La Fiscalía compulsó copias ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se investigue al presidente de la República, Gustavo Petro, por los presuntos delitos de violación de datos personales agravado, con circunstancias de mayor punibilidad, y homicidio culposo, dentro del proceso relacionado con la filtración de la historia clínica de Kevin Acosta Pico, un menor de edad con hemofilia cuyo fallecimiento dio lugar a denuncias por una presunta negligencia en la atención por parte de la Nueva EPS.En la decisión, la Fiscalía cuestionó las declaraciones realizadas por el mandatario el 17 de febrero de 2026, durante un evento en Uribia, La Guajira, luego de conocerse el fallecimiento del menor y las denuncias sobre presuntas fallas en la prestación del servicio de salud.Según el ente acusador, “es de conocimiento nacional, que el señor presidente de la República, al encontrarse en el departamento de La Guajira, en Uribia el día 17 de febrero de 2026 (…) refirió que la madre del menor era la responsable de estos lamentables hechos, primero, por haberse trasladado al departamento de Santander, por lo cual no recibió la dosis del mes de febrero, situación que no es de recibo, por cuanto la EPS estaba en la obligación de suministrarla”.La Fiscalía agregó que el presidente también atribuyó responsabilidad a la madre del niño por permitir que montara bicicleta y por presuntamente negarse a una intervención quirúrgica, al tiempo que hizo referencia a información contenida en la historia clínica del menor.Sobre ese aspecto, el documento sostiene que el mandatario “divulgó diferentes apartes de la historia clínica del menor, acción que le era prohibida, dado que la historia clínica es reservada y no puede ser divulgada sin consentimiento del paciente y en este caso concreto debía contar con la autorización de la progenitora del menor”.Frente a la presunta divulgación de información reservada, la Fiscalía sostuvo que el presidente “no se encuentra facultado legalmente para divulgar dicha información, sumado a que su propósito era el de obtener un provecho tendiente a señalar que no es responsabilidad del Gobierno Nacional la demora en la entrega de los medicamentos del menor, pretendía con sus afirmaciones imprecisas eximir de responsabilidad al Gobierno Nacional de la crisis actual del sistema de salud y endilgar la responsabilidad a la madre del menor”.El ente investigador también cuestionó el interés del mandatario en obtener información relacionada con la necropsia del niño. Al respecto señaló “pretendía obtener la información relacionada con la base de opinión pericial de necropsia del menor, documento que también se encuentra sometido a reserva (…) información que judicialmente también fue negada, ya que el presidente no se encuentra facultado legalmente para obtenerla ni se encuentra expresamente autorizado por la madre del menor para tal fin”.Adicionalmente, por el delito de homicidio culposo, la Fiscalía solicitó que se analice la eventual posición de garante del presidente frente al nombramiento del interventor de la Nueva EPS. Según la decisión, el funcionario designó a un auditor de concurrencia que “nunca hizo presencia ni atendió las contingencias”, pese a que debía gestionar la obtención inmediata de los factores de coagulación cuando el menor ingresó al Hospital de Pitalito.Para la Fiscalía, “las omisiones y falta de control en el manejo del paciente, sumado a la falta de respuesta en el momento álgido de la contingencia, constituyen factores adicionales y desencadenantes de la complicación que presenta el menor”, ocurrida tras una caída.Finalmente, la Fiscalía confirmó que, dentro de esta misma investigación, avanzará en el llamado a imputación de los presuntos responsables por la muerte del menor.
La Procuraduría General de la Nación anunció que trasladará a las autoridades competentes los hallazgos obtenidos durante las actuaciones de vigilancia preventiva y control realizadas a Nueva EPS, Mutual Ser, Emssanar y Proteger EPS (antes Cajacopi), informe que señala que persisten graves barreras para el acceso a los servicios de salud y un deterioro financiero que pone en riesgo la sostenibilidad de estas aseguradoras, con el fin de investigar posibles faltas disciplinarias de servidores públicos y particulares que prestan servicios públicos.Entre las principales dificultades identificadas están el aumento de peticiones, quejas y reclamos, las demoras para asignar citas con especialistas, los obstáculos para autorizar procedimientos y tecnologías en salud, así como los retrasos en la entrega de medicamentos, situaciones que han incrementado las acciones judiciales presentadas por los usuarios.El ente de control señala que aunque cada EPS presenta condiciones administrativas diferentes, todas comparten problemas estructurales que continúan afectando la prestación oportuna del servicio.La Procuraduría concluyó que la Nueva EPS, el caso más crítico, mantiene un riesgo sistémico para garantizar el derecho fundamental a la salud y para su sostenibilidad financiera. Según el informe, sus estados financieros aún no cuentan con un dictamen favorable de la revisoría fiscal y, con corte a 2024, registra pasivos superiores a los $22 billones y pérdidas acumuladas que superan los $11 billones. A esto se suma la designación de cinco agentes especiales interventores en apenas dos años, lo que evidencia una alta inestabilidad administrativa.Las cifras sobre la atención a los usuarios también reflejan el deterioro de la entidad. Solo durante el primer trimestre de 2026, Nueva EPS acumuló 40.668 acciones de tutela, equivalente al 60 % de todas las tutelas registradas por la entidad durante 2023. En el mismo período se reportaron 10.031 incidentes de desacato, de los cuales cerca del 36 % permanecían sin ser atendidos.En el caso del Ministerio, la Procuraduría cuestiona una posible falta de acciones para expedir directrices que optimicen el flujo de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, mientras que a la Superintendencia le atribuye posibles deficiencias en sus labores de inspección, vigilancia, control y seguimiento a las entidades intervenidas y a los agentes designados para administrarlas.
Sigue la mala hora para el sistema público de salud en Antioquia, pues, tras las controversias entre anestesiólogos y el hospital del municipio de Caldas y las deudas del Fomag, ahora se suma la Nueva EPS.La Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia anunció recientemente la suspensión de servicios a usuarios de esta entidad en 25 centros asistenciales del departamento por las millonarias deudas que persisten.Le puede interesar: Clínica especializada en pacientes de cáncer en Cali cierra servicios a EPS EmssanarSegún Luis Hernán Sánchez, director ejecutivo de AESA, la suma que asciende a 450.000 millones de pesos con todos los centros asistenciales se agrava con la falta de interlocución para llegar a acuerdos financieros con la EPS intervenida por el Gobierno nacional desde abril de 2024."Hacemos un llamado al Ministerio de Salud, a la Superintendencia Nacional de Salud y a la NuevaEPS, para que tomen las medidas necesarias que garanticen el flujo de recursos a estas instituciones y se puedan normalizar la prestación de servicios de salud", indicó. La decisión impacta la prestación de atención en hospitales clave como el General de Medellín, Marco Fidel Suárez en Bello y el del municipio de La Estrella para el caso del Valle de Aburrá, pero también de otras localidades con gran influencia regional como Jericó, Cisneros, Támesis, Don Matías, San Francisco, Angelópolis o Carolina del Príncipe.Desde AESA, indicaron que los servicios urgentes o que puedan poner en riesgo inminente la vida de los usuarios se seguirán garantizando.
La propuesta de trasladar afiliados de Nueva EPS a otras EPS, planteada por la ministra de Salud designada del Gobierno de Abelardo De La Espriella, Ana María Vesga, comenzó a generar reacciones entre los representantes de los pacientes. Aunque la iniciativa recibió respaldo por parte de Pacientes Colombia, la organización hizo un llamado a que cualquier decisión se adopte con prudencia y tras un análisis técnico de la capacidad real del sistema.Durante una entrevista con Mañanas BLU, Vesga afirmó que una de las alternativas para iniciar el rescate de Nueva EPS sería redistribuir parte de sus afiliados hacia otras EPS, con el propósito de descongestionar la entidad y facilitar su recuperación.La propuesta surge en medio de la profunda crisis que atraviesa Nueva EPS, la aseguradora con más de 12 millones de afiliados en el país, que enfrenta múltiples dificultades relacionadas con la entrega oportuna de medicamentos, la asignación de citas con especialistas, autorizaciones de servicios y una compleja situación financiera.Frente a este panorama, el vocero de Pacientes Colombia, Denis Silva, aseguró que la iniciativa debe ser estudiada cuidadosamente y que el nuevo Gobierno deberá convocar de manera prioritaria a todos los actores del sistema antes de tomar una determinación de esta magnitud.Silva señaló que, aunque reconoce la experiencia de la ministra designada y manifestó la disposición de la organización para acompañar su gestión, persisten dudas sobre la capacidad de las demás EPS para asumir un traslado masivo de usuarios.“La propuesta de la doctora Ana María Vesga de pensar en trasladar pacientes a otras EPS para descongestionar Nueva EPS hay que analizarla con cabeza. Sabemos que ella conoce el sector, pero primero hay que esperar al 7 de agosto, reunir a todos los agentes del sistema y preguntarnos qué EPS tiene hoy la capacidad financiera, administrativa, logística y de cartera para recibir siquiera 100.000 nuevos afiliados. No hay una sola EPS que cumpla con esas condiciones”, afirmó.El representante de Pacientes Colombia reiteró que la prioridad debe ser proteger a los usuarios y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud, evitando que una decisión apresurada agrave la crisis que actualmente enfrenta el sistema.Asimismo, sostuvo que la organización respaldará las iniciativas que impulse la nueva ministra, siempre que estén orientadas a garantizar el derecho fundamental a la salud y se construyan con el consenso de los diferentes actores del sector.
A raíz de los más de 355.969 millones de pesos que les adeudan las EPS a los hospitales públicos e IPS del Cesar, diez de estos centros hospitalarios decidieron hacer un paro de 24 horas este lunes para exigir pronta respuesta y algún tipo que, por lo menos, permitan aliviar la crisis financiera que los mantiene en estado crítico.Los hospitales, en lo que han llamado una manifestación pacífica, decidieron cerrar por un día el área de consulta externa y limitar su atención exclusivamente a las urgencias vitales. Este martes se reactivarán todos los servicios, excepto en el Hospital Jorge Isaac Rincón, de La Jagua de Ibirico, y el Hospital Regional José David Padilla Villafañe, de Aguachica, donde advierten que no habrá atención para los usuarios de la EPS Asmet Salud.Las deudas más altas provienen de las EPS intervenidas y, pese al insistente llamado al Gobierno para que tome medidas en el asunto, aún no se proyecta una solución, afirma la secretaria de Salud del Cesar, Gina Paola Sánchez.Le puede interesar: MinSalud designada plantea disminuir número de pacientes en la Nueva EPS"Pasamos una solicitud al Ministerio de Salud para que hicieran una mesa de trabajo de manera urgente para el departamento del Cesar. Ahora nuevamente pedimos la presencia de los gerentes nacionales de las EPS, porque los gerentes que están acá no tienen facultades para firmar acuerdos de pago, y bueno, hasta el momento no hemos recibido respuesta", expresó la funcionaria en diálogo con BLU Radio.De acuerdo con la Gobernación, la cartera en mora acumulada por las intervenidas Nueva EPS, Asmetsalud, Coosalud y Famisanar a los hospitales del Cesar, en total, supera los 135.969 millones de pesos.La crisis también es motivada por la pérdida de recursos que han sufrido los hospitales, a causa de la liquidación de varias EPS, ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud.Los gerentes indican que a esto se suman los servicios de salud prestados a población migrante en el 2025 que superaron los $44.000 millones “y el gobierno nacional no ha podido regular el pago”; así mismo, a corte de 30 de junio de 2026, “existe facturación debidamente auditada y certificada, que requieren urgentemente la asignación de recursos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, por valor de $4.100.884.916”.
Un juez de Medellín declaró en desacato al agente interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina Gómez, así como al gerente regional de Salud de Antioquia, Ricardo Adolfo Echeverría Charicha, y al gerente Regional Noroccidente, Carlos Andrés Vasco Álvarez, al establecer que incumplieron una sentencia de tutela que ordenaba garantizar la entrega de medicamentos a un paciente con glaucoma.La decisión fue adoptada por el Juzgado Veintiséis Administrativo Oral del Circuito de Medellín, que concluyó que los directivos no acataron la orden del pasado 3 de julio para suministrar a un hombre, identificado como Eduardo Torres Pérez, los medicamentos prescritos para tratar su enfermedad ocular y garantizar la continuidad de su tratamiento.Según el expediente, el paciente promovió un incidente de desacato al denunciar que, pese al fallo de tutela, la Nueva EPS no había entregado los medicamentos ordenados. El despacho judicial abrió formalmente el incidente el 15 de julio y notificó a los tres funcionarios para que explicaran el presunto incumplimiento. Sin embargo, el juzgado señaló que ninguno presentó respuesta dentro del trámite.Al analizar el caso, el juez determinó que el incumplimiento fue total, ya que los medicamentos ordenados, Dorzolamina, Timolol, Brimonidina y Latanoprost para un tratamiento de doce meses, nunca fueron suministrados al paciente, pese a que la tutela había fijado un plazo de tres días hábiles para cumplir la orden.En el fallo, el juez sostiene que los tres directivos incurrieron en conductas “evasivas y negligentes”, al no demostrar ninguna circunstancia que justificara el incumplimiento de la orden judicial. Además, concluyó que omitieron el deber de garantizar el derecho fundamental a la salud.Como consecuencia, el juez impuso a Jorge Iván Ospina Gómez, Ricardo Adolfo Echeverría Charicha y Carlos Andrés Vasco Álvarez una multa individual equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, la cual deberá ser pagada y consignada a favor del Consejo Superior de la Judicatura dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de la decisión.
El Hospital Sagrada Familia del municipio de Toro, en el norte del Valle del Cauca, anunció la suspensión de los servicios de segundo nivel para los usuarios afiliados a Nueva EPS, medida que comenzó a regir desde el 1 de agosto de 2026.De acuerdo con un comunicado emitido por la institución, la decisión obedece a situaciones administrativas relacionadas con la falta de pago por parte de Nueva EPS al centro asistencial, lo que impide continuar prestando este tipo de atención a sus afiliados."Invitamos a los usuarios de Nueva EPS que requieran atención de segundo nivel a comunicarse con su EPS para recibir orientación sobre la red de prestación de servicios habilitada. Agradecemos su comprensión y reiteramos nuestro compromiso de continuar brindando una atención oportuna y de calidad dentro de nuestras competencias", señaló el hospital en el documento.Según Rodolfo Borja Nieto, presidente del Sindicato de Hospitales Públicos del Valle del Cauca, la deuda de Nueva EPS con el Hospital Sagrada Familia asciende a cerca de 5.000 millones de pesos, situación que afecta la sostenibilidad financiera de la institución y la continuidad en la prestación de estos servicios especializados. La medida impacta a alrededor de 7.000 usuarios afiliados a la EPS en el municipio de Toro."Se toma esta decisión de suspender todo lo relacionado con el segundo nivel. Se atenderá lo correspondiente a la cápita, pero, de verdad, se verán afectados todos los habitantes del municipio de Toro. Todo el mundo conoce la lejanía que tiene el municipio con otras ciudades y, por eso, toda la comunidad y sus usuarios se verán gravemente afectados", explicó Borja.El dirigente sindical indicó que la suspensión obligará a los pacientes que requieran atención de mediana complejidad a ser remitidos a otros municipios, lo que incrementará los tiempos de desplazamiento y podría dificultar el acceso oportuno a los servicios de salud. Este caso se suma a situaciones similares registradas en otros municipios del Valle del Cauca, donde hospitales públicos han advertido sobre las dificultades financieras derivadas de las millonarias deudas de las EPS.
El observatorio Así Vamos en Salud presentó un corte de cuentas sobre el sistema de salud durante el periodo 2022–2026, en el que analiza las condiciones en las que el próximo Gobierno recibirá el sector. El informe revisa cinco aspectos: acceso efectivo a los servicios, sostenibilidad financiera, salud pública, el modelo de salud del magisterio (FOMAG) y el cumplimiento de la Sentencia T-760 de 2008.Según el documento, aunque el presupuesto del Sistema General de Seguridad Social en Salud pasó de $73,8 billones en 2022 a $114,9 billones en 2026, la cobertura disminuyó hasta el 98,23 % y la atención ambulatoria se mantuvo en niveles similares a los registrados al inicio del cuatrienio. El informe también advierte que la ausencia de información financiera oficial de Nueva EPS para 2024 y 2025 impide establecer un balance completo de la situación del sector.El análisis muestra un deterioro en la situación financiera de las EPS. El patrimonio agregado pasó de -$2,33 billones en 2022 a -$18,7 billones en mayo de 2026, mientras que las pérdidas operacionales prácticamente se duplicaron y el índice de endeudamiento aumentó durante el periodo evaluado. En las EPS intervenidas, el patrimonio negativo también creció y las pérdidas netas se triplicaron, de acuerdo con el informe.En el caso del FOMAG, el estudio señala que el recaudo aumentó entre 2022 y 2025, pero la ejecución superó los ingresos, lo que llevó a un déficit cercano a $450 mil millones. Además, el patrimonio pasó de un saldo positivo de $1 billón a uno negativo de -$3,01 billones, acompañado por un incremento en el nivel de endeudamiento.El documento también reporta que las PQRS aumentaron 79 % frente a 2022 y que las tutelas en salud se duplicaron hasta alcanzar 312.573. En materia de salud pública, registra incrementos en casos de dengue, malaria, fiebre amarilla, tosferina y sífilis congénita, además de brechas territoriales en vacunación y una cobertura del 60 % en la vacunación contra el VPH, por debajo de la meta internacional del 90 %.Como conclusión, Así Vamos en Salud señala que la próxima administración recibirá un sistema con fragilidad financiera, alertas epidemiológicas y retos para recuperar la capacidad de respuesta, fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos y garantizar la continuidad de la atención a los pacientes.
El superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, anunció una serie de acciones correctivas tras evidenciar fallas en la dispensación de medicamentos en el gestor farmacéutico Discolmets, operador que presta el servicio a usuarios de la Nueva EPS en Villavicencio.Durante una visita de inspección al dispensario, ubicado en el barrio Barzal, el funcionario informó que la sede será trasladada a un punto con mayor capacidad para mejorar las condiciones de atención, reducir los tiempos de espera y fortalecer la infraestructura tecnológica. La decisión se adoptó luego de verificar que algunos usuarios permanecían en filas durante más de 12 horas para reclamar sus medicamentos.La Superintendencia también encontró incumplimientos en la entrega domiciliaria de medicamentos, servicio que debe realizarse en un plazo máximo de 48 horas cuando existe una orden pendiente. Además, el punto registra actualmente 1.242 reclamos sin resolver, de los cuales el 40 % corresponde a medicamentos faltantes.Durante la inspección se evidenciaron problemas de abastecimiento de medicamentos de alto costo, entre ellos insulinas y tratamientos oncológicos, así como fallas en la planeación para garantizar la disponibilidad de medicamentos esenciales. Según el superintendente, estas situaciones afectan la continuidad de los tratamientos y generan mayores costos para el sistema de salud.En Villavicencio, la Nueva EPS cuenta con 75.630 afiliados, de los cuales 26.198 pertenecen al régimen contributivo y 47.432 al subsidiado. El dispensario inspeccionado atendió a 36.988 usuarios durante el último trimestre.La Superintendencia Nacional de Salud informó que, a nivel nacional, las quejas relacionadas con la entrega de medicamentos se han reducido en un 40 % frente al mismo periodo del año anterior, resultado de las acciones de inspección, vigilancia y control adelantadas por la entidad.
La Sala de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la adopción de un plan para superar el incumplimiento de fallos de tutela por parte de Nueva EPS. La decisión establece un plazo máximo de 60 días para que la entidad, junto con el agente interventor, la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y la Presidencia de la República, definan una estrategia que garantice el cumplimiento gradual de las decisiones judiciales que buscan proteger los derechos fundamentales de los usuarios.Según explicó el alto tribunal, el propósito es atender las órdenes de los jueces relacionadas con la prestación de servicios de salud y la entrega de medicamentos que no han sido suministrados a los pacientes. La Corte indicó que, dentro del plan, deberá priorizarse la atención de personas en estado grave o de inminente riesgo, así como de quienes requieren especial protección constitucional.La decisión se originó tras estudiar una tutela presentada por Salomé Henao González, quien se desempeñó como gerente regional norte de Nueva EPS y aseguró haber sido objeto de múltiples incidentes de desacato por incumplimientos de la entidad. De acuerdo con la Corte, en su contra existían decisiones emitidas por 481 despachos judiciales, que representaban 3.853 días de arresto y multas por más de 9.131 millones de pesos.En el fallo, la Sala tuteló sus derechos al debido proceso, la libertad y la dignidad humana, y ordenó dejar sin efectos las sanciones de multa y arresto, así como los procesos de cobro derivados de esos desacatos. Además, señaló que, una vez se reconoció judicialmente la existencia de una falla estructural en Nueva EPS, otros funcionarios que enfrenten situaciones similares podrán acudir ante los jueces para solicitar el levantamiento de los respectivos incidentes de desacato.No obstante, la Corte Suprema aclaró que esta decisión no exime al Estado de su responsabilidad constitucional como garante del derecho fundamental a la salud. Por el contrario, reiteró que, al tratarse de una entidad intervenida y declarada en crisis funcional y financiera, corresponde a las autoridades garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud ordenados por los jueces y asegurar el cumplimiento de las sentencias de tutela.
Tres puntos fueron habilitados, por ahora, en Santander para recibir ayudas humanitarias destinadas a las familias afectadas por el fuerte terremoto que impactó al occidente del país.La jornada busca canalizar la solidaridad de los santandereanos y reunir alimentos, agua potable, elementos de aseo, medicamentos, frazadas, colchonetas y otros productos que puedan ser utilizados durante la atención de la emergencia.El Banco de Alimentos de Bucaramanga habilitó un punto de recepción de ayudas en su centro de acopio, ubicado en la carrera 20 # 11-41, barrio San Francisco, en Bucaramanga.Gladys Rocío Ramírez Jurado, coordinadora administrativa del Banco de Alimentos de Bucaramanga, hizo un llamado a los ciudadanos para sumarse a la iniciativa y llevar alimentos no perecederos y otros productos que puedan ser útiles para las familias damnificadas.“Hoy hacemos un llamado a los colombianos para que nos unamos con nuestros hermanos del occidente del país, que han sufrido un fuerte terremoto”, señaló.El horario de atención en este punto es de 7:30 de la mañana a 4:00 de la tarde. La entidad también informó que en sus redes sociales se encuentra el listado de productos que pueden ser donados.Otro punto será habilitado en el primer piso de la Alcaldía de Bucaramanga, donde se instalará una carpa para recibir las donaciones destinadas a las comunidades afectadas de Chocó, Cauca y el Eje Cafetero.Didier Rodríguez, director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, explicó que allí se recibirán principalmente alimentos, kits de aseo y agua potable.Según el funcionario, las ayudas serán coordinadas y posteriormente entregadas en alianza con la Cruz Roja, con el propósito de garantizar que las donaciones lleguen a las zonas que las necesitan.El tercer punto habilitado está en la Oficina de Gestión del Riesgo de Floridablanca, donde, de acuerdo con Eduard Sánchez, director de Gestión del Riesgo de Santander, se recibirán ayudas a través de la Fundación ASPAS.Por ahora, mientras se habilitan otros puntos de recolección, los ciudadanos podrán llevar elementos como colchonetas, medicamentos, frazadas y otros artículos que puedan ser útiles durante la fase de respuesta a la emergencia.Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos a realizar sus donaciones a través de estos puntos habilitados y evitar entregar ayudas a lugares o personas que no estén vinculados a la coordinación oficial de la emergencia.
La Secretaría de Movilidad de Cali confirmó que este martes 11 de agosto no habrá pico y placa en la ciudad, como ocurrió durante la jornada de este lunes 10 de agosto, debido a la emergencia provocada por el terremoto.La decisión fue anunciada por Sergio Moncayo, secretario de Movilidad de Cali, quien explicó que la medida responde a la calamidad y a las dificultades que enfrenta la ciudad tras el fuerte sismo registrado este lunes."El día de mañana, 11 de agosto, tampoco vamos a tener pico y placa para la ciudad", confirmó Moncayo, al señalar que la medida busca facilitar la movilidad en medio de la emergencia que atraviesa la capital del Valle del Cauca.El funcionario también hizo un llamado a los ciudadanos para que eviten circular por las zonas afectadas por el terremoto, debido a la presencia de equipos de emergencia que adelantarán labores durante la jornada."Es muy importante, evitemos transitar o circular por las zonas afectadas por el terremoto. No procedamos por esos sectores porque estamos afectando la movilidad", pidió el secretario de Movilidad de Cali.Moncayo explicó que este martes habrá numerosos equipos de búsqueda y rescate trabajando en los sectores donde se reportaron afectaciones, por lo que la circulación de vehículos particulares y motocicletas podría dificultar las operaciones."Mañana vamos a tener muchos equipos de búsqueda y rescate en todos estos lugares y si nos vamos en nuestros vehículos y motocicletas a todas estas zonas, afectamos la búsqueda y rescate de estas personas", advirtió.La Secretaría de Movilidad señaló que los agentes de tránsito estarán atentos en diferentes puntos de Cali durante este lunes y martes para contribuir a mantener el flujo vehicular y acompañar las labores de atención de la emergencia.Según Moncayo, la prioridad de los agentes será garantizar una mejor movilidad y, especialmente, facilitar el desplazamiento de los organismos que participan en las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto.De esta manera, los conductores de carros y motocicletas podrán movilizarse este martes sin las restricciones habituales del pico y placa en Cali, pero las autoridades insistieron en evitar desplazamientos innecesarios hacia las zonas más afectadas.La recomendación de la Alcaldía de Cali es permitir que los equipos de emergencia puedan ingresar y trabajar sin obstáculos, mientras las autoridades avanzan en la evaluación de daños y la atención de las personas afectadas por el terremoto.
La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 226 meses de cárcel contra el exsargento Guillermo Alberto Unigarro Miño por el homicidio del teniente Vianey Mario Gamboa Murcia. Al anular una absolución previa, el alto tribunal determinó que el uniformado fue quien disparó contra su superior durante un procedimiento policial en el sur de la capital.Los hechos ocurrieron el 1 de septiembre de 2011, en el barrio Ciudad Montes de Bogotá, durante un operativo oficial de la Policía. El teniente Gamboa lideró una misión estratégica para evitar un robo millonario, basándose en información de una fuente humana que advirtió sobre el plan de una peligrosa banda delincuencial.Para pasar inadvertido, el oficial decidió conducir un taxi y se hizo pasar por un civil, una táctica que usaba con frecuencia por su destreza al volante. En el asiento trasero se ubicó el sargento Guillermo Alberto Unigarro, quien supuestamente debía apoyar las labores de seguridad y el registro audiovisual de las capturas previstas.Al llegar al sitio del operativo, varios delincuentes salieron de una vivienda disparando armas de largo alcance y pistolas contra los uniformados. En medio del fuego cruzado, el teniente Gamboa recibió un impacto mortal en la cabeza mientras aún permanecía sentado frente al timón del taxi.Las investigaciones determinaron que el sargento Guillermo Alberto Unigarro aprovechó el ruido de las ráfagas externas para accionar su arma de dotación contra su superior. El disparo se realizó a corta distancia y por la espalda, lo que impidió que el teniente tuviera cualquier oportunidad de reaccionar o defenderse.Aunque la defensa alegó durante el proceso que un criminal externo fue el autor del disparo, las pruebas desvirtuaron esa versión. Los peritos establecieron que el recorrido de la bala coincidió exactamente con la posición de Unigarro en la parte trasera del auto y no con la trayectoria de alguien disparando desde la calle.La evidencia biológica también fue fundamental, ya que los rastros de sangre y otros tejidos se concentraron en la puerta y el vidrio del conductor. Este hallazgo confirmó que la bala se dio dentro del vehículo, lo que descartó la posibilidad de que un tirador externo fuera el responsable del crimen.Por esa razón, la Corte Suprema de Justicia resolvió casar la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá y, en su lugar, confirmó el fallo condenatorio de primera instancia que declaró a Guillermo Alberto Unigarro Miño como autor responsable del delito de homicidio y quién tendrá que cumplir con la pena de 226 meses de prisión.
Una de las imágenes que ha generado esperanza en medio del terremoto de 7.4 que afectó a una parte del país, se vivió en Cali. Allí, las labores de rescate terminaron con una imagen conmovedora: la recuperación de una mujer con su bebé en medio de los escombros.En video quedó grabado el momento en el que los rescatistas logran ubicarlos. Luego, con mucho cuidado, comenzaron a sacar al bebé de pocos meses de nacido. De inmediato, los que estaban presentes celebraron ese hecho que generó esperanza en medio del temblor más fuerte que ha vivido Colombia en la última década.El pequeño, cubierto de polvo, permaneció con vida en medio de estas primeras horas que son claves para rescatar la mayor cantidad de personas con vida bajo los escombros.Después llegó el turno de la madre, quien con su cuerpo cuidó y protegió del impacto a su hijo para que no le pasara nada. Sin duda una imagen que genera esperanza y fe en medio de los momentos de angustia por el terremoto que sacudió a Colombia.Aumentan los muertos y heridosAl menos 132 personas murieron y más de 570 resultaron heridas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes el país, según un balance parcial de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).Pereira, capital del departamento de Risaralda, que limita con San José del Palmar, epicentro del terremoto, que se produjo a las 7:34 hora local concentra la mayor cantidad de víctimas mortales, con 60 fallecidos, según la información.
Artistas colombianos como Shakira, Maluma, J Balvin y Juanes expresaron este lunes su solidaridad con las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del país y llamaron a sus connacionales a mantenerse unidos y ayudar a los afectados."Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia", escribió Shakira en su cuenta de X, donde envió "fuerza y amor" a su país y pidió a sus seguidores estar pendientes de las indicaciones de las autoridades "para poder ayudar tan pronto como sea posible".Maluma, por su parte, expresó su "dolor" por lo ocurrido y envió "un abrazo al alma" de las familias de las víctimas, al tiempo que aseguró que está dispuesto a ayudar: "Ahora sí que necesitamos esa fuerza y esa unión".También de la música urbana, J Balvin envió "mucha fuerza" a los afectados por el terremoto y expresó su solidaridad con las familias y comunidades que atraviesan momentos de angustia. También Blessd, Ryan Castro, Kris R y más artistas se sumaron en voz del género urbano.Karol G y Feid pusieron sus redes a disposición para donaciones y ayudar a buscar personas desaparecidas."Ante el dolor todos tenemos la misma cara. Ahora más que nunca, permanezcamos unidos Colombia", escribió Juanes, quien además informó de que ya hizo una donación y animó a quienes puedan hacerlo a sumarse a la ayuda."Cada aporte cuenta", señaló también el artista caribeño Carlos Vives.Los mensajes de los artistas se sumaron a las muestras de solidaridad de líderes internacionales mientras los equipos de emergencia continúan las labores de rescate y atención en las zonas más afectadas por el terremoto, que deja más de un centenar de fallecidos y graves daños materiales en varios departamentos del país.El fútbol también se solidarizó con el pueblo colombiano. El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva expresaron este lunes sus condolencias a los familiares de los fallecidos y a todo el pueblo de Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el territorio y ha causado la muerte, hasta el momento, de más de 110 personas."Desde el Real Madrid queremos hacerles llegar nuestra solidaridad y deseamos la más pronta recuperación de los heridos, a quienes transmitimos todo nuestro cariño", señaló el club blanco en un comunicado oficial.El club español se sumó de esta forma a las muestras de apoyo recibidas por Colombia tras el seísmo, con un mensaje de condolencias dirigido especialmente a los familiares de las personas fallecidas y a quienes resultaron heridos.El Atlético de Madrid ha expresado este lunes sus condolencias a los familiares de los fallecidos y envía su "fuerza y apoyo al pueblo colombiano" tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el territorio y ha causado la muerte, hasta el momento, de más de 110 personas."Toda la familia rojiblanca nos unimos al dolor por las víctimas del terremoto que se ha producido en Colombia. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de los fallecidos y enviamos nuestra fuerza y nuestro apoyo al pueblo colombiano", escribe el club en su cuenta de X.El Betis "muestra su pesar y envía sus condolencias a las víctimas, familiares y afectados por el terremoto en Colombia", un país del que son dos de los jugadores de su actual plantilla, el delantero Cucho Hernández y el centrocampista Nelson Deossa.El club sevillano, a través de redes sociales oficiales, ha expresado estas condolencias por un suceso que ha recibido con pesar, en particular estos dos futbolistas colombianos, ya que el terremoto ha tenido una magnitud 7,4 y ha causado la muerte, hasta el momento, de más de un centenar de personas.Al igual que clubes nacionales como Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali, entre otros, además de federaciones como la selección de Argentina que se sumó a la ola de apoyos por el territorio colombiano en esta difícil situación.
