Mónica tenía 13 años cuando fue reclutada en una zona rural de Tibú, Norte de Santander. Meses después, su familia recibió la noticia de que la menor había sido encontrada sin vida. De acuerdo con la información conocida por Blu Radio, la niña habría intentado escapar del grupo armado que la mantenía retenida antes de ser asesinada.Durante el tiempo que permaneció en poder de la organización, su padre, Ramón Darío Beltrán Acevedo, apenas pudo hablar con ella durante unos tres minutos. Aunque Mónica alcanzó a decirle que estaba bien, su padre aseguró que pudo notar el temor que tenía y que la menor quería regresar a casa. "Papi, ya estoy bien", fueron las palabras que alcanzó a decirle durante esa breve conversación.Beltrán Acevedo recordó que el contacto fue demasiado corto y que no pudieron conversar con tranquilidad sobre la situación que atravesaba la menor."La conversación con ella en ese momento fue muy corta, alrededor de 3 minutos, no pudimos coordinar bien, solo preguntarle cómo estaba", relató el padre, quien aseguró que, pese a las palabras de su hija, percibió que algo no estaba bien.El padre de Mónica también describió la preocupación que observó en la menor durante la llamada. "Pero no la noté bien porque estaba preocupada, es una niña, estaba preocupada, quería venirse y bueno, no pude hacer nada", contó. Según su testimonio, la expresión de la niña le permitió identificar el miedo que estaba sintiendo en ese momento."Sí, claro, claro. Con la mirada, de una vez yo conocí que tenía miedo, pero lamentablemente no pudimos hacer nada", manifestó Beltrán al recordar aquel último contacto con su hija. La familia mantuvo la esperanza de que Mónica pudiera regresar a casa, hasta que recibió la confirmación de su muerte.La recuperación y el traslado del cuerpo desde la zona del Catatumbo hasta Cúcuta también representaron dificultades debido a las condiciones de seguridad y al acceso al territorio. La familia tuvo que afrontar este proceso después de conocer la muerte de la menor.Reclutamiento de menoresEl caso también expone una modalidad de reclutamiento que estaría utilizando las redes sociales para llegar a menores de edad. De acuerdo con la información dada a conocer por la Defensoría, plataformas como TikTok estarían siendo utilizadas para establecer contacto con niños y adolescentes, a quienes se les ofrecerían dinero, motocicletas y supuestas oportunidades.La situación preocupa especialmente en Norte de Santander. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, durante el primer semestre de 2026 se registraron 25 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el departamento, aunque la entidad advirtió que podría existir un subregistro.
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare admitió una acción de tutela presentada por el ciudadano Roxemhberg Rozo Sánchez para proteger los derechos fundamentales de niños y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado en el departamento.Dentro del trámite, el juez ordenó como medida provisional la suspensión temporal de bombardeos contra objetivos militares en el Guaviare cuando exista información de inteligencia, una alerta preventiva u otro elemento objetivo que permita advertir razonablemente sobre la posible presencia de niños o adolescentes que puedan resultar afectados en su vida o integridad física. La medida estará vigente mientras el juzgado toma una decisión de fondo sobre la tutela.El despacho explicó que tomó esta decisión de manera preventiva porque considera que el riesgo de que un menor reclutado por un grupo armado pueda morir o resultar herido durante una operación militar no puede descartarse. Para el juez, una eventual afectación de la vida o integridad de un niño sería un daño irreversible, que no podría repararse con una decisión judicial posterior.El juzgado también tuvo en cuenta antecedentes de menores de edad que han muerto durante operaciones militares. En el auto cita información de Medicina Legal según la cual, entre diferentes operaciones realizadas desde agosto de 2025, fueron recuperados cuerpos de menores de edad y, tras los análisis forenses, se determinó que 15 de los cuerpos correspondían a niños o adolescentes.Sin embargo, el despacho hizo varias precisiones. La decisión no significa que todos los bombardeos estén suspendidos, ni que toda operación militar en la que pueda haber menores sea automáticamente ilegal. La suspensión está limitada a las circunstancias concretas señaladas en la orden y fue considerada por el juez como una medida excepcional, temporal y preventiva.El juzgado también señaló que en esta etapa no está afirmando que las autoridades hayan vulnerado los derechos de los menores ni está estableciendo su responsabilidad. Lo que reconoce es que existen elementos objetivos que hacen posible el riesgo denunciado y que, por tratarse de derechos fundamentales de niños y adolescentes, es necesario adoptar una protección mientras se estudia el caso.Los vinculados a la tutela tendrán 48 horas para responderComo parte de la tutela, el juez ordenó al Ministerio de Defensa, al Ejército, a la Fuerza Aérea y al ICBF que, en un plazo de 48 horas, informen cuáles son las medidas y protocolos que tienen implementados o que deben reforzar, para identificar la posible presencia de menores en las zonas donde se desarrollan operaciones militares.También deberán explicar cómo verifican la información de inteligencia relacionada con posibles menores reclutados o utilizados por grupos armados, cómo evalúan los riesgos para la población civil antes de las operaciones aéreas y qué medidas aplican para garantizar una protección especial a los niños y adolescentes.Las demás entidades vinculadas al proceso también tendrán un plazo máximo de 48 horas para responder los hechos planteados en la tutela y aportar las pruebas que consideren necesarias.La tutela continuará su trámite con la participación de entidades como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales, autoridades indígenas y organizaciones campesinas del Guaviare.También fueron invitados organismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y UNICEF, además de facultades de Derecho de varias universidades, para que puedan aportar sus opiniones sobre el problema jurídico.El juez deberá analizar toda esta información antes de emitir una decisión definitiva sobre la tutela. Por ahora, la orden de suspender determinados bombardeos es una medida provisional destinada a prevenir posibles afectaciones a menores mientras se estudia de fondo el caso.
La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, hizo un llamado a fortalecer las acciones de prevención frente al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia, tras el reporte de la Defensoría del Pueblo que señaló que entre 2024 y 2026 se registraron más de 1.170 casos de reclutamiento de menores en el país.Para la OIM, enfrentar el reclutamiento requiere anticiparse al riesgo y trabajar directamente en las comunidades, por lo que las escuelas y familias son claves para prevenir estas acciones.Según la organización, uno de los principales mecanismos de prevención son los llamados entornos protectores, que involucran a las instituciones educativas, las familias y las comunidades.En los colegios, los docentes son capaces de identificar señales de alerta y ofrecer alternativas educativas y de ocupación del tiempo libre. Asimismo, en los hogares, la OIM destaca la importancia de fortalecer la comunicación entre padres, madres, cuidadores y menores para detectar posibles situaciones de engaño, presión o acercamiento por parte de grupos armados.“La barrera contra el reclutamiento se construye en el día a día: en las escuelas, donde los docentes detectan alertas tempranas y ofrecen alternativas en la educación; en los hogares, formando a padres, madres y cuidadores en escucha activa para identificar engaños o presiones armadas; y en los barrios, capacitando a líderes comunitarios para activar rutas de protección institucionales o comunitarias antes de que el riesgo sea inminente”, señaló la OIM en su comunicado.La Organización aseguró que, durante sus 20 años de trabajo en esta materia, ha implementado metodologías de prevención en los 32 departamentos del país. Más de 32.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes han sido acompañados por la OIM en la construcción de proyectos de vida.Además, ha capacitado a cerca de 36.000 padres, madres y cuidadores, así como a 15.000 funcionarios locales para fortalecer la identificación y activación de alertas tempranas.Actualmente, estas acciones continúan en las regiones consideradas más vulnerables y desde este año, en articulación con el ICBF, la estrategia Cuidado Mutuo y las Unidades Regionales de Apoyo han acompañado a cerca de 700 menores en riesgo.“La prevención no empieza cuando los actores armados tocan a la puerta; empieza mucho antes. Se logra escuchando a las familias, fortaleciendo a los colegios y advirtiendo sobre los nuevos riesgos en redes sociales. Cuando un joven tiene alternativas reales de estudio y ocupación del tiempo libre, la violencia pierde capacidad de captación”, señaló Felipe Roldán, Coordinador del Programa de Paz, Estabilización y Recuperación de la OIM.Desde la organización advierten que uno de los nuevos desafíos está relacionado con los riesgos digitales y el uso de redes sociales para acercarse a niños, niñas y adolescentes. Es por esto por lo que la OIM considera necesario fortalecer las capacidades de las familias, los docentes y las autoridades para identificar nuevas formas de captación y responder de manera temprana.La OIM pidió mantener activa la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, la Utilización y la Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes en Colombia (CIPRUNNA), con el propósito de mejorar la coordinación entre las más de 20 entidades del Gobierno nacional, autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil y organismos de cooperación internacional, a la vez que insistió en que ampliar las estrategias de prevención y garantizar alternativas de educación, protección y construcción de proyectos de vida son elementos fundamentales para evitar que los menores terminen vinculados al conflicto armado en el país.
Colombia vuelve a poner sobre la mesa la protección de los menores frente al conflicto armado, luego de que las autoridades confirmaran que entre las bajas registradas en un bombardeo contra estructuras de las disidencias de las Farc en Guaviare se encuentran tres menores de edad.El hecho generó nuevas reacciones políticas y llevó a la representante a la Cámara por el Centro Democrático, Luz Marina Gordillo, a enviar este lunes una carta al presidente Abelardo De La Espriella y al ministro del Interior, Rodrigo Lara, en la que solicita que el nuevo Estatuto Antiterrorista contemple sanciones más severas para quienes involucren a menores en actividades de los grupos armados ilegales.Según la congresista, durante 2025 la Defensoría del Pueblo registró 257 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Además, Gordillo asegura, citando cifras de Medicina Legal, que 62 menores murieron en operaciones militares durante el Gobierno de Gustavo Petro.Ante este panorama, la representante planteó que conductas como el homicidio, el secuestro, la tortura, la violencia sexual, la explotación y la utilización de menores como combatientes o escudos humanos sean consideradas de máxima gravedad.Uno de los puntos centrales de su propuesta es abrir un nuevo debate constitucional sobre la posibilidad de establecer una prisión perpetua revisable para quienes cometan los crímenes más graves contra niños, niñas y adolescentes.Gordillo también pidió adoptar medidas mientras avanzan las obras de las megacárceles anunciadas por el Gobierno. Su propuesta es que los integrantes de grupos armados condenados por este tipo de delitos sean recluidos en centros penitenciarios de alta seguridad y, eventualmente, en los buques cárcel anunciados por el Ejecutivo.La representante sostuvo que la protección de los menores debe estar por encima de cualquier negociación o consideración política y llamó al Gobierno a incorporar estas medidas en la discusión del nuevo Estatuto Antiterrorista.La propuesta abre nuevamente el debate sobre el reclutamiento y la instrumentalización de menores por parte de grupos armados, así como sobre la respuesta penal del Estado frente a quienes utilizan a niños y adolescentes en medio del conflicto.
Medicina Legal confirmó la recepción de 10 cuerpos relacionados con el bombardeo realizado el 27 de agosto en zona rural de El Retorno, Guaviare, en el marco de las acciones militares denominadas Operación Amón. Los cuerpos fueron recibidos por la entidad el 29 de agosto y, de los nueve identificados hasta el momento, tres corresponden a menores de edad.Estos tres casos se incorporan a los registros de Medicina Legal sobre menores de edad fallecidos en operaciones militares durante los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro. De acuerdo con las cifras suministradas, durante los dos últimos periodos presidenciales han sido identificados 117 menores fallecidos en este tipo de operaciones. Los registros de Medicina Legal señalan que durante el gobierno de Iván Duque se registraron 367 personas fallecidas en operaciones militares, de las cuales 42 eran menores de edad.Durante la administración de Gustavo Petro, con el corte señalado en la información entregada, Medicina Legal contabilizó 458 personas fallecidas en operaciones militares, entre ellas 62 menores de edad.De los 62 menores registrados durante el gobierno Petro, al menos 13 eran indígenas y tres afrodescendientes. Los lugares señalados en los registros como escenarios de fallecimiento incluyen Cauca, Guaviare, Calamar, Arauca, Amazonas y Valle del Cauca.La información también establece que las categorías de operación militar en las que se registra el mayor número de menores fallecidos corresponden a acción militar, enfrentamiento armado y bombardeo.
"La niñez no se toca. Mucho menos para la guerra". Ese es el llamado que hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, tras la confirmación de que tres menores de 15 y 16 años murieron durante la Operación Amón, desarrollada en zona rural de El Retorno, Guaviare, contra una estructura de las disidencias de alias ‘Calarcá’.Más allá de las acciones militares y judiciales que se adelantan frente al reclutamiento de menores, el ICBF puso el foco en la prevención y en la necesidad de llegar a las comunidades antes de que los grupos armados conviertan a niños, niñas y adolescentes en instrumentos de la guerra. La directora del ICBF, Carolina Restrepo, aseguró que el instituto ya tiene presencia en los territorios y que este trabajo será fortalecido, con mayor cobertura y especial atención en las zonas donde la niñez se encuentra en mayor riesgo.“Vamos a trabajar con las familias, a escuchar directamente a la niñez y la adolescencia y a actuar sobre las condiciones que están aprovechando los criminales para reclutarlos, utilizarlos y violentarlos”, señaló Restrepo.Para el Instituto, la prevención no puede comenzar cuando un menor ya fue reclutado. La apuesta es identificar previamente las condiciones de vulnerabilidad que pueden ser aprovechadas por los grupos armados para captar a los menores y fortalecer el acompañamiento a las comunidades.El caso de Guaviare volvió a poner sobre la mesa la gravedad de esta problemática. El Ministerio de Defensa confirmó que tres de los diez combatientes muertos durante la operación eran menores de edad: dos tenían 15 años y uno, 16. Las autoridades calificaron el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado como un crimen de guerra y una grave violación del derecho internacional humanitario. Frente a este panorama, Restrepo también destacó la importancia de escuchar a quienes han vivido directamente el reclutamiento. En ese proceso participa Deisy Dorelly, quien fue reclutada cuando era menor de edad y hoy trabaja en el ICBF. Su experiencia, según la directora, será fundamental para comprender las dinámicas de las comunidades y mejorar las estrategias de prevención.La apuesta del Instituto es entonces llegar antes: fortalecer el trabajo territorial, acompañar a las familias, escuchar a los menores y actuar sobre los factores que los ponen en riesgo.
La situación del reclutamiento de menores en Colombia llegó este martes a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, presentó los principales hallazgos de un informe elaborado por esa organización sobre esta problemática.Durante la presentación, representantes y senadores que participaron en la sesión hicieron observaciones y formularon preguntas sobre las cifras, la respuesta del Estado y las condiciones particulares en las que niños, niñas y adolescentes están siendo reclutados por grupos armados.Una de las intervenciones fue la de la representante Catherine Juvinao, quien cuestionó la decisión del ICBF de utilizar el término “niñez” y sostuvo que, frente a una problemática como el reclutamiento, es necesario mantener una referencia específica a las niñas por las violencias particulares que pueden enfrentar dentro de los grupos armados.“1500 niños reclutados desde 2021, ojo, de los cuales 40 % son niñas a las que hay que nombrar, porque resulta que a las niñas en los grupos armados las reclutan para violarlas, para embarazarlas, para que ejerzan las labores de cuidado de los guerrilleros. Entonces, a mí que no me vengan a decir que esas niñas quedan incluidas en los niños”, dijo Juvinao.Ademas, le hizo una petición al nuevo gobierno, a la directora del ICBF, Carolina Restrepo, y a la ministra de educación Viviane Morales.Al responder una pregunta del representante Daniel Briceño, Goebertus explicó que Colombia no cuenta actualmente con un registro único que reúna los casos de niños y niñas reclutados.“Efectivamente, hoy Colombia no tiene un registro único de niños y niñas reclutados, de niños y niñas usados por la criminalidad que nos permita tener un universo claro. Lo que yo sí le puedo decir, representante Briceño, es que sobre el registro no hay. Si acaso hay subregistro”, señaló Goebertus.Mientras tanto, la senadora Jennifer Pedraza planteó al Congreso llamar a un debate o abrir una conversación regulatoria con plataformas como Meta y TikTok, con el objetivo de revisar medidas frente a las cuentas utilizadas para reclutar menores.“Considero que el Congreso de la República debería llamar a un debate o a una conversación regulatoria a las plataformas como Meta y TikTok para, por lo menos, garantizar que exista una política de sancionar y de cerrar estas cuentas, e incluso de ubicarles geográficamente”, sostuvo Pedraza.
El uso de redes sociales para reclutar a niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados genera preocupación en la Iglesia y la Defensoría del Pueblo. Tras el informe publicado por Human Rights Watch, que advierte que el reclutamiento forzado de menores se cuadruplicó en los últimos años y que desde 2021 al menos 1.500 niños han sido vinculados por la fuerza a estos grupos, el delegado para las relaciones Iglesia-Estado, monseñor Héctor Fabio Henao, alertó sobre el alcance que está teniendo esta práctica.“Con las redes puede estar tocando cualquier puerta, puede estar tocando cualquier barrio, puede estar tocando cualquier dimensión de la sociedad colombiana. No estamos hablando ya de un ámbito circunscrito, geográfico, concreto, estamos hablando de un fenómeno de dimensiones enormes”, señaló Monseñor.Según el informe de Human Rights Watch, plataformas como Facebook y TikTok son utilizadas por los grupos armados para difundir contenidos que idealizan la vida dentro de estas estructuras e invitan a los menores a vincularse. La Iglesia advierte que estas nuevas formas de captación se suman a las condiciones de vulnerabilidad que ya enfrentan muchos niños y jóvenes en el país.El delegado para las relaciones Iglesia-Estado señaló además que los grupos armados y las organizaciones criminales están aprovechando las aspiraciones de los jóvenes para atraerlos con promesas de beneficios y oportunidades. Por eso, insistió en que la respuesta no puede limitarse a la intervención de la fuerza pública.“El Estado requiere enfocar esta problemática de infancia, juventud y niñez de una manera muy clara, también buscando cuáles son las raíces profundas y de qué manera llegar, con mensajes y también con oportunidades que sean capaces de darle luces y transformaciones a lo que los jóvenes están esperando. Hay una juventud que está esperando respuestas, y esa juventud está ansiosa de encontrar oportunidades.Y ojalá no sean los grupos ilegales las que le estén cubriendo ese espacio, las que estén respondiendo a esas necesidades”, afirmó Monseñor.La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, coincidió en que la protección de los menores requiere medidas adicionales y llamó la atención sobre la deserción escolar como uno de los factores de riesgo. “El despliegue de la fuerza pública, la protección de la población es importante, pero es insuficiente, porque estos menores de edad necesitan también un acompañamiento”, afirmó.Marín advirtió que la cobertura educativa, en lugar de aumentar, se ha reducido en los últimos años. Según explicó, en 2018 el 92 % de los menores en edad escolar asistía al colegio, mientras que actualmente la cifra se ubica en 88 %. Para la defensora, garantizar la permanencia de los niños y adolescentes en el sistema educativo es una de las medidas necesarias para reducir su vulnerabilidad frente al reclutamiento.
El aumento del reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados encendió las alertas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), luego del reciente informe presentado por Human Rights Watch, que advierte sobre la persistencia de este fenómeno y las nuevas formas utilizadas para acercarse a los menores.Ante este panorama, el Icbf anunció que reforzará sus estrategias de prevención, especialmente en las comunidades donde existen mayores factores de riesgo y donde la presencia de grupos armados amenaza los derechos y los proyectos de vida de niños y adolescentes.Deisy Dorelly Guanaro, integrante de la Dirección General del Icbf y encargada de los asuntos relacionados con la prevención del reclutamiento, aseguró que la entidad trabajará de manera articulada con las comunidades, organizaciones sociales y ONG para evitar que más menores sean víctimas de este delito.Pero la preocupación no se limita a los territorios. El Icbf también identificó las redes sociales como uno de los nuevos escenarios utilizados por los grupos armados para acercarse a los menores. Por esta razón, la entidad anunció que buscará trabajar de la mano con plataformas como TikTok, Instagram y Facebook para prevenir y bloquear contenidos que puedan poner en riesgo a niños, niñas y adolescentes.El informe de Human Rights Watch, titulado “Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá: reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados en Colombia”, advierte sobre el crecimiento de esta problemática en diferentes regiones del país y señala las estrategias que estarían utilizando los grupos armados para captar a menores de edad.Para el Icbf, estos hallazgos representan un llamado a fortalecer las acciones institucionales y a desarrollar nuevas estrategias de prevención desde los territorios. La prioridad, según la entidad, es intervenir en las zonas donde los menores enfrentan mayores riesgos y garantizar que puedan crecer alejados de la violencia y con oportunidades para desarrollar sus proyectos de vida.
Las autoridades de Santander manifestaron su preocupación por el aumento de la deserción escolar en Piedecuesta, luego de conocerse que más de 700 niños y jóvenes han abandonado las aulas, una situación que, según las autoridades, podría facilitar que organizaciones delincuenciales intenten captar e instrumentalizar a menores de edad para actividades criminales.La alerta fue expuesta durante un consejo de seguridad en el municipio, donde se analizó la situación de orden público y las acciones para enfrentar a las estructuras criminales que operan en la zona, especialmente aquellas señaladas de reclutar menores para cometer delitos.El subsecretario de Seguridad de Santander, Douglas Arenas, explicó que uno de los principales objetivos de las autoridades es debilitar las redes delincuenciales que, presuntamente, están utilizando a niños y adolescentes para fortalecer sus actividades ilegales."Un dato preocupante que nos deja la Alcaldía en ese Consejo de Seguridad es que ya hay registrados más de 700 niños o jóvenes que han desertado de la escolaridad en el municipio y que, de alguna u otra forma, generan atención para estos grupos de delincuencia organizada para poder captarlos", afirmó el funcionario.Ante este panorama, Arenas anunció que la Gobernación de Santander, a través de la Secretaría de Educación y en coordinación con la administración municipal, pondrá en marcha un plan para identificar las causas de la deserción escolar y reincorporar a estos estudiantes al sistema educativo.Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, general William Quintero, aclaró que no existe evidencia para afirmar que los menores estén abandonando los colegios por presión directa de las bandas criminales. Sin embargo, advirtió que permanecer fuera del sistema educativo incrementa el riesgo de que sean reclutados."No podemos entrar a decir directamente que los están sacando de los colegios para vincularlos a la criminalidad, pero sí es un elemento de mucha preocupación. Cuando estos muchachos no están estudiando ni desarrollando actividades, pueden ser instrumentalizados fácilmente por grupos delincuenciales", señaló el oficial.El general Quintero agregó que las investigaciones indican que estructuras criminales que delinquen en el sur del área metropolitana han recurrido al uso de menores de edad para ejecutar homicidios bajo la modalidad de sicariato.Como parte de la ofensiva contra estas organizaciones, la Policía Metropolitana reportó la captura de alias "Zombie", señalado como uno de los principales dinamizadores del sicariato en Piedecuesta. El procedimiento incluyó diligencias de allanamiento y registro que fueron legalizadas por las autoridades judiciales, y el presunto delincuente quedó con medida de aseguramiento privativa de la libertad.
Alberto Gamero habló sobre la lesión que sufrió Cristian ‘Chicho’ Arango durante el partido entre Atlético Nacional vs. Millonarios y aprovechó para enviarle un mensaje de respaldo al delantero. En entrevista con Blog Deprotivo, el técnico del conjunto embajador aseguró que espera que el atacante tenga una pronta recuperación y dejó claro el cariño que siente por el futbolista, quien tuvo que abandonar el clásico disputado en el estadio Atanasio Girardot.Todo sucedió en el minuto 9, cuando el atacante verdolaga intentó disputar un balón con Stiven Vega, pero en el choque con el jugador de Millonarios, tuvo un movimiento que afectó su rodilla derecha. De hecho, aunque intentó regresar a la cancha y seguir jugando, el dolor se lo impidió. Terminó abandonando la cancha en el minuto 14 en medio de lágrimas en medio del clásico entre antioqueños y bogotanos, en un escenario donde era titular y podía demostrar sus cualidades."'Chicho' Arango, que le mando mucha fuerza, le mando mucha energía para que, para que salga rápido de esa lesión, porque soy una persona que lo quiero mucho a él. Dios quiera que él salga bien en su recuperación. Pero 'Chicho' se lesionó solo", dijo el entrenador.Gamero defendió planteamiento de MillosEntretanto, Gamero fue consultado por las declaraciones de Lucas González, entrenador de Atlético Nacional, quien consideró que Millonarios había generado poco en el partido y que el resultado pudo ser diferente si algunas de las oportunidades del conjunto antioqueño hubieran terminado en gol. El técnico samario defendió el trabajo de sus dirigidos y señaló que las estadísticas mostraban un duelo más equilibrado de lo que podía sugerir el dominio de la pelota de los locales."A lo mejor se defendió mejor Nacional porque es que Nacional sí me jugó con 3 volantes de marcas y 3 centrales. Entonces nos obstaculizó a nosotros la parte ofensiva, pero Millonarios fue a buscar el partido, fue a jugar", recalcó.Además, Gamero recordó que su equipo utilizó jugadores de características ofensivas y que incluso dejó dos defensores centrales en el banco porque su intención era buscar el partido y no limitarse a proteger el resultado.Vale recordar que Atlético Nacional terminó con el 59 % de la posesión frente al 41 % de Millonarios y registró 13 remates totales, aunque solamente tres fueron directamente a portería. El cuadro capitalino también tuvo tres remates al arco, una estadística que Gamero utilizó para respaldar su interpretación de que el compromiso estuvo más parejo en las opciones claras de lo que podía reflejar la posesión.El próximo reto del embajador será contra el Medellín el martes 29 de septiembre en condición de visitante a las 8:05 de la noche.
El grupo EPM confirmó un dramático descenso de los niveles de los embalses que abastecen de agua potable a Medellín y su área metropolitana. Un ejemplo es que en solo 4 días, el embalse de Piedras Blancas ha descendido un 13 % por el alto consumo de la comunidad.En Medellín hay preocupación porque a pesar de las lluvias, los embalses siguen descendiendo su nivel dramáticamente. Las autoridades también revelaron que la ciudad no ha logrado alcanzar las metas propuestas de ahorro de agua en medio de la semana de racionamiento.El nivel de los 3 embalses que abastecen de agua al Valle de Aburrá asusta. El panorama más crítico lo tiene la represa de Piedras Blancas, que surte al nororiente y el centro oriente de Medellín.Hay que recordar que el lunes 21 de septiembre, cuando anunciaron el reinicio de los racionamientos programados, estaba en un 76 %, pero en estos momentos y después de sólo 4 días, su nivel de almacenamiento descendió al 63 %, prendiendo las alarmas de las autoridades.“Lo que necesitamos es un ahorro sobre el consumo habitual de las personas, porque definitivamente tiene que haber un ahorro porque no hay aporte de las fuentes y caudal de quebradas”, aseveró Santiago Wilches, gerente de acueducto y alcantarillado de EPM.Según las cifras de EPM, la represa de La Fe, que brinda agua a municipios como Envigado, Sabaneta, Caldas, La Estrella e Itagüí está en un 63 % y el de Riogrande II, que surte a Bello, Girardota, Copacabana y el occidente y noroccidente de Medellín está en 65 %.Simultáneamente, en Medellín no están cumpliendo la meta de ahorro de agua en medio de la semana de racionamiento.En el nororiente y centro oriente donde se debían ahorrar 92 litros diarios por hogar, sólo se están logrando 60, en el sur de Medellín y el sur del Valle de Aburrá la meta era de 70 litros, pero el ahorro sólo llega a los 28 y en el norte del Valle de Aburrá y occidente de la capital antioqueña la comunidad ha ahorrado 17 litros por vivienda.“Cuando te bañes utiliza máximo 3 minutos de llave abierta con un minuto bajo el chorro tu cuerpo va a estar listo para recibir el shampoo y te puedes demorar todo el tiempo que quieras pero con la llave cerrada. Posteriormente 2 minutos son suficientes para que te retires el jabón y el shampoo del cuerpo”, explicó Peter Londoño, Educación a clientes de EPM.La próxima semana se evaluarán nuevas medidas para saber si sigue o no el racionamiento de agua potable
El Ministerio de Educación anunció nuevas medidas para proteger a estudiantes, docentes y familias de Santa Marta, luego de las alteraciones del orden público que desde el pasado 21 de septiembre han afectado la prestación del servicio educativo en sectores rurales de la ciudad.A través de la Directiva 011 de 2026, la entidad estableció orientaciones para que las clases puedan continuar bajo condiciones seguras y pidió a la Secretaría de Educación de Santa Marta mantener un seguimiento permanente a la situación de los establecimientos educativos.La Secretaría deberá entregar reportes diarios en el marco del Puesto de Mando Unificado, para evaluar las condiciones de seguridad en las zonas donde funcionan los colegios.Desde el Ministerio aseguraron que por ahora, el calendario escolar no será modificado. Sin embargo, los colegios podrán implementar estrategias pedagógicas y medidas de flexibilización curricular de acuerdo con las condiciones de cada territorio.La entidad también pidió a docentes y directivos mantener comunicación permanente con las familias y evitar desplazamientos que puedan representar un riesgo para estudiantes o integrantes de la comunidad educativa.La directiva contempla que, si las condiciones de seguridad continúan y no es posible garantizar la presencialidad, la Secretaría de Educación deberá evaluar medidas adicionales, entre ellas una eventual modificación del calendario académico.El Ministerio aclaró además que estas disposiciones son preventivas, temporales y excepcionales, y que buscan proteger la vida y la integridad de estudiantes, docentes y demás integrantes de las comunidades educativas, sin interrumpir los procesos de aprendizaje.La cartera de Educación señaló que continuará acompañando a las autoridades territoriales para adoptar las medidas que sean necesarias frente a la situación de orden público en Santa Marta.
La cosecha cafetera de Santander avanza en medio de un escenario que preocupa a los productores la falta de lluvias está marcando una diferencia cada vez más evidente entre las zonas donde los cultivos todavía responden favorablemente y aquellas donde el déficit de agua ya está afectando la producción.Uno de los puntos donde esta situación resulta más evidente es Aratoca, allí, las condiciones son especialmente complejas para las fincas ubicadas hacia la parte baja del cañón del Chicamocha, donde productores aseguran que el impacto del verano puede superar el 40 %.La afectación no es igual en todo el municipio. Óscar Daza, productor de café de Aratoca, explicó que en las parcelas que maneja directamente el déficit ronda el 15 %, pero señaló que en las zonas más bajas hay fincas con un impacto mucho mayor.La ubicación geográfica es uno de los factores que, según los productores, está agravando el panorama. En el cañón del Chicamocha, los fuertes vientos dificultan que las nubes permanezcan sobre las zonas cafeteras y esto reduce las posibilidades de lluvia.El problema aparece además en un momento clave para el sector la recolección de la cosecha comenzó a mediados de septiembre y se extenderá hasta finales de enero.La preocupación de los cafeteros no está relacionada únicamente con cuánto café podrán recoger. Las condiciones climáticas también pueden terminar reflejándose en las características del grano que llega a los puntos de compra.Ante este escenario, la Federación Nacional de Cafeteros modificó algunas condiciones comerciales para disminuir el impacto sobre los productores. El valor reconocido por el kilo de pasilla pasó de $10.000 a $12.000.También aumentó de 20 a 30 el promedio de granos brocados permitido en la muestra para que el café pueda ser recibido bajo las condiciones establecidas para el café convencional.La medida hace parte de las acciones adoptadas por el gremio ante los efectos que las condiciones climáticas están generando sobre la caficultura.El impacto potencial no es menor. La Federación Nacional de Cafeteros registra 34.013 familias dedicadas a esta actividad en Santander, con 55.640 hectáreas cultivadas en 78 municipios. La caficultura genera además alrededor de 42.000 empleos directos en las zonas rurales.Por eso, el comportamiento del clima durante las próximas semanas será determinante para los productores, especialmente en las zonas donde las fuentes de agua y las lluvias han sido insuficientes.Mientras avanza la recolección, el reto para los cafeteros será sacar adelante una cosecha que comenzó bajo condiciones climáticas diferentes según la zona del departamento, con especial preocupación en los sectores más secos del cañón del Chicamocha.
El Área Metropolitana identificó cerca de 240 hectáreas afectadas por incendios en el Valle de Aburrá. La autoridad ambiental indicó que durante esta temporada con el Fenómeno de El Niño se identificaron más de 150 columnas de incendiosEl seguimiento a los incendios de cobertura vegetal se ha convertido en una de las principales acciones de monitoreo ambiental que adelanta el Área Metropolitana del Valle de Aburrá ante las condiciones asociadas al Fenómeno de El Niño.La entidad ambiental informó que uno de los principales resultados del monitoreo ha sido la identificación y cartografía de aproximadamente 240 hectáreas que presentan cicatrices de incendio, es decir, zonas donde la cobertura vegetal ha quedado afectada como consecuencia de las llamas.A este trabajo se suma la utilización de herramientas de teledetección, ya que de los incendios registrados durante el año, 14 fueron sobrevolados con el propósito de obtener información que contribuya a la atención y análisis de las afectaciones.“Este es un llamado importante porque este fenómeno del Niño tiene una probabilidad de cerca del 90% en que sea un fenómeno muy fuerte, es decir, en los últimos 150 años no hemos tenido registros de un fenómeno del Niño tan fuerte. Frente a los incendios forestales, un llamado importantísimo. La mayoría de incendios forestales reportados en nuestro Valle de Aburrá tienen que ver con la intervención humana”, aseguró la directora del AMVA, Paula Palacio.Otro de los datos destacados por la entidad corresponde a la georreferenciación de 155 columnas de humo, lo que permitió ubicar espacialmente las señales asociadas a posibles incendios y aportar información para el seguimiento de las emergencias.La estrategia hace parte del monitoreo permanente que se desarrolla a través del proyecto SIATA, que mantiene vigilancia 24/7 sobre las condiciones ambientales e hidrometeorológicas del Valle de Aburrá, lo que hace posible identificar posibles escenarios de riesgo, generar alertas y entregar insumos para activar oportunamente los protocolos de respuesta.