La Corte Suprema de Justicia citó a descargos a la directora administrativa del Congreso, Astrid Salamanca, por presuntamente haber impedido inicialmente una inspección judicial relacionada con los contratos que tuvo en el Legislativo Deicy Jiménez, la mujer que denunció al presidente Gustavo Petro por los llamados ‘sexocontratos’.
La funcionaria deberá comparecer el próximo martes a las 2:00 de la tarde ante el despacho del magistrado instructor Javier Fernando Fonseca Alvarado, de la Sala de Instrucción, para explicar su actuación y responder por las circunstancias que habrían retrasado la diligencia judicial.
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La citación hace parte de un incidente abierto por la Corte, al considerar que la actuación de la directora Salamanca pudo haber demorado la inspección y dificultado la entrega de la información que estaban solicitando los investigadores.
En caso de que sus explicaciones no sean satisfactorias, la funcionaria podría enfrentar medidas como una compulsa de copias para que se adelanten investigaciones penales y disciplinarias, además de una sanción de hasta 30 días de arresto. Sin embargo, cualquier decisión se tomará después de escucharla.
El caso se remonta a la semana pasada, cuando el magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado ordenó una inspección judicial en la Secretaría del Senado para obtener los contratos que Deicy Jiménez habría tenido con el Congreso de la República.
La diligencia busca recaudar elementos de prueba dentro de las investigaciones que adelanta la Corte por la denuncia contra el presidente Gustavo Petro, en la que Deicy Jiménez hizo señalamientos sobre una presunta entrega de contratos a cambio de favores sexuales.
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Adicionalmente, la Sala de Instrucción ordenó anteriormente realizar una copia espejo del teléfono celular relacionado con esta investigación, que fue entregado a la Fiscalía, y así obtener una copia del contenido del dispositivo, que posteriormente será entregada al alto tribunal.
Ahora, la directora administrativa del Congreso tendrá que explicar por qué inicialmente se habría obstaculizado la inspección judicial y será el magistrado instructor quien determine si hay lugar a imponer alguna sanción.
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