Las autoridades de Santander manifestaron su preocupación por el aumento de la deserción escolar en Piedecuesta, luego de conocerse que más de 700 niños y jóvenes han abandonado las aulas, una situación que, según las autoridades, podría facilitar que organizaciones delincuenciales intenten captar e instrumentalizar a menores de edad para actividades criminales.La alerta fue expuesta durante un consejo de seguridad en el municipio, donde se analizó la situación de orden público y las acciones para enfrentar a las estructuras criminales que operan en la zona, especialmente aquellas señaladas de reclutar menores para cometer delitos.El subsecretario de Seguridad de Santander, Douglas Arenas, explicó que uno de los principales objetivos de las autoridades es debilitar las redes delincuenciales que, presuntamente, están utilizando a niños y adolescentes para fortalecer sus actividades ilegales."Un dato preocupante que nos deja la Alcaldía en ese Consejo de Seguridad es que ya hay registrados más de 700 niños o jóvenes que han desertado de la escolaridad en el municipio y que, de alguna u otra forma, generan atención para estos grupos de delincuencia organizada para poder captarlos", afirmó el funcionario.Ante este panorama, Arenas anunció que la Gobernación de Santander, a través de la Secretaría de Educación y en coordinación con la administración municipal, pondrá en marcha un plan para identificar las causas de la deserción escolar y reincorporar a estos estudiantes al sistema educativo.Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, general William Quintero, aclaró que no existe evidencia para afirmar que los menores estén abandonando los colegios por presión directa de las bandas criminales. Sin embargo, advirtió que permanecer fuera del sistema educativo incrementa el riesgo de que sean reclutados."No podemos entrar a decir directamente que los están sacando de los colegios para vincularlos a la criminalidad, pero sí es un elemento de mucha preocupación. Cuando estos muchachos no están estudiando ni desarrollando actividades, pueden ser instrumentalizados fácilmente por grupos delincuenciales", señaló el oficial.El general Quintero agregó que las investigaciones indican que estructuras criminales que delinquen en el sur del área metropolitana han recurrido al uso de menores de edad para ejecutar homicidios bajo la modalidad de sicariato.Como parte de la ofensiva contra estas organizaciones, la Policía Metropolitana reportó la captura de alias "Zombie", señalado como uno de los principales dinamizadores del sicariato en Piedecuesta. El procedimiento incluyó diligencias de allanamiento y registro que fueron legalizadas por las autoridades judiciales, y el presunto delincuente quedó con medida de aseguramiento privativa de la libertad.
Los grupos armados ilegales están trasladando parte de sus estrategias de captación al entorno digital. Aunque el reclutamiento sigue materializándose en el mundo físico, organizaciones que investigan este fenómeno advierten que el primer acercamiento con muchos niños, niñas y adolescentes ahora ocurre a través de redes sociales.Esa es una de las principales conclusiones de una mesa multiactor liderada por Save the Children, en la que durante seis meses participaron entidades del Estado, organizaciones sociales, expertos y jóvenes para comprender cómo opera la captación digital como antesala al reclutamiento forzado. Como resultado, presentaron una propuesta de Protocolo Nacional para la Protección frente al Reclutamiento en Entornos Digitales.El estudio define la captación digital como el proceso mediante el cual se utilizan plataformas digitales para atraer a menores de edad hacia actividades ilegales o violentas. Los investigadores aclaran que no se trata del reclutamiento en sí, sino de un conjunto de acciones previas que buscan configurar esa vinculación.Durante la investigación se identificó que existen organizaciones especializadas en buscar y acercar menores a los grupos armados. Según los expertos, estas estructuras utilizan contenidos diseñados para conectar emocionalmente con los jóvenes mediante emojis, música, videos e imágenes llamativas, especialmente en territorios donde existe mayor vulnerabilidad social.El análisis permitió establecer tres fases de este proceso. La primera es la exposición, cuando el menor encuentra en plataformas como TikTok, Facebook o Instagram contenidos que presentan la vida en un grupo armado como atractiva o poderosa. La segunda es la interacción, que comienza cuando el adolescente comenta, comparte o reacciona a ese contenido y se inicia un contacto directo. Finalmente está la activación, en la que el grupo solicita pequeños favores, asigna tareas o propone encuentros presenciales que terminan materializando el reclutamiento.Para hacer más atractivos estos mensajes, la investigación identificó cinco narrativas recurrentes: la normalización de la violencia; la exaltación de una masculinidad asociada al poder y la fuerza; la promesa de dinero fácil; la construcción de una falsa idea de familia o hermandad dentro del grupo armado; y la invitación a vivir únicamente el presente, desincentivando la educación y cualquier proyecto de vida a largo plazo.Felipe Cortés, director de Incidencia de Save the Children, explicó que el país aún no cuenta con cifras que permitan establecer cuántos menores son captados inicialmente por redes sociales debido al alto subregistro. Sin embargo, señaló que durante 2025 se reportó el reclutamiento de más de 600 niños, niñas y adolescentes y recordó que estimaciones de la JEP indican que cerca del 44 % de los menores reclutados desde 2023 podrían haber tenido un primer contacto mediante entornos digitales.Por su parte, Matthew Charles, profesor de la Universidad del Rosario y director de la Fundación Mi Historia, aseguró que el concepto de “reclutamiento digital” puede resultar impreciso, ya que el reclutamiento ocurre finalmente en el mundo físico. Lo que sucede en internet, explicó, corresponde a una fase previa de captación que complementa las dinámicas territoriales de los grupos armados.Como ejemplo, relató que en un municipio del Cauca, tras una encuesta realizada a 40 estudiantes de un mismo colegio, todos afirmaron haber recibido mensajes de un grupo armado a través de Facebook. Según el investigador, antes de ese contacto los menores ya habían sido identificados y perfilados dentro de sus comunidades.Frente a este panorama, los expertos coincidieron en que eliminar estos contenidos de internet no siempre es posible, ya que muchos no infringen la ley. Por ello, insistieron en fortalecer la alfabetización digital, promover el diálogo entre padres e hijos sobre el contenido que consumen en redes sociales y desarrollar herramientas de pensamiento crítico para que niños y adolescentes puedan identificar estas estrategias de manipulación.Además, hicieron un llamado al Estado para crear una unidad especializada que coordine la respuesta institucional frente a la captación digital y fortalezca la prevención del reclutamiento de menores en el país.
Al menos 12.000 niños, niñas y docentes fueron afectados por la violencia de los grupos armados ilegales durante el primer semestre de 2026, según un informe del Consejo Noruego para Refugiados (NRC). La organización documentó 61 incidentes entre enero y junio en siete departamentos del país, lo que equivale a un ataque contra la educación cada tres días y evidencia que el conflicto continúa afectando el acceso a las aulas, especialmente en las zonas rurales.De acuerdo con el informe, cuatro de cada diez ataques ocurrieron en las rutas que utilizan los estudiantes para desplazarse hacia sus colegios, mientras que seis de cada diez se registraron dentro de las instituciones educativas. Los departamentos de Norte de Santander, Chocó y Cauca concentraron la mayor parte de los hechos documentados.Entre las principales afectaciones identificadas por el NRC están la ocupación de escuelas por parte de grupos armados, la instalación de artefactos explosivos en predios educativos, el reclutamiento forzado de menores y los enfrentamientos armados cerca de los planteles.El informe también advierte que la respuesta institucional sigue siendo insuficiente. Según la organización, dos de cada tres escuelas afectadas aún esperan apoyo para atender las consecuencias de estos ataques. Entre las necesidades más urgentes identificadas están la atención en salud mental para estudiantes y docentes, la capacitación para responder a situaciones de emergencia y programas de prevención frente a artefactos explosivos.El Consejo Noruego para Refugiados está haciendo un llamado al Gobierno para fortalecer la protección de la niñez y garantizar que las escuelas sean espacios seguros, incluso en las zonas más afectadas por el conflicto armado.
Un juez administrativo ordenó suspender de manera provisional los bombardeos contra estructuras de grupos armados ilegales en el departamento de Arauca hasta que las Fuerzas Militares revisen y ajusten los protocolos de planeación y ejecución de este tipo de operaciones, con el propósito de reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes que puedan encontrarse en esas zonas de conflicto.La decisión fue adoptada por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Arauca, dentro de una acción de tutela presentada por el personero municipal de Puerto Rondón, quien solicitó fortalecer las medidas de protección para los menores de edad que han sido reclutados por organizaciones armadas ilegales. Tras conocerse el fallo, la defensora del Pueblo explicó que la decisión busca equilibrar la protección de la población civil con la obligación del Estado de salvaguardar los derechos de los menores vinculados al conflicto. “Nuestro mensaje es que aquí hay una tensión entre la protección de la seguridad de la población en general, a través de unos bombardeos que afectan eventualmente derechos de menores de edad. El hecho de que se conviertan en combatientes no les retira la obligación del Estado de protegerlos en todo tiempo y lugar”, afirmó.La funcionaria agregó que “siempre nuestro llamado ha sido a que el Gobierno nacional, el presidente de la República y el ministro de Defensa deben tomar todas las medidas para evitar al máximo que mueran menores de edad dentro de estos bombardeos, teniendo en cuenta su previa victimización”.La Defensoría también alertó sobre el número de menores fallecidos en operaciones militares durante el actual gobierno, al indicar que se han registrado más de 60 menores abatidos en medio del conflicto armado. Por su parte, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, lamentó la muerte de menores reclutados por organizaciones ilegales y aseguró que las Fuerzas Militares han buscado evitar este tipo de situaciones antes de autorizar bombardeos. “Es lamentable que tengan que morir menores, muchos de los cuales son víctimas de reclutamiento forzado por parte de estos grupos ilegales. El ministro de Defensa ha anunciado en varias oportunidades que han agotado todas las medidas de inteligencia preventivas y de disuasión para que no haya bombardeos con presencia de menores”, señaló.El ministro indicó que será necesario analizar el alcance del fallo judicial. “Habrá que esperar entonces el fallo en concreto, que debe ser revisado por el Ministerio de Defensa, para ver si los bombardeos, donde haya evidencia de presencia de menores, no se hagan”. No obstante, precisó que las operaciones militares continuarían en otros escenarios cuando exista certeza de que no hay menores de edad en los campamentos. “Con otros grupos armados en otras zonas siguen los bombardeos por parte del Ministerio de Defensa cuando se tiene una mediana certeza de que no hay presencia de menores”, concluyó.
El reclutamiento de menores en Colombia aumentó 300 % desde 2022, según advirtió la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (Coalico). La denuncia coincide con un informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que revela la muerte de 65 menores de edad en bombardeos durante el gobierno actual.Hilda Molano, coordinadora de Coalico, explicó que los registros de monitoreo de Naciones Unidas evidencian una escalada crítica en el territorio nacional. “El reclutamiento ha aumentado en ese registro en el casi 300 %, que llevó incluso a calcular que son un reclutamiento por cada 20 horas en el país”, afirmó Molano, destacando la gravedad de esta dinámica delictiva.La especialista aclaró que, bajo los estándares internacionales, ninguna vinculación de menores de 18 años a grupos ilegales puede considerarse voluntaria. Los grupos armados utilizan métodos de persuasión o presión aprovechando la vulnerabilidad social, la falta de retención escolar y la debilidad de los entornos protectores familiares.El análisis de las organizaciones señala que las muertes en operaciones militares coinciden geográficamente con los focos históricos de reclutamiento forzado. Las zonas con mayor persistencia y constancia en el registro de estos casos corresponden a los departamentos de Cauca, Guaviare y Arauca.Molano detalló que las estructuras criminales han modificado sus estrategias de movilidad en el territorio. Se ha detectado el traslado interno de menores que son reclutados en el Cauca y terminan operando o perdiendo la vida en regiones distantes como el Guaviare.¿Cómo operan las estructuras armadas con los menores de edad?“Han cambiado las dinámicas, por ejemplo, aquello de que a veces ya no los tienen que sacar de la casa, pero el niño hace parte de la estructura. El niño paga y opera con el grupo el fin de semana y vuelve a la casa y vuelve a la escuela”, dijo.Frente a esta mutación del conflicto, Coalico advierte la existencia de un subregistro significativo debido a que los grupos ilegales se adaptan con mayor rapidez que las medidas de prevención institucionales implementadas por el Estado colombiano.
Al menos 51 menores de edad fueron víctimas de reclutamiento forzado entre enero y mayo de este año por parte de grupos armados ilegales en Colombia, informó este viernes la Defensoría del Pueblo.El organismo detalló que los departamentos con más casos registrados son Norte de Santander, Cauca y Antioquia.El informe apuntó que de los 51 menores reclutados el 65 % son niños y adolescentes hombres, mientras que el 35 % restante son niñas y adolescentes mujeres.De este total de víctimas, el 17 % pertenece a alguna población indígena, el 12 % son afrocolombianos y el 71 % no se identifica con ningún grupo étnico.La Defensoría detalló que entre los grupos armados ilegales presuntamente responsables de estos delitos destacan el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, que concentra un 23,5 % de casos; el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con 23,5 %; el Estado Mayor Central con 21,6 %; y otras disidencias de las antiguas Farc con 21,6 %.Según esta entidad, el reclutamiento de menores de edad aumentó en los últimos años: entre enero y diciembre de 2025 se identificaron 410 casos, de los cuales el 57 % son niños y adolescentes.Asimismo, Unicef informó el año pasado de que más de 1.200 menores terminaron reclutados por grupos armados ilegales en Colombia entre 2019 y 2024, lo que representó un aumento del 300 % en cinco años.Este mes, un niño de diez años murió y otros dos menores resultaron heridos como consecuencia de un ataque perpetrado con un dron cargado con explosivos en Tibú, municipio de la zona del Catatumbo, en el Norte de Santander.
Dos mujeres señaladas de integrar la subestructura San Juan del Clan del Golfo fueron enviadas a la cárcel mientras avanza el proceso judicial en su contra por, presuntamente, reclutar personas para fortalecer las estructuras armadas ilegales de esa organización en diferentes municipios del Chocó. Se trata de Mariela Isabel Garnot Mena y Yennys del Carmen Gaviria Cañavera, quienes fueron capturadas en operativos adelantados por el Gaula de la Policía Nacional.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Mariela Isabel Garnot Mena tendría un papel clave dentro de la organización criminal, al encargarse de coordinar el transporte de las personas reclutadas, administrar los recursos económicos destinados a esta actividad ilegal y facilitar las comunicaciones entre los cabecillas. Además, estaría involucrada en el almacenamiento y envío de uniformes y otros elementos de uso exclusivo de la Fuerza Pública.Por su parte, Yennys del Carmen Gaviria Cañavera es señalada de identificar y persuadir a jóvenes en sectores urbanos de Montería, Córdoba, para vincularlos al Clan del Golfo y coordinar posteriormente su traslado hacia el departamento del Chocó, donde serían incorporados a la estructura armada ilegal.Durante una diligencia de registro y allanamiento adelantada en Istmina, Chocó, las autoridades incautaron seis prendas, cuatro bufandas y cuatro pañoletas pixeladas, con características similares a las utilizadas por las Fuerzas Militares, elementos que hacen parte del material probatorio recopilado en la investigación.Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó a las dos mujeres ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y utilización ilegal de uniformes e insignias. Para la Fiscalía, las implicadas habrían participado en actividades destinadas a fortalecer la capacidad operativa del grupo armado mediante la captación y traslado de nuevos integrantes. Durante las audiencias judiciales, las procesadas no aceptaron los cargos formulados por el ente acusador.
Una delegación integrada por ganadores del Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia llegó a Bruselas para sostener reuniones con eurodiputados, parlamentarios y organizaciones internacionales con el propósito de visibilizar la situación de derechos humanos en el país y como se vive en términos del conflicto armado.La agenda incluyó conversaciones sobre el recrudecimiento del conflicto armado, los riesgos que enfrentan líderes y defensores de derechos humanos y el panorama político de cara a las elecciones presidenciales.Diana Patricia Pito, integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), explicó que uno de los principales objetivos fue acercar a los parlamentarios europeos a las realidades que viven las comunidades en los territorios.Según señaló, durante los encuentros se expusieron cifras, casos documentados y preocupaciones relacionadas con la defensa de la vida. Además, indicó que parte de las conversaciones estuvieron enfocadas en conocer cuál será el futuro de la cooperación y la solidaridad internacional con Colombia, así como en mantener el respaldo y las recomendaciones para que el país continúe avanzando en garantías efectivas para la protección de los derechos humanos.Desde Mafapo, Jacqueline Castillo calificó la gira como positiva y destacó el interés mostrado por los parlamentarios europeos. “Nos acogieron muy bien y estuvieron muy interesados en escucharnos”, aseguró.Castillo explicó que durante las reuniones se plantearon inquietudes sobre los riesgos de impunidad en algunos casos y destacó la importancia de que continúe el apoyo de la Unión Europea al trabajo que viene adelantando la JEP, así como al proceso de paz.Por su parte, Vicente Vallies, representante de la Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia (OIDHACO), señaló que la gira permitió sensibilizar a distintos sectores de la Unión Europea sobre el momento que atraviesa el país.“Se ha logrado sensibilizar a eurodiputadas y eurodiputados sobre lo que está pasando actualmente con el proceso electoral y las consecuencias que puede tener en Colombia”, indicó.Además, aseguró que existe una voluntad de mantener el respaldo a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y a los procesos de diálogo con actores armados. “Creo que la Unión Europea ya está convencida nuevamente de la necesidad de los diálogos y que más guerra son más víctimas”, afirmó.El recorrido también incluyó encuentros con representantes de Suecia e Irlanda. Diana Montealegre, de la organización Diakonia, explicó que las conversaciones estuvieron marcadas por la preocupación frente a posibles retrocesos en los avances alcanzados en materia de paz y derechos humanos.“Percibimos una preocupación compartida sobre los riesgos de retroceso en las apuestas por las que los ganadores llevan años trabajando”, señaló Montealegre, quien agregó que los interlocutores europeos permanecen atentos al desarrollo de la segunda vuelta presidencial y a sus posibles implicaciones para la implementación del acuerdo de paz.La gira continuará en Suecia como parte de una estrategia que busca abrir espacios de incidencia internacional y respaldo político para organizaciones y liderazgos que trabajan desde los territorios en la defensa de los derechos humanos, la memoria, la justicia y la construcción de paz en Colombia.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) rechazó la muerte de 11 menores de edad identificados entre las víctimas de los enfrentamientos registrados el pasado 27 de mayo en zona rural de San José del Guaviare y reiteró su llamado a los grupos armados para que cesen el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado.La entidad señaló que la información entregada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirma que entre las víctimas hay menores de edad, situación que calificó como una grave afectación a los derechos de la niñez. En ese sentido, insistió en que ningún niño o niña debería ser vinculado a dinámicas de guerra ni apartado de su entorno familiar para participar en confrontaciones armadas.El ICBF recordó que el reclutamiento, uso y vinculación de menores por parte de actores armados constituye una violación de sus derechos y reiteró el llamado realizado por su directora, Astrid Cáceres, para que los grupos armados entreguen a los menores que permanecen en sus filas y permitan su retorno a entornos de protección.De acuerdo con la entidad, durante los últimos cuatro años 1.305 niñas, niños y adolescentes desvinculados del conflicto armado ingresaron a programas especializados de atención y restablecimiento de derechos. Además, otros 1.219 menores fueron incorporados al sistema de protección especial por amenazas de reclutamiento o riesgos contra su vida, con el propósito de evitar que fueran captados por estructuras armadas.La institución informó que mantiene activos los mecanismos de seguimiento y coordinación con otras entidades para atender a las personas afectadas por la violencia. Asimismo, insistió en que la protección de la niñez debe ser una prioridad nacional y pidió a todos los actores armados mantener a los menores fuera de cualquier confrontación.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Fidel Escoba Ramírez, señalado por la Fiscalía General de la Nación de participar presuntamente en el traslado de personas reclutadas por las disidencias de las Farc, entre ellas una adolescente de 14 años que habría sido incorporada ilegalmente a las filas de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de alias 'Iván Mordisco' en el departamento del Cauca.De acuerdo con la investigación, el 9 de noviembre de 2024 el hoy procesado habría contratado a un conductor y puesto a disposición un vehículo de su propiedad para movilizar a la menor desde Popayán hacia Mesetas, Meta. Sin embargo, durante el recorrido, el automotor fue interceptado por unidades de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, lo que permitió recuperar a la adolescente y activar el proceso de restablecimiento de sus derechos.Según la información recopilada por la Fiscalía, la joven manifestó que había sido reclutada mediante engaños por integrantes de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc. La víctima aseguró que permaneció durante cerca de un año dentro de esa organización armada ilegal, donde recibió entrenamiento relacionado con el manejo de armas, desarme de fusiles y acondicionamiento físico.Durante la audiencia, el fiscal del caso indicó que la menor permaneció en el grupo armado desde el 16 de noviembre de 2023, cuando tenía 13 años. Según expuso el delegado del ente acusador, durante ese periodo “fue entrenada en una escuela clandestina en arma y desarme de fusiles, físico, le asignaron armamento de largo alcance tipo fusil M4, munición y uniforme camuflado, y le dieron categoría de guerrillera de tropa”.El funcionario también sostuvo que la conducta atribuida al procesado afectó gravemente los derechos de la víctima. “La conducta ejecutada por usted, don Fidel, lesionó el derecho internacional humanitario y los derechos a la autonomía personal y la dignidad humana”, señaló durante la imputación.La investigación también da cuenta de que la adolescente habría recibido armamento de largo alcance y que posteriormente se definió su traslado hacia el oriente del país, situación que fue frustrada por la intervención de las autoridades en la vía.Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Cauca imputó a Fidel Escoba Ramírez el delito de reclutamiento ilícito. El procesado no aceptó el cargo. No obstante, el juez consideró procedente imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.
La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 226 meses de cárcel contra el exsargento Guillermo Alberto Unigarro Miño por el homicidio del teniente Vianey Mario Gamboa Murcia. Al anular una absolución previa, el alto tribunal determinó que el uniformado fue quien disparó contra su superior durante un procedimiento policial en el sur de la capital.Los hechos ocurrieron el 1 de septiembre de 2011, en el barrio Ciudad Montes de Bogotá, durante un operativo oficial de la Policía. El teniente Gamboa lideró una misión estratégica para evitar un robo millonario, basándose en información de una fuente humana que advirtió sobre el plan de una peligrosa banda delincuencial.Para pasar inadvertido, el oficial decidió conducir un taxi y se hizo pasar por un civil, una táctica que usaba con frecuencia por su destreza al volante. En el asiento trasero se ubicó el sargento Guillermo Alberto Unigarro, quien supuestamente debía apoyar las labores de seguridad y el registro audiovisual de las capturas previstas.Al llegar al sitio del operativo, varios delincuentes salieron de una vivienda disparando armas de largo alcance y pistolas contra los uniformados. En medio del fuego cruzado, el teniente Gamboa recibió un impacto mortal en la cabeza mientras aún permanecía sentado frente al timón del taxi.Las investigaciones determinaron que el sargento Guillermo Alberto Unigarro aprovechó el ruido de las ráfagas externas para accionar su arma de dotación contra su superior. El disparo se realizó a corta distancia y por la espalda, lo que impidió que el teniente tuviera cualquier oportunidad de reaccionar o defenderse.Aunque la defensa alegó durante el proceso que un criminal externo fue el autor del disparo, las pruebas desvirtuaron esa versión. Los peritos establecieron que el recorrido de la bala coincidió exactamente con la posición de Unigarro en la parte trasera del auto y no con la trayectoria de alguien disparando desde la calle.La evidencia biológica también fue fundamental, ya que los rastros de sangre y otros tejidos se concentraron en la puerta y el vidrio del conductor. Este hallazgo confirmó que la bala se dio dentro del vehículo, lo que descartó la posibilidad de que un tirador externo fuera el responsable del crimen.Por esa razón, la Corte Suprema de Justicia resolvió casar la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá y, en su lugar, confirmó el fallo condenatorio de primera instancia que declaró a Guillermo Alberto Unigarro Miño como autor responsable del delito de homicidio y quién tendrá que cumplir con la pena de 226 meses de prisión.
Una de las imágenes que ha generado esperanza en medio del terremoto de 7.4 que afectó a una parte del país, se vivió en Cali. Allí, las labores de rescate terminaron con una imagen conmovedora: la recuperación de una mujer con su bebé en medio de los escombros.En video quedó grabado el momento en el que los rescatistas logran ubicarlos. Luego, con mucho cuidado, comenzaron a sacar al bebé de pocos meses de nacido. De inmediato, los que estaban presentes celebraron ese hecho que generó esperanza en medio del temblor más fuerte que ha vivido Colombia en la última década.El pequeño, cubierto de polvo, permaneció con vida en medio de estas primeras horas que son claves para rescatar la mayor cantidad de personas con vida bajo los escombros.Después llegó el turno de la madre, quien con su cuerpo cuidó y protegió del impacto a su hijo para que no le pasara nada. Sin duda una imagen que genera esperanza y fe en medio de los momentos de angustia por el terremoto que sacudió a Colombia.Aumentan los muertos y heridosAl menos 132 personas murieron y más de 570 resultaron heridas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes el país, según un balance parcial de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).Pereira, capital del departamento de Risaralda, que limita con San José del Palmar, epicentro del terremoto, que se produjo a las 7:34 hora local concentra la mayor cantidad de víctimas mortales, con 60 fallecidos, según la información.
Artistas colombianos como Shakira, Maluma, J Balvin y Juanes expresaron este lunes su solidaridad con las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del país y llamaron a sus connacionales a mantenerse unidos y ayudar a los afectados."Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia", escribió Shakira en su cuenta de X, donde envió "fuerza y amor" a su país y pidió a sus seguidores estar pendientes de las indicaciones de las autoridades "para poder ayudar tan pronto como sea posible".Maluma, por su parte, expresó su "dolor" por lo ocurrido y envió "un abrazo al alma" de las familias de las víctimas, al tiempo que aseguró que está dispuesto a ayudar: "Ahora sí que necesitamos esa fuerza y esa unión".También de la música urbana, J Balvin envió "mucha fuerza" a los afectados por el terremoto y expresó su solidaridad con las familias y comunidades que atraviesan momentos de angustia. También Blessd, Ryan Castro, Kris R y más artistas se sumaron en voz del género urbano.Karol G y Feid pusieron sus redes a disposición para donaciones y ayudar a buscar personas desaparecidas."Ante el dolor todos tenemos la misma cara. Ahora más que nunca, permanezcamos unidos Colombia", escribió Juanes, quien además informó de que ya hizo una donación y animó a quienes puedan hacerlo a sumarse a la ayuda."Cada aporte cuenta", señaló también el artista caribeño Carlos Vives.Los mensajes de los artistas se sumaron a las muestras de solidaridad de líderes internacionales mientras los equipos de emergencia continúan las labores de rescate y atención en las zonas más afectadas por el terremoto, que deja más de un centenar de fallecidos y graves daños materiales en varios departamentos del país.El fútbol también se solidarizó con el pueblo colombiano. El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva expresaron este lunes sus condolencias a los familiares de los fallecidos y a todo el pueblo de Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el territorio y ha causado la muerte, hasta el momento, de más de 110 personas."Desde el Real Madrid queremos hacerles llegar nuestra solidaridad y deseamos la más pronta recuperación de los heridos, a quienes transmitimos todo nuestro cariño", señaló el club blanco en un comunicado oficial.El club español se sumó de esta forma a las muestras de apoyo recibidas por Colombia tras el seísmo, con un mensaje de condolencias dirigido especialmente a los familiares de las personas fallecidas y a quienes resultaron heridos.El Atlético de Madrid ha expresado este lunes sus condolencias a los familiares de los fallecidos y envía su "fuerza y apoyo al pueblo colombiano" tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el territorio y ha causado la muerte, hasta el momento, de más de 110 personas."Toda la familia rojiblanca nos unimos al dolor por las víctimas del terremoto que se ha producido en Colombia. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de los fallecidos y enviamos nuestra fuerza y nuestro apoyo al pueblo colombiano", escribe el club en su cuenta de X.El Betis "muestra su pesar y envía sus condolencias a las víctimas, familiares y afectados por el terremoto en Colombia", un país del que son dos de los jugadores de su actual plantilla, el delantero Cucho Hernández y el centrocampista Nelson Deossa.El club sevillano, a través de redes sociales oficiales, ha expresado estas condolencias por un suceso que ha recibido con pesar, en particular estos dos futbolistas colombianos, ya que el terremoto ha tenido una magnitud 7,4 y ha causado la muerte, hasta el momento, de más de un centenar de personas.Al igual que clubes nacionales como Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali, entre otros, además de federaciones como la selección de Argentina que se sumó a la ola de apoyos por el territorio colombiano en esta difícil situación.
Ascienden las afectaciones por terremoto en Antioquia: Cerca de 700 viviendas, 122 instituciones educativas y 19 hospitales resultaron afectadas por el terremoto registrado en el país en la mañana de este lunes, 10 de agosto. Hasta el momento se ha reportado un hombre muerto y 12 personas heridasLas autoridades en Antioquia entregaron un nuevo reporte tras el terremoto de 7.4 con epicentro en Chocó y que dejó algunas afectaciones de consideración en el departamento donde los organismos de socorro se mantienen alertas.El último consolidado departamental deja cifras como 697 viviendas, 122 instituciones educativas y 19 centros hospitalarios afectados, principalmente por fisuras y agrietamientos.Por su parte, sobre vidas humanas el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia indicó que tienen datos de 12 lesionados leves y una persona fallecida en el municipio de Támesis.La directora del DAGRAN, Vanessa Paredes, se refirió a las afectaciones en la infraestructura que a esta hora son evaluadas para poder tomar las medidas correspondientes y evitar riesgos para menores de edad y adultos: "697 viviendas afectadas por el sismo, 122 instituciones educativas, y alrededor de 19 centros hospitalarios que presentan afectaciones. También hay afectaciones en iglesias y en otras sedes administrativas", señaló.Hay que mencionar que los más de 20 expertos enviados por la Alcaldía de Medellín se están dirigiendo a esta hora al departamento de Risaralda en donde las labores se centrarán en la ciudad de Pereira.Finalmente, hay que mencionar que en la capital de Antioquia hay dos puntos de recolección de alimentos y elementos de aseo que serán enviados a las ciudades más afectadas por el fuerte terremoto que sacudió al país.
Desde Santander fue desplegado hacia Cali el USAR COL-28, un grupo especializado en búsqueda y rescate urbano, para apoyar las labores de atención de la emergencia provocada por el fuerte terremoto que sacudió este lunes 10 de agosto a varias zonas del occidente del país.La Defensa Civil Santander participa en el despliegue del equipo USAR COL-28, especializado en búsqueda y rescate urbano, que fue enviado hacia Cali para apoyar las labores de atención de la emergencia. El grupo cuenta con capacidades para intervenir en escenarios donde puedan existir personas atrapadas o afectaciones en estructuras tras el movimiento telúrico.Eduard Sánchez, director de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, explicó que el departamento activó sus capacidades de respuesta y mantiene comunicación permanente con las autoridades nacionales.“En coordinación con la Defensa Civil Santander, hoy sale un grupo USAR 28 especializado para la ciudad de Cali, con capacidades de respuesta para búsqueda y rescate”, señaló Sánchez.El funcionario agregó que desde Santander permanecerán atentos a la evolución de la emergencia y en comunicación permanente con la Sala de Crisis Nacional en Bogotá, con el propósito de coordinar las acciones que sean necesarias.El equipo enviado desde Santander se suma a los organismos de socorro que trabajan en las zonas afectadas por el movimiento telúrico, mientras avanzan las labores de evaluación de daños y atención a las personas que puedan resultar afectadas.
