La defensora del Pueblo, Iris Marín, lanzó dos alertas sobre la protección de los menores de edad en Colombia: pidió evitar que se normalice la muerte de niños y adolescentes durante bombardeos contra grupos armados y advirtió sobre las autolesiones entre jóvenes del litoral Pacífico, en algunos casos como una forma de intentar evitar el reclutamiento forzado.Frente a los bombardeos, la defensora señaló que en regiones como el Catatumbo, el Cauca y el Guaviare es previsible la presencia de menores de edad en los objetivos militares. Por esta razón, pidió al gobierno Nacional evaluar alternativas y adoptar medidas de precaución para evitar que la muerte de niños y adolescentes termine considerándose un daño colateral habitual de la guerra.La defensora recordó que los menores siguen siendo víctimas del conflicto, incluso cuando han sido reclutados por grupos armados ilegales. También responsabilizó a organizaciones como el frente 33 y el ELN por esta práctica, que constituye un crimen de guerra y debe detenerse de inmediato.De esta forma, cuestionó si los bombardeos son la mejor manera de combatir a estos grupos cuando existe el riesgo de que mueran menores de edad."El estado debe tomar unas medidas de precaución para evitar que siga siendo común la muerte de menores de edad, y debe evaluar hasta qué punto estos operativos de bombardeos realmente son la mejor forma de enfrentar estos grupos, que es necesario si tienen estas consecuencias", señaló la defensora del pueblo, Iris Marín.La defensoría alerta por autolesiones de menores de edad para evitar ser reclutadosEn una segunda alerta, la defensora advirtió sobre el aumento de los suicidios y los intentos de suicidio entre jóvenes del litoral Pacífico. La entidad identifica factores sociales que afectan la salud mental, como la violencia de género, el racismo estructural y la exposición a los grupos armados, especialmente por el riesgo de reclutamiento.Uno de los hallazgos más preocupantes es que algunos menores estarían recurriendo a las autolesiones para intentar evitar que los recluten. Esta situación evidencia el temor que viven en sus comunidades ante la posibilidad de ser obligados a ingresar a las filas de organizaciones armadas.Además, explicó que algunas familias están sacando a sus hijos de sus comunidades para protegerlos. Como consecuencia, hay territorios que empiezan a quedarse sin menores de edad, mientras jóvenes de hasta 28 años también abandonan sus hogares por miedo a terminar involucrados en la guerra.La defensora advirtió que estos escenarios afectan los proyectos de vida de los jóvenes y sus familias, que deben abandonar sus territorios para protegerse. Por lo que, la Defensoría pide mayor acompañamiento institucional y acciones que permitan prevenir tanto el reclutamiento como las afectaciones a la salud mental.Finalmente, insistió en la necesidad de fortalecer ese acompañamiento para que los menores puedan construir un futuro seguro, sin tener que hacerse daño o abandonar sus hogares para escapar del reclutamiento.
Un juez penal especializado de Antioquia condenó a 11 integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por el reclutamiento ilícito de 60 niños, niñas y adolescentes, en hechos ocurridos entre 2004 y 2018 en Antioquia, Bolívar, Chocó, Risaralda y Valle del Cauca.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, las víctimas tenían entre 8 y 17 años y algunas fueron incorporadas a las filas de esa organización mediante falsas promesas, amenazas y violencia física. Entre los menores reclutados había integrantes de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas. Tres de ellos murieron mientras permanecían en las filas del ELN. La Fiscalía señaló que, una vez vinculados a la organización, los menores fueron obligados a realizar diferentes labores, como prestar guardia, preparar alimentos, patrullar, cargar leña y ejecutar trabajos pesados. Otros fueron utilizados como radistas y participaron en combates, cobros de extorsiones e instalación de explosivos.Durante el juicio oral, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentó las pruebas recopiladas sobre los hechos. El material permitió acreditar, de acuerdo con la Fiscalía, castigos, entrenamientos armados, ajusticiamientos, amenazas, lesiones y hechos de violencia sexual contra los menores.La investigación también estableció que algunas niñas fueron sometidas por cabecillas de la organización y obligadas a utilizar métodos anticonceptivos y a practicarse abortos. Para la Fiscalía, estas situaciones afectaron el desarrollo y las condiciones de vida de las víctimas durante su niñez y adolescencia.Por estos hechos, el juez condenó a los integrantes del Comando Central del ELN (COCE) Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’; Eliécer Herlindo Chamorro Acosta, alias ‘Antonio García’; Israel Ramírez Pineda, alias ‘Pablo Beltrán’; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias ‘Pablito’, a 20 años y 4 meses de prisión por los delitos de rebelión agravada y reclutamiento ilícito. También fueron condenados Emilcen Oviedo Sierra, alias ‘Martha’ o ‘La Abuela’, a 14 años y 2 meses; Miguel Enrique Hernández Padilla, alias ‘Jairo’, a 12 años y 8 meses; y Levis Dairon Polo Regino, alias ‘Cholo’, e Isaac Tuberquia Arias, alias ‘Bernardo’, a 11 años y 10 meses de prisión.Los jefes del Frente de Guerra Darío de Jesús Castro, Sunilda del Carmen Hoyos Gil, alias ‘Yeimi’; Carlos Alfonso Agudelo Gómez, alias ‘Nelson’; y William Alexander Zapata Mora, alias ‘Patacón’, recibieron penas de 11 años y 8 meses de prisión.Los 11 condenados fueron declarados personas ausentes durante el proceso. El fallo de primera instancia ordenó librar órdenes de captura y solicitar ante Interpol el trámite de las respectivas notificaciones rojas, con el propósito de hacer efectivas las penas una vez la decisión quede en firme. La sentencia fue apelada.
Mónica tenía 13 años cuando fue reclutada en una zona rural de Tibú, Norte de Santander. Meses después, su familia recibió la noticia de que la menor había sido encontrada sin vida. De acuerdo con la información conocida por Blu Radio, la niña habría intentado escapar del grupo armado que la mantenía retenida antes de ser asesinada.Durante el tiempo que permaneció en poder de la organización, su padre, Ramón Darío Beltrán Acevedo, apenas pudo hablar con ella durante unos tres minutos. Aunque Mónica alcanzó a decirle que estaba bien, su padre aseguró que pudo notar el temor que tenía y que la menor quería regresar a casa. "Papi, ya estoy bien", fueron las palabras que alcanzó a decirle durante esa breve conversación.Beltrán Acevedo recordó que el contacto fue demasiado corto y que no pudieron conversar con tranquilidad sobre la situación que atravesaba la menor."La conversación con ella en ese momento fue muy corta, alrededor de 3 minutos, no pudimos coordinar bien, solo preguntarle cómo estaba", relató el padre, quien aseguró que, pese a las palabras de su hija, percibió que algo no estaba bien.El padre de Mónica también describió la preocupación que observó en la menor durante la llamada. "Pero no la noté bien porque estaba preocupada, es una niña, estaba preocupada, quería venirse y bueno, no pude hacer nada", contó. Según su testimonio, la expresión de la niña le permitió identificar el miedo que estaba sintiendo en ese momento."Sí, claro, claro. Con la mirada, de una vez yo conocí que tenía miedo, pero lamentablemente no pudimos hacer nada", manifestó Beltrán al recordar aquel último contacto con su hija. La familia mantuvo la esperanza de que Mónica pudiera regresar a casa, hasta que recibió la confirmación de su muerte.La recuperación y el traslado del cuerpo desde la zona del Catatumbo hasta Cúcuta también representaron dificultades debido a las condiciones de seguridad y al acceso al territorio. La familia tuvo que afrontar este proceso después de conocer la muerte de la menor.Reclutamiento de menoresEl caso también expone una modalidad de reclutamiento que estaría utilizando las redes sociales para llegar a menores de edad. De acuerdo con la información dada a conocer por la Defensoría, plataformas como TikTok estarían siendo utilizadas para establecer contacto con niños y adolescentes, a quienes se les ofrecerían dinero, motocicletas y supuestas oportunidades.La situación preocupa especialmente en Norte de Santander. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, durante el primer semestre de 2026 se registraron 25 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el departamento, aunque la entidad advirtió que podría existir un subregistro.
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare admitió una acción de tutela presentada por el ciudadano Roxemhberg Rozo Sánchez para proteger los derechos fundamentales de niños y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado en el departamento.Dentro del trámite, el juez ordenó como medida provisional la suspensión temporal de bombardeos contra objetivos militares en el Guaviare cuando exista información de inteligencia, una alerta preventiva u otro elemento objetivo que permita advertir razonablemente sobre la posible presencia de niños o adolescentes que puedan resultar afectados en su vida o integridad física. La medida estará vigente mientras el juzgado toma una decisión de fondo sobre la tutela.El despacho explicó que tomó esta decisión de manera preventiva porque considera que el riesgo de que un menor reclutado por un grupo armado pueda morir o resultar herido durante una operación militar no puede descartarse. Para el juez, una eventual afectación de la vida o integridad de un niño sería un daño irreversible, que no podría repararse con una decisión judicial posterior.El juzgado también tuvo en cuenta antecedentes de menores de edad que han muerto durante operaciones militares. En el auto cita información de Medicina Legal según la cual, entre diferentes operaciones realizadas desde agosto de 2025, fueron recuperados cuerpos de menores de edad y, tras los análisis forenses, se determinó que 15 de los cuerpos correspondían a niños o adolescentes.Sin embargo, el despacho hizo varias precisiones. La decisión no significa que todos los bombardeos estén suspendidos, ni que toda operación militar en la que pueda haber menores sea automáticamente ilegal. La suspensión está limitada a las circunstancias concretas señaladas en la orden y fue considerada por el juez como una medida excepcional, temporal y preventiva.El juzgado también señaló que en esta etapa no está afirmando que las autoridades hayan vulnerado los derechos de los menores ni está estableciendo su responsabilidad. Lo que reconoce es que existen elementos objetivos que hacen posible el riesgo denunciado y que, por tratarse de derechos fundamentales de niños y adolescentes, es necesario adoptar una protección mientras se estudia el caso.Los vinculados a la tutela tendrán 48 horas para responderComo parte de la tutela, el juez ordenó al Ministerio de Defensa, al Ejército, a la Fuerza Aérea y al ICBF que, en un plazo de 48 horas, informen cuáles son las medidas y protocolos que tienen implementados o que deben reforzar, para identificar la posible presencia de menores en las zonas donde se desarrollan operaciones militares.También deberán explicar cómo verifican la información de inteligencia relacionada con posibles menores reclutados o utilizados por grupos armados, cómo evalúan los riesgos para la población civil antes de las operaciones aéreas y qué medidas aplican para garantizar una protección especial a los niños y adolescentes.Las demás entidades vinculadas al proceso también tendrán un plazo máximo de 48 horas para responder los hechos planteados en la tutela y aportar las pruebas que consideren necesarias.La tutela continuará su trámite con la participación de entidades como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales, autoridades indígenas y organizaciones campesinas del Guaviare.También fueron invitados organismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y UNICEF, además de facultades de Derecho de varias universidades, para que puedan aportar sus opiniones sobre el problema jurídico.El juez deberá analizar toda esta información antes de emitir una decisión definitiva sobre la tutela. Por ahora, la orden de suspender determinados bombardeos es una medida provisional destinada a prevenir posibles afectaciones a menores mientras se estudia de fondo el caso.
La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, hizo un llamado a fortalecer las acciones de prevención frente al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia, tras el reporte de la Defensoría del Pueblo que señaló que entre 2024 y 2026 se registraron más de 1.170 casos de reclutamiento de menores en el país.Para la OIM, enfrentar el reclutamiento requiere anticiparse al riesgo y trabajar directamente en las comunidades, por lo que las escuelas y familias son claves para prevenir estas acciones.Según la organización, uno de los principales mecanismos de prevención son los llamados entornos protectores, que involucran a las instituciones educativas, las familias y las comunidades.En los colegios, los docentes son capaces de identificar señales de alerta y ofrecer alternativas educativas y de ocupación del tiempo libre. Asimismo, en los hogares, la OIM destaca la importancia de fortalecer la comunicación entre padres, madres, cuidadores y menores para detectar posibles situaciones de engaño, presión o acercamiento por parte de grupos armados.“La barrera contra el reclutamiento se construye en el día a día: en las escuelas, donde los docentes detectan alertas tempranas y ofrecen alternativas en la educación; en los hogares, formando a padres, madres y cuidadores en escucha activa para identificar engaños o presiones armadas; y en los barrios, capacitando a líderes comunitarios para activar rutas de protección institucionales o comunitarias antes de que el riesgo sea inminente”, señaló la OIM en su comunicado.La Organización aseguró que, durante sus 20 años de trabajo en esta materia, ha implementado metodologías de prevención en los 32 departamentos del país. Más de 32.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes han sido acompañados por la OIM en la construcción de proyectos de vida.Además, ha capacitado a cerca de 36.000 padres, madres y cuidadores, así como a 15.000 funcionarios locales para fortalecer la identificación y activación de alertas tempranas.Actualmente, estas acciones continúan en las regiones consideradas más vulnerables y desde este año, en articulación con el ICBF, la estrategia Cuidado Mutuo y las Unidades Regionales de Apoyo han acompañado a cerca de 700 menores en riesgo.“La prevención no empieza cuando los actores armados tocan a la puerta; empieza mucho antes. Se logra escuchando a las familias, fortaleciendo a los colegios y advirtiendo sobre los nuevos riesgos en redes sociales. Cuando un joven tiene alternativas reales de estudio y ocupación del tiempo libre, la violencia pierde capacidad de captación”, señaló Felipe Roldán, Coordinador del Programa de Paz, Estabilización y Recuperación de la OIM.Desde la organización advierten que uno de los nuevos desafíos está relacionado con los riesgos digitales y el uso de redes sociales para acercarse a niños, niñas y adolescentes. Es por esto por lo que la OIM considera necesario fortalecer las capacidades de las familias, los docentes y las autoridades para identificar nuevas formas de captación y responder de manera temprana.La OIM pidió mantener activa la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, la Utilización y la Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes en Colombia (CIPRUNNA), con el propósito de mejorar la coordinación entre las más de 20 entidades del Gobierno nacional, autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil y organismos de cooperación internacional, a la vez que insistió en que ampliar las estrategias de prevención y garantizar alternativas de educación, protección y construcción de proyectos de vida son elementos fundamentales para evitar que los menores terminen vinculados al conflicto armado en el país.
Colombia vuelve a poner sobre la mesa la protección de los menores frente al conflicto armado, luego de que las autoridades confirmaran que entre las bajas registradas en un bombardeo contra estructuras de las disidencias de las Farc en Guaviare se encuentran tres menores de edad.El hecho generó nuevas reacciones políticas y llevó a la representante a la Cámara por el Centro Democrático, Luz Marina Gordillo, a enviar este lunes una carta al presidente Abelardo De La Espriella y al ministro del Interior, Rodrigo Lara, en la que solicita que el nuevo Estatuto Antiterrorista contemple sanciones más severas para quienes involucren a menores en actividades de los grupos armados ilegales.Según la congresista, durante 2025 la Defensoría del Pueblo registró 257 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Además, Gordillo asegura, citando cifras de Medicina Legal, que 62 menores murieron en operaciones militares durante el Gobierno de Gustavo Petro.Ante este panorama, la representante planteó que conductas como el homicidio, el secuestro, la tortura, la violencia sexual, la explotación y la utilización de menores como combatientes o escudos humanos sean consideradas de máxima gravedad.Uno de los puntos centrales de su propuesta es abrir un nuevo debate constitucional sobre la posibilidad de establecer una prisión perpetua revisable para quienes cometan los crímenes más graves contra niños, niñas y adolescentes.Gordillo también pidió adoptar medidas mientras avanzan las obras de las megacárceles anunciadas por el Gobierno. Su propuesta es que los integrantes de grupos armados condenados por este tipo de delitos sean recluidos en centros penitenciarios de alta seguridad y, eventualmente, en los buques cárcel anunciados por el Ejecutivo.La representante sostuvo que la protección de los menores debe estar por encima de cualquier negociación o consideración política y llamó al Gobierno a incorporar estas medidas en la discusión del nuevo Estatuto Antiterrorista.La propuesta abre nuevamente el debate sobre el reclutamiento y la instrumentalización de menores por parte de grupos armados, así como sobre la respuesta penal del Estado frente a quienes utilizan a niños y adolescentes en medio del conflicto.
Medicina Legal confirmó la recepción de 10 cuerpos relacionados con el bombardeo realizado el 27 de agosto en zona rural de El Retorno, Guaviare, en el marco de las acciones militares denominadas Operación Amón. Los cuerpos fueron recibidos por la entidad el 29 de agosto y, de los nueve identificados hasta el momento, tres corresponden a menores de edad.Estos tres casos se incorporan a los registros de Medicina Legal sobre menores de edad fallecidos en operaciones militares durante los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro. De acuerdo con las cifras suministradas, durante los dos últimos periodos presidenciales han sido identificados 117 menores fallecidos en este tipo de operaciones. Los registros de Medicina Legal señalan que durante el gobierno de Iván Duque se registraron 367 personas fallecidas en operaciones militares, de las cuales 42 eran menores de edad.Durante la administración de Gustavo Petro, con el corte señalado en la información entregada, Medicina Legal contabilizó 458 personas fallecidas en operaciones militares, entre ellas 62 menores de edad.De los 62 menores registrados durante el gobierno Petro, al menos 13 eran indígenas y tres afrodescendientes. Los lugares señalados en los registros como escenarios de fallecimiento incluyen Cauca, Guaviare, Calamar, Arauca, Amazonas y Valle del Cauca.La información también establece que las categorías de operación militar en las que se registra el mayor número de menores fallecidos corresponden a acción militar, enfrentamiento armado y bombardeo.
"La niñez no se toca. Mucho menos para la guerra". Ese es el llamado que hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, tras la confirmación de que tres menores de 15 y 16 años murieron durante la Operación Amón, desarrollada en zona rural de El Retorno, Guaviare, contra una estructura de las disidencias de alias ‘Calarcá’.Más allá de las acciones militares y judiciales que se adelantan frente al reclutamiento de menores, el ICBF puso el foco en la prevención y en la necesidad de llegar a las comunidades antes de que los grupos armados conviertan a niños, niñas y adolescentes en instrumentos de la guerra. La directora del ICBF, Carolina Restrepo, aseguró que el instituto ya tiene presencia en los territorios y que este trabajo será fortalecido, con mayor cobertura y especial atención en las zonas donde la niñez se encuentra en mayor riesgo.“Vamos a trabajar con las familias, a escuchar directamente a la niñez y la adolescencia y a actuar sobre las condiciones que están aprovechando los criminales para reclutarlos, utilizarlos y violentarlos”, señaló Restrepo.Para el Instituto, la prevención no puede comenzar cuando un menor ya fue reclutado. La apuesta es identificar previamente las condiciones de vulnerabilidad que pueden ser aprovechadas por los grupos armados para captar a los menores y fortalecer el acompañamiento a las comunidades.El caso de Guaviare volvió a poner sobre la mesa la gravedad de esta problemática. El Ministerio de Defensa confirmó que tres de los diez combatientes muertos durante la operación eran menores de edad: dos tenían 15 años y uno, 16. Las autoridades calificaron el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado como un crimen de guerra y una grave violación del derecho internacional humanitario. Frente a este panorama, Restrepo también destacó la importancia de escuchar a quienes han vivido directamente el reclutamiento. En ese proceso participa Deisy Dorelly, quien fue reclutada cuando era menor de edad y hoy trabaja en el ICBF. Su experiencia, según la directora, será fundamental para comprender las dinámicas de las comunidades y mejorar las estrategias de prevención.La apuesta del Instituto es entonces llegar antes: fortalecer el trabajo territorial, acompañar a las familias, escuchar a los menores y actuar sobre los factores que los ponen en riesgo.
La situación del reclutamiento de menores en Colombia llegó este martes a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, presentó los principales hallazgos de un informe elaborado por esa organización sobre esta problemática.Durante la presentación, representantes y senadores que participaron en la sesión hicieron observaciones y formularon preguntas sobre las cifras, la respuesta del Estado y las condiciones particulares en las que niños, niñas y adolescentes están siendo reclutados por grupos armados.Una de las intervenciones fue la de la representante Catherine Juvinao, quien cuestionó la decisión del ICBF de utilizar el término “niñez” y sostuvo que, frente a una problemática como el reclutamiento, es necesario mantener una referencia específica a las niñas por las violencias particulares que pueden enfrentar dentro de los grupos armados.“1500 niños reclutados desde 2021, ojo, de los cuales 40 % son niñas a las que hay que nombrar, porque resulta que a las niñas en los grupos armados las reclutan para violarlas, para embarazarlas, para que ejerzan las labores de cuidado de los guerrilleros. Entonces, a mí que no me vengan a decir que esas niñas quedan incluidas en los niños”, dijo Juvinao.Ademas, le hizo una petición al nuevo gobierno, a la directora del ICBF, Carolina Restrepo, y a la ministra de educación Viviane Morales.Al responder una pregunta del representante Daniel Briceño, Goebertus explicó que Colombia no cuenta actualmente con un registro único que reúna los casos de niños y niñas reclutados.“Efectivamente, hoy Colombia no tiene un registro único de niños y niñas reclutados, de niños y niñas usados por la criminalidad que nos permita tener un universo claro. Lo que yo sí le puedo decir, representante Briceño, es que sobre el registro no hay. Si acaso hay subregistro”, señaló Goebertus.Mientras tanto, la senadora Jennifer Pedraza planteó al Congreso llamar a un debate o abrir una conversación regulatoria con plataformas como Meta y TikTok, con el objetivo de revisar medidas frente a las cuentas utilizadas para reclutar menores.“Considero que el Congreso de la República debería llamar a un debate o a una conversación regulatoria a las plataformas como Meta y TikTok para, por lo menos, garantizar que exista una política de sancionar y de cerrar estas cuentas, e incluso de ubicarles geográficamente”, sostuvo Pedraza.
El uso de redes sociales para reclutar a niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados genera preocupación en la Iglesia y la Defensoría del Pueblo. Tras el informe publicado por Human Rights Watch, que advierte que el reclutamiento forzado de menores se cuadruplicó en los últimos años y que desde 2021 al menos 1.500 niños han sido vinculados por la fuerza a estos grupos, el delegado para las relaciones Iglesia-Estado, monseñor Héctor Fabio Henao, alertó sobre el alcance que está teniendo esta práctica.“Con las redes puede estar tocando cualquier puerta, puede estar tocando cualquier barrio, puede estar tocando cualquier dimensión de la sociedad colombiana. No estamos hablando ya de un ámbito circunscrito, geográfico, concreto, estamos hablando de un fenómeno de dimensiones enormes”, señaló Monseñor.Según el informe de Human Rights Watch, plataformas como Facebook y TikTok son utilizadas por los grupos armados para difundir contenidos que idealizan la vida dentro de estas estructuras e invitan a los menores a vincularse. La Iglesia advierte que estas nuevas formas de captación se suman a las condiciones de vulnerabilidad que ya enfrentan muchos niños y jóvenes en el país.El delegado para las relaciones Iglesia-Estado señaló además que los grupos armados y las organizaciones criminales están aprovechando las aspiraciones de los jóvenes para atraerlos con promesas de beneficios y oportunidades. Por eso, insistió en que la respuesta no puede limitarse a la intervención de la fuerza pública.“El Estado requiere enfocar esta problemática de infancia, juventud y niñez de una manera muy clara, también buscando cuáles son las raíces profundas y de qué manera llegar, con mensajes y también con oportunidades que sean capaces de darle luces y transformaciones a lo que los jóvenes están esperando. Hay una juventud que está esperando respuestas, y esa juventud está ansiosa de encontrar oportunidades.Y ojalá no sean los grupos ilegales las que le estén cubriendo ese espacio, las que estén respondiendo a esas necesidades”, afirmó Monseñor.La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, coincidió en que la protección de los menores requiere medidas adicionales y llamó la atención sobre la deserción escolar como uno de los factores de riesgo. “El despliegue de la fuerza pública, la protección de la población es importante, pero es insuficiente, porque estos menores de edad necesitan también un acompañamiento”, afirmó.Marín advirtió que la cobertura educativa, en lugar de aumentar, se ha reducido en los últimos años. Según explicó, en 2018 el 92 % de los menores en edad escolar asistía al colegio, mientras que actualmente la cifra se ubica en 88 %. Para la defensora, garantizar la permanencia de los niños y adolescentes en el sistema educativo es una de las medidas necesarias para reducir su vulnerabilidad frente al reclutamiento.
Momentos de pánico se vivieron en inmediaciones del colegio Camilo Torres Restrepo, en la comuna 6 de Barrancabermeja, tras la explosión de una granada de fragmentación que dejó personas heridas y obligó a las autoridades a acordonar el sector y militarizar la zona.El alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, confirmó que la detonación fue causada por una granada de fragmentación de baja intensidad. A través de sus redes sociales, rechazó lo ocurrido y anunció medidas para reforzar la seguridad en el Distrito.De acuerdo con el reporte entregado por el alcalde Jonathan Vásquez a través de sus redes sociales, el hecho dejó dos adultos lesionados y una adolescente de 17 años afectada por la onda explosiva. Los dos adultos fueron trasladados a la Clínica Magdalena. Gloria Santamaría Vargas presentaba lesiones en las piernas y la espalda, mientras que Grey Guillermo Moreno Manrique tenía heridas en las piernas. La menor fue remitida al Hospital Regional por aturdimiento.Tras la explosión, el mandatario rechazó el ataque y anunció medidas para reforzar la seguridad en el distrito. "No vamos a permitir que la violencia y el miedo se apoderen de Barrancabermeja”, expresó Vásquez, quien confirmó la activación inmediata de un Plan Candado.Según el alcalde, se desplegaron unidades de la Policía, el Ejército y la Armada para reforzar la seguridad. Entretanto, el área donde ocurrió la detonación permanece acordonada y se adelantan protocolos antiexplosivos en el sector.La Administración distrital también anunció, en articulación con la Gobernación de Santander, una recompensa de hasta $50 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables. Las autoridades revisan además las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo para avanzar en la investigación y establecer las circunstancias del ataque.Una de las hipótesis que manejan las autoridades señala que hombres que se movilizaban en motocicleta estarían manipulando la granada, cuando esta cayó y se desprendió la espoleta, lo que habría provocado la detonación. Esta versión es preliminar y deberá ser establecida dentro de la investigación.La investigación deberá establecer las circunstancias exactas de la detonación, quiénes portaban el artefacto y si las personas que se movilizaban en motocicleta están relacionadas con lo ocurrido.
Estos fueron los temas tratados este 13 de octubre, en Recap Blu:Gustavo Bolívar, exsenador e integrante del Pacto Histórico, respondió a las denuncias de Eva Ferrer y Angie sobre presunto transporte de dinero y drogas por parte de Verónica Alcocer.Marta Alfonso, vocera de Fecode y defensora de derechos humanos, expuso las preocupaciones del sector sindical frente al decreto firmado por el presidente Abelardo De La Espriella para regular la protesta social.El Gobierno ya tiene listo el nuevo decreto con el que pone el reglamento para actuar en las protestas y su accionar cuando se presenten hechos de violencia.El papa León XIV fue operado de un tumor cancerígeno en el pulmón. La cirugía fue exitosa.Balacera en el centro de Medellín dejó tres personas heridas. La Policía abatió al presunto señalado de iniciar los disparos.El partido entre Millonarios y Once Caldas fue cancelado en El Campín por el "lamentable estado" de la cancha luego del fallido intento de instalación de un nuevo campo de juego.
La Federación Colombiana de Educadores (FECODE) lidera una nueva jornada de movilizaciones en el territorio nacional para manifestar su rechazo a las recientes decisiones de política educativa y al nuevo marco regulatorio sobre la protesta social. En Recap Blu Martha Alfonso, vocera del Comité Ejecutivo de Fecode y defensora de derechos humanos, detalló las motivaciones del magisterio para salir a las calles y expuso los reparos del gremio ante el decreto firmado por el presidente Abelardo De La Espriella.Privatización de la educación y parálisis en la FiduprevisoraSegún explicó la dirigente sindical, el motivo central que unifica las demandas de los docentes es el freno al modelo de educación pública y el avance hacia esquemas de concesión privada. Alfonso denunció que, desde el Ministerio de Educación, se han publicado borradores de decretos que amenazan la naturaleza pública de las instituciones:"El Ministerio de Educación había publicado el borrador de decreto para entregar los colegios públicos en concesión, pero el problema más grave para nosotros es la privatización de la educación, que ya están todas las normas en proceso andando".Asimismo, la vocera señaló que, con la llegada del nuevo Gobierno, se presentaron cambios en la estructura de gobernanza que provocaron la cancelación de contratos clave e interrupciones en los servicios de salud y prestaciones del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAC):"Cambiaron absolutamente toda la estructura de gobernanza, pararon la contratación y lo que se había avanzado en los últimos seis meses se detuvo. Sacaron a más de 200 empleados de la Fiduprevisora y nos generó una situación bien compleja frente a la continuidad del servicio".Cuestionamientos al nuevo decreto de protesta socialEn relación con el decreto gubernamental destinado a regular las manifestaciones públicas, Alfonso criticó que la norma se expidiera pocas horas antes de su entrada en vigor, imposibilitando su socialización y la concertación de protocolos. De igual forma, cuestionó la falta de claridad en el funcionamiento de los Puestos de Mando Unificado (PMU) y la tipificación de los bloqueos viales:"Es un decreto que sale hoy para aplicar mañana sin previo conocimiento y difusión. Incluye el debate de cortes de carreteras o vías como si fueran acciones terroristas, los cuales no son eso; ya está definido por fallos constitucionales, nacionales e internacionales".La vocera argumentó además que la locución televisiva del jefe de Estado elevó la tensión de cara a las jornadas de marcha:"La forma como lo presentó en la locución presidencial el presidente de la República ya de hecho es una provocación, porque él entra amenazando y diciendo una serie de cosas de una manera que pone en cuestión cualquier forma de movilización".Gestores de diálogo y la independencia sindical frente a gobiernos anterioresAl evaluar el papel de los gestores de convivencia en las ciudades capitales, Alfonso expresó la desconfianza del movimiento social hacia el desempeño de esta figura en algunas regiones del país:"Lamentablemente los gestores de diálogo en varias partes, pero particularmente en Medellín, ha sido el peor ejemplo de garantías y de protección a los derechos humanos. Asumen tareas que son de la fuerza pública".Finalmente, ante los señalamientos de sectores de la oposición sobre la postura de Fecode durante el gobierno anterior de Gustavo Petro, la vocera desmintió que el gremio se hubiera abstenido de salir a las calles:"No es cierto [que no marcháramos]; sí se hicieron movilizaciones, paros regionales y nacionales exigiendo que se cumpliera la aplicación del acuerdo 03. Independiente de que hubiera afinidad en lo programático, también hubo exigencia de cumplimiento de varios de esos acuerdos", finalizó.Escuche la entrevista:
Eva Ferrer, exasesora de Verónica Alcocer, aseguró que la exprimera dama usó naves oficiales del Goierno para transportar drogas, dinero y armas durante el periodo presidencial de Petro, hecho por el cual la Procuraduría y la Fiscalía abrieron una investigación formal para esclarecer los hechos.Ante esta situación, el senador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, salió en defensa tanto del expresidente como todo su entorno frente a las denuncias de Ferrer y las plasmadas antes por Angie Rodríguez, además que cuestionó la falta de pruebas y pide que todo sea entregado a las autoridades pertinentes.“Porque si no tienen las pruebas, pues sencillamente están cayendo en un delito más grave, que es el de la calumnia y el de servirle a un gobierno para poner cortinas de humo en momentos en que el país está en crisis, en diferentes crisis: crisis económica, en crisis por el terremoto, la crisis por el presupuesto que acaba de presentar”, indicó.“Que muestren las pruebas”Bolívar cuestionó la decisión de hacer públicas las denuncias a través de medios de comunicación, en lugar de acudir, según dijo, a la Fiscalía General de la Nación con las pruebas correspondientes. Mencionó la existencia de procedimientos de control y registro relacionados con los vuelos de aeronaves oficiales. En su opinión, esos procedimientos hacen necesario contrastar las acusaciones con los registros correspondientes.“Entonces, y además con la gravedad que tienen esas afirmaciones, ella dice que hay unas fotos, muéstrenlas. Dice hay una foto, hay que, tienen que mostrarla. Ahora, así aparezca la foto, ¿quién le dice a usted que, porque una señora viene bajando con una bolsa, en esa bolsa qué hay dentro?”, puntualizó.Si se comprueba todo, él abandonaría el Pacto HistóricoPese a la postura de defensa del senador ante estas graves acusaciones, sí fue enfático que, en caso de que las autoridades demuestren que son ciertas, él daría un paso el costado del partido ya que esto no representa lo que tanto ha defendido a lo largo de su vida.Bolívar explicó que lleva más de una década compartiendo espacios políticos con integrantes del movimiento y que, según su experiencia, nunca tuvo indicios que le hicieran sospechar de la participación de miembros de la colectividad en ese tipo de actividades criminales.“Yo no vine a un partido donde ni siquiera en pensamientos pudiera pensarse en que aquí hay traficantes de armas y de drogas”, agregó.
Desde las 6:00 de la mañana de este miércoles, Bucaramanga tendrá un dispositivo de seguridad con 300 uniformados para acompañar la jornada de protestas convocada por docentes, sindicatos y organizaciones sociales.El anuncio lo hizo el alcalde Cristian Portilla al finalizar un consejo de seguridad en el que participaron la Policía Metropolitana, el Ejército y Migración Colombia. Según el mandatario, las capacidades de las autoridades estarán distribuidas en diferentes puntos de la ciudad para prevenir alteraciones del orden público y facilitar la movilidad.“Protestar es un derecho legítimo y constitucional”, afirmó Portilla, quien aseguró que le impartió instrucciones al general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, para garantizar el ejercicio de la manifestación dentro del marco legal y proteger la circulación de los ciudadanos.El alcalde también envió un mensaje a quienes participarán en las movilizaciones: "Bienvenida la protesta, pero no el vandalismo”, dijo el mandatario.Con esta declaración, el mandatario insistió en que se debe respetar el derecho a la protesta sin afectar la seguridad, los bienes públicos y privados ni la movilidad de los demás ciudadanos.El dispositivo de seguridad contará con capacidades de la Policía, el Ejército y Migración Colombia.Los 300 uniformados estarán distribuidos en la ciudad desde las 6:00 de la mañana, de acuerdo con lo anunciado por el alcalde, para acompañar las manifestaciones y atender posibles situaciones que puedan alterar el orden público.La jornada está prevista desde las 9:00 de la mañana. Entre los recorridos anunciados se encuentra el trayecto desde la carrera 27 con calle 56 y la entrada principal de la Universidad Industrial de Santander (UIS), con avance por la carrera 27 y la calle 36 hasta la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento.Se recomienda a los conductores prever posibles afectaciones en la movilidad, especialmente en los corredores por donde avanzarán los manifestantes, y estar atentos a las indicaciones de los agentes de tránsito.Las autoridades reiteraron que el objetivo es permitir el desarrollo de las movilizaciones y, al mismo tiempo, proteger a quienes transitan por la capital santandereana.