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En medio de la investigación que inició la Fiscalía por corrupción en la contratación de la Cuarta Brigada del Ejército, en la cual ya está en juicio el general Jorge Horacio Romero, se inició un proceso paralelo en contra del general Jorge Salgado porque, al parecer, cuando comandó la Séptima División del Ejército, entre el 29 de diciembre de 2015 y el 27 de diciembre de 2017, se lucró ilícitamente de la adjudicación de contratos a dos empresas: Ingecodi S.A.S. y Distrilogística P G S.A.S.
Por los hechos, la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de peculado e interés indebido en la celebración de contratos. Sin embargo, Salgado no los aceptó. Al parecer, el ente acusador ya tendría listo un preacuerdo con el cual el general aceptaría las conductas a cambio de una rebaja en la pena.
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“El jefe de Estado Mayor o uno de los militares de la Sección Logística de la Séptima División le informaba al teniente coronel Harold Felipe Páez Roa que debía adjudicar determinado contrato a Distrilogistica de propiedad de Samir Fernando García Buitrago o a Ingecodi S.A.S.- Ingeniería Construcción y Diseño de la familia de la ingeniera Viviana González”, dijo el fiscal del caso, Javier Fernando Cárdenas.
Así las cosas, como era necesario garantizar que, a García y a González, contratistas previamente escogidos en la Séptima División, les adjudicaran los contratos, el grupo de funcionarios del Batallón de Servicios No. 4 “Yariguíes” encargado de tramitar la contratación les entregaba información que era reservada en la etapa precontractual. Y entonces, condicionaban los pliegos para que los contratos fueran direccionados de inmediato.
El fiscal del caso dijo que la Séptima División le adjudicó nueve contratos de mantenimiento, adecuaciones y mejoramiento de las instalaciones, por un valor cercano a los 1.423 millones de pesos a Ingecodi S.A.S, representada comercialmente por Viviana González. Además, le adjudicó, presuntamente, de manera irregular, seis contratos de cafetería que ascendieron a 414 millones de pesos a Distrilogística P G S.A.S, representada por Samir García. Es decir que, al parecer, en total adjudicó irregularmente 15 contratos por cerca de 1.900 millones de pesos.
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A cambio de adjudicar esos contratos, el general Salgado obtuvo múltiples beneficios personales. Por ejemplo, por favorecer a la empresa de Samir García se apropió en provecho propio de dinero estatal, lo que hizo mediante los siguientes bienes y servicios: tiquetes aéreos para sí mismo y su familia; pagar cuentas en restaurantes; pagar actividades sociales, tales como, asados en la casa comando y boletos para conciertos; pagar el alquiler de dos fincas de recreo por un fin de semana, una para sí mismo y su familia y otra para los escoltas; pagar el combustible de los vehículos utilizados por su familia en Bogotá; pagar sus facturas de celular; pagar el cableoperador de la casa fiscal que utilizaba y el comando de la División y pagar la suscripción a la prensa. Los beneficios, al parecer, a cambio de contratos, sumaron 151 millones de pesos.
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