La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó lo que calificó como una estrategia sistemática de calumnias y desinformación para desacreditar su trabajo y a sus magistrados. La entidad hizo un llamado a la ciudadanía a contrastar la información, consultar las decisiones judiciales y evaluar los resultados de la justicia transicional.
Por medio de un comunicado, la jurisdicción advirtió que la circulación de noticias falsas, la manipulación de contenidos mediante inteligencia artificial y las agresiones personales contra quienes administran justicia pueden afectar la confianza en las instituciones, el debate público y la separación de poderes.
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La JEP aclaró varios cuestionamientos relacionados con su presupuesto, la transparencia de su gestión, el número de decisiones judiciales, la duración de su mandato y las sanciones impuestas a antiguos integrantes de las Farc y miembros de la fuerza pública.
En primer lugar y frente a las críticas por el uso de recursos públicos, la jurisdicción señaló que su presupuesto representa el 0,14 % del Presupuesto General de la Nación y está destinado a investigar más de 250.000 crímenes, atender a más de 600.000 víctimas acreditadas y resolver la situación jurídica de más de 17.000 comparecientes.
También aseguró que, durante sus ocho años de funcionamiento, ha sido objeto de siete auditorías de la Contraloría y 14 informes de la Procuraduría, sin que, según el comunicado, se hayan registrado hallazgos de corrupción. Además, indicó que en 2025 ejecutó el 99,3 % de su presupuesto asignado.
La entidad reiteró su preocupación por la reducción adicional de $170.000 millones a los recursos inicialmente asignados para su funcionamiento. Según el tribunal, este recorte podría afectar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, así como la seguridad jurídica de los firmantes de paz y de integrantes de la fuerza pública sometidos a la jurisdicción.
El presupuesto de la JEP es el 0,14 % del Presupuesto General de la Nación y, con él, investiga más de 250.000 crímenes y atiende a más de 600.000 víctimas acreditadas.
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) October 12, 2026
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Por otro lado, explicó que, aunque ha emitido cuatro sentencias principales que cierran miles de procesos, ha adoptado un total de 3.618 decisiones con efectos de sentencia.
Entre los resultados mencionados están las condenas contra siete ex integrantes del último Secretariado de las Farc por secuestros y contra 12 integrantes de la fuerza pública por asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate en la costa Caribe.
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Además, informó que ha identificado a 367 máximos responsables de graves crímenes, de los cuales 21 tienen condenas y 19 ya están en ejecución. Asimismo, informó que ha apoyado la entrega de 297 cuerpos de víctimas de desaparición forzada y ha protegido más de 80 lugares relacionados con la búsqueda de personas desaparecidas.
Ante las críticas sobre una posible prolongación de su funcionamiento, la Jurisdicción recordó que su mandato constitucional es de 15 años. De acuerdo con el comunicado, actualmente ha cumplido ocho años y medio y tiene previsto cerrar en 2033. La entidad aseguró que no ha promovido una prórroga de su mandato y que, dentro de su planeación institucional, ha descartado impulsar ese trámite.
También defendió el trato que reciben los comparecientes de la antigua guerrilla de las Farc y de la fuerza pública, al afirmar que ambos están sometidos al mismo régimen de justicia transicional.
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Sobre las sanciones propias, explicó que estas incluyen restricciones de libertad y movilidad, monitoreo electrónico y trabajos restaurativos en favor de las víctimas, entre ellos actividades relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas.
Por esto, el tribunal sostuvo que está abierta a la crítica y al escrutinio público, sin embargo, pidió que el debate sobre su gestión se base en información verificable y datos reales.