La Secretaría de Gobierno de Antioquia fue la primera entidad en recibir órdenes precisas por parte del Tribunal de Ausencia de la Justicia Especial para la Paz, que hace dos días realiza una audiencia pública en Medellín. Los cinco magistrados de este organismo ordenaron a la Gobernación entregar, en menos de 30 días, un proyecto para honrar la memoria de las víctimas de desaparición forzada en la comuna 13 de Medellín.
En la misma decisión, la JEP dio un plazo de 10 días para que la Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Minas, entregue un informe de fiscalización sobre los títulos otorgados en San Javier, donde hay areneras y escombreras.
Los magistrados también ordenaron a la Fiscalía General de la Nación elaborar y entregar, en 10 días, un informe sobre 3 puntos claves en la resolución del conflicto y las dudas de las víctimas: cifras de desaparecidos, planes de extinción de dominio y estrategias de búsqueda.
Al mediodía de este jueves se conocerá el paquete de solicitudes de la JEP a las autoridades de Medellín y Antioquia para establecer el paradero de las personas desaparecidas en medio del conflicto armado que libraron los comandos armados del pueblo de la guerrilla y los grupos paramilitares.
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Los regaños de la JEP a la Fiscalía por los desaparecidos de la comuna 13
Durante la audiencia pública del Tribunal de Ausencia de Reconocimiento de la JEP en Medellín, donde buscan a los desaparecidos de la comuna 13, los magistrados pusieron en apuros a los representantes de la Fiscalía a quienes les cuestionaron su actuación en 17 años de súplicas de familiares de personas que piden respuestas de lo que pasó con sus seres queridos.
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El magistrado Gustavo Salazar cuestionó que 17 años después la Fiscalía no haya tomado medidas urgentes para encontrar a los desaparecidos de la comuna 13.
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“A la fecha se presenta una cifra de población víctima de 114 aproximadamente, yo me pregunto, ¿pasados 16 años qué es necesario y qué ha sucedido para que no se haya consolidado una cifra de desaparición forzada en la comuna 13?”, dijo.
“Es una pregunta muy difícil y una respuesta muy compleja. Lo que podría decir es que no todas las víctimas denunciaron ante la justicia ordinaria”, le respondió la representante de la Fiscalía a la JEP, quien agregó que muchas familias denunciaron los hechos muchos años después y “por ahora solo tenemos un consolidado de los hechos violentos del Bloque Cacique Nutibara, cuyo registro es de 113 víctimas desaparecidas en Medellín entre 1998 y 2003, de las cuales 23 desaparecieron en la comuna 13, sin que ninguno de los casos tenga una sentencia”.
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Por su parte el magistrado de la JEP Alejandro Ramelli, cuestionó que en los predios donde se han encontrado personas enterradas en la comuna 13 no se haya aplicado extinción de dominio.
“Existe una administración, controles sobre escenarios que son privados y, ¿en algún momento se ha pensado en una acción de extinción de dominio?, ¿por qué los sitios donde se cometieron esa cantidad de delitos siguen siendo privados?, ¿por qué la Fiscalía no ha emprendido acciones contra los propietarios o los administradores?”, sostuvo Ramelli.
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El argumento de la Fiscalía por el que no ha aplicado extinción de dominio es que quienes son dueños de esos predios llegaron ahí como víctimas de algún conflicto y quitarles la tierra sería revictimizarlos.
“El terreno que está documentado desde 2013 pertenece a unas víctimas que fueron expulsadas de ese predio donde se montó una base paramilitrar y para la producción de estupefacientes”, dijo la Fiscalía.
Lo cierto es que, este jueves la JEP determinará si dicta medidas cautelares para zonas de la comuna 13 como el cierre de La Arenera y La Escombrera, donde podrían estar enterradas las 250 personas cuyas familias claman encontrar.
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