Autoridades panameñas devolvieron a 41 colombianos implicados en delitos y vínculos con organizaciones criminales. Los procesos se llevaron a cabo a través de órdenes de deportación y expulsiónAunque el flujo de migrantes irregulares por la selva del Darién ha disminuido de forma significativa en comparación con los picos registrados en años anteriores, las autoridades de Panamá mantienen las acciones de control, que ahora también se concentran en la salida del país de extranjeros con antecedentes o presuntos vínculos con actividades delictivas.En ese contexto, el Servicio Nacional de Migración del vecino país confirmó en las últimas horas la deportación y expulsión de 41 ciudadanos colombianos, 36 de ellos hombres y otras cinco mujeres.El operativo se realizó mediante un vuelo que partió desde el Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert, en Albrook, como parte de las estrategias implementadas por ese país para reforzar la seguridad interna.Del total de colombianos trasladados, 22 fueron deportados tras surtir procesos administrativos, mientras que otros 19 fueron expulsados por representar, según las autoridades panameñas, un riesgo para el orden público.Entre las razones que justificaron estas medidas, el Servicio Migratorio explicó que varios de de ellos figuran en investigaciones o antecedentes relacionados con delitos como homicidio agravado, tráfico y porte ilegal de armas, narcotráfico, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, hurto agravado y uso de documentación falsa.Además, algunos de los expulsados estarían vinculados con organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal, la facilitación de la migración clandestina y otras economías ilícitas. También fueron incluidos ciudadanos que habían reingresado irregularmente al país después de haber sido deportados.Las autoridades panameñas precisaron que estas acciones se desarrollaron conforme a la legislación migratoria vigente y bajo las garantías del debido proceso y el respeto por los derechos humanos.
El caso de Nala, una gata que murió tras una brutal agresión en una calle de Torrevieja, España, sigue generando reacciones dentro y fuera de ese país. En las últimas horas se confirmó la deportación de un ciudadano colombiano de 29 años, oriundo de Cali, quien fue condenado por el asesinato del animal y por hechos relacionados con violencia vicaria contra su expareja.La decisión fue ejecutada por la Policía Nacional de España luego de que un juzgado ordenara su expulsión del territorio español durante cinco años. Además, el condenado tendrá prohibido ingresar no solo a España, sino también a cualquier país de la Unión Europea durante el tiempo que dure la sanción.El caso se convirtió en uno de los episodios de maltrato animal más comentados de los últimos meses y generó inquitud sobre las consecuencias legales de este tipo de conductas. La gata se llamaba Nala: los hechos habrían ocurrido en el mes de abrilLa agresión ocurrió en una zona residencial de Torrevieja, cerca de la playa del Acequión. Según la investigación, el hombre golpeó a la gata con un palo, la lanzó contra una pared y continuó pateándola incluso después de que el animal hubiera muerto.Los hechos fueron grabados por varios testigos y las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales, provocando una fuerte indignación ciudadana.Vecinos del sector alertaron a las autoridades, que llegaron al lugar con varias patrullas y procedieron a detener al agresor, quien, según reportes oficiales, presentaba signos de haber consumido alcohol y sustancias psicoactivas.La medida reemplazó una condena inicial de 20 meses de prisiónInicialmente, el hombre fue condenado a 20 meses de cárcel por maltrato animal agravado. Sin embargo, la legislación española permite sustituir determinadas penas por la expulsión del país en casos específicos.Además de la deportación, la justicia le impuso una multa de 1.000 euros a favor de la propietaria de Nala y le prohibió la tenencia, comercialización o relación con animales.Las autoridades también advirtieron que si incumple la prohibición de ingreso y regresa a España antes de cumplir la sanción, podría enfrentar prisión o nuevas medidas de expulsión más severas.Varias manifestaciones en rechazo con carteles que tenían fotos y el nombre de NalaLa muerte de Nala generó movilizaciones de organizaciones defensoras de los animales y ciudadanos que exigían justicia.Colectivos como el Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA), la Asociación Somos la Voz de los Gatos y la Asociación Leal acompañaron diferentes manifestaciones para rechazar el maltrato animal y pedir sanciones ejemplares.El caso también fue analizado bajo la figura de violencia vicaria, ya que las autoridades concluyeron que la agresión contra la mascota habría tenido como propósito causar daño emocional a la expareja del condenado.Para organizaciones animalistas, la decisión judicial marca un precedente importante y demuestra que los delitos contra los animales pueden tener consecuencias legales significativas. Mientras tanto, el nombre de Nala continúa siendo símbolo de las campañas que buscan fortalecer la protección animal y prevenir nuevos casos de violencia.
Un vuelo de repatriación con 115 migrantes aterrizó este miércoles en Venezuela proveniente de la ciudad de Opa-locka, en el estado de Florida (EE.UU.), el segundo de esta semana, informó el Ministerio de Interior y Justicia del país suramericano.Del total, retornaron 80 hombres, 17 mujeres y 18 menores de edad, quienes fueron recibidos por el jefe del programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria, el chavista Mervin Maldonado, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, próximo a Caracas, según imágenes compartidas por el ministerio en su página web.También se encontraban funcionarios de la Policía Nacional, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y del Servicio Bolivariano de Inteligencia, entre otros organismos de seguridad, señaló la institución.Los repatriados fueron entrevistados de manera individual por las autoridades y recibieron atención médica, agregó la cartera de Estado.Se trata del vuelo número 152 desde enero de 2025, cuando Venezuela y Estados Unidos suscribieron un acuerdo para la repatriación de migrantes que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe que desembocó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a principios de este año.El lunes, aterrizó un grupo de 126 personas también desde la ciudad estadounidense de Opa-locka, mientras que el pasado viernes, 134 migrantes indocumentados llegaron a Venezuela procedentes de Panamá.Según el Servicio Nacional de Migración de Panamá, este fue el primer vuelo humanitario de retorno voluntario coordinado entre ambos países latinoamericanos con financiación de EE.UU.La semana pasada, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró que 28.000 migrantes han regresado al país bajo la coordinación de la Gran Misión Vuelta a la Patria, que gestiona el retorno de venezolanos.
En lo corrido de 2026, Migración Colombia ha registrado 310 casos de deportaciones y expulsiones de ciudadanos extranjeros en el país, como parte de los controles para garantizar la seguridad nacional, el orden público y el cumplimiento de la normativa migratoria.De acuerdo con la entidad, las principales causas de estas medidas incluyen la presentación de documentación fraudulenta, la violación de las normas migratorias, el desarrollo de actividades no autorizadas con permisos de ingreso, así como requerimientos de autoridades judiciales nacionales e internacionales, entre ellas Interpol.Del total de casos, 157 corresponden a deportaciones, en su mayoría asociadas a irregularidades en el ingreso, permanencia o salida del territorio colombiano. Estas se han concentrado principalmente en regiones como Nariño, Oriente, Atlántico, Eje Cafetero y Antioquia.Por su parte, se han ejecutado 153 expulsiones, una medida más severa que se aplica cuando se evidencian riesgos para la seguridad nacional, la salubridad o la tranquilidad social, o cuando existen órdenes judiciales o solicitudes de autoridades extranjeras.La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, explicó que estos procedimientos se realizan bajo el marco de la Constitución y la ley, garantizando el debido proceso, pero reiterando la potestad del Estado para ejercer control sobre la permanencia de extranjeros en el país.Además, la entidad aclaró que, aunque ambas medidas implican la salida del territorio nacional, tienen diferencias clave. La deportación conlleva una sanción por irregularidades migratorias y puede implicar una prohibición de ingreso que va desde seis meses hasta diez años, mientras que la expulsión establece un veto mínimo de cinco años, sin posibilidad de recurso, y exige visa para un eventual reingreso.Las cifras de estos primeros meses, según Migración, mantienen una tendencia similar a la registrada en 2025, cuando se reportaron 1.652 deportaciones y expulsiones en todo el territorio nacional.Solo en la Regional Andina, especialmente en Bogotá, se ejecutaron más de 150 de estas medidas, muchas de ellas mediante traslados a zonas de frontera o retornos a los países de origen en vuelos custodiados.
La crisis migratoria en los Estados Unidos ha tomado un rostro humano y desgarrador tras la revelación de una serie de cartas escritas por menores de edad recluidos en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, al sur de Texas. Entre los testimonios recopilados por el medio ProPublica, destacan los relatos de dos niñas colombianas, de 9 y 14 años, quienes describen su estancia en el centro como una experiencia carcelaria llena de tristeza, maltratos y desesperación.El drama de María Antonia: "Me usaron para atrapar a mi mamá"Uno de los casos más impactantes es el de María Antonia Guerra Montoya, una niña de 9 años oriunda de Medellín, quien para febrero de 2026 ya acumulaba 113 días de detención. María Antonia relató en su carta que viajó a Florida con una visa de turista y un disfraz de Cruella de Vil en su maleta, con la ilusión de pasar 10 días de vacaciones en Disney World. Sin embargo, su sueño se convirtió en pesadilla cuando fue interceptada por oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).La menor denunció haber sido interrogada durante dos horas sin la presencia de su madre. Según su relato, el ICE la utilizó como carnada para capturar a su progenitora, quien vivía en Nueva York y se encontraba en proceso de regularización tras casarse con un ciudadano estadounidense. "Ahora estoy en una cárcel y estoy triste y me he desmayado dos veces aquí adentro", escribió la niña, quien además mencionó que llora todas las noches y sufre por no recibir su dieta vegetariana."Es un infierno": El crudo testimonio de Gaby MMPor su parte, Gaby MM, de 14 años, quien llevaba 20 días en el mismo centro al momento de escribir su carta, no dudó en calificar el lugar como un "infierno". En su misiva, Gaby denuncia un trato inhumano por parte de los oficiales y trabajadores del centro, asegurando que tienen "mala manera de hablar con los residentes".La joven manifestó su profunda depresión por la falta de libertad y la carencia de una educación adecuada. "Siento mucha tristeza y depresión por no poder irme. Es muy triste saber que les niegan los casos a las personas y las envían de regreso a sus países", expresó, subrayando el aburrimiento y el estrés constante que se vive dentro de las instalaciones de Dilley.El contexto político y el aumento de detenciones infantilesEstas cartas salen a la luz en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración de Donald Trump. Según los reportes, el número de niños detenidos por el ICE se ha multiplicado por seis, y el centro de Dilley es actualmente el único en el país que alberga familias. Para febrero de 2026, se reportaban más de 750 familias detenidas, de las cuales casi la mitad incluían menores de edad.A pesar de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirma que los detenidos reciben atención médica, tres comidas al día y acceso a educación, los escritos de los niños contradicen esta versión oficial. Las cartas describen una realidad marcada por la falta de atención médica, desmayos por estrés y una profunda afectación emocional que marca de por vida a estos menores. Mientras algunos de los autores de estas cartas han logrado salir, el destino de muchos otros sigue siendo incierto en medio de un sistema que ha sido calificado como inclemente por diversos sectores.Escuche aquí la entrevista:
La canciller Rosa Villavicencio se refirió a la reanudación de los vuelos con colombianos deportados desde Estados Unidos.Lo que señaló Villavicencio es que la idea es realizar un vuelo por semana.“Con Estados Unidos hemos acordado seguir trayendo a las personas que van a ser deportadas, que cuentan ya con una resolución de expulsión por esta vía y por ahora mantendremos o haremos unos 20 vuelos, uno semanal para ir trayendo a estas personas”, dijo Villavicencio.Es importante señalar que estos vuelos los opera la Fuerza Aérea desde hace un año. Lo anterior, ya que el pasado mes de enero de 2025 el presidente Gustavo Petro prohibió el ingreso de dos vuelos desde Estados Unidos pues los colombianos deportados venían esposados.“Hay que decir también que Estados Unidos tiene un programa de retorno voluntario al que pueden acogerse las personas que todavía no están en estos centros de internamiento, por decirlo así, pero que tengan la voluntad de querer volver porque no tienen posibilidad de contar con un permiso de trabajo y unas condiciones, digamos, administrativas legales”, agregó Villavicencio.Este anuncio de la canciller se da solo días antes de la reunión en Washington entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro. Un encuentro que se da tras algunos episodios de tensión entre los dos gobiernos.
Fue capturado en el aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá un ciudadano colombiano que tenía una circular roja de Interpol, acusado de homicidio agravado, secuestro simple, concierto para delinquir y hurto calificado.El hombre fue deportado desde la ciudad de Alexandria, en el estado de Virginia, Estados Unidos, y puesto de inmediato a disposición de la Policía Nacional por Migración Colombia.La detención se concretó gracias al cruce de información en los sistemas migratorios y a la aplicación de protocolos interinstitucionales de ambos países, lo que permitió una entrega rápida a las autoridades judiciales.La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó la importancia de esta acción en el marco de la cooperación binacional en materia de seguridad.“La articulación con las autoridades internacionales y la Policía Nacional refuerza nuestro compromiso con la seguridad del país. Cada caso detectado demuestra la capacidad de Migración Colombia para garantizar que quienes tienen cuentas pendientes con la justicia no evadan su responsabilidad”, aseguró Arriero.La entrega inmediata a la Policía Nacional responde al objetivo de garantizar que las personas requeridas por la justicia sean judicializadas sin retrasos, según Migración.Por su parte, Claudia Triana, directora regional aeropuerto El Dorado, Migración Colombia explicó que el colombiano, de quien no se detalló su nombre, fue detectado por oficiales de Migración cuando llegaba como deportado. El detenido ahora deberá esperar a la imputación de cargos e investigación por parte de la Fiscalía por los delitos que se le atribuyen.
Con destino a Colombia y República Dominicana fueron expulsados de Chile este domingo 65 ciudadanos extranjeros, con lo que suman 812 las deportaciones durante 2025, informó el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG)."Materializamos la expulsión de 65 extranjeros, 55 de nacionalidad colombiana y 10 dominicanos, por registrar vigente expulsiones tanto judiciales como administrativas, estas últimas por los delitos de homicidio, violación, robo, tráfico de drogas, entre otros", detalló la prefecto y jefa de la Prefectura de Migraciones, Polly Ureta.“Estas expulsiones son el resultado de las constantes fiscalizaciones a extranjeros que realizan los Departamentos y Secciones de Migraciones y Policía Internacional a lo largo de todo Chile, quienes son denunciados a la autoridad administrativa, para la aplicación de la sanción respectiva”, agregó la autoridad.Las expulsiones se dan en medio de crisis de seguridad que afecta al país desde 2021 y que ha ido escalando en el último tiempo hasta convertirse en la principal preocupación de la ciudadanía.El director nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, detalló que con esta diligencia se completan 21 vuelos de expulsión desde que asumió el Gobierno del presidente chileno, Gabriel Boric, "y casi 4.000 las expulsiones entre administrativas y judiciales que hemos materializado".Desde que llegó al poder, en marzo de 2022, Boric ha endurecido su discurso contra los extranjeros que cometen delitos en Chile y pedido la colaboración de los países de origen de la región para enfrentar este escenario.
En las últimas horas, Migración Colombia, a través de la oficina Regional Antioquia Chocó, informó que fue expulsado Argenis Aquino, un ciudadano dominicano detectado en el aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, al evidenciar que su documentación personal no concordaba con sus datos reales.Según indicó la entidad migratoria, el extranjero intentó salir del país con documentos colombianos que habrían sido obtenidos "de manera fraudulenta", motivo por el que se aplicó esta medida de expulsión del país, de acuerdo con la normativa colombiana. Al respecto se refirió Paola Salazar, directora regional de Migración en Antioquia."En las horas de la madrugada, se ejecutó medida de expulsión del ciudadano dominicano Argenis Aquino, quien fuera detectado en el aeropuerto José María Córdoba por los oficiales de emigración (...) Dicha medida fue tomada con el apoyo de las bases de datos de Migración Colombia en aplicación de los procedimientos de control migratorio que se realizan a diario en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. Migración Colombia reafirma su compromiso con la seguridad y la soberanía nacional en armonía con la estrategia de impulsar el turismo en Colombia", afirmó la directora.En esta terminal aérea del Oriente antioqueño ya se han aplicado 32 procedimientos de expulsión durante este año, exactamente a corte del 15 de julio, según destacaron las autoridades migratorias.Vale la pena recordar que uno de los casos recientes de deportación fue el de Allan Aquino de Souza, de Brasil, por protagonizar los desmanes en el estadio Atanasio Girardot en el partido entre Atlético Nacional y Sao Paulo F.C por Copa Libertadores.
Fredy Gámez, secretario de Gobierno de Nariño, habló sobre una nueva oleada de deportados desde Ecuador. El funcionario reveló que este martes esperan unas 210 personas y que, a diferencia de deportaciones masivas anteriores, para esta oportunidad si fueron informados previamente de la llegada de los ciudadanos, a diferencia del fin de semana pasado. Las primeras 70 de estas personas se esperaban aproximadamente al mediodía. "Nos encontramos aquí en el punto del puente de Rumichaca, frontera entre Ecuador y Colombia, ya con toda la logística y toda la preparación y articulación para hacer el recibimiento de las primeras 70 personas que nos han dicho que van a llegar aproximadamente a las 12:00 del mediodía. Vienen personas desde el pasado lunes viajando del Ecuador para llegar el día de hoy acá al puente", dijo.A su vez, Gámez explicó que, lo primero que se hace al momento de la llegada, es a verificar los antecedentes judiciales."Eso lo realiza Policía judicial y lo hace en un punto peatonal antes de que entren aquí a Colombia. Ellos llegan con los elementos que han sido identificados, que es un traje color naranja, no llegan con ropa normal cotidiana, sino con ese traje. Si no tienen procesos judiciales pendientes en Colombia, pasan normalmente como un ciudadano común y corriente", explicó. El protocolo establecido en el puente de Rumichaca también incluye la participación de diversas entidades como la Cancillería, Migración Colombia, Policía judicial, el Ejército, instituciones locales y departamentales, el Instituto Departamental de Salud, la Defensoría del Pueblo, la Personería, la Procuraduría, y delegados del DPS y del Ministerio de la Igualdad.Se ha dispuesto transporte para llevar a los deportados a sus municipios de origen o donde tengan redes de apoyo. Las rutas principales establecidas son Puente de Rumichaca – Pasto, Pasto – Cali, y Cali – Bogotá. En cada terminal, una persona del DPS se encarga de pagar los tiquetes para que continúen su viaje. Escuche la entrevista completa aquí:
A dos días de que termina la Copa Mundial de la FIFA, el entorno de la Selección Colombia sigue dando de qué hablar tras la eliminación en octavos de final a manos de Suiza en tanda de penales. Una situación que, lamentablemente, puso en vilo el nivel de Néstor Lorenzo al mando del equipo, al menos para los hinchas que quedaron descontentos con el resultado.El contrato del argentino con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) termina el próximo 31 de julio y, según rumores, la idea inicial sería renovar el vínculo del entrenador con el equipo para las próximas Eliminatorias y la Copa América, pensando en llegar al Mundial del 2030."Es cierto lo que se ha dicho en prensa, estuvimos en conversaciones un par de días. Ahí lo que viene es que toca esperar el tema legal del Comité Ejecutivo de la Federación, vamos a estar en contacto en estos días, Ramón estará estos días en el cierre del Mundial y la otra semana se quedó de hablar de nuevo", reveló Gol Caracol en una charla que sostuvo con alguien de la FCF sobre el tema Lorenzo.¿Ofertas por Néstor Lorenzo en el exterior?No obstante, esta misma fuente le aseguró a Gol Caracol que el futuro de Lorenzo no se encuentra 100 % asegurado, pues, según comentaron, conocieron que el cuerpo técnico del argentino tendría ofertas de Medio Oriente y Europa, pero que por ahora no han llegado a algo formal. "Según nos hemos enterado y después del Mundial 2026, al profesor Lorenzo y a su entorno lo han sondeado desde otras federaciones en el exterior. Nos dicen que unas son de Europa y también de Medio Oriente", indicaron.En ese orden de ideas, el futuro de Lorenzo en la Selección Colombia no se ha definido en su totalidad y se espera que, en los próximos días, desde la FCF se conozca si continúa o no al mando de la Tricolor.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) invitó formalmente al presidente electo, Abelardo De La Espriella, y al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, a una reunión institucional con el propósito de presentar los principales resultados alcanzados por el tribunal y dialogar sobre los retos que enfrenta en el cumplimiento de su mandato constitucional.En la carta, firmada por el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, la jurisdicción señala que el encuentro busca exponer los resultados "tangibles", entre ellos sentencias, imputaciones a máximos responsables, renuncias condicionadas a la acción penal, medidas cautelares restaurativas, amnistías, atención a víctimas y asesoría jurídica a comparecientes. También pretende presentar los resultados "intangibles", como las verdades alcanzadas en patrones macrocriminales y casos individuales, actos de reconciliación entre víctimas y victimarios y la seguridad jurídica para los comparecientes.Según el documento, la reunión también permitiría dialogar sobre los principales desafíos que enfrenta la jurisdicción, especialmente la financiación de las sentencias impuestas por más de 21.000 secuestros atribuidos a integrantes del último Secretariado de las Farc y contra 12 exintegrantes de la fuerza pública por 135 ejecuciones extrajudiciales cometidas en el departamento del Cesar.La jurisdicción asegura que el encuentro "representaría una valiosa oportunidad para fortalecer el diálogo institucional" y propiciar un intercambio de información que contribuya a la preservación de las instituciones, al cumplimiento efectivo del Acuerdo Final de Paz y a una adecuada articulación entre las ramas del poder público, "siempre dentro del marco de nuestra autonomía e independencia judicial", afirmaron. Asimismo, plantea identificar mecanismos de coordinación y cooperación para fortalecer la garantía de los derechos de las víctimas y generar un mayor impacto en beneficio de la sociedad colombiana.Finalmente, la JEP solicitó al presidente y al vicepresidente electos informar la fecha, hora y lugar que consideren convenientes para realizar el encuentro, al considerar que este intercambio contribuirá al cumplimiento de los fines esenciales del Estado, la seguridad jurídica de más de 17.000 comparecientes y la garantía de los derechos de más de 15.000 víctimas acreditadas individualmente y 439 sujetos colectivos.
A menos de un mes del cambio de Gobierno, la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (UNIDIPLO) le pidió al presidente electo Abelardo De La Espriella que priorice el mérito en los nombramientos del servicio exterior y evite que embajadas y consulados sigan siendo utilizados para el pago de favores políticos.El pronunciamiento se da luego de que De La Espriella anunciara la creación del Banco Nacional de Talentos, una plataforma con la que busca seleccionar funcionarios públicos con base en el mérito antes de asumir la Presidencia. Para Andrés Ordoñez, presidente de UNIDIPLO, ese criterio debe aplicarse también a la diplomacia."Nuestra invitación a la nueva administración es que, si está buscando realmente el mérito y la excelencia, aquí estamos nosotros, que llevamos años formándonos para ocupar esos cargos y nunca se nos ha dado la oportunidad de tener ese papel central en la diplomacia colombiana, que es lo que ocurre en la gran mayoría de países", afirmó Ordoñez.Ordoñez aseguró que el gobierno de Gustavo Petro no cumplió la promesa de que el 50 % de los embajadores fueran diplomáticos de carrera y sostuvo que, durante este cuatrienio, esa proporción no superó el 30 %. "Los cargos más altos de representación de Colombia en el exterior los han ocupado personas ajenas a la carrera diplomática. Nombramientos políticos, por así decirlo", dijo el presidente de UNIDIPLO.El líder del sindicato explicó que quienes ingresan a la carrera diplomática lo hacen mediante un proceso de selección que incluye exámenes, entrevistas y un año de formación especializada, por lo que consideró que el Estado ya ha invertido en preparar ese talento humano para representar al país en el exterior.Sobre las embajadas, advirtió que designar personas sin experiencia puede afectar la imagen internacional de Colombia. "El riesgo en la parte política es reputacional del Estado, porque se está enviando una persona a un país como máximo representante de Colombia que no tiene la formación ni sabe cómo desempeñar el cargo", señaló.También llamó la atención sobre el impacto que estos nombramientos pueden tener en los consulados. Explicó que la labor consular está enfocada en atender directamente a los colombianos en el exterior, mediante servicios como la expedición de pasaportes, registros civiles, asistencia a víctimas de delitos o trata de personas, acompañamiento a connacionales privados de la libertad y la organización de procesos electorales. Según dijo, estas funciones requieren años de experiencia y conocimiento técnico.Finalmente, Ordoñez respaldó la intención del canciller designado Omar Bula de restablecer el requisito del inglés para ocupar cargos de embajador, una exigencia que fue flexibilizada durante el Gobierno Petro.Le puede interesar
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto mediante el cual el Gobierno saliente había eliminado la prima especial de servicios para los congresistas que se iban a posesionar a partir del 20 de julio de este año.La decisión fue adoptada como una medida cautelar mientras estudian una demanda de nulidad presentada contra el decreto.Según el alto tribunal, la suspensión se toma para evitar afectaciones jurídicas y económicas al proceso que resultarían difíciles de revertir, entre ellas un efecto cascada en la remuneración de altos funcionarios de la Rama Judicial, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Registraduría que está atada por ley a la de los congresistas.Por esa razón, una reducción en el ingreso de estos últimos podría trasladarse automáticamente a esos funcionarios y, en algunos casos, a otros servidores cuyos salarios dependen de esas escalas.El alto tribunal también consideró que existen dudas razonables sobre si el Gobierno evaluó adecuadamente ese impacto antes de expedir el decreto, pues si bien la medida se concentró en criterios de austeridad y sostenibilidad fiscal para los congresistas, no desarrolló suficientemente las consecuencias que la decisión podría tener sobre otros regímenes salariales del Estado.La demanda fue presentada por el abogado Sady Andrés Orjuela Bernal, quien sostiene que la eliminación de la prima especial vulnera disposiciones de la Constitución y de la Ley 4 de 1992, especialmente aquellas que prohíben la desmejora de las condiciones salariales de los servidores públicos. En el proceso, la Procuraduría General de la Nación respaldó la solicitud de suspensión provisional al considerar que existían razones suficientes para adoptar la medida.La prima especial en cuestión había sido creada mediante el Decreto 2170 de 2013 para reorganizar la estructura salarial de los congresistas y mantener el nivel de sus ingresos tras la modificación de otros componentes de la remuneración; hacía parte de la remuneración mensual de senadores y representantes.Cuando fue creada en 2013, la prima tenía un valor de $7,89 millones mensuales y quedó sujeta a los incrementos salariales anuales de los congresistas. Para 2026, su monto ascendía a cerca de $16,9 millones mensuales, por lo que su eliminación representaba una disminución cercana a esa cifra para los congresistas que asumieran sus curules a partir del próximo periodo legislativo.El Gobierno nacional derogó esa prestación mediante el Decreto 030 de 2026, expedido en enero, al argumentar que la prima constituía un beneficio discrecional que podía ser eliminado en desarrollo de una política de austeridad, equidad y sostenibilidad de las finanzas públicas. La medida aplicaba únicamente para los congresistas que se posesionaran desde el próximo 20 de julioCon la suspensión provisional, la prima especial de servicios continuará vigente mientras se resuelve el proceso de nulidad. Será la sentencia del Consejo de Estado la que determine, en definitiva, si el Gobierno actuó dentro de sus facultades al eliminar ese componente salarial o si, por el contrario, el Decreto 030 de 2026 debe ser anulado por contrariar la Constitución y la ley.
La Superintendencia Nacional de Salud y la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá adelantaron una inspección que terminó con el cierre temporal del punto de dispensación de medicamentos operado por Ladmedis para Compensar EPS, ubicado en la localidad de Chapinero, luego de que la autoridad sanitaria emitiera un concepto desfavorable sobre las condiciones de funcionamiento del establecimiento.De acuerdo con las autoridades, durante las visitas de inspección se identificaron situaciones que comprometían la adecuada atención de los usuarios, motivo por el cual la Secretaría Distrital de Salud emitió un concepto sanitario negativo. Con base en esa decisión, Compensar suspendió temporalmente la operación del dispensario mientras implementa las acciones correctivas exigidas para garantizar el cumplimiento de las condiciones sanitarias requeridas.La Superintendencia explicó que la actuación hace parte de las labores de inspección, vigilancia y control que buscan verificar la calidad en la prestación de los servicios de salud y eliminar las barreras que dificultan el acceso oportuno de los pacientes a los medicamentos formulados.El superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, advirtió que la entidad continuará aplicando medidas de inspección e incluso sanciones cuando se evidencien incumplimientos que vulneren los derechos de los usuarios. Señaló que las instituciones deben garantizar una atención oportuna y respetuosa a los pacientes.La Supersalud informó que mantendrá las visitas de seguimiento a gestores farmacéuticos y puntos de dispensación de medicamentos en todo el país para verificar el cumplimiento de las condiciones de prestación del servicio, los tiempos de atención y la entrega efectiva de los medicamentos, con el propósito de garantizar el derecho fundamental a la salud.