Al menos 51 menores de edad fueron víctimas de reclutamiento forzado entre enero y mayo de este año por parte de grupos armados ilegales en Colombia, informó este viernes la Defensoría del Pueblo.El organismo detalló que los departamentos con más casos registrados son Norte de Santander, Cauca y Antioquia.El informe apuntó que de los 51 menores reclutados el 65 % son niños y adolescentes hombres, mientras que el 35 % restante son niñas y adolescentes mujeres.De este total de víctimas, el 17 % pertenece a alguna población indígena, el 12 % son afrocolombianos y el 71 % no se identifica con ningún grupo étnico.La Defensoría detalló que entre los grupos armados ilegales presuntamente responsables de estos delitos destacan el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, que concentra un 23,5 % de casos; el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con 23,5 %; el Estado Mayor Central con 21,6 %; y otras disidencias de las antiguas Farc con 21,6 %.Según esta entidad, el reclutamiento de menores de edad aumentó en los últimos años: entre enero y diciembre de 2025 se identificaron 410 casos, de los cuales el 57 % son niños y adolescentes.Asimismo, Unicef informó el año pasado de que más de 1.200 menores terminaron reclutados por grupos armados ilegales en Colombia entre 2019 y 2024, lo que representó un aumento del 300 % en cinco años.Este mes, un niño de diez años murió y otros dos menores resultaron heridos como consecuencia de un ataque perpetrado con un dron cargado con explosivos en Tibú, municipio de la zona del Catatumbo, en el Norte de Santander.
Dos mujeres señaladas de integrar la subestructura San Juan del Clan del Golfo fueron enviadas a la cárcel mientras avanza el proceso judicial en su contra por, presuntamente, reclutar personas para fortalecer las estructuras armadas ilegales de esa organización en diferentes municipios del Chocó. Se trata de Mariela Isabel Garnot Mena y Yennys del Carmen Gaviria Cañavera, quienes fueron capturadas en operativos adelantados por el Gaula de la Policía Nacional.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Mariela Isabel Garnot Mena tendría un papel clave dentro de la organización criminal, al encargarse de coordinar el transporte de las personas reclutadas, administrar los recursos económicos destinados a esta actividad ilegal y facilitar las comunicaciones entre los cabecillas. Además, estaría involucrada en el almacenamiento y envío de uniformes y otros elementos de uso exclusivo de la Fuerza Pública.Por su parte, Yennys del Carmen Gaviria Cañavera es señalada de identificar y persuadir a jóvenes en sectores urbanos de Montería, Córdoba, para vincularlos al Clan del Golfo y coordinar posteriormente su traslado hacia el departamento del Chocó, donde serían incorporados a la estructura armada ilegal.Durante una diligencia de registro y allanamiento adelantada en Istmina, Chocó, las autoridades incautaron seis prendas, cuatro bufandas y cuatro pañoletas pixeladas, con características similares a las utilizadas por las Fuerzas Militares, elementos que hacen parte del material probatorio recopilado en la investigación.Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó a las dos mujeres ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y utilización ilegal de uniformes e insignias. Para la Fiscalía, las implicadas habrían participado en actividades destinadas a fortalecer la capacidad operativa del grupo armado mediante la captación y traslado de nuevos integrantes. Durante las audiencias judiciales, las procesadas no aceptaron los cargos formulados por el ente acusador.
Una delegación integrada por ganadores del Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia llegó a Bruselas para sostener reuniones con eurodiputados, parlamentarios y organizaciones internacionales con el propósito de visibilizar la situación de derechos humanos en el país y como se vive en términos del conflicto armado.La agenda incluyó conversaciones sobre el recrudecimiento del conflicto armado, los riesgos que enfrentan líderes y defensores de derechos humanos y el panorama político de cara a las elecciones presidenciales.Diana Patricia Pito, integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), explicó que uno de los principales objetivos fue acercar a los parlamentarios europeos a las realidades que viven las comunidades en los territorios.Según señaló, durante los encuentros se expusieron cifras, casos documentados y preocupaciones relacionadas con la defensa de la vida. Además, indicó que parte de las conversaciones estuvieron enfocadas en conocer cuál será el futuro de la cooperación y la solidaridad internacional con Colombia, así como en mantener el respaldo y las recomendaciones para que el país continúe avanzando en garantías efectivas para la protección de los derechos humanos.Desde Mafapo, Jacqueline Castillo calificó la gira como positiva y destacó el interés mostrado por los parlamentarios europeos. “Nos acogieron muy bien y estuvieron muy interesados en escucharnos”, aseguró.Castillo explicó que durante las reuniones se plantearon inquietudes sobre los riesgos de impunidad en algunos casos y destacó la importancia de que continúe el apoyo de la Unión Europea al trabajo que viene adelantando la JEP, así como al proceso de paz.Por su parte, Vicente Vallies, representante de la Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia (OIDHACO), señaló que la gira permitió sensibilizar a distintos sectores de la Unión Europea sobre el momento que atraviesa el país.“Se ha logrado sensibilizar a eurodiputadas y eurodiputados sobre lo que está pasando actualmente con el proceso electoral y las consecuencias que puede tener en Colombia”, indicó.Además, aseguró que existe una voluntad de mantener el respaldo a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y a los procesos de diálogo con actores armados. “Creo que la Unión Europea ya está convencida nuevamente de la necesidad de los diálogos y que más guerra son más víctimas”, afirmó.El recorrido también incluyó encuentros con representantes de Suecia e Irlanda. Diana Montealegre, de la organización Diakonia, explicó que las conversaciones estuvieron marcadas por la preocupación frente a posibles retrocesos en los avances alcanzados en materia de paz y derechos humanos.“Percibimos una preocupación compartida sobre los riesgos de retroceso en las apuestas por las que los ganadores llevan años trabajando”, señaló Montealegre, quien agregó que los interlocutores europeos permanecen atentos al desarrollo de la segunda vuelta presidencial y a sus posibles implicaciones para la implementación del acuerdo de paz.La gira continuará en Suecia como parte de una estrategia que busca abrir espacios de incidencia internacional y respaldo político para organizaciones y liderazgos que trabajan desde los territorios en la defensa de los derechos humanos, la memoria, la justicia y la construcción de paz en Colombia.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) rechazó la muerte de 11 menores de edad identificados entre las víctimas de los enfrentamientos registrados el pasado 27 de mayo en zona rural de San José del Guaviare y reiteró su llamado a los grupos armados para que cesen el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado.La entidad señaló que la información entregada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirma que entre las víctimas hay menores de edad, situación que calificó como una grave afectación a los derechos de la niñez. En ese sentido, insistió en que ningún niño o niña debería ser vinculado a dinámicas de guerra ni apartado de su entorno familiar para participar en confrontaciones armadas.El ICBF recordó que el reclutamiento, uso y vinculación de menores por parte de actores armados constituye una violación de sus derechos y reiteró el llamado realizado por su directora, Astrid Cáceres, para que los grupos armados entreguen a los menores que permanecen en sus filas y permitan su retorno a entornos de protección.De acuerdo con la entidad, durante los últimos cuatro años 1.305 niñas, niños y adolescentes desvinculados del conflicto armado ingresaron a programas especializados de atención y restablecimiento de derechos. Además, otros 1.219 menores fueron incorporados al sistema de protección especial por amenazas de reclutamiento o riesgos contra su vida, con el propósito de evitar que fueran captados por estructuras armadas.La institución informó que mantiene activos los mecanismos de seguimiento y coordinación con otras entidades para atender a las personas afectadas por la violencia. Asimismo, insistió en que la protección de la niñez debe ser una prioridad nacional y pidió a todos los actores armados mantener a los menores fuera de cualquier confrontación.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Fidel Escoba Ramírez, señalado por la Fiscalía General de la Nación de participar presuntamente en el traslado de personas reclutadas por las disidencias de las Farc, entre ellas una adolescente de 14 años que habría sido incorporada ilegalmente a las filas de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de alias 'Iván Mordisco' en el departamento del Cauca.De acuerdo con la investigación, el 9 de noviembre de 2024 el hoy procesado habría contratado a un conductor y puesto a disposición un vehículo de su propiedad para movilizar a la menor desde Popayán hacia Mesetas, Meta. Sin embargo, durante el recorrido, el automotor fue interceptado por unidades de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, lo que permitió recuperar a la adolescente y activar el proceso de restablecimiento de sus derechos.Según la información recopilada por la Fiscalía, la joven manifestó que había sido reclutada mediante engaños por integrantes de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc. La víctima aseguró que permaneció durante cerca de un año dentro de esa organización armada ilegal, donde recibió entrenamiento relacionado con el manejo de armas, desarme de fusiles y acondicionamiento físico.Durante la audiencia, el fiscal del caso indicó que la menor permaneció en el grupo armado desde el 16 de noviembre de 2023, cuando tenía 13 años. Según expuso el delegado del ente acusador, durante ese periodo “fue entrenada en una escuela clandestina en arma y desarme de fusiles, físico, le asignaron armamento de largo alcance tipo fusil M4, munición y uniforme camuflado, y le dieron categoría de guerrillera de tropa”.El funcionario también sostuvo que la conducta atribuida al procesado afectó gravemente los derechos de la víctima. “La conducta ejecutada por usted, don Fidel, lesionó el derecho internacional humanitario y los derechos a la autonomía personal y la dignidad humana”, señaló durante la imputación.La investigación también da cuenta de que la adolescente habría recibido armamento de largo alcance y que posteriormente se definió su traslado hacia el oriente del país, situación que fue frustrada por la intervención de las autoridades en la vía.Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Cauca imputó a Fidel Escoba Ramírez el delito de reclutamiento ilícito. El procesado no aceptó el cargo. No obstante, el juez consideró procedente imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Según información de inteligencia militar, la mujer habría desarrollado labores de captación de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas asentadas en la cuenca del río Caquetá. Las autoridades aseguran que, desde 2024, alias ‘La Suegra’ habría participado en el reclutamiento de cerca de 20 menores de edad para fortalecer las filas de la estructura armada ilegal.De acuerdo con las investigaciones, alias 'La Suegra' también haría parte de las redes de apoyo de la organización, desempeñando funciones de enlace con comunidades ubicadas en corredores estratégicos utilizados para la movilidad y expansión del grupo en el Amazonas.Alias ‘La Suegra’ no fue la única capturada, durante el procedimiento una segunda mujer que se encontraba en la zona de operaciones y que tenía en su poder aproximadamente 10 millones de pesos en efectivo también fue neutralizada.Las autoridades informaron que la detenida no habría podido justificar el origen de esos recursos, situación que será objeto de verificación dentro del proceso judicial correspondiente.El Ejército aseguró que este resultado operacional impacta las capacidades de regeneración y crecimiento de la estructura Carolina Ramírez, al dificultar la incorporación de nuevos integrantes y afectar las redes de apoyo que, presuntamente, utilizaba la organización para ejercer influencia sobre comunidades vulnerables.
La Defensoría del Pueblo advirtió que entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026 se han documentado 25 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Colombia. Del total de víctimas, el 60% corresponde a niños y adolescentes, mientras que el 40% son niñas y adolescentes.La entidad señaló que el presunto grupo armado ilegal con mayor participación en los casos reportados es el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, al que se atribuye el 44% de los hechos registrados. Le sigue el ELN con el 24%, mientras que el 12% corresponde a disidencias sin identificar.También aparecen el Estado Mayor Central, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, el Comando de la Frontera y otros grupos sin identificar.Norte de Santander concentra la mayor cantidad de reportes con 10 casos. Le siguen Antioquia con cuatro y Caquetá con tres. También se registran casos en Cauca, Boyacá, Guainía, Magdalena, Putumayo, Tolima y Valle del Cauca.Las cifras contrastan con la última actualización consolidada de 2025 presentada por la Defensoría del Pueblo, que documentó 386 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes entre enero y diciembre de ese año. Según ese balance, el 58% de las víctimas fueron niños y adolescentes y el 42% niñas y adolescentes.El informe de 2025 evidenció además una fuerte afectación sobre comunidades étnicas. El 52% de los casos correspondió a población indígena, mientras que el 7% afectó a población afrocolombiana. En ese periodo, el principal grupo señalado fue el Estado Mayor Central, con 42% de los reportes, seguido por otros grupos sin identificar (18,4%), disidencias sin especificar (11,6%) y el ELN (10,1%).La mayor concentración de casos durante 2025 se registró en Cauca, con 174 reportes, seguido por Antioquia con 31, Chocó con 25 y Norte de Santander con 21. También se reportaron casos en Huila, Nariño, Valle del Cauca, Arauca, Guaviare, Bolívar, Cesar, Putumayo, Caquetá, Amazonas, Vaupés, Tolima, Magdalena, Risaralda, La Guajira, Meta, Bogotá y Vichada.
Durante el foro “Control fiscal, articulación e inversión frente al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por grupos armados en Colombia”, la Contraloría General de la República alertó sobre una reducción presupuestal en la política pública para prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados en Colombia.“En materia presupuestal, de los $12.891 millones asignados al proyecto de inversión de desarrollo de la política intersectorial de prevención del reclutamiento, se ejecutaron $9.216 millones, quedando pendientes por ejecutar $3.675 millones que se quedaron sin utilizar. A ello se suma una reducción presupuestal del 83,8 % para el periodo 2024-2026, con recursos que descendieron a $1.810 millones”, señaló Rodríguez.El contralor explicó que esta reducción, sumada a la baja ejecución y a “la ausencia de un sistema robusto de información”, está limitando la capacidad del Estado para prevenir el reclutamiento y proteger a niños y adolescentes en zonas afectadas por el conflicto armado.Rodríguez insistió en que el reclutamiento infantil no puede seguir siendo entendido únicamente como un asunto de seguridad. “Es una expresión profunda de fallas históricas que siempre debemos reconocer como estado de carácter institucional, de que históricamente ha existido exclusión social y debilidades en la capacidad del estado para proteger la niñez”, sostuvo.Asimismo, aseguró que los análisis adelantados por la Contraloría muestran un “crecimiento preocupante” del reclutamiento infantil en distintas regiones del país, en medio de un contexto marcado por la persistencia del conflicto armado y la presencia de grupos ilegales.El estudio presentado por la Contraloría también evaluó el funcionamiento del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) y la atención a la primera infancia en la modalidad institucional del ICBF, encontrando múltiples debilidades operativas y riesgos crecientes de vulneración de derechos.En el caso del PARD, las visitas técnicas realizadas por el organismo de control evidenciaron que más del 60 % de los equipos interdisciplinarios se encuentran incompletos. Además, según la Contraloría, cada defensor de familia atiende hasta 120 casos semanales, generando retrasos y decisiones tardías.“Cuando la protección depende más del heroísmo individual que de la capacidad institucional, el sistema se vuelve frágil”, afirmó Rodríguez.Respecto a la modalidad institucional de primera infancia del ICBF, la Contraloría advirtió “fallas críticas en la detección, seguimiento y cierre de casos de vulneración de derechos”, asociadas a debilidades en información, articulación y supervisión. Según el informe, en 2022 se registraron 1.488 alertas y en 2024 otras 1.458, mientras que en 2023 solo se reportó un caso, lo que para la contraloria podría evidenciar limitaciones en la capacidad operativa de la entidad.Durante su intervención, Rodríguez también presentó cifras sobre la situación de niños, niñas y adolescentes en el país. Según indicó, entre enero y diciembre de 2025 el Instituto Nacional de Medicina Legal registró 32.442 lesiones no fatales contra menores de edad asociadas a contextos de violencia. De esos casos, 16.923 correspondieron a exámenes médico-legales por presunto delito sexual, 7.547 a violencia intrafamiliar, 7.296 a violencia interpersonal y 676 a violencia de pareja.En educación, el Ministerio de Educación reportó una deserción intraanual del 3,63 % en el sector oficial durante 2024, equivalente a 256.733 posibles desertores.“El país ha construido un andamiaje jurídico robusto, pero desde luego tenemos que caminar fuerte hacia la implementación”, concluyó Rodríguez, al advertir que la fragilidad institucional termina permitiendo que la violencia llegue primero que el Estado a los territorios más afectados.
Save the Children alertó sobre el grave panorama que enfrenta la niñez en Colombia en medio del conflicto armado y aseguró que el país se ubica entre los más afectados del mundo por ataques contra la educación. Según explicó María Mercedes Liévano, directora país de la organización, Colombia ocupa actualmente el cuarto lugar a nivel mundial con más ataques contra instituciones y comunidades educativas, además de ser el segundo país donde más asesinan docentes.La directora señaló que estas cifras reflejan situaciones que siguen ocurriendo en distintos territorios del país, especialmente en zonas con presencia de grupos armados ilegales como Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Según indicó, los riesgos para estudiantes y profesores incluyen reclutamiento infantil y la instalación de artefactos explosivos en caminos hacia las escuelas.Liévano aseguró que recientemente visitaron una escuela en la región Pacífica cuya infraestructura tiene más de 260 impactos de bala. Según explicó, muchas comunidades educativas viven diariamente con miedo debido a la violencia y a las amenazas derivadas del conflicto armado.“En Colombia, desafortunadamente, estamos viviendo una crisis de protección generalizada por conflicto armado. El conflicto armado se está ampliando en el país, afectando y expresando de manera diferente en los territorios donde trabajamos, pero también, por ejemplo, con temas asociados al cambio climático”, señaló la directora de Save the Children.La organización también alertó por el incremento del reclutamiento infantil. De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo y datos recopilados por Save the Children, este fenómeno habría aumentado un 300% en los últimos dos años. Solo al cierre de 2024, más de 600 niños y niñas fueron reclutados por grupos armados ilegales, mientras que durante 2023, se reportaron 184 casos.La directora señaló que las consecuencias de esta situación van más allá de la violencia y terminan afectando el desarrollo de generaciones enteras. Según dijo, la falta de oportunidades educativas y las afectaciones derivadas del conflicto contribuyen a profundizar ciclos de pobreza y desesperanza en distintas regiones del país.En ese sentido, recordó que, según cifras del Banco Mundial citadas por la organización, más del 50% de los niños en Colombia no saben leer ni comprender un texto simple a los 9 años. En territorios apartados y afectados por el conflicto, agregó, esa cifra podría alcanzar incluso el 90%.Las declaraciones se conocieron durante el cierre del proyecto CREER, financiado por la Unión Europea, una iniciativa que buscó fortalecer capacidades de protección para niños, niñas y adolescentes en comunidades afectadas por el conflicto armado, además de preparar a escuelas y autoridades locales para responder ante situaciones de emergencia.Camilo Andrés López, estudiante de la institución educativa José Asunción Silva, aseguró que el proyecto transformó significativamente su vida. Según contó, antes era un joven reservado, con problemas de comportamiento y poco interés por el estudio, pero gracias al proceso encontró espacios para expresarse y replantear su proyecto de vida.El estudiante también se refirió a las experiencias de muchos de sus compañeros. “Han sido muchachos que, por causas de la guerra, les marcó la vida, les dejaron cosas que ellos reservaban con ellos, que nunca las expresaron, y este espacio les brindó esa oportunidad, de hacerlos, de expresarlos, de que se den de cuenta de que tienen un mejor futuro por delante, de que dejen eso atrás, de que eso ya no los puede alcanzar, que ya el pasado quedó atrás”, aseguró.Por su parte, Ana Julia Obando, líder de calidad de la Secretaría de Educación de Tumaco, destacó que la estrategia permitió fortalecer capacidades en instituciones educativas del territorio para convertirlas en entornos más seguros y protectores frente a emergencias relacionadas con el conflicto armado.“En este proyecto fueron focalizadas 5 instituciones educativas, donde cada institución tiene un promedio de 300 establecimientos educativos, que son los centros. Las instituciones educativas cuentan con 900 y 1200 estudiantes dentro del CMAP. El proyecto benefició más de 5000 estudiantes en el territorio de Tumaco”, señaló Obando.Finalmente, la directora de Save the Children hizo un llamado al próximo gobierno para que la agenda de niñez deje de ser un tema secundario dentro de las políticas públicas del país. Liévano advirtió que actualmente Colombia invierte apenas el 0,8 % del PIB en protección infantil, cifra que, según señaló, está por debajo de la recomendación de la OCDE, que plantea una inversión mínima del 1,6 %.“Necesitamos que en todas estas negociaciones de paz el punto de partida sea la protección de la, por supuesto, comunidades por protección, por ejemplo, la protección de la niñez. A los niños y las niñas los tenemos que alejar de la guerra, eso no es negociable”, concluyó.
Un total de 20 personas fueron imputadas por la Fiscalía General de la Nación tras el hallazgo de 12 menores de edad que eran transportados por carretera en el departamento de Quindío, con destino al departamento de Meta, donde presuntamente serían reclutados por estructuras armadas ilegales vinculadas presuntamente a disidencias de las Farc de 'Iván Mordisco'.El caso se conoció, luego de un operativo de la Policía Nacional de Colombia que permitió interceptar un bus en el que se movilizaban 21 adultos y 12 menores de edad. Según las autoridades, los menores habrían sido captados en distintas regiones del país, principalmente en el departamento del Cauca.De acuerdo con la investigación, los menores portaban documentos de identidad falsos y viajaban junto a los adultos en condiciones que alertaron a las autoridades. Tras la verificación, se estableció que los adolescentes eran presuntas víctimas de reclutamiento forzado.De las 21 personas adultas capturadas en flagrancia, 20 fueron presentadas ante un juez de control de garantías, donde se les imputó el delito de uso de documento falso. En cuanto al presunto cabecilla de la estructura, las autoridades informaron que será imputado en las próximas horas por los delitos de concierto para delinquir, reclutamiento ilícito y uso de documento falso.Los 12 menores de edad fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, se pronunció sobre el caso a través de su cuenta en la red social X, donde destacó el impacto del operativo en las redes de reclutamiento ilegal. Según indicó, esta acción “impacta directamente las redes de reclutamiento vinculadas a estructuras lideradas por alias 'Iván Mordisco'” y advirtió que estas prácticas representan una grave vulneración de los derechos de la niñez.
La tragedia provocada por los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela llegó a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), que confirmó la muerte del futbolista Yimvert Berroterán, una de las jóvenes promesas del balompié nacional, quien falleció a los 18 años tras el desastre natural ocurrido el pasado miércoles.El jugador fue hallado sin vida en el estado La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados frente a la costa del mar Caribe. Su fallecimiento se suma al elevado número de víctimas que han dejado los movimientos telúricos, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en distintos puntos del país.Berroterán era considerado una de las figuras con mayor proyección dentro del fútbol venezolano. Había representado a la selección nacional en el Mundial Sub-17 y formaba parte del plantel de Universidad Central de Venezuela FC (UCV FC), donde continuaba su proceso de formación deportiva.¿Quién era Yimvert Berroterán, la joven promesa del fútbol venezolano?Con apenas 18 años, Yimvert Berroterán ya había logrado vestir la camiseta de la selección venezolana en categorías juveniles, una experiencia que lo proyectaba como uno de los talentos con mayor futuro dentro del fútbol del país.Además de su participación con la Vinotinto Sub-17, el futbolista hacía parte de Universidad Central de Venezuela FC, institución que seguía de cerca su crecimiento y que, junto con la Federación Venezolana de Fútbol, lamentó su fallecimiento.Continúan las labores de rescate tras los terremotosMientras el país despide a una de sus jóvenes promesas deportivas, las autoridades mantienen los operativos de búsqueda de sobrevivientes en las zonas más golpeadas por la emergencia.La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que equipos especializados de varios países ya participan en las labores de rescate. Según explicó, brigadas procedentes de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia y Estados Unidos llegaron en las últimas horas para apoyar las operaciones sobre el terreno.Rodríguez también indicó que rescatistas enviados por Alemania, Italia y Países Bajos se encuentran en camino para reforzar los trabajos humanitarios.Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos confirmó el despliegue de personal militar y de rescate para colaborar con las autoridades venezolanas. La Embajada estadounidense en Caracas informó de la llegada del mayor general del Cuerpo de Marines Kevin J. Jarrard, mientras que el Comando Sur señaló que las Fuerzas Armadas se movilizaron para apoyar las tareas de búsqueda, rescate y recuperación.España también envió un importante contingente de emergencia. Un avión A330 del Ejército del Aire trasladó a 59 integrantes de la Unidad Militar de Emergencias (UME), además de ingenieros militares, equipos de rescate de la Comunidad de Madrid y unidades caninas especializadas en localización de personas entre estructuras colapsadas.Balance de la emergencia en VenezuelaDe acuerdo con el reporte entregado por las autoridades venezolanas este viernes, los dos terremotos han dejado hasta el momento un saldo de 920 personas fallecidas y 3.360 heridas, además de cuantiosos daños materiales en Caracas y, especialmente, en el estado La Guaira.Las operaciones de búsqueda continúan con apoyo internacional, mientras los organismos de emergencia trabajan en la localización de sobrevivientes y en la atención de las miles de familias afectadas por uno de los desastres naturales más graves registrados recientemente en Venezuela.
El corredor vial que une el centro con el occidente de Colombia vive uno de sus fines de semana de mayor movimiento del año. Miles de viajeros atraviesan el Tolima rumbo a las fiestas de San Pedro o regresan a sus ciudades de origen por la vía que conecta Bogotá con el Alto de La Línea y el Eje Cafetero, mientras las autoridades despliegan un amplio operativo para garantizar la movilidad y la seguridad.La denominada Operación San Pedro y Retorno contempla la movilización de cerca de 274.000 vehículos por las carreteras del departamento, especialmente por corredores estratégicos como el Alto de La Línea, la ruta hacia Cajamarca, el norte del Tolima, Cambao, Guamo y Neiva, considerados de alta circulación y accidentalidad.Desde el peaje de Gualanday, uno de los principales accesos al departamento, las autoridades no solo instalaron puestos de control. Allí también dieron la bienvenida a los viajeros con muestras folclóricas y actividades pedagógicas para promover una celebración segura y libre de productos ilegales.El secretario de Tránsito y Transporte del Tolima, Mario Alberto Tovar Lucuara, explicó que el dispositivo incluye los 16 cuadrantes viales distribuidos en las principales carreteras del departamento y destacó que el trabajo conjunto con el Grupo Operativo Anticontrabando del Tolima (GOAT) fortalece la seguridad durante la temporada.“Desde hace 15 días venimos dándole la bienvenida a los tolimenses y a los visitantes con los agentes de tránsito y el Grupo Anticontrabando, porque ellos también hacen parte de la seguridad del departamento”, señaló el funcionario en diálogo con Blu Radio. Agregó que el operativo busca garantizar una movilidad segura para los más de 200.000 visitantes que llegan a disfrutar de las festividades.Por su parte, la mayor Juanita Padilla Rodríguez, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte del Tolima, indicó que el departamento espera el ingreso de aproximadamente 274.000 vehículos, con mayor concentración hacia Ibagué, El Espinal y Melgar, además del intenso flujo de carga que cruza diariamente el corredor del Alto de La Línea hacia Cajamarca.La oficial explicó que el trabajo operativo se concentra en los puntos de mayor movilidad del departamento, donde la Policía de Carreteras mantiene controles permanentes para prevenir accidentes y garantizar el tránsito seguro durante el puente festivo.Pero la estrategia no se limita a la seguridad vial. De forma paralela a los controles de movilidad, el Grupo Operativo Anticontrabando del Tolima (GOAT) desarrolla operativos para impedir la comercialización y el transporte de licores adulterados y cigarrillos de contrabando.Las jornadas incluyen inspecciones en carretera y campañas de sensibilización dirigidas a conductores, comerciantes y turistas, con el propósito de evitar que productos ilegales lleguen a los consumidores durante una de las temporadas de mayor actividad comercial del año.Las autoridades recuerdan que adquirir licor adulterado o cigarrillos de contrabando no solo afecta las rentas destinadas a la salud y la educación, sino que también representa un riesgo para la vida de quienes los consumen.Los operativos continuarán durante todo el puente festivo en las principales vías del Tolima, uno de los departamentos clave para la movilidad nacional entre el centro y el occidente del país, donde convergen miles de viajeros que aprovechan las celebraciones de San Pedro y el inicio de la temporada vacacional.
España vs. Uruguay afrontarán este viernes uno de los partidos más importantes de la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, en el estadio de Guadalajara, donde ambas selecciones buscarán asegurar su presencia en los dieciseisavos de final, aunque llegan con panoramas muy diferentes. Mientras la Roja depende de sí misma para terminar como líder del Grupo H, la Celeste está obligada a sumar para evitar una eliminación prematura.El conjunto dirigido por Luis de la Fuente lidera la zona con cuatro puntos, producto del empate frente a Cabo Verde y la contundente victoria por 4-0 sobre Arabia Saudí. Uruguay, por su parte, solo suma dos unidades tras igualar en sus dos primeros compromisos y necesita un resultado positivo para seguir con vida en el torneo.Posibles alineaciones de Uruguay vs. EspañaEspaña: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena. Seleccionador: Luis de la Fuente.Uruguay: Fernando Muslera o Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, José María Giménez, Mathías Olivera; Manuel Ugarte, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur; Agustín Canobbio o Darwin Núñez, Federico Viñas y Ronald Araújo.Seleccionador: Marcelo Bielsa.¿Qué necesita España para asegurar el primer lugar del Grupo H?La selección española llega al compromiso con el impulso que dejó la goleada sobre Arabia Saudí, un resultado que disipó las dudas generadas tras el inesperado empate en el debut frente a Cabo Verde.Con cuatro puntos en la clasificación, España depende de sí misma para avanzar a la siguiente ronda. Un empate le alcanzaría para asegurar el boleto a los dieciseisavos de final, aunque el objetivo del cuerpo técnico pasa por conseguir una victoria que garantice el liderato del grupo y permita afrontar la fase eliminatoria sin depender de otros resultados.Luis de la Fuente parece haber encontrado la base del equipo tras introducir varias modificaciones en la segunda jornada, por lo que la mayoría de esos cambios tendrían continuidad frente a Uruguay. La principal incógnita estaría en el lateral derecho, donde Marcos Llorente podría recuperar la titularidad en lugar de Pedro Porro.Uno de los futbolistas que concentrará la atención será Lamine Yamal.El extremo regresó frente a Arabia Saudí después de superar la lesión muscular con la que llegó al Mundial y apenas necesitó disputar el primer tiempo para convertirse en uno de los jugadores más desequilibrantes del encuentro.Todo apunta a que tendrá una mayor carga de minutos ante Uruguay, en un ataque que también contará con Mikel Oyarzabal, Álex Baena y el respaldo de un mediocampo liderado por Rodri, Pedri y Dani Olmo.Además, el cuerpo técnico español espera seguir sumando ritmo competitivo para futbolistas como Nico Williams y Mikel Merino, considerados piezas importantes de cara a las rondas eliminatorias.Uruguay llega con presión y varias dudas en su alineaciónLa situación de la selección dirigida por Marcelo Bielsa es mucho más compleja.Después de empatar frente a Arabia Saudí y Cabo Verde, la Celeste necesita puntuar para mantener opciones de clasificación. Una victoria le permitiría incluso aspirar al liderato del grupo, mientras que un empate la obligaría a esperar el resultado del compromiso entre Cabo Verde y Arabia Saudí. Una derrota, en cambio, la dejaría prácticamente eliminada.El entrenador argentino recupera una pieza importante para este compromiso. José María Giménez, ausente en los dos primeros partidos por un problema en el tobillo, volvió a entrenarse con normalidad y apunta a regresar al centro de la defensa.En contraste, Giorgian De Arrascaeta continúa recuperándose de una lesión muscular y Ronald Araújo sigue siendo duda, aunque en los últimos entrenamientos ya realizó trabajos con balón y mantiene opciones de estar disponible.Otra de las incógnitas pasa por la portería. Fernando Muslera fue titular en los dos primeros encuentros tras regresar a la selección, pero un error cometido frente a Cabo Verde reabrió el debate sobre la posibilidad de que Sergio Rochet recupere el puesto bajo los tres palos.
Una persona falleció y otras 10 sufrieron quemaduras y lesiones luego de que una vivienda que servía como fábrica de juegos pirotécnicos explotara en hechos ocurridos en un barrio del municipio de La Unión, en el norte de Nariño.Zuly Bastidas, residente de ese municipio, dijo a Blu Radio que todo ocurrió a la 1:20 de la tarde de este viernes 26 de junio, cuando escucharon una fuerte detonación que generó pánico en toda la población.Según la angustiada madre, la onda expansiva provocó daños materiales en más de cinco viviendas aledañas a la fábrica de juegos pirotécnicos, la cual estaba ubicada en el barrio Valencia, pleno centro de La Unión, Nariño.En su relato, la señora Bastidas dijo que, por la caída de vidrios y porque otros fueron alcanzados por las llamas, varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos cercanos a esa población del norte de Nariño.Un día laboral se convirtió en una tragedia para familias de la zona, y se desconoce los móviles que produjeron dicha explosión, la cual se escuchó a varios kilómetros a la redonda, dijo doña Zuly Bastidas.En videos que circulan en redes sociales se pueden escuchar los desesperados llamados que hacían los habitantes de La Unión tras el estallido, así como el sonido de las ambulancias.“Necesitamos que nos ayuden en La Unión porque escuchamos explosiones”, decía una mujer que grababa con su celular, mientras de fondo se escuchaban varias detonaciones.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Unión, Nariño, y de otras poblaciones cercanas controlaron el incendio, mientras las autoridades iniciaron la evaluación de escombros y de los permisos de funcionamiento de la fábrica, según informó el alcalde de ese municipio nariñense, Jaime Montenegro.
Para garantizar un viaje seguro y fluido durante el puente festivo de “San Pedro y San Pablo”, la Concesionaria Vial Andina (Coviandina) y las autoridades han implementado un plan especial de manejo de tráfico.El próximo lunes 29 de junio de 2026, la Policía de Tránsito y Transporte realizará un reversible en el sentido Villavicencio-Bogotá. El cierre de la vía se realizará en el sector del Uval a la 1:00 p. m. La carretera quedará en un solo sentido y el flujo vehicular hacia Bogotá se habilitará desde las 3:00 p. m. hasta las 10:00 p. m.También hay restricciones para el tránsito de vehículos de carga. Si conduce un vehículo de carga con peso igual o superior a 3,4 toneladas, tenga en cuenta las siguientes medidas: el viernes 26 habrá restricción de 2:00 p. m. a 10:00 p. m. en el sentido Bogotá-Villavicencio.El sábado 27 la restricción será de 6:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, en ambos sentidos. El domingo 28 no habrá restricción para los vehículos de carga, pero el lunes 29 la restricción será de 10:00 a. m. a 1:00 a. m. en ambos sentidos.Para el ingreso a Bogotá el domingo 28 de junio, se aplicará el pico y placa regional según la terminación de la placa del vehículo. Las placas pares (0, 2, 4, 6, 8) podrán ingresar únicamente entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m., y las placas impares (1, 3, 5, 7, 9) podrán ingresar únicamente entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m.