuidad, oportunidad e integralidad.El alto tribunal, ordenó a Nueva EPS que, en un plazo de 48 horas desde la notificación de la sentencia, garantizara el suministro del Burosumab y la realización de la medición de gases en sangre venosa, además de asegurar la continuidad del tratamiento mientras exista la necesidad médica.La Corte también ordenó que Nueva EPS no deberá abstenerse de imponer trabas, trámites o cargas administrativas injustificadas que terminen trasladando al paciente las dificultades internas de la entidad.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a Nueva EPS y a la IPS Health & Life SAS realizar nuevas valoraciones médicas y llevar a cabo un Comité Técnico Interdisciplinario para resolver la solicitud de eutanasia de una paciente de 64 años, tras constatar dilaciones injustificadas y barreras administrativas en el trámite. El fallo tuteló sus derechos a una muerte digna, la dignidad humana, la autonomía personal, el debido proceso y el libre desarrollo de la personalidad.La decisión judicial, proferida en segunda instancia por la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, resolvió la impugnación presentada por Nueva EPS. La accionante, identificada en el expediente con el nombre ficticio de “Susana”, tiene 64 años y padece varias enfermedades crónicas y progresivas que, según manifestó en la tutela, le generan intensos sufrimientos.Según consta en el expediente, la paciente radicó ante Nueva EPS la solicitud de muerte digna el 30 de marzo de 2026. El 8 de mayo se realizó una Junta Médica que concluyó que no cumplía los requisitos para avanzar a la segunda fase del procedimiento.Sin embargo, el Tribunal encontró que el trámite había sufrido una dilación injustificada, pues la primera etapa se realizó más de un mes después de presentada la solicitud, pese a que el procedimiento contempla un plazo de 10 días calendario para esa fase. La corporación también señaló deficiencias en la información suministrada a la paciente y en la comunicación de la decisión adoptada por la Junta Médica.El Tribunal además concluyó que en el análisis del caso se utilizaron parcialmente criterios que no eran aplicables y se impusieron condiciones que no resultaban admisibles constitucionalmente. En particular, señaló que las alternativas de tratamiento pueden ser informadas al paciente, pero no pueden convertirse en una obligación que deba agotarse para acceder a la muerte digna mediante la eutanasia.Asimismo, la sentencia recordó que el procedimiento no puede condicionarse a la existencia de una enfermedad terminal ni al agotamiento obligatorio de tratamientos o cuidados paliativos, conforme a las reglas jurisprudenciales que el Comité deberá aplicar al estudiar nuevamente el caso.¿Qué le ordenó el Tribunal a Nueva EPS y a la IPS?La corporación judicial fijó órdenes precisas y plazos para continuar el trámite de la solicitud:Nuevas valoraciones médicas (5 días): Nueva EPS y Health & Life deberán programar y realizar valoraciones por especialistas en psiquiatría y medicina del dolor y cuidados paliativos, con presencia de la familia. En ellas deberán brindar información completa, adecuada y suficiente sobre el estado de salud, diagnósticos, síntomas, secuelas, pronóstico y alternativas de tratamiento, con el propósito de construir un consentimiento informado. Los conceptos médicos deberán emitirse dentro del mismo plazo.Comité Técnico Interdisciplinario (5 días posteriores): Dentro de los cinco días siguientes a la recepción de los conceptos médicos, deberá llevarse a cabo un nuevo Comité Técnico Interdisciplinario para resolver la solicitud de eutanasia, aplicando las reglas establecidas por la jurisprudencia constitucional.Comunicación de la decisión: Una vez el Comité adopte una decisión, deberá garantizarse que la paciente conozca plenamente el contenido del acta. Si la solicitud es aprobada, deberá recibir información clara sobre el procedimiento; si es negada, deberá ser informada sobre su posibilidad de solicitar la revisión, así como sobre los canales y términos para hacerlo.¿Por qué el Tribunal detectó barreras administrativas en el trámite?El fallo identificó varios obstáculos en el proceso adelantado por las entidades:Demora en la primera etapa: La solicitud fue presentada el 30 de marzo y la Junta Médica se realizó el 8 de mayo. El Tribunal consideró injustificada esa demora frente al plazo de 10 días calendario previsto para la primera etapa.Condiciones no admisibles: La corporación consideró que se habían impuesto condiciones relacionadas con alternativas terapéuticas que no podían convertirse en requisitos obligatorios para acceder a la eutanasia.Falta de información y comunicación: El Tribunal señaló que no se acreditó que la paciente hubiera recibido información clara, suficiente y profunda sobre su enfermedad y las posibilidades de tratamiento. También cuestionó que no se hubiera acreditado una comunicación oportuna e integral de la decisión de la Junta Médica del 8 de mayo.Criterios no aplicables: La Sala concluyó que la decisión del Comité se fundamentó parcialmente en criterios que no correspondían a las reglas constitucionales aplicables y que, además, no se actuó con la diligencia necesaria frente a las dudas sobre la capacidad mental de la paciente.
Los usuarios del sistema de salud en Santander radicaron 69.231 reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud entre enero y agosto de 2026, la cifra más alta para este mismo periodo en los últimos diez años, según un análisis realizado por expertos de la Universidad Manuela Beltrán con información de la Supersalud.El registro representa un aumento del 5,3% frente a 2025, cuando se habían contabilizado 65.728 reclamaciones. La diferencia es mucho más marcada al comparar con 2017, cuando se reportaron 17.275 casos durante los primeros ocho meses del año.En promedio, 285 reclamos fueron presentados cada día en Santander durante este periodo.Negación de medicamentos, principal motivoLa principal causa de las reclamaciones está relacionada con la negación en la entrega de tecnologías en salud y otros servicios previamente autorizados, categoría que reúne 17.253 casos.Allí se incluyen dificultades para acceder a medicamentos, dispositivos médicos, soporte nutricional, pañales y otros elementos necesarios para la atención de los pacientes.El segundo motivo más frecuente fue la negación en la asignación de citas o consultas, con 13.731 casos. Le siguen la falta de oportunidad en citas y consultas, con 7.529 reclamos; las demoras en otros servicios de salud, con 5.751, y la negación de atención en otros servicios, con 5.419.Le puede interesar: La negación de citas con especialistas: la principal queja de los colombianosPara Carolina Amado Calderón, experta en salud pública de la Universidad Manuela Beltrán, estas barreras pueden tener consecuencias especialmente graves para pacientes con enfermedades crónicas, adultos mayores, niños y mujeres gestantes.La especialista advirtió que las demoras en medicamentos, consultas, exámenes o procedimientos pueden provocar interrupciones de tratamientos, descompensaciones y diagnósticos tardíos.Nueva EPS concentra la mayor cantidad de reclamosPor EPS, Nueva EPS acumula 27.056 reclamos, seguida de Salud Total, con 14.924, y Sanitas, con 12.366. También aparecen Coosalud, con 6.521; Sura, con 3.528; Famisanar, con 3.062, y SaludMia, con 1.722.Sin embargo, el número absoluto de reclamaciones debe relacionarse con la cantidad de afiliados de cada entidad. Al analizar la tasa por cada 10.000 afiliados, Salud Total registra 521,51 reclamos, seguida de Sanitas, con 320,24; Famisanar, con 297,82; Nueva EPS, con 297,28; Sura, con 224,45; SaludMia, con 210,41, y Coosalud, con 188,45.Mayo fue el mes con más reclamacionesDe los ocho meses analizados, mayo fue el periodo con mayor número de reclamos, con 9.288 casos.Le siguieron marzo, con 8.787; julio, con 9.254; abril, con 9.236; febrero, con 8.545; junio, con 8.296; enero, con 7.969, y agosto, con 7.856.A nivel nacional, la Supersalud reportó 1.365.073 reclamos contra las EPS entre enero y agosto de 2026.Ante una barrera en la atención, la recomendación de la experta es iniciar la reclamación directamente ante la EPS. Si no se obtiene una solución, el usuario puede acudir a la Superintendencia Nacional de Salud, presentar un derecho de petición o solicitar acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. Cuando exista un riesgo inminente para la salud, también puede recurrir a una acción de tutela.
Valentino, un niño cucuteño de apenas un año y medio, falleció en las últimas horas en la Clínica FOSCAL de Floridablanca, Santander, donde permanecía hospitalizado debido a una grave complicación pulmonar que comprometió su estado de salud.El menor había llegado a la institución para recibir atención por una malformación vasolinfática ubicada en el lado derecho de su rostro. Sin embargo, durante el proceso médico presentó un severo deterioro respiratorio que derivó en una falla pulmonar y puso en riesgo sus funciones vitales.Ante la complejidad del cuadro clínico, los médicos tratantes recomendaron su traslado a una institución de alta complejidad con capacidad para realizar terapia ECMO, un procedimiento que permite oxigenar la sangre mediante un sistema externo mientras los pulmones reciben soporte y descanso. La terapia ECMO es una estrategia de soporte vital utilizada en pacientes con fallas graves del corazón o los pulmones. El sistema permite oxigenar la sangre y retirar dióxido de carbono por fuera del organismo, brindando soporte temporal mientras el equipo médico busca tratar la causa de la falla y recuperar la función de los órganos afectados.Su madre, Maryuri Hernández, había hecho un llamado público para solicitar a la Nueva EPS la autorización y agilización del traslado de su hijo al Instituto Cardiovascular de Floridablanca, donde se contaba con la tecnología necesaria para este tipo de intervención.La familia mantenía la esperanza de que el procedimiento permitiera estabilizar al menor y darle una oportunidad para superar la grave afectación pulmonar. No obstante, pese a la atención médica y a los esfuerzos para tratar su condición, Valentino sufrió un nuevo deterioro y falleció.Tras conocerse la muerte del menor, Nueva EPS expresó sus condolencias a la familia y aseguró que desde su ingreso a la Clínica FOSCAL garantizó la continuidad de la atención y gestionó los servicios especializados requeridos por su condición.Según la entidad, el 11 de septiembre se coordinó el traslado de Valentino a la Fundación Cardiovascular de Colombia, donde recibió atención integral y especializada. Allí, indicó Nueva EPS, se realizó el procedimiento de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) como parte de las alternativas de tratamiento definidas por el equipo médico.La EPS señaló además que mantuvo el seguimiento al proceso de atención y realizó las gestiones necesarias para garantizar los servicios requeridos durante la hospitalización. Sin embargo, la entidad confirmó que, pese a la atención recibida y a los esfuerzos médicos, el niño falleció como consecuencia de la complejidad de su condición de salud.La muerte de Valentino enluta a su familia y genera tristeza entre quienes siguieron el caso y conocieron el llamado de su madre para buscar alternativas que permitieran salvar la vida del pequeño.
Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas provocaron nuevos daños en la vía que comunica al corregimiento de Nuevo Antioquia con el casco urbano de Turbo, en Urabá. La emergencia dejó tres puntos críticos en la carretera, uno de ellos con pérdida total de la banca, lo que mantiene incomunicadas a varias comunidades rurales.Según denunció el concejal de Turbo, Dairo Vargas, en diálogo con Blu Radio, la afectación más grave se presenta en el sector conocido como La Arenera, donde el terreno cedió y dejó un barranco que impide el tránsito normal de vehículos. Aunque maquinaria trabaja en el lugar para habilitar un paso provisional, las condiciones de movilidad siguen siendo difíciles: en uno de los tramos solamente pueden pasar motocicletas y en otro no hay paso ni siquiera para estos vehículos.El concejal estimó que entre 15.000 y 20.000 personas de las veredas de las partes alta y baja podrían estar afectadas por esta situación. Además de las dificultades para movilizarse, la emergencia compromete el transporte de productos agrícolas y las actividades ganaderas de esta zona rural."En estos momentos pues hay una máquina interviniendo, pero paso provisional pues como para para que las comunidades no queden pues como tan aisladas de del sector urbano y puedan sacar sus productos,.Hay muchos cultivos agrícolas para para este sector, pues va hasta no más hasta allá, también va la ganadería. Incluso a la misma comunidad nos ha tocado desde ayer con algunos enfermos también pasarlos por ahí, arriesgando la vida tanto del enfermo como la de las demás personas tratando de pasarlos por ahí por un por un barranco", detalló. La situación también representa un riesgo para la atención de emergencias. Vargas relató que habitantes tuvieron que trasladar a personas enfermas por un barranco, exponiendo tanto a los pacientes como a quienes los ayudaban, ante la falta de condiciones para transitar. Señaló que esta es la segunda vez que se registra una afectación de estas características en el sector de La Arenera y pidió intervención de la Alcaldía de Turbo y del Instituto Nacional de Vías, Invías, entidad a cargo de esta carretera.Aunque existe una ruta alterna por San José de la Antioquia, el concejal advirtió que tampoco ofrece garantías de movilidad durante las lluvias. Por eso, insistió en la necesidad de que el Gobierno Nacional desembolse los recursos para un proyecto de pavimentación de esta vía, que, según indicó, quedó aprobado desde la administración anterior.
A 41 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, una tragedia que aún tiene muchas incógnitas sin resolver, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) rindió homenaje a Fanny González Franco, la primera mujer en ocupar una magistratura titular de la Corte Suprema de Justicia y una de las víctimas de los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985.Durante el encuentro conmemorativo, realizado el pasado viernes 6 de noviembre, la entidad entregó a la familia de la magistrada una placa con las palabras que, según sus allegados, pronunció desde su despacho mientras el edificio permanecía tomado por integrantes de la guerrilla del M-19.El reconocimiento fue entregado por D'Mar Córdoba Salamanca, director general del CNMH, a María Jozame González, sobrina nieta de la magistrada, quien ha trabajado en los últimos años por mantener viva su memoria.¿Quién fue Fanny González Franco, la primera magistrada de la Corte Suprema?Nacida en el departamento de Caldas, Fanny González Franco fue una de las mujeres que abrió camino en la justicia colombiana, en una época en la que los principales cargos judiciales estaban ocupados mayoritariamente por hombres.Fue la primera mujer graduada en Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana y desarrolló parte de su carrera como jueza en Manizales. En 1984 llegó a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar una magistratura titular en el alto tribunal.Su trayectoria se vio interrumpida el 6 de noviembre de 1985, cuando integrantes del M-19 irrumpieron en el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá. Durante la toma y posterior retoma militar, la magistrada perdió la vida junto a otros funcionarios judiciales y personas que se encontraban dentro del edificio.Las últimas palabras de Fanny González que su familia busca preservarUno de los momentos centrales del homenaje fue la entrega de una placa que reproduce las palabras que, de acuerdo con el relato de su familia, la magistrada le transmitió por teléfono a su hermano Otoniel.La conversación habría ocurrido hacia las 4:36 de la tarde del 6 de noviembre de 1985, cuando González Franco permanecía en su despacho."Por voluntad de Dios y autoridad de la ley vine a la Corte a administrar justicia en nombre de la República de Colombia. No a llorar ni a pedir clemencia", señala uno de los apartados de su mensaje.Las palabras terminan con una frase que sus familiares han conservado como símbolo de su carácter y compromiso con la justicia."Muero, pero no me doblego".El director del CNMH anunció que la entidad espera llevar una copia de la placa a la Corte Suprema de Justicia, con el propósito de que el mensaje también permanezca en las salas de la corporación.Familia de la magistrada habló sobre la responsabilidad del M-19Durante la conmemoración, María Jozame González también se refirió a las circunstancias de la muerte de su tía abuela y sostuvo que su familia siempre ha atribuido la responsabilidad al M-19."Nosotros nunca pensamos que el Ejército fuera responsable", afirmó durante el encuentro.La familiar cuestionó algunas de las interpretaciones que se han hecho sobre la toma del Palacio de Justicia y pidió que las nuevas generaciones conozcan lo ocurrido durante aquellos días.Para María Jozame González, el homenaje también representa una oportunidad de recordar el papel que desempeñó su tía abuela en la historia judicial del país y la importancia de su trayectoria para las mujeres que posteriormente llegaron a estos cargos."Que sus palabras y su legado sean un mensaje para los jóvenes y para las mujeres, sobre todo", expresó al finalizar el encuentro.
El ingenio de los delincuentes no tiene límites. Entre pollos vivos y en medio de una carga que aparentaba ser común, la Policía descubrió un arsenal de armas de fuego, munición y elementos de intendencia que era transportado en un camión tipo estacas.El operativo se desarrolló sobre la vía Popayán-La Portada, en el sector Cruce de Sombrerillos, jurisdicción de San Agustín. Allí fue capturado en flagrancia el conductor del vehículo, quien, al advertir la presencia de los uniformados, intentó evadir el puesto de control mediante una maniobra de retorno."Una insólita modalidad de transporte ilegal de armas de fuego fue descubierta por la Policía Nacional en carreteras del departamento de Huila. Esta vez, el arsenal estaba camuflado entre pollos vivos que eran transportados en un camión tipo estacas. El hallazgo se produjo en la vía Popayán-La Portada, en el departamento de Huila", señaló el coronel Edwin Orlando Correa, director de Tránsito y Transporte.Al inspeccionar el camión, los uniformados encontraron camuflados entre los pollos vivos dos fusiles calibre 5,56 milímetros, cinco proveedores y 351 cartuchos para estas armas. También fueron incautadas dos pistolas calibre 9 milímetros, dos proveedores y 24 cartuchos adicionales."Los policías descubrieron dos fusiles, dos pistolas y 375 cartuchos de diferentes calibres. Además del armamento, fueron incautados uniformes, brazaletes, chalecos tácticos y equipos de comunicación. Este caso pone en evidencia la reprochable modalidad utilizada por los criminales para camuflar elementos ilegales, incluso mediante el transporte de animales vivos, buscando burlar los controles de las autoridades", indicó el director de Tránsito y Transporte.El vehículo, procedente del Cauca, tenía como destino el Putumayo. De acuerdo con las primeras hipótesis de las autoridades, el armamento tendría como destino grupos disidentes que delinquen en esta región del país.El hombre capturado y el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumirá el proceso judicial correspondiente.
El Senado de Paraguay aprobó este lunes el nombramiento del economista Jorge Luis Schreiner como presidente del Banco Central (BCP), propuesto por el nuevo mandatario del país, Pedro Alliana, para sustituir a Carlos Carvallo, quien renunció al cargo en medio de la crisis por la intervención de Ueno bank.En una sesión extraordinaria, los senadores también aprobaron por unanimidad la designación de Fernando Rivarola como miembro titular del directorio del BCP, también a propuesta de Alliana, quien este lunes cumple su tercer día en el poder, tras la destitución de Santiago Peña en un juicio político. El expresidente se encuentra actualmente en prisión preventiva, acusado de tener vínculos con Ueno bank.Paraguay quedó sumido en una crisis después de que el BCP comunicara, el martes pasado, el inicio del proceso de resolución de Ueno bank, una entidad privada que recibió cerca de 800 millones procedentes de instituciones públicas durante la Administración de Peña.En medio de la intervención, Carlos Carvallo, quien estuvo al frente de la Financiera Ueno -convertida actualmente en Ueno bank- antes de encabezar el BCP, renunció a su cargo y fue reemplazado de forma interina por Pedro de Jesús Acosta, integrante del directorio del banco emisor.Carvallo también se encuentra en prisión preventiva, acusado de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, en calidad de autor, dentro del caso que investiga la caída de Ueno.Peña, acorralado por el escándalo, anunció el miércoles pasado la designación del economista y exministro Raúl Vera Bogado como nuevo jefe del banco emisor, para sustituir a Carvallo, pero el Senado rechazó entonces la propuesta del ahora exmandatario.Economista y abogado de profesión, Schreiner fue miembro titular del Directorio del BCP entre 1997 y 1999 y se desempeñó como asesor de la Superintendencia de Bancos entre 1999 y 2003. Además, presidió la Comisión Nacional de Valores (CNV) durante una década (2003-2013).
Las amenazas contra medios de comunicación en Colombia encendieron las alarmas sobre la seguridad de quienes trabajan en el periodismo. Esta vez, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se pronunció para rechazar las advertencias de posibles atentados contra Caracol Televisión, Caracol Radio y Canal RCN, y le pidió al Estado tomar medidas para evitar que estas intimidaciones terminen silenciando a la prensa.La preocupación aumentó durante el fin de semana, luego de que se conocieran alertas sobre posibles ataques contra medios de comunicación en el país. Una de las situaciones más delicadas se presentó en Bogotá, donde fue necesario evacuar de manera preventiva las instalaciones de Caracol Televisión. Por su parte, Caracol Radio reforzó sus medidas de seguridad para proteger a sus periodistas, colaboradores y visitantes. Las advertencias también alcanzaron al Canal RCN.Frente a estos hechos, la SIP, una organización internacional que trabaja por la defensa de la libertad de prensa y de expresión en las Américas, pidió una respuesta inmediata de las autoridades y advirtió que estas amenazas no solamente ponen en riesgo la vida de los periodistas y demás trabajadores, sino también el derecho de los colombianos a recibir información libre e independiente.Su presidente, Carlos Jornet, señaló que “ninguna organización criminal ni grupo violento puede decidir qué se publica, qué se investiga o quiénes pueden expresarse”. Además, mencionó que el Estado colombiano tiene la obligación de impedir que el miedo termine convirtiéndose en una forma de censura.La organización también reconoció los pronunciamientos de rechazo y las medidas preventivas anunciadas por las autoridades, pero recalcó que no son suficientes si no van acompañadas de investigaciones que permitan establecer de dónde vienen las amenazas, quiénes son los responsables y evitar que estos hechos queden sin castigo.En ese sentido, pidió mantener medidas de protección efectivas y coordinadas con los propios medios de comunicación y sus trabajadores mientras continúen los riesgos.Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, advirtió que “cuando un periodista tiene que preguntarse si informar puede poner en peligro su vida o la de sus compañeros, la libertad de prensa ya está siendo afectada”. También señaló que estas intimidaciones terminan perjudicando a toda la ciudadanía, porque limitan el acceso a información importante y debilitan la democracia.La preocupación también está respaldada por las cifras. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), entre agosto de 2022 y julio de 2026 se registraron más de 2.000 ataques contra periodistas en Colombia. Dentro de ese balance se encuentran diez asesinatos, cuatro de ellos ocurridos durante 2026.La SIP también hizo referencia al Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa, que ha registrado un retroceso en las garantías para ejercer el periodismo en el país.Finalmente, la organización insistió en que proteger a la prensa no puede ser una tarea que se cumpla solamente cuando aparecen amenazas o situaciones de peligro. Por el contrario, pidió que la seguridad de los periodistas sea una responsabilidad permanente del Estado, con acciones para prevenir los ataques, investigar los hechos y sancionar a quienes estén detrás de ellos.El llamado es a que ningún periodista tenga que poner en riesgo su vida por cumplir con su trabajo y que los colombianos puedan seguir informándose sin miedo, presiones ni amenazas.
