El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció que su política de deportaciones fue "demasiado dura" tras las elecciones de mitad de mandato del martes pasado en las que su partido perdió las mayorías del Congreso, según una entrevista con la cadena CBS publicada este domingo.El corresponsal del programa '60 Minutes' Ross Douthat preguntó a Trump, en la primera entrevista televisiva del mandatario tras las elecciones, si consideraba que su política de deportaciones fue demasiado lejos. "Pienso que fue demasiado dura. Pienso que quizá fue demasiado dura, sí", expresó el mandatario, según un fragmento de la entrevista que se transmite en su totalidad horas más tarde.Sus declaraciones se producen tras los comicios del martes, en los que los demócratas ganaron las mayorías de la Cámara de Representantes y el Senado en unas campañas en las que el rechazo a las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) motivó a votantes, en particular a electores latinos.A pesar de estos resultados y estas declaraciones, Trump nombró el viernes como nuevo jefe de su gabinete a Stephen Miller, un asesor considerado el artífice de la política antiinmigrante del Gobierno.Además, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, avisó que "las deportaciones continuarán" en una publicación en sus redes sociales un día después de las elecciones.
Tal como había advertido el presidente Abelardo De La Espriella que haría con los extranjeros que delinquen en Colombia, esta mañana se está produciendo la primera expulsión por estas causas desde Barranquilla.Cuatro días después de su captura en el municipio de Soledad, finalmente está siendo expulsado desde el aeropuerto Ernesto Cortissoz el ciudadano francés Traore Mamoudou, tras ser vinculado por las autoridades colombianas como presunto integrante de la banda criminal ‘Los Costeños’.Este hombre cayó en el barrio Soledad 2000 durante el megaoperativo liderado por el presidente el pasado viernes, cuando se produjeron más de 70 capturas en el área metropolitana de Barranquilla.A este francés le incautaron un revólver y un kilo de cocaína al momento de su captura, lo que sería prueba clave para demostrar la teoría de las autoridades sobre la forma cómo vendría delinquiendo este hombre, que según las investigaciones enviaba drogas ilícitas al extranjero a través de correos humanos.Mamoudu, al parecer, “contactaba a personas de escasos recursos económicos o que atravesaban situaciones de vulnerabilidad, para convencerlas de viajar a Europa transportando sustancias estupefacientes, las cuales eran adheridas a sus cuerpos u ocultadas en sus equipajes”, dijo la Policía."Estas son acciones articuladas, planeadas y ejecutadas para contrarrestar el delito, no solo frente a quienes lo cometen en nuestro país, sino también frente a ciudadanos extranjeros que pretendan utilizar nuestra ciudad para desarrollar actividades criminales", expresó la general Sandra Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.Junto a este francés fue capturado Antony Javier Silvera Moreno, alias ‘el Mello’, presunto jefe de zona de 'Los Costeños' y quien sería el enlace de esta estructura criminal con estructuras extranjeras.Tras su captura, un juez envió a la cárcel a alias ‘El Mello’, quien presenta seis anotaciones judiciales por delitos como homicidio, concierto para delinquir con fines extorsivos, porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.
De acuerdo con el Gobierno se han atendido a 13.463 colombianos retornados entre 2025 y lo que va de 2026, como parte de la Ruta de Atención a Connacionales Retornados y de las acciones de acompañamiento desarrolladas en diferentes regiones del país mediante la estrategia “Tu país te recibe, Prosperidad Social te escucha y te acompaña”.A corte del 3 de julio, la mayoría de los deportados que han sido atendidos por el Gobierno con acompañamiento de autoridades nacionales y territoriales han llegado principalmente a Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Atlántico, Meta, Cundinamarca, Risaralda, Tolima y Huila.En alianza con la Defensoría del Pueblo, Migración, Cancillería e ICBF, la directora de Acompañamiento Familiar y Comunitario de Prosperidad Social, Elsa Torralba, ha activado rutas de asistencia.“Hemos organizado en el aeropuerto esta ruta con otras entidades para brindar atención y hoy podemos darles un balance de 170 vuelos de retorno humanitario provenientes de países tales como Estados Unidos, Panamá, Chile, Costa Rica y España”, informó Torralba.Le puede interesar: Venezolanos deportados por Estados Unidos terminaron atrapados bajo los escombrosComo parte de la estrategia, la atención incluye orientación institucional, acompañamiento humanitario y articulación institucional. Asimismo, se ha contado con el apoyo a 170 vuelos de retorno humanitario y el desarrollo de jornadas de atención en zonas de frontera con Venezuela y Ecuador.La entidad afirmó que tiene como propósito central brindar una respuesta humana y cercana a todos aquellos que regresan al territorio nacional, pues aseguran que hay casos en los que llegan indocumentados y sin haber tener acceso a llamadas telefónicas.
Autoridades panameñas devolvieron a 41 colombianos implicados en delitos y vínculos con organizaciones criminales. Los procesos se llevaron a cabo a través de órdenes de deportación y expulsiónAunque el flujo de migrantes irregulares por la selva del Darién ha disminuido de forma significativa en comparación con los picos registrados en años anteriores, las autoridades de Panamá mantienen las acciones de control, que ahora también se concentran en la salida del país de extranjeros con antecedentes o presuntos vínculos con actividades delictivas.En ese contexto, el Servicio Nacional de Migración del vecino país confirmó en las últimas horas la deportación y expulsión de 41 ciudadanos colombianos, 36 de ellos hombres y otras cinco mujeres.El operativo se realizó mediante un vuelo que partió desde el Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert, en Albrook, como parte de las estrategias implementadas por ese país para reforzar la seguridad interna.Del total de colombianos trasladados, 22 fueron deportados tras surtir procesos administrativos, mientras que otros 19 fueron expulsados por representar, según las autoridades panameñas, un riesgo para el orden público.Entre las razones que justificaron estas medidas, el Servicio Migratorio explicó que varios de de ellos figuran en investigaciones o antecedentes relacionados con delitos como homicidio agravado, tráfico y porte ilegal de armas, narcotráfico, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, hurto agravado y uso de documentación falsa.Además, algunos de los expulsados estarían vinculados con organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal, la facilitación de la migración clandestina y otras economías ilícitas. También fueron incluidos ciudadanos que habían reingresado irregularmente al país después de haber sido deportados.Las autoridades panameñas precisaron que estas acciones se desarrollaron conforme a la legislación migratoria vigente y bajo las garantías del debido proceso y el respeto por los derechos humanos.
El caso de Nala, una gata que murió tras una brutal agresión en una calle de Torrevieja, España, sigue generando reacciones dentro y fuera de ese país. En las últimas horas se confirmó la deportación de un ciudadano colombiano de 29 años, oriundo de Cali, quien fue condenado por el asesinato del animal y por hechos relacionados con violencia vicaria contra su expareja.La decisión fue ejecutada por la Policía Nacional de España luego de que un juzgado ordenara su expulsión del territorio español durante cinco años. Además, el condenado tendrá prohibido ingresar no solo a España, sino también a cualquier país de la Unión Europea durante el tiempo que dure la sanción.El caso se convirtió en uno de los episodios de maltrato animal más comentados de los últimos meses y generó inquitud sobre las consecuencias legales de este tipo de conductas. La gata se llamaba Nala: los hechos habrían ocurrido en el mes de abrilLa agresión ocurrió en una zona residencial de Torrevieja, cerca de la playa del Acequión. Según la investigación, el hombre golpeó a la gata con un palo, la lanzó contra una pared y continuó pateándola incluso después de que el animal hubiera muerto.Los hechos fueron grabados por varios testigos y las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales, provocando una fuerte indignación ciudadana.Vecinos del sector alertaron a las autoridades, que llegaron al lugar con varias patrullas y procedieron a detener al agresor, quien, según reportes oficiales, presentaba signos de haber consumido alcohol y sustancias psicoactivas.La medida reemplazó una condena inicial de 20 meses de prisiónInicialmente, el hombre fue condenado a 20 meses de cárcel por maltrato animal agravado. Sin embargo, la legislación española permite sustituir determinadas penas por la expulsión del país en casos específicos.Además de la deportación, la justicia le impuso una multa de 1.000 euros a favor de la propietaria de Nala y le prohibió la tenencia, comercialización o relación con animales.Las autoridades también advirtieron que si incumple la prohibición de ingreso y regresa a España antes de cumplir la sanción, podría enfrentar prisión o nuevas medidas de expulsión más severas.Varias manifestaciones en rechazo con carteles que tenían fotos y el nombre de NalaLa muerte de Nala generó movilizaciones de organizaciones defensoras de los animales y ciudadanos que exigían justicia.Colectivos como el Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA), la Asociación Somos la Voz de los Gatos y la Asociación Leal acompañaron diferentes manifestaciones para rechazar el maltrato animal y pedir sanciones ejemplares.El caso también fue analizado bajo la figura de violencia vicaria, ya que las autoridades concluyeron que la agresión contra la mascota habría tenido como propósito causar daño emocional a la expareja del condenado.Para organizaciones animalistas, la decisión judicial marca un precedente importante y demuestra que los delitos contra los animales pueden tener consecuencias legales significativas. Mientras tanto, el nombre de Nala continúa siendo símbolo de las campañas que buscan fortalecer la protección animal y prevenir nuevos casos de violencia.
Un vuelo de repatriación con 115 migrantes aterrizó este miércoles en Venezuela proveniente de la ciudad de Opa-locka, en el estado de Florida (EE.UU.), el segundo de esta semana, informó el Ministerio de Interior y Justicia del país suramericano.Del total, retornaron 80 hombres, 17 mujeres y 18 menores de edad, quienes fueron recibidos por el jefe del programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria, el chavista Mervin Maldonado, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, próximo a Caracas, según imágenes compartidas por el ministerio en su página web.También se encontraban funcionarios de la Policía Nacional, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y del Servicio Bolivariano de Inteligencia, entre otros organismos de seguridad, señaló la institución.Los repatriados fueron entrevistados de manera individual por las autoridades y recibieron atención médica, agregó la cartera de Estado.Se trata del vuelo número 152 desde enero de 2025, cuando Venezuela y Estados Unidos suscribieron un acuerdo para la repatriación de migrantes que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe que desembocó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a principios de este año.El lunes, aterrizó un grupo de 126 personas también desde la ciudad estadounidense de Opa-locka, mientras que el pasado viernes, 134 migrantes indocumentados llegaron a Venezuela procedentes de Panamá.Según el Servicio Nacional de Migración de Panamá, este fue el primer vuelo humanitario de retorno voluntario coordinado entre ambos países latinoamericanos con financiación de EE.UU.La semana pasada, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró que 28.000 migrantes han regresado al país bajo la coordinación de la Gran Misión Vuelta a la Patria, que gestiona el retorno de venezolanos.
En lo corrido de 2026, Migración Colombia ha registrado 310 casos de deportaciones y expulsiones de ciudadanos extranjeros en el país, como parte de los controles para garantizar la seguridad nacional, el orden público y el cumplimiento de la normativa migratoria.De acuerdo con la entidad, las principales causas de estas medidas incluyen la presentación de documentación fraudulenta, la violación de las normas migratorias, el desarrollo de actividades no autorizadas con permisos de ingreso, así como requerimientos de autoridades judiciales nacionales e internacionales, entre ellas Interpol.Del total de casos, 157 corresponden a deportaciones, en su mayoría asociadas a irregularidades en el ingreso, permanencia o salida del territorio colombiano. Estas se han concentrado principalmente en regiones como Nariño, Oriente, Atlántico, Eje Cafetero y Antioquia.Por su parte, se han ejecutado 153 expulsiones, una medida más severa que se aplica cuando se evidencian riesgos para la seguridad nacional, la salubridad o la tranquilidad social, o cuando existen órdenes judiciales o solicitudes de autoridades extranjeras.La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, explicó que estos procedimientos se realizan bajo el marco de la Constitución y la ley, garantizando el debido proceso, pero reiterando la potestad del Estado para ejercer control sobre la permanencia de extranjeros en el país.Además, la entidad aclaró que, aunque ambas medidas implican la salida del territorio nacional, tienen diferencias clave. La deportación conlleva una sanción por irregularidades migratorias y puede implicar una prohibición de ingreso que va desde seis meses hasta diez años, mientras que la expulsión establece un veto mínimo de cinco años, sin posibilidad de recurso, y exige visa para un eventual reingreso.Las cifras de estos primeros meses, según Migración, mantienen una tendencia similar a la registrada en 2025, cuando se reportaron 1.652 deportaciones y expulsiones en todo el territorio nacional.Solo en la Regional Andina, especialmente en Bogotá, se ejecutaron más de 150 de estas medidas, muchas de ellas mediante traslados a zonas de frontera o retornos a los países de origen en vuelos custodiados.
La crisis migratoria en los Estados Unidos ha tomado un rostro humano y desgarrador tras la revelación de una serie de cartas escritas por menores de edad recluidos en el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, al sur de Texas. Entre los testimonios recopilados por el medio ProPublica, destacan los relatos de dos niñas colombianas, de 9 y 14 años, quienes describen su estancia en el centro como una experiencia carcelaria llena de tristeza, maltratos y desesperación.El drama de María Antonia: "Me usaron para atrapar a mi mamá"Uno de los casos más impactantes es el de María Antonia Guerra Montoya, una niña de 9 años oriunda de Medellín, quien para febrero de 2026 ya acumulaba 113 días de detención. María Antonia relató en su carta que viajó a Florida con una visa de turista y un disfraz de Cruella de Vil en su maleta, con la ilusión de pasar 10 días de vacaciones en Disney World. Sin embargo, su sueño se convirtió en pesadilla cuando fue interceptada por oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).La menor denunció haber sido interrogada durante dos horas sin la presencia de su madre. Según su relato, el ICE la utilizó como carnada para capturar a su progenitora, quien vivía en Nueva York y se encontraba en proceso de regularización tras casarse con un ciudadano estadounidense. "Ahora estoy en una cárcel y estoy triste y me he desmayado dos veces aquí adentro", escribió la niña, quien además mencionó que llora todas las noches y sufre por no recibir su dieta vegetariana."Es un infierno": El crudo testimonio de Gaby MMPor su parte, Gaby MM, de 14 años, quien llevaba 20 días en el mismo centro al momento de escribir su carta, no dudó en calificar el lugar como un "infierno". En su misiva, Gaby denuncia un trato inhumano por parte de los oficiales y trabajadores del centro, asegurando que tienen "mala manera de hablar con los residentes".La joven manifestó su profunda depresión por la falta de libertad y la carencia de una educación adecuada. "Siento mucha tristeza y depresión por no poder irme. Es muy triste saber que les niegan los casos a las personas y las envían de regreso a sus países", expresó, subrayando el aburrimiento y el estrés constante que se vive dentro de las instalaciones de Dilley.El contexto político y el aumento de detenciones infantilesEstas cartas salen a la luz en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración de Donald Trump. Según los reportes, el número de niños detenidos por el ICE se ha multiplicado por seis, y el centro de Dilley es actualmente el único en el país que alberga familias. Para febrero de 2026, se reportaban más de 750 familias detenidas, de las cuales casi la mitad incluían menores de edad.A pesar de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirma que los detenidos reciben atención médica, tres comidas al día y acceso a educación, los escritos de los niños contradicen esta versión oficial. Las cartas describen una realidad marcada por la falta de atención médica, desmayos por estrés y una profunda afectación emocional que marca de por vida a estos menores. Mientras algunos de los autores de estas cartas han logrado salir, el destino de muchos otros sigue siendo incierto en medio de un sistema que ha sido calificado como inclemente por diversos sectores.Escuche aquí la entrevista:
La canciller Rosa Villavicencio se refirió a la reanudación de los vuelos con colombianos deportados desde Estados Unidos.Lo que señaló Villavicencio es que la idea es realizar un vuelo por semana.“Con Estados Unidos hemos acordado seguir trayendo a las personas que van a ser deportadas, que cuentan ya con una resolución de expulsión por esta vía y por ahora mantendremos o haremos unos 20 vuelos, uno semanal para ir trayendo a estas personas”, dijo Villavicencio.Es importante señalar que estos vuelos los opera la Fuerza Aérea desde hace un año. Lo anterior, ya que el pasado mes de enero de 2025 el presidente Gustavo Petro prohibió el ingreso de dos vuelos desde Estados Unidos pues los colombianos deportados venían esposados.“Hay que decir también que Estados Unidos tiene un programa de retorno voluntario al que pueden acogerse las personas que todavía no están en estos centros de internamiento, por decirlo así, pero que tengan la voluntad de querer volver porque no tienen posibilidad de contar con un permiso de trabajo y unas condiciones, digamos, administrativas legales”, agregó Villavicencio.Este anuncio de la canciller se da solo días antes de la reunión en Washington entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro. Un encuentro que se da tras algunos episodios de tensión entre los dos gobiernos.
Fue capturado en el aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá un ciudadano colombiano que tenía una circular roja de Interpol, acusado de homicidio agravado, secuestro simple, concierto para delinquir y hurto calificado.El hombre fue deportado desde la ciudad de Alexandria, en el estado de Virginia, Estados Unidos, y puesto de inmediato a disposición de la Policía Nacional por Migración Colombia.La detención se concretó gracias al cruce de información en los sistemas migratorios y a la aplicación de protocolos interinstitucionales de ambos países, lo que permitió una entrega rápida a las autoridades judiciales.La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó la importancia de esta acción en el marco de la cooperación binacional en materia de seguridad.“La articulación con las autoridades internacionales y la Policía Nacional refuerza nuestro compromiso con la seguridad del país. Cada caso detectado demuestra la capacidad de Migración Colombia para garantizar que quienes tienen cuentas pendientes con la justicia no evadan su responsabilidad”, aseguró Arriero.La entrega inmediata a la Policía Nacional responde al objetivo de garantizar que las personas requeridas por la justicia sean judicializadas sin retrasos, según Migración.Por su parte, Claudia Triana, directora regional aeropuerto El Dorado, Migración Colombia explicó que el colombiano, de quien no se detalló su nombre, fue detectado por oficiales de Migración cuando llegaba como deportado. El detenido ahora deberá esperar a la imputación de cargos e investigación por parte de la Fiscalía por los delitos que se le atribuyen.
La revista británica The Economist publicó este 9 de noviembre un análisis crítico sobre los primeros cerca de 100 días del presidente Abelardo de la Espriella, a quien describe como un populista de derecha de estilo “trumpista” que no está dispuesto a tomar prisioneros, ni frente a los narcotraficantes ni frente a sus críticos.Según el medio, el mandatario que se hace llamar ‘El Tigre’ prometió mano dura y un crecimiento económico acelerado, y ya comenzó a avanzar en ambos frentes. Sin embargo, advierte que sus instintos “iliberales” lo han puesto en ruta de colisión con el Congreso y las cortes.Seguridad: más espectáculo que cambio de estrategiaThe Economist señala que la seguridad se ha convertido en la principal prioridad del Gobierno. De la Espriella puso fin a los diálogos de paz iniciados durante el mandato de Gustavo Petro, intensificó los bombardeos contra grupos armados, abatió a varios objetivos de alto valor y aprobó extradiciones a Estados Unidos.La publicación describe cómo el presidente acompaña operativos nocturnos con pistola al cinto y difunde en redes sociales videos de capturas con su frase “Bienvenido a la Patria Milagro”. Parte de ese contenido, según el semanario, resulta autocomplaciente e incluso grotesco.Aun así, el medio cita a Javier Flórez, de la Fundación Ideas para la Paz, quien calificó de “modesto” el aumento de operaciones y aseguró que en esencia se mantiene la misma fórmula de capturas, muertes e incautaciones. Como ejemplo de los límites de esta estrategia, The Economist recuerda el paro armado que una banda impuso en Santa Marta en septiembre tras la muerte de su cabecilla: pese al sobrevuelo de aviones de combate ordenado por el presidente, los habitantes permanecieron encerrados.El Gobierno también impulsa una “ley de sometimiento”, que ofrece rebajas de penas a criminales que confiesen y colaboren, y un estatuto antiterrorista que permitiría congelar bienes de presuntos colaboradores. Organizaciones de derechos humanos temen que esta herramienta se use para intimidar a la sociedad civil.Crisis fiscal y una reforma tributaria que sorprendióEl semanario subraya que el margen de maniobra es estrecho: la deuda pública ronda el 60 % del PIB, el déficit fiscal proyectado para 2027 es de 9,4 % y el servicio de la deuda consumiría casi una cuarta parte del presupuesto. Por eso, el Gobierno negocia con el FMI un posible préstamo de hasta 20.000 millones de dólares.La reforma tributaria y de gasto presentada a finales de octubre reduce los bienes con IVA preferencial, amplía la base del impuesto de renta, recorta en una quinta parte la nómina estatal y baja la tarifa corporativa del 35 % al 31 %. Según The Economist, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas la consideró inesperada viniendo de un populista.Choque con el CongresoEl medio advierte que aprobarla no será fácil: el partido del presidente tiene pocas curules y él asegura no querer negociar cargos a cambio de apoyos. El senador Rafael Nieto, del Centro Democrático, sostuvo que el Gobierno busca imponer proyectos sin debatirlos. El vicepresidente José Manuel Restrepo llegó a advertir sobre un posible impago de la deuda si la reforma no prospera.La designación de Alejandro Ordóñez como ministro del Interior, según la revista, encaja con la “contrarrevolución cultural” que promueve el mandatario, que incluyó el retiro de decenas de obras del Museo Nacional sobre feminismo, diversidad sexual y procesos de paz.Alineación con Trump y críticas por autoritarismoThe Economist destaca que Colombia se sumó al Escudo de las Américas, la coalición militar antidrogas liderada por Washington, y retiró a su candidato a la Corte Penal Internacional. Además, señala que el presidente comparte con Trump una “piel delgada”: habría despedido al director del DANE, mientras que el presidente de la ANDI renunció tras un supuesto veto a reuniones con ministros, y varios periodistas críticos han perdido sus empleos.Paro nacional del 19 de noviembreFinalmente, el semanario anticipa que la tensión crecerá en las calles: el Pacto Histórico, sindicatos y estudiantes convocaron un paro nacional para el 19 de noviembre. Las protestas de octubre reunieron unas 60.000 personas, que el mandatario calificó como una pequeña minoría.
La Fiscalía General de la Nación informó que 33 presuntos integrantes de la estructura delincuencial conocida como ‘Puentes II’ fueron judicializados, luego de ser presentados ante jueces de control de garantías por hechos relacionados con el tráfico local de estupefacientes, homicidios y desaparición forzada en el sur de Bogotá.De acuerdo con la investigación, ‘Puentes II’ habría surgido en 2018 a partir de la unión de dos estructuras delincuenciales que anteriormente se disputaban las rentas derivadas del tráfico de estupefacientes: ‘El Mesa o Paisas’, originaria del Valle de Aburrá, en Antioquia, y ‘Los del Compa o El Viejo’. La Fiscalía sostiene que, después de esa unión, la organización habría establecido dos componentes para desarrollar sus actividades. Uno estaría dedicado al almacenamiento y distribución de bazuco, marihuana y cocaína, mientras que el otro tendría como función la ejecución de homicidios para controlar los puntos de expendio de estupefacientes.La investigación señala que las actividades del grupo se habrían concentrado en los barrios Puentes, La Torre, La Finca, El Portal y El Valle, en el sur de Bogotá. En esos sectores, algunos de sus integrantes estarían encargados de la venta de estupefacientes al menudeo en entornos académicos, parques y otros lugares de alta concurrencia, mientras que otros cumplirían labores de vigilancia, coordinación logística y participación en ataques con armas de fuego.La Fiscalía también atribuye a esta estructura al menos ocho homicidios y una desaparición forzada. Entre los hechos investigados está la desaparición de un hombre ocurrida en octubre de 2024. La víctima habría sido citada porque supuestamente conocía la ubicación de varias dosis de sustancias ilícitas que se encontraban perdidas y, desde ese momento, se desconoce su paradero.Dentro de los casos relacionados con los homicidios está el asesinato de una mujer ocurrido el pasado primero de febrero en el barrio Diana Turbay. A este hecho se suman la muerte de un joven cuyo cuerpo fue encontrado en una zona boscosa del sector conocido como San Martín, en abril; un doble homicidio registrado en Molinos durante ese mismo mes, y el asesinato de un taxista ocurrido en agosto.En diligencias realizadas de manera articulada con unidades de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, fueron capturadas o notificadas en centros carcelarios 33 personas que serían integrantes de ‘Puentes II’. Entre ellas se encuentra José Orlando Lancheros Ramírez, alias El Compa o El Viejo, quien ya fue condenado y es señalado como uno de los cabecillas y determinadores de varios homicidios.Los fiscales les imputaron, de acuerdo con la posible responsabilidad individual de cada uno, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, desaparición forzada, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Durante las audiencias, los procesados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía.
La Corte Constitucional le exigió al Gobierno nacional cumplir nuevas órdenes para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, especialmente en materia de seguridad para los excombatientes de las Farc que dejaron las armas. El alto tribunal estableció plazos de 20 y 30 días hábiles para que distintas entidades demuestren qué están haciendo y cómo garantizarán el cumplimiento de los compromisos."Para la Corte, la exigencia de la implementación normativa del Acuerdo no es una simple formalidad, sino que “(…) representa la sujeción (i) al principio democrático y de legalidad, conforme al cual las autoridades públicas solo están sometidas al ordenamiento jurídico", se lee en la decisión. Entre las principales exigencias está incluir un componente específico de paz en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo, con recursos, proyectos y acciones concretas para cumplir lo pactado."En primer lugar, la Sala reitera que el Acuerdo Final de Paz constituye una política pública de Estado y que su implementación, desarrollo y seguimiento vinculan de buena fe a todas las autoridades. También explica que el Gobierno nacional cuenta con un amplio margen de apreciación para adoptar las acciones necesarias y para definir los medios de cumplimiento", señala la alta Corte.Además, pidió incorporar medidas para superar las fallas en las garantías de seguridad de los firmantes, situación que fue declarada como un estado de cosas inconstitucional en 2022. Para este punto, el Gobierno tendrá 30 días hábiles para entregar un informe detallado. Asimismo, la Corte requirió garantizar el funcionamiento efectivo de una entidad encargada de coordinar y hacer seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz dentro del Gobierno. Esta instancia deberá contar con presupuesto, personal, capacidad institucional y suficiente autoridad para coordinar a las diferentes entidades.En cuanto al seguimiento de los compromisos, el alto tribunal exigió a los representantes del Gobierno en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI) garantizar la continuidad de esta instancia y su trabajo conjunto con los representantes de los firmantes. Para demostrar cómo se hará ese seguimiento, deberán presentar un informe en un plazo de 20 días hábiles. De igual forma, les pidió a los ministros del Interior, Defensa y Justicia, junto con los comandantes de las Fuerzas Militares y la Policía, la Unidad Nacional de Protección y otros funcionarios, poner en funcionamiento el sistema encargado de planear, recopilar información y medir los avances en materia de seguridad. También deberán definir y entregar indicadores que permitan establecer si las medidas de protección están dando resultados. El plazo es de 20 días hábiles.Por otra parte, la Corte requirió a la Mesa Técnica de Seguridad y Protección garantizar el seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico de Seguridad y Protección, que contempla medidas para proteger la vida y la integridad de los firmantes de paz. Esta instancia deberá demostrar en 20 días cómo está verificando que las medidas se cumplan efectivamente. A estas exigencias se suma la orden al Ministerio del Interior de presentar un balance sobre la Política Pública Nacional de Convivencia, Reconciliación y No Estigmatización. El Gobierno deberá explicar en 20 días qué acciones adelanta para evitar la discriminación y los señalamientos contra quienes firmaron el Acuerdo de Paz y cómo está haciendo seguimiento a su implementación.La Corte también pidió a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad asegurar la implementación y el seguimiento de la política de desmantelamiento de las organizaciones criminales que atentan contra la construcción de paz. Esto implica demostrar qué acciones se están ejecutando para combatir las estructuras ilegales que amenazan a los firmantes y otros sectores protegidos por el Acuerdo. Finalmente, el alto tribunal requirió a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que encabeza el Sistema Nacional de Reincorporación, garantizar el funcionamiento efectivo del subcomité encargado de coordinar, planificar y hacer seguimiento al Programa de Reincorporación Integral. La entidad deberá explicar cómo está articulando las acciones para que los excombatientes avancen en su reincorporación económica y social.La decisión de la Corte Constitucional se conoce en medio de las dificultades presupuestales que enfrenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), luego de que se aprobara un recorte de $170.000 millones para su funcionamiento en 2027. La reducción obligó a la entidad a anunciar medidas de austeridad que incluyen entregar, en marzo del próximo año, su actual sede en Bogotá, trasladarse a un edificio más pequeño y convertir la virtualidad en la principal modalidad de trabajo.Además, el nuevo presidente de la JEP, el magistrado Danilo Rojas, anunció una reducción del 85 % de los contratos de prestación de servicios y ajustes en los esquemas de seguridad de magistrados, víctimas, testigos y comparecientes.
Las fiestas de fin de año podrían verse afectadas en las tradiciones de millones de hogares colombianos. En muchas familias, el consumo de cerveza hace parte de la temporada decembrina y, ante esto, el precio de esta bebida alcohólica podría aumentar si el Congreso aprueba el esquema tributario propuesto en la Ley de Rescate Económico.La propuesta ha generado preocupación entre los tenderos, que temen una reducción de las ventas durante diciembre, una temporada en la que estos establecimientos registran un mayor movimiento comercial por la venta de bebidas.De acuerdo con las estimaciones de Fenaltiendas, en el país hay cerca de 450.000 tiendas de barrio, que registran ventas anuales por alrededor de $48 billones. De ese total, $25,8 billones corresponden a cerveza y $22 billones a otras bebidas alcohólicas.Sin embargo, si la iniciativa se aprueba en los términos presentados, los ingresos por la comercialización de cerveza podrían bajar a $13 billones y los de bebidas no alcohólicas, a $11 billones. El gremio señala que esta caída podría deberse al aumento de los precios y a una eventual disminución del consumo.La senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, presentó una estimación sobre el impacto que tendría el cambio en el precio al consumidor. Según sus cálculos, una cerveza que actualmente cuesta en promedio $2.400 podría pasar a valer entre $3.571 y $3.841, lo que representaría un incremento de entre el 49 % y el 60 %.La congresista también advirtió que las tiendas de barrio comercializan cerca del 92 % de la cerveza que se vende en Colombia, por lo que un aumento de precios podría afectar los ingresos de estos negocios.¿Por qué podría subir el precio de la cerveza?El proyecto de Ley 477 de 2026 de la Cámara, radicado el 29 de octubre por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, propone reemplazar el actual impuesto al consumo de cerveza, que corresponde al 48 % del precio de venta del productor al detallista.En su lugar, los artículos 33 a 36 plantean un impuesto a la producción con dos componentes: uno del 10 % sobre el precio de venta al público sin impuestos y otro de $330 por cada grado de alcohol en una presentación de 330 centímetros cúbicos. Las cervezas sin alcohol quedarían excluidas del cobro fijo por grado de alcohol.El valor final dependería de la graduación de la bebida, la marca y la proporción del impuesto que los productores y comercializadores trasladen al consumidor.¿Qué impacto tendría el nuevo impuesto para los tenderos?Según la exposición de motivos del proyecto, el Gobierno espera recaudar $7,1 billones adicionales con el impuesto a la producción de cerveza para financiar el aseguramiento en salud. A esa cifra se sumarían $2,1 billones provenientes del impuesto al consumo de licores.No obstante, el propio Gobierno estima que los cambios tributarios sobre alcohol y tabaco podrían elevar la inflación hasta 0,6 puntos porcentuales en 2027, si el aumento de los impuestos se traslada completamente a los consumidores.Por ahora, el incremento no es un hecho. La propuesta debe ser discutida en el Congreso, donde también están en debate sus posibles efectos sobre el consumo, los pequeños comerciantes y las rentas de los departamentos.
En medio de una riña por presuntamente haber orinado en su vehículo, un hombre disparó contra otros dos en el occidente de Medellín. Todos los involucrados fueron capturados por las autoridades.Un nuevo hecho de intolerancia en la capital antioqueña terminó con tres heridos que fueron capturados por las autoridades, tras protagonizar una riña en plena vía pública en el occidente de la ciudad.Fueron disparos de arma de fuego los que alertaron a los habitantes de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades para que atendieran la situación en la que inicialmente un hombre de 41 años de edad relató a las autoridades que había accionado su arma en defensa propia tras ser víctima de un intento de hurto.Sin embargo, tras la revisión de cámaras de seguridad de la zona, la Policía pudo determinar que la situación respondió a un altercado entre esta persona y otros dos sujetos, de 27 y 30 años de edad, aparentemente porque el primero les reclamó por orinar sobre su carro.En medio de la discusión estos sacaron armas cortopunzantes que llevaron al propietario del vehículo a desenfundar una pistola de su propiedad que los dejó heridos a la altura de la cadera y las piernas por lo que fueron trasladados a la Unidad Intermedia de Belén para recibir atención.Por su parte, el responsable de accionar el arma de fuego se presentó ante las autoridades para poner a disposición de las investigaciones una pistola calibre nueve milímetros que contaba con el permiso de porte vigente.Las autoridades confirmaron que los tres implicados en el caso están fuera de peligro. Sin embargo, fueron capturados para esclarecer lo ocurrido y responder ante las respectivas autoridades judiciales.