En medio de las polémicas y las discusiones que se adelantan sobre el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacen un llamado al Gobierno Nacional para que garantice el funcionamiento del tribunal y de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.
Desde el órgano internacional, señalan que el Estado debe garantizar las condiciones adecuadas para el debido desarrollo de los procesos de justicia transicional y la búsqueda de personas desaparecidas, que señalan, son indispensables para asegurar los derechos de las víctimas del conflicto armado en el país.
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El pronunciamiento se conoce en medio de la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027 y de la propuesta que contempla reasignar $170.000 millones del presupuesto de la JEP.
Según la CIDH, de concretarse esta medida, la JEP recibiría aproximadamente $254.000 millones menos de los recursos que requiere para atender sus necesidades operativas. Además, agregan que la propia jurisdicción ha advertido que esta situación podría poner en riesgo su funcionamiento, el sistema de protección de víctimas, testigos e intervinientes y la implementación de las sanciones propias.
Asimismo, la Comisión expresó su preocupación por los recursos previstos para la UBPD, que serían inferiores a sus necesidades operativas y a los asignados en 2026. De acuerdo con información pública de la entidad, esta situación podría afectar capacidades esenciales para la búsqueda humanitaria de personas desaparecidas, como las búsquedas en vida, las prospecciones forenses, la toma de muestras biológicas y el trabajo territorial de sus equipos. Además, podría implicar el cierre de al menos la mitad de sus laboratorios forenses y limitar la participación de las víctimas en los procesos de búsqueda.
La Comisión señaló que, aunque los Estados tienen margen para definir sus prioridades de gasto público, las decisiones presupuestales deben tener en cuenta su impacto sobre las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
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“Si bien los Estados cuentan con margen para definir sus políticas de gasto público y prioridades presupuestarias, las decisiones en esta materia deben tomar en consideración su impacto en el cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos”, señaló la Comisión.
En ese sentido, la CIDH sostuvo que los órganos encargados de investigar graves violaciones de derechos humanos y buscar a personas desaparecidas deben contar con recursos adecuados, suficientes y estables.
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“La Comisión recuerda que la independencia de los órganos con funciones jurisdiccionales y el deber de debida diligencia en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos y en la búsqueda de personas desaparecidas, exigen dotarles de recursos adecuados, suficientes y estables”, agregó.
Es por esto por lo que la CIDH hizo un llamado al Estado para que considere, en la aprobación del Presupuesto, la importancia de la JEP y UBPD para esclarecer lo ocurrido durante el conflicto armado, combatir la impunidad y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación, la memoria y la no repetición.
“La Comisión llama al Estado a considerar, en la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el 2027, la importancia de la JEP y UBPD para combatir la impunidad de hechos de extrema gravedad, esclarecer la verdad de lo ocurrido y contribuir a la consolidación de una paz estable y duradera, teniendo en cuenta, además, el carácter temporal y excepcional de sus mandatos”, concluyó.