En medio del debate de control político, citado por el representante Carlos Ardila, el Gobierno reconoció que el fenómeno es mucho más grande de lo que se cree, pues hay familias que no se atreven a denunciar.
El representante señaló que el problema está lejos de acabarse y que el incremento de este año fue de más del 500 por ciento.
“El reclutamiento de niños niñas y adolescentes es de 190 entre enero y junio de este año, esto nos da un incremento del 500 por ciento”, dijo.
En medio del debate, Nancy Patricia Gutiérrez, alta consejera para los Derechos Humanos, dijo que desde los años 90, cuando inicio el fenómeno de reclutamiento, han sido afectados 15.000 menores de edad, según las cifras oficiales.
“Lamentablemente son subregistros”, dijo.
Gutiérrez señaló que desde marzo se identificó que 209 municipios podían tener riesgo sobre el fenómeno de reclutamiento forzado.
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“Pensemos en el mapa de Colombia, encontramos prácticamente una C arranca en la frontera en Norte de Santander, toda la región del Catatumbo pasa por el sur de Cesar, Bolívar, Córdoba, norte de Antioquia al Golfo de Morrosquillo y luego coge la Costa Pacífica el Chocó, el pedacito del Valle, Cauca, Nariño, sigue con Putumayo y luego encontramos una zona aislada que es Arauca. Esa c es un círculo de violencia en Colombia”, dijo.
“Encontramos que en el segundo semestre de 2019 se había adelantado estrategia de priorización de zonas de vulnerabilidad y un índice de probabilidad de riesgo de reclutamiento. A partir de marzo hicimos un cruce con las alertas tempranas de la Defensoría, Naciones Unidas (...) y se identificaron 209 municipios en 22 departamentos”, contó.
También señaló que se debe hablar de utilización de menores para la comisión de delitos utilizando las redes sociales o en entornos educativos.
“Hay otro elemento fundamental y es la inimputabilidad de los menores de edad frente a la justicia (…) que a la larga ha llevado a que los menores de edad sean utilizados por estos grupos delincuenciales que se aprovechan precisamente de la inimputabilidad de los menores para utilizarlos a hacer afines a sus actividades delincuenciales”
La Canciller Claudia Blum dijo, por su parte, que en ninguna de las resoluciones del consejo de seguridad de Naciones Unidas sobre niños y conflicto armado se hace relación explicita a la situación en Colombia. Son generales y no se mencionan estados, señaló que el país cumple a través de medidas legislativas.
La subdirectora del ICBF, Liliana Pulido, contó que 211 niños que habían sido incorporados a filas de grupos armados se encuentran en la entidad. Sin embargo, el 83 por ciento ha sido entregado voluntariamente y el 17 por acción de las autoridades.
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También manifestó que este año se han ingresado al programa 96 niños niñas y adolescentes han ingresado a este programa. En toda la historia de la entidad se han atendido 6.883 niños, el 70 por ciento son niños.
Por su parte, el viceministro de Defensa, Jairo García, dijo que esperan que la nueva política de formación de las fuerzas militares y la policía esté lista para diciembre y que de la mano del ICBF implementan medidas para fortalecer contenidos en prevención para la defensa de los niños niñas y adolescentes.
Señaló que se han priorizado 197 municipios y concentrando los esfuerzos en esos municipios de alto riesgo de reclutamiento.
Sobre desvinculación de menores dijo que harán todo para aumentar el número. Entre 2018 y 2020 han tenido 346 desvinculaciones, 87 en 2020. “No estamos satisfechos”, dijo.
Según él que seguirán fortaleciendo las capacidades contra el ELN y los Caparros que son los que están ejerciendo reclutamiento de menores.
