En desarrollo de la operación Kratos, la Policía Nacional, a través de la Sijín y en coordinación con la Fiscalía, capturó a cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Dolphins’, tres colombianos y una ciudadana venezolana.De acuerdo con la investigación, los señalados facilitaban documentos de identidad falsos y proporcionaban los lugares donde las adolescentes debían realizar estas actividades, con el propósito de evadir los controles de las autoridades.Los encuentros se realizaban en un inmueble que funcionaba bajo la fachada de motel. Las menores permanecían en las afueras del establecimiento, donde eran abordadas por posibles clientes.La Policía identificó diferentes roles dentro de la estructura. Alias ‘Juancho’, quien sería el administrador del establecimiento, presuntamente facilitaba el ingreso de las adolescentes y les suministraba documentación falsa. Alias ‘Luisa’ y ‘Guadalupe’, quienes aparentemente trabajaban como camareras, se encargaban de entregar preservativos y bebidas alcohólicas a las menores.También fue capturado alias ‘Mico’, señalado de ser uno de los clientes frecuentes. Según la investigación, en uno de los episodios habría suministrado sustancias a una adolescente para ponerla en estado de indefensión y acceder sexualmente a ella, luego de que se negara a sus exigencias.Los cuatro capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía por los delitos de inducción a la prostitución, concierto para delinquir, acto o acceso carnal abusivo con persona puesta en incapacidad de resistir y proxenetismo con menor de edad. Un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.Con esta operación, las autoridades aseguran haber afectado las rentas criminales de la estructura en aproximadamente 80 millones de pesos mensuales.
En entrevistas a 214 víctimas, la JEP evidencia cómo, tras ser reclutados, los sometían a cargas y tareas que excedían su capacidad física; los privaban de alimento y sueño como castigo cuando fallaban en entrenamientos de manejo de armas y explosivos.La magistrada Rueda detalló que las víctimas de reclutamiento forzado de las extintas Farc relataron malos tratos en las actividades cotidianas, como transportar leña, abrir trincheras, cocinar, hacer labores de aseo, pero también acciones como intentar comunicarse con su familia, comer un pedazo de panela sin permiso o negarse a torturar. La magistrada también reveló que se documentaron casos de suicidios de menores de edad como consecuencia de esos malos tratos.En el patrón de malos tratos, torturas y ejecuciones, la Jurisdicción documentó 104 víctimas sometidas a tortura, 28 a tratos crueles y 208 víctimas de condenas y ejecuciones sin juicio previo o sin las garantías indispensables.Otras 68 víctimas describieron los abusos durante los entrenamientos militares, en los que eran obligadas a cargar armamento pesado, realizar largas caminatas y manipular explosivos y minas antipersonal sin la preparación necesaria.Además, 81 contaron que fueron llevadas a operaciones militares y expuestas al fuego enemigo, incluso sin experiencia suficiente para afrontar los combates. Por otro lado, al menos 156 mujeres reportaron haber sido sometidas a la anticoncepción forzada y 91 denunciaron abortos forzados."Estos niños y niñas no tenían una posibilidad real de controvertir las órdenes, de cuestionarlas ni de rechazarlas. La disciplina se extendía a sus actividades cotidianas, a sus relaciones personales, a las tareas, a los entrenamientos e incluso a su participación en operaciones militares", explicó la magistrada Rueda.Otras 68 víctimas describieron los abusos durante los entrenamientos militares, en los que eran obligadas a cargar armamento pesado, realizar largas caminatas y manipular explosivos y minas antipersonal sin la preparación necesaria.Además, 81 contaron que fueron llevadas a operaciones militares y expuestas al fuego enemigo, incluso sin experiencia suficiente para afrontar los combates.Por otro lado, al menos 156 mujeres reportaron haber sido sometidas a la anticoncepción forzada y 91 denunciaron abortos forzados.Las sanciones incluían trabajos obligados, aislamiento, castigos físicos, humillaciones y fusilamientos. Según Rueda, los procedimientos disciplinarios y los llamados consejos revolucionarios de guerra no respetaron garantías básicas como el derecho de defensa, la legalidad o la independencia.Entre 1971 y 2016, las antiguas FARC reclutaron al menos a 18.677 menores. El Caso 07 cuenta con 11.319 víctimas acreditadas individual y colectivamente y acompaña la búsqueda de 533 niños y niñas reclutados que permanecen desaparecidos.
El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cúcuta admitió un incidente de desacato contra el presidente Abelardo De La Espriella, el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, y el comandante general de las Fuerzas Militares, Erik Rodríguez Aparicio, por presuntamente incumplir una tutela que ordenó adoptar "un estándar de precaución y verificación" en la "planeación de ejecución" de bombardeos donde haya riesgo de la presencia de menores reclutados ilegalmente por grupos ilegales.La decisión responde a una solicitud presentada por la ciudadana Natalia Bernal Cano, quien señaló que las tres autoridades habrían incumplido la sentencia de tutela del pasado 29 de septiembre de 2026. El fallo amparó los derechos a la vida, la integridad personal y la dignidad humana de niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes, personas con discapacidad y adultos mayores que viven en zonas de conflicto armado. Al admitir el incidente, la jueza ordenó notificar a los tres funcionarios y les dio un plazo de dos días para que expliquen si han cumplido las órdenes judiciales. Deberán presentar un informe detallado y las pruebas de las medidas que han adoptado para acatar la sentencia.Sin embargo, el despacho negó la solicitud de medida urgente presentada por la ciudadana, quien buscaba suspender todos los bombardeos y operaciones aéreas militares en el país mientras se resolvía el desacato.La jueza explicó que la prohibición general de estas acciones ya había sido descartada en el fallo de tutela y que este trámite no permite modificar decisiones que ya fueron adoptadas.Una vez termine el plazo de dos días y se reciban las respuestas, el expediente volverá al despacho para estudiar las pruebas y determinar si hubo un incumplimiento injustificado.Recordemos que la sentencia del 29 de septiembre estableció que, antes de realizar bombardeos o ataques aéreos, las Fuerzas Militares deben verificar rigurosamente si hay población civil y menores de edad en la zona. También deben evaluar si el beneficio militar de la operación justifica los posibles daños a los civiles, con especial protección para los niños y adolescentes.El fallo también aclaró que un menor no puede ser considerado automáticamente combatiente por vestir prendas militares o permanecer en un campamento de un grupo armado ilegal. Las autoridades deben considerar que puede ser víctima de reclutamiento y utilización ilícita y aplicar medidas especiales para proteger su vida e integridad.Esta decisión se suma a otros pronunciamientos judiciales. El Juzgado 34 de Familia de Bogotá determinó que no puede existir una prohibición absoluta de los bombardeos cuando estén dirigidos contra objetivos militares, pero fijó precauciones especiales ante información verificable sobre la presencia de menores.Además, la semana pasada el Tribunal Superior de Bogotá revocó un fallo de tutela y dejó sin efectos una medida provisional que restringía estas operaciones ante la posible presencia de niños, niñas y adolescentes.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, lanzó dos alertas sobre la protección de los menores de edad en Colombia: pidió evitar que se normalice la muerte de niños y adolescentes durante bombardeos contra grupos armados y advirtió sobre las autolesiones entre jóvenes del litoral Pacífico, en algunos casos como una forma de intentar evitar el reclutamiento forzado.Frente a los bombardeos, la defensora señaló que en regiones como el Catatumbo, el Cauca y el Guaviare es previsible la presencia de menores de edad en los objetivos militares. Por esta razón, pidió al gobierno Nacional evaluar alternativas y adoptar medidas de precaución para evitar que la muerte de niños y adolescentes termine considerándose un daño colateral habitual de la guerra.La defensora recordó que los menores siguen siendo víctimas del conflicto, incluso cuando han sido reclutados por grupos armados ilegales. También responsabilizó a organizaciones como el frente 33 y el ELN por esta práctica, que constituye un crimen de guerra y debe detenerse de inmediato.De esta forma, cuestionó si los bombardeos son la mejor manera de combatir a estos grupos cuando existe el riesgo de que mueran menores de edad."El estado debe tomar unas medidas de precaución para evitar que siga siendo común la muerte de menores de edad, y debe evaluar hasta qué punto estos operativos de bombardeos realmente son la mejor forma de enfrentar estos grupos, que es necesario si tienen estas consecuencias", señaló la defensora del pueblo, Iris Marín.La defensoría alerta por autolesiones de menores de edad para evitar ser reclutadosEn una segunda alerta, la defensora advirtió sobre el aumento de los suicidios y los intentos de suicidio entre jóvenes del litoral Pacífico. La entidad identifica factores sociales que afectan la salud mental, como la violencia de género, el racismo estructural y la exposición a los grupos armados, especialmente por el riesgo de reclutamiento.Uno de los hallazgos más preocupantes es que algunos menores estarían recurriendo a las autolesiones para intentar evitar que los recluten. Esta situación evidencia el temor que viven en sus comunidades ante la posibilidad de ser obligados a ingresar a las filas de organizaciones armadas.Además, explicó que algunas familias están sacando a sus hijos de sus comunidades para protegerlos. Como consecuencia, hay territorios que empiezan a quedarse sin menores de edad, mientras jóvenes de hasta 28 años también abandonan sus hogares por miedo a terminar involucrados en la guerra.La defensora advirtió que estos escenarios afectan los proyectos de vida de los jóvenes y sus familias, que deben abandonar sus territorios para protegerse. Por lo que, la Defensoría pide mayor acompañamiento institucional y acciones que permitan prevenir tanto el reclutamiento como las afectaciones a la salud mental.Finalmente, insistió en la necesidad de fortalecer ese acompañamiento para que los menores puedan construir un futuro seguro, sin tener que hacerse daño o abandonar sus hogares para escapar del reclutamiento.
Un juez penal especializado de Antioquia condenó a 11 integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por el reclutamiento ilícito de 60 niños, niñas y adolescentes, en hechos ocurridos entre 2004 y 2018 en Antioquia, Bolívar, Chocó, Risaralda y Valle del Cauca.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, las víctimas tenían entre 8 y 17 años y algunas fueron incorporadas a las filas de esa organización mediante falsas promesas, amenazas y violencia física. Entre los menores reclutados había integrantes de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas. Tres de ellos murieron mientras permanecían en las filas del ELN. La Fiscalía señaló que, una vez vinculados a la organización, los menores fueron obligados a realizar diferentes labores, como prestar guardia, preparar alimentos, patrullar, cargar leña y ejecutar trabajos pesados. Otros fueron utilizados como radistas y participaron en combates, cobros de extorsiones e instalación de explosivos.Durante el juicio oral, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentó las pruebas recopiladas sobre los hechos. El material permitió acreditar, de acuerdo con la Fiscalía, castigos, entrenamientos armados, ajusticiamientos, amenazas, lesiones y hechos de violencia sexual contra los menores.La investigación también estableció que algunas niñas fueron sometidas por cabecillas de la organización y obligadas a utilizar métodos anticonceptivos y a practicarse abortos. Para la Fiscalía, estas situaciones afectaron el desarrollo y las condiciones de vida de las víctimas durante su niñez y adolescencia.Por estos hechos, el juez condenó a los integrantes del Comando Central del ELN (COCE) Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’; Eliécer Herlindo Chamorro Acosta, alias ‘Antonio García’; Israel Ramírez Pineda, alias ‘Pablo Beltrán’; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias ‘Pablito’, a 20 años y 4 meses de prisión por los delitos de rebelión agravada y reclutamiento ilícito. También fueron condenados Emilcen Oviedo Sierra, alias ‘Martha’ o ‘La Abuela’, a 14 años y 2 meses; Miguel Enrique Hernández Padilla, alias ‘Jairo’, a 12 años y 8 meses; y Levis Dairon Polo Regino, alias ‘Cholo’, e Isaac Tuberquia Arias, alias ‘Bernardo’, a 11 años y 10 meses de prisión.Los jefes del Frente de Guerra Darío de Jesús Castro, Sunilda del Carmen Hoyos Gil, alias ‘Yeimi’; Carlos Alfonso Agudelo Gómez, alias ‘Nelson’; y William Alexander Zapata Mora, alias ‘Patacón’, recibieron penas de 11 años y 8 meses de prisión.Los 11 condenados fueron declarados personas ausentes durante el proceso. El fallo de primera instancia ordenó librar órdenes de captura y solicitar ante Interpol el trámite de las respectivas notificaciones rojas, con el propósito de hacer efectivas las penas una vez la decisión quede en firme. La sentencia fue apelada.
Mónica tenía 13 años cuando fue reclutada en una zona rural de Tibú, Norte de Santander. Meses después, su familia recibió la noticia de que la menor había sido encontrada sin vida. De acuerdo con la información conocida por Blu Radio, la niña habría intentado escapar del grupo armado que la mantenía retenida antes de ser asesinada.Durante el tiempo que permaneció en poder de la organización, su padre, Ramón Darío Beltrán Acevedo, apenas pudo hablar con ella durante unos tres minutos. Aunque Mónica alcanzó a decirle que estaba bien, su padre aseguró que pudo notar el temor que tenía y que la menor quería regresar a casa. "Papi, ya estoy bien", fueron las palabras que alcanzó a decirle durante esa breve conversación.Beltrán Acevedo recordó que el contacto fue demasiado corto y que no pudieron conversar con tranquilidad sobre la situación que atravesaba la menor."La conversación con ella en ese momento fue muy corta, alrededor de 3 minutos, no pudimos coordinar bien, solo preguntarle cómo estaba", relató el padre, quien aseguró que, pese a las palabras de su hija, percibió que algo no estaba bien.El padre de Mónica también describió la preocupación que observó en la menor durante la llamada. "Pero no la noté bien porque estaba preocupada, es una niña, estaba preocupada, quería venirse y bueno, no pude hacer nada", contó. Según su testimonio, la expresión de la niña le permitió identificar el miedo que estaba sintiendo en ese momento."Sí, claro, claro. Con la mirada, de una vez yo conocí que tenía miedo, pero lamentablemente no pudimos hacer nada", manifestó Beltrán al recordar aquel último contacto con su hija. La familia mantuvo la esperanza de que Mónica pudiera regresar a casa, hasta que recibió la confirmación de su muerte.La recuperación y el traslado del cuerpo desde la zona del Catatumbo hasta Cúcuta también representaron dificultades debido a las condiciones de seguridad y al acceso al territorio. La familia tuvo que afrontar este proceso después de conocer la muerte de la menor.Reclutamiento de menoresEl caso también expone una modalidad de reclutamiento que estaría utilizando las redes sociales para llegar a menores de edad. De acuerdo con la información dada a conocer por la Defensoría, plataformas como TikTok estarían siendo utilizadas para establecer contacto con niños y adolescentes, a quienes se les ofrecerían dinero, motocicletas y supuestas oportunidades.La situación preocupa especialmente en Norte de Santander. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, durante el primer semestre de 2026 se registraron 25 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en el departamento, aunque la entidad advirtió que podría existir un subregistro.
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare admitió una acción de tutela presentada por el ciudadano Roxemhberg Rozo Sánchez para proteger los derechos fundamentales de niños y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado en el departamento.Dentro del trámite, el juez ordenó como medida provisional la suspensión temporal de bombardeos contra objetivos militares en el Guaviare cuando exista información de inteligencia, una alerta preventiva u otro elemento objetivo que permita advertir razonablemente sobre la posible presencia de niños o adolescentes que puedan resultar afectados en su vida o integridad física. La medida estará vigente mientras el juzgado toma una decisión de fondo sobre la tutela.El despacho explicó que tomó esta decisión de manera preventiva porque considera que el riesgo de que un menor reclutado por un grupo armado pueda morir o resultar herido durante una operación militar no puede descartarse. Para el juez, una eventual afectación de la vida o integridad de un niño sería un daño irreversible, que no podría repararse con una decisión judicial posterior.El juzgado también tuvo en cuenta antecedentes de menores de edad que han muerto durante operaciones militares. En el auto cita información de Medicina Legal según la cual, entre diferentes operaciones realizadas desde agosto de 2025, fueron recuperados cuerpos de menores de edad y, tras los análisis forenses, se determinó que 15 de los cuerpos correspondían a niños o adolescentes.Sin embargo, el despacho hizo varias precisiones. La decisión no significa que todos los bombardeos estén suspendidos, ni que toda operación militar en la que pueda haber menores sea automáticamente ilegal. La suspensión está limitada a las circunstancias concretas señaladas en la orden y fue considerada por el juez como una medida excepcional, temporal y preventiva.El juzgado también señaló que en esta etapa no está afirmando que las autoridades hayan vulnerado los derechos de los menores ni está estableciendo su responsabilidad. Lo que reconoce es que existen elementos objetivos que hacen posible el riesgo denunciado y que, por tratarse de derechos fundamentales de niños y adolescentes, es necesario adoptar una protección mientras se estudia el caso.Los vinculados a la tutela tendrán 48 horas para responderComo parte de la tutela, el juez ordenó al Ministerio de Defensa, al Ejército, a la Fuerza Aérea y al ICBF que, en un plazo de 48 horas, informen cuáles son las medidas y protocolos que tienen implementados o que deben reforzar, para identificar la posible presencia de menores en las zonas donde se desarrollan operaciones militares.También deberán explicar cómo verifican la información de inteligencia relacionada con posibles menores reclutados o utilizados por grupos armados, cómo evalúan los riesgos para la población civil antes de las operaciones aéreas y qué medidas aplican para garantizar una protección especial a los niños y adolescentes.Las demás entidades vinculadas al proceso también tendrán un plazo máximo de 48 horas para responder los hechos planteados en la tutela y aportar las pruebas que consideren necesarias.La tutela continuará su trámite con la participación de entidades como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales, autoridades indígenas y organizaciones campesinas del Guaviare.También fueron invitados organismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y UNICEF, además de facultades de Derecho de varias universidades, para que puedan aportar sus opiniones sobre el problema jurídico.El juez deberá analizar toda esta información antes de emitir una decisión definitiva sobre la tutela. Por ahora, la orden de suspender determinados bombardeos es una medida provisional destinada a prevenir posibles afectaciones a menores mientras se estudia de fondo el caso.
La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, hizo un llamado a fortalecer las acciones de prevención frente al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia, tras el reporte de la Defensoría del Pueblo que señaló que entre 2024 y 2026 se registraron más de 1.170 casos de reclutamiento de menores en el país.Para la OIM, enfrentar el reclutamiento requiere anticiparse al riesgo y trabajar directamente en las comunidades, por lo que las escuelas y familias son claves para prevenir estas acciones.Según la organización, uno de los principales mecanismos de prevención son los llamados entornos protectores, que involucran a las instituciones educativas, las familias y las comunidades.En los colegios, los docentes son capaces de identificar señales de alerta y ofrecer alternativas educativas y de ocupación del tiempo libre. Asimismo, en los hogares, la OIM destaca la importancia de fortalecer la comunicación entre padres, madres, cuidadores y menores para detectar posibles situaciones de engaño, presión o acercamiento por parte de grupos armados.“La barrera contra el reclutamiento se construye en el día a día: en las escuelas, donde los docentes detectan alertas tempranas y ofrecen alternativas en la educación; en los hogares, formando a padres, madres y cuidadores en escucha activa para identificar engaños o presiones armadas; y en los barrios, capacitando a líderes comunitarios para activar rutas de protección institucionales o comunitarias antes de que el riesgo sea inminente”, señaló la OIM en su comunicado.La Organización aseguró que, durante sus 20 años de trabajo en esta materia, ha implementado metodologías de prevención en los 32 departamentos del país. Más de 32.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes han sido acompañados por la OIM en la construcción de proyectos de vida.Además, ha capacitado a cerca de 36.000 padres, madres y cuidadores, así como a 15.000 funcionarios locales para fortalecer la identificación y activación de alertas tempranas.Actualmente, estas acciones continúan en las regiones consideradas más vulnerables y desde este año, en articulación con el ICBF, la estrategia Cuidado Mutuo y las Unidades Regionales de Apoyo han acompañado a cerca de 700 menores en riesgo.“La prevención no empieza cuando los actores armados tocan a la puerta; empieza mucho antes. Se logra escuchando a las familias, fortaleciendo a los colegios y advirtiendo sobre los nuevos riesgos en redes sociales. Cuando un joven tiene alternativas reales de estudio y ocupación del tiempo libre, la violencia pierde capacidad de captación”, señaló Felipe Roldán, Coordinador del Programa de Paz, Estabilización y Recuperación de la OIM.Desde la organización advierten que uno de los nuevos desafíos está relacionado con los riesgos digitales y el uso de redes sociales para acercarse a niños, niñas y adolescentes. Es por esto por lo que la OIM considera necesario fortalecer las capacidades de las familias, los docentes y las autoridades para identificar nuevas formas de captación y responder de manera temprana.La OIM pidió mantener activa la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, la Utilización y la Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes en Colombia (CIPRUNNA), con el propósito de mejorar la coordinación entre las más de 20 entidades del Gobierno nacional, autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil y organismos de cooperación internacional, a la vez que insistió en que ampliar las estrategias de prevención y garantizar alternativas de educación, protección y construcción de proyectos de vida son elementos fundamentales para evitar que los menores terminen vinculados al conflicto armado en el país.
Colombia vuelve a poner sobre la mesa la protección de los menores frente al conflicto armado, luego de que las autoridades confirmaran que entre las bajas registradas en un bombardeo contra estructuras de las disidencias de las Farc en Guaviare se encuentran tres menores de edad.El hecho generó nuevas reacciones políticas y llevó a la representante a la Cámara por el Centro Democrático, Luz Marina Gordillo, a enviar este lunes una carta al presidente Abelardo De La Espriella y al ministro del Interior, Rodrigo Lara, en la que solicita que el nuevo Estatuto Antiterrorista contemple sanciones más severas para quienes involucren a menores en actividades de los grupos armados ilegales.Según la congresista, durante 2025 la Defensoría del Pueblo registró 257 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Además, Gordillo asegura, citando cifras de Medicina Legal, que 62 menores murieron en operaciones militares durante el Gobierno de Gustavo Petro.Ante este panorama, la representante planteó que conductas como el homicidio, el secuestro, la tortura, la violencia sexual, la explotación y la utilización de menores como combatientes o escudos humanos sean consideradas de máxima gravedad.Uno de los puntos centrales de su propuesta es abrir un nuevo debate constitucional sobre la posibilidad de establecer una prisión perpetua revisable para quienes cometan los crímenes más graves contra niños, niñas y adolescentes.Gordillo también pidió adoptar medidas mientras avanzan las obras de las megacárceles anunciadas por el Gobierno. Su propuesta es que los integrantes de grupos armados condenados por este tipo de delitos sean recluidos en centros penitenciarios de alta seguridad y, eventualmente, en los buques cárcel anunciados por el Ejecutivo.La representante sostuvo que la protección de los menores debe estar por encima de cualquier negociación o consideración política y llamó al Gobierno a incorporar estas medidas en la discusión del nuevo Estatuto Antiterrorista.La propuesta abre nuevamente el debate sobre el reclutamiento y la instrumentalización de menores por parte de grupos armados, así como sobre la respuesta penal del Estado frente a quienes utilizan a niños y adolescentes en medio del conflicto.
Medicina Legal confirmó la recepción de 10 cuerpos relacionados con el bombardeo realizado el 27 de agosto en zona rural de El Retorno, Guaviare, en el marco de las acciones militares denominadas Operación Amón. Los cuerpos fueron recibidos por la entidad el 29 de agosto y, de los nueve identificados hasta el momento, tres corresponden a menores de edad.Estos tres casos se incorporan a los registros de Medicina Legal sobre menores de edad fallecidos en operaciones militares durante los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro. De acuerdo con las cifras suministradas, durante los dos últimos periodos presidenciales han sido identificados 117 menores fallecidos en este tipo de operaciones. Los registros de Medicina Legal señalan que durante el gobierno de Iván Duque se registraron 367 personas fallecidas en operaciones militares, de las cuales 42 eran menores de edad.Durante la administración de Gustavo Petro, con el corte señalado en la información entregada, Medicina Legal contabilizó 458 personas fallecidas en operaciones militares, entre ellas 62 menores de edad.De los 62 menores registrados durante el gobierno Petro, al menos 13 eran indígenas y tres afrodescendientes. Los lugares señalados en los registros como escenarios de fallecimiento incluyen Cauca, Guaviare, Calamar, Arauca, Amazonas y Valle del Cauca.La información también establece que las categorías de operación militar en las que se registra el mayor número de menores fallecidos corresponden a acción militar, enfrentamiento armado y bombardeo.
Los resultados de ColorLoto de lunes, 9 de noviembre de 2026, ya fueron publicados tras la realización del sorteo número 231.Números y colores ganadores de ColorLoto Los resultados del sorteo 235 de ColorLoto quedaron de la siguiente manera:3 (azul) - 7 (amarillo) - 3 (negro) - 7 (blanco) - 6 (blanco) - 7 (rojo).Los jugadores pueden comparar esta combinación con la registrada en sus respectivos tiquetes para determinar si obtuvieron alguno de los premios correspondientes a las categorías establecidas por ColorLoto.Nuevo acumulado de ColorLotoDespués del sorteo realizado este lunes, 9 de noviembre, el acumulado anunciado para el próximo sorteo quedó en $2.250 millones.Los resultados de ColorLoto pueden consultarse después de cada sorteo para verificar los números y colores obtenidos, así como las categorías de premios y el acumulado correspondiente al siguiente juego.
El regreso de Maluma a Bogotá en 2027 se convirtió en un verdadero fenómeno. Luego de agotar las entradas para sus presentaciones del 5 y 6 de febrero, el cantante paisa confirmó una tercera fecha en la capital colombiana, debido a la alta demanda de sus seguidores.La nueva presentación será el domingo 7 de febrero en El Corazón de Bogotá – Arena, escenario que recibirá el inicio de su gira internacional 'Loco x Volver'. El anuncio fue celebrado por los fanáticos del artista, quienes tendrán una oportunidad más de reencontrarse con Juan Luis Londoño, nombre de pila del cantante.“¡Bogotá no para! El 5 y el 6 de febrero ya están sold out, y como aquí todos estamos locos por volver a ver a Maluma, Juan Luis vuelve a casa una noche más”, anunciaron los organizadores a través de sus canales oficiales.¿Habrá una cuarta fecha de Maluma en Bogotá?Aunque por ahora están confirmados tres conciertos, el rápido agotamiento de las entradas para las primeras presentaciones ha despertado la expectativa sobre la posibilidad de una cuarta fecha. Sin embargo, hasta el momento no existe un anuncio oficial sobre una nueva función.La respuesta del público demuestra la expectativa que existe por el regreso del artista colombiano, quien eligió la capital para comenzar esta nueva etapa musical.Preventa y venta de entradas para MalumaLas entradas para la tercera fecha estarán disponibles a través de TuBoleta. La preventa exclusiva para clientes Visa Bancolombia y Nequi estará habilitada hasta el miércoles 11 de noviembre a las 2:59 p. m., o hasta agotar existencias. La venta general comenzará ese mismo día a las 3:00 p. m.Con tres noches confirmadas, Bogotá se prepara para recibir uno de los regresos musicales más esperados de 2027. Mientras tanto, los seguidores de Maluma siguen pendientes de un posible cuarto anuncio.
Frente a dos millones y medio de fieles, el papa León XIV dio la misa más multitudinaria de su papado en Buenos Aires y ofreció un potente mensaje a los trabajadores al decir que "el éxito financiero debe medirse en clave de bien común", este lunes en su segundo día en Argentina.El papa celebró su primera misa en el país desde un imponente altar en el Monumento de los Españoles, donde reivindicó a la familia cristiana como "pilar" ante las precariedades de la sociedad actual, como "la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario o la violencia doméstica".Muchos de los fieles llegaron al barrio porteño de Palermo desde distintas provincias del país y acamparon desde la noche anterior para asistir a la misa y saludar al pontífice en algún tramo de los 2,3 kilómetros que recorrió en papamóvil.Mientras los asistentes se distribuían en distintos puntos de Buenos Aires por donde pasaría el papa, León XIV se reunía con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, donde lo esperaron miles de personas.El papa escuchó las historias de una recicladora urbana marginada en la pobreza, una trabajadora comunitaria guaraní del norte del país, una sindicalista, una docente y un emprendedor ambiental.En su turno de palabra dijo que las políticas públicas deben garantizar "el pleno empleo y la inclusión social, bajo un marco ético donde la economía, el mercado y el Estado operen subsidiariamente en la redistribución justa de las oportunidades".De acuerdo a un informe difundido el pasado octubre por varias organizaciones de la sociedad civil, desde que Milei asumió la Presidencia argentina a finales de 2023 ya se han perdido 241.200 puestos de trabajo."Si bien la Iglesia reconoce y defiende el derecho a la propiedad privada, este derecho está siempre gravado por una hipoteca social. La tierra y sus frutos han sido dados por Dios para el sustento de toda la humanidad", expresó el papa.También retomó los contenidos de su primera encíclica, 'Magnifica Humanitas', al hablar del "desarrollo responsable de la creación" y advertir sobre las pérdidas de empleo a causa de la inteligencia artificial.
Bogotá no solo es la casa de Andrés Cepeda, sino en el sitio en donde él más ama cantar en toda su vida. Por eso, es normal que la ciudad sea prioridad en las giras y, en 2027, volverá a serlo con la llegada del tour Latitudes que tendrá doble fecha en mayo en El Corazón de Bogotá - Arena.Sin embargo, cada fecha será algo diferente e invita a sus fans a asistir a ambas para vivirlo de manera especial. El 14 de mayo, Andrés Cepeda presentará un espectáculo que reunirá los grandes éxitos de su carrera y las canciones de su repertorio más reciente. El 15 de mayo será el turno de Big Band, uno de los proyectos más destacados de su trayectoria, con el que rinde homenaje a la época dorada de las grandes orquestas."Con Big Band, Cepeda explora una faceta musical distinta, acompañado de una gran agrupación de músicos y un repertorio que reúne la elegancia del jazz, el romanticismo del bolero y la riqueza de ritmos como la cumbia, el mambo y el porro. Esta propuesta, que ha tenido dos entregas discográficas, incluida Andrés Cepeda Big Band 2, lanzada en agosto de 2026, llegará a Bogotá como una oportunidad para descubrir otra dimensión artística del cantante y celebrar el legado musical de América Latina", explicaron desde la organización.No obstante, Bogotá no será la única ciudad en donde Cepeda se presente en este tour; de hecho, estará en las principales ciudades del país: Ibagué: viernes 16 de abril – Néctar Arena.Manizales: sábado 1 de mayo – Plaza de Toros.Bogotá: viernes 14 de mayo – El Corazón de Bogotá Arena.Bogotá: sábado 15 de mayo – El Corazón de Bogotá Arena (Big Band).Cali: viernes 21 de mayo – Arena Cañaveralejo.Pereira: sábado 22 de mayo – Expofuturo.Bucaramanga: viernes 28 de mayo – Cenfer.Barranquilla: viernes 4 de junio – Puerta de Oro.
El conglomerado Skydance, la empresa creada tras la reciente fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery (WBD, por sus siglas en inglés), anunció este lunes la salida de James Gunn y Peter Safran, conocidos por relanzar el universo de superhéroes con títulos como 'Superman', de la co-dirección de DC Studios.Gunn y Safran "dejarán sus cargos directivos tras cuatro años transformando DC Studios y restableciendo los cimientos del estudio, para dedicarse de lleno a su trabajo creativo", anunció la compañía en un comunicado.Ambos serán reemplazados por Jeremy Latcham, miembro del equipo fundador del Universo cinematográfico de Marvel, quien asumirá el cargo de presidente y director creativo de DC Studios, propiedad de Skydance, a partir del 1 de diciembre."James y Peter inauguraron una nueva era para DC Studios y la guiaron a través de un período de verdadera transformación, sentando las bases y creando un catálogo del que estamos increíblemente orgullosos", agregaron en el escrito los directores ejecutivos de Skydance, David Ellison e Ynon Kreiz.En sus cuatro años al frente de DC Studios, Gunn y Safran reorganizaron el universo cinematográfico y televisivo de la compañía bajo una misma dirección creativa y "supervisaron la producción y el estreno de 'Superman', que recaudó más de 618 millones de dólares en la taquilla mundial", indicó la compañía.También impulsaron nuevos proyectos para la gran pantalla y series para plataformas de contenidos en línea, como el terror de 'Clayface' o la secuela 'Man of Tomorrow' escrita y dirigida por el propio Gunn, además de sentar las bases para futuros proyectos centrados personajes clásicos como los 'Teen Titans' o 'The Brave and the Bold'.Skydance se encuentra en pleno proceso de integración después de que Paramount cerrara el pasado 6 de octubre un histórico acuerdo de compra de WBD, una operación valorada en unos 110.000 millones de dólares y cuya culminación estuvo paralizada por meses de litigio antimonopolio tras una demanda presentada por 12 estados del país, y a la que se sumó el sindicato de guionistas de Hollywood.La oposición de los estados a esta fusión radicaba en que la operación daría a la compañía resultante cerca del 27 % del mercado de distribución cinematográfica y más del 30 % en el segmento de grandes estrenos taquilleros, además de reforzar la concentración en el negocio de canales básicos de televisión por cable, según la querella.Bajo el paraguas de Skydance, la nueva compañía unifica a titanes históricos como Paramount Pictures, Warner Bros. Pictures, CBS, CNN, HBO, Max, Nickelodeon y Paramount+, concentrando así cerca del 27 % del mercado de distribución cinematográfica y más del 30 % del segmento de grandes estrenos taquilleros a escala global.