En lo corrido de 2026, Migración Colombia ha registrado 310 casos de deportaciones y expulsiones de ciudadanos extranjeros en el país, como parte de los controles para garantizar la seguridad nacional, el orden público y el cumplimiento de la normativa migratoria.
De acuerdo con la entidad, las principales causas de estas medidas incluyen la presentación de documentación fraudulenta, la violación de las normas migratorias, el desarrollo de actividades no autorizadas con permisos de ingreso, así como requerimientos de autoridades judiciales nacionales e internacionales, entre ellas Interpol.
Del total de casos, 157 corresponden a deportaciones, en su mayoría asociadas a irregularidades en el ingreso, permanencia o salida del territorio colombiano. Estas se han concentrado principalmente en regiones como Nariño, Oriente, Atlántico, Eje Cafetero y Antioquia.
Por su parte, se han ejecutado 153 expulsiones, una medida más severa que se aplica cuando se evidencian riesgos para la seguridad nacional, la salubridad o la tranquilidad social, o cuando existen órdenes judiciales o solicitudes de autoridades extranjeras.
La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, explicó que estos procedimientos se realizan bajo el marco de la Constitución y la ley, garantizando el debido proceso, pero reiterando la potestad del Estado para ejercer control sobre la permanencia de extranjeros en el país.
Además, la entidad aclaró que, aunque ambas medidas implican la salida del territorio nacional, tienen diferencias clave. La deportación conlleva una sanción por irregularidades migratorias y puede implicar una prohibición de ingreso que va desde seis meses hasta diez años, mientras que la expulsión establece un veto mínimo de cinco años, sin posibilidad de recurso, y exige visa para un eventual reingreso.
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Las cifras de estos primeros meses, según Migración, mantienen una tendencia similar a la registrada en 2025, cuando se reportaron 1.652 deportaciones y expulsiones en todo el territorio nacional.
Solo en la Regional Andina, especialmente en Bogotá, se ejecutaron más de 150 de estas medidas, muchas de ellas mediante traslados a zonas de frontera o retornos a los países de origen en vuelos custodiados.