Luego de las declaraciones de la magistrada Catalina Díaz Gómez, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, el Tribunal Superior Militar y Policial, el Tribunal Superior Militar respondió y le pidió aportar las pruebas que sustenten sus afirmaciones.
La magistrada Díaz en una entrevista con El Espectador cuestionó públicamente el papel que ha cumplido la Justicia Penal Militar en casos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos y sostuvo que esta jurisdicción habría sido utilizada como un “mecanismo de encubrimiento”.
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Frente a esas declaraciones, el Tribunal Superior Militar aseguró que respeta la autonomía e independencia de la Jurisdicción Especial para la Paz y la libertad de expresión de sus magistrados, pero rechazó que se hagan generalizaciones sobre toda la Justicia Penal Militar y Policial.
“Rechazamos las generalizaciones que califican a toda nuestra jurisdicción como un ‘mecanismo de encubrimiento’. Esa afirmación desconoce la labor de los funcionarios y los resultados judiciales de los últimos años, de los cuales puede dar fe la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre de esta jurisdicción”, señaló el Tribunal en un comunicado.
La Justicia Penal Militar y Policial invitó a la magistrada Díaz Gómez a presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes y, además, a aportar los datos que respalden sus afirmaciones.
El Tribunal sostuvo que la jurisdicción tiene autonomía e independencia de carácter constitucional y que sus actuaciones se desarrollan bajo los principios de imparcialidad, respeto por los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el debido proceso.
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Como respaldo a su posición, entregó cifras sobre sus resultados judiciales. El Tribunal aseguró que entre 2022 y lo corrido de 2026 ha proferido 536 sentencias condenatorias y 135 absolutorias en segunda instancia.
Según el Tribunal, estas decisiones no corresponden únicamente a delitos relacionados con la actividad militar, sino también a procesos por homicidio, lesiones personales y delitos contra la administración pública, entre otros.
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La institución también comparó estas cifras con las decisiones de la JEP y aseguró que existen diferencias importantes, teniendo en cuenta los más de ocho años de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz.
