La revista británica The Economist publicó este 9 de noviembre un análisis crítico sobre los primeros cerca de 100 días del presidente Abelardo de la Espriella, a quien describe como un populista de derecha de estilo “trumpista” que no está dispuesto a tomar prisioneros, ni frente a los narcotraficantes ni frente a sus críticos.
Según el medio, el mandatario que se hace llamar ‘El Tigre’ prometió mano dura y un crecimiento económico acelerado, y ya comenzó a avanzar en ambos frentes. Sin embargo, advierte que sus instintos “iliberales” lo han puesto en ruta de colisión con el Congreso y las cortes.
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Seguridad: más espectáculo que cambio de estrategia
The Economist señala que la seguridad se ha convertido en la principal prioridad del Gobierno. De la Espriella puso fin a los diálogos de paz iniciados durante el mandato de Gustavo Petro, intensificó los bombardeos contra grupos armados, abatió a varios objetivos de alto valor y aprobó extradiciones a Estados Unidos.
La publicación describe cómo el presidente acompaña operativos nocturnos con pistola al cinto y difunde en redes sociales videos de capturas con su frase “Bienvenido a la Patria Milagro”. Parte de ese contenido, según el semanario, resulta autocomplaciente e incluso grotesco.
Aun así, el medio cita a Javier Flórez, de la Fundación Ideas para la Paz, quien calificó de “modesto” el aumento de operaciones y aseguró que en esencia se mantiene la misma fórmula de capturas, muertes e incautaciones. Como ejemplo de los límites de esta estrategia, The Economist recuerda el paro armado que una banda impuso en Santa Marta en septiembre tras la muerte de su cabecilla: pese al sobrevuelo de aviones de combate ordenado por el presidente, los habitantes permanecieron encerrados.
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El Gobierno también impulsa una “ley de sometimiento”, que ofrece rebajas de penas a criminales que confiesen y colaboren, y un estatuto antiterrorista que permitiría congelar bienes de presuntos colaboradores. Organizaciones de derechos humanos temen que esta herramienta se use para intimidar a la sociedad civil.
Crisis fiscal y una reforma tributaria que sorprendió
El semanario subraya que el margen de maniobra es estrecho: la deuda pública ronda el 60 % del PIB, el déficit fiscal proyectado para 2027 es de 9,4 % y el servicio de la deuda consumiría casi una cuarta parte del presupuesto. Por eso, el Gobierno negocia con el FMI un posible préstamo de hasta 20.000 millones de dólares.
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La reforma tributaria y de gasto presentada a finales de octubre reduce los bienes con IVA preferencial, amplía la base del impuesto de renta, recorta en una quinta parte la nómina estatal y baja la tarifa corporativa del 35 % al 31 %. Según The Economist, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas la consideró inesperada viniendo de un populista.
Choque con el Congreso
El medio advierte que aprobarla no será fácil: el partido del presidente tiene pocas curules y él asegura no querer negociar cargos a cambio de apoyos. El senador Rafael Nieto, del Centro Democrático, sostuvo que el Gobierno busca imponer proyectos sin debatirlos. El vicepresidente José Manuel Restrepo llegó a advertir sobre un posible impago de la deuda si la reforma no prospera.
La designación de Alejandro Ordóñez como ministro del Interior, según la revista, encaja con la “contrarrevolución cultural” que promueve el mandatario, que incluyó el retiro de decenas de obras del Museo Nacional sobre feminismo, diversidad sexual y procesos de paz.
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Alineación con Trump y críticas por autoritarismo
The Economist destaca que Colombia se sumó al Escudo de las Américas, la coalición militar antidrogas liderada por Washington, y retiró a su candidato a la Corte Penal Internacional. Además, señala que el presidente comparte con Trump una “piel delgada”: habría despedido al director del DANE, mientras que el presidente de la ANDI renunció tras un supuesto veto a reuniones con ministros, y varios periodistas críticos han perdido sus empleos.
Paro nacional del 19 de noviembre
Finalmente, el semanario anticipa que la tensión crecerá en las calles: el Pacto Histórico, sindicatos y estudiantes convocaron un paro nacional para el 19 de noviembre. Las protestas de octubre reunieron unas 60.000 personas, que el mandatario calificó como una pequeña minoría.