La personera del municipio de San José de Miranda, Santander, Sandra Lucía León, confirmó la apertura de una indagación preliminar para determinar si hay responsabilidad disciplinaria por parte del alcalde de ese municipio, como ordenador del gasto, y el supervisor de dos contratos que se han celebrado en medio de la emergencia por la pandemia de COVID-19.
Se trata de los contratos 038 de 2020 que tiene que ver con la adquisición de ayudas humanitarias y kits de prevención de propagación del coronavirus por más de $89 millones; y el contrato 041 de 2020 para la compra de elementos de bioseguridad para la prevención del virus.
Adicionalmente, la ejecución de recursos de bienestar al adulto mayor dado que el centro vida aún no ha entrado en funcionamiento.
“Los concejales de la ciudad y habitantes han denunciado que están entregando ayudas a personas que se benefician de programas sociales, por supuesto que es lo que se está analizando para determinar si efectivamente esto ha ocurrido”, indicó la personera.
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La funcionaria también confirmó que se indaga sobre denuncias de sobrecostos en los mercados que se han entregado a las comunidades afectadas por la emergencia.
“Hemos solicitado a la Superintendencia de Industria y Comercio un análisis frente a las calidades y cantidades de los alimentos porque en el municipio no tenemos personal especializado para realizar el proceso de verificación”, puntualizó León.
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El auto de apertura de la indagación preliminar ya fue puesta en conocimiento de la Contraloría de Santander y la Procuraduría General de la Nación.
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