A través de una carta, el exsecretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Néstor Raúl Correa, explicó las razones de la salida del tribunal, creado en los acuerdos con Farc para juzgar los delitos cometidos en el marco del conflicto.
En la carta se comienza explicando cómo el acuerdo le paz le dio vida a la Justicia Especial para La Paz y cuáles eran las funciones de cada una de las instituciones separadas de esa justicia. Por ejemplo, la magistratura, la Fiscalía y la Secretaría Ejecutiva (SE), la cual, dice “debía ser robusta y autónoma, como en los tribunales internacionales”.
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Correa nombra seis funciones que estaban a cargo de la Secretaría Ejetiva. Sin embargo, asegura, que Patricia Linares, presidenta de la JEP, decidió hacer un comité que le quitaría varias funciones a la SE. Comité que quedo integrado por “Danilo Rojas, Catalina Díaz, Caterina Heyck, Rodolfo Arango, Iván González, Alejandro Ramelli, Eduardo Cifuentes y Yesid Reyes. Los 29 magistrados restantes de la JEP no tienen nada que ver con este Comité”.
Vea aquí: Primer choque entre la Corte Suprema y la JEP
La estrategia, según dice, era “apoderarse del diseño y nombramiento de la planta de cargos y excluir al SE del órgano de gobierno, para que no tuviera voto. Este Comité funcionó a la perfección, pues ese resultado se logró”, dice la misiva.
Agrega que el 24 de octubre de 2017 Patricia Linares le entregó al ministro de Justicia, Enrique Gil, la propuesta del Comité Estratégico en la que se solicitaba cambiar numerosos artículos del proyecto de ley estatutaria que se discutía en el Congreso. También Linares, ese mismo día, le entregó esta propuesta al ministro del Interior, Guillermo Rivera.
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Esa idea de Linares era muy distinta a la que meses antes le había presentado, al parecer Correa a Linares. Según dice, mientras él proponía 3 asesores por magistrado, ella proponía 5 magistrados auxiliares.
El costo era porque “allí se pide una planta maximalista de 5 magistrados auxiliares para cada despacho del Tribunal para la paz y de 11 personas para cada despacho de magistrado: el magistrado y 10 asesores”.
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Un mes después, la Corte Constitucional da a conocer el fallo sobre el Acto Legislativo, en el que se limitan competencias del SE.
Correa asegura que el pasado 15 de marzo la JEP expidió su reglamento: “Allí dejó por fuera del órgano de gobierno al Secretario Ejecutivo, se le pone un periodo (que no tenía) de dos años y le quitan otras funciones adicionales”.
Dice que Linares asume funciones que antes no le correspondía y que discrepan de las funciones de un magistrado como la de otorgar permisos.
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Finalmente, Correa asegura que no se entiende que si los magistrados se postulan con unas reglas de juego, las cambién en el transcurso del día a día.
“Los magistrados vieron en la JEP un botín burocrático y buscaron quedarse con él y excluir al SE del órgano de gobierno, incluso antes de conocerse el fallo de la Corte. Ambas cosas las lograron”, añadió.
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Al final, agrega que él se opuso a todo eso y “dio la batalla hasta donde pudo, pero al final perdió y se quedó sin espacio y sin funciones. Y por eso renunció”.