Mayoría de alertas por reclutamiento de menores responsabilizan a paramilitares

La Defensoría del Pueblo presentó el informe sobre la dinámica de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en Colombia, y con él, los retos de la política pública de prevención, cuando el país está a menos de quince días de cambio de defensor.En el documento se da cuenta de cómo el fenómeno de reclutamiento se ha transformado no solo para la vinculación de menores, sino cómo los niños, niñas y adolescentes son obligados a realizar acciones para los grupos que los utilizan, esto mostrando que más que disminuir el delito, ha cambiado la forma de desarrollarse.Le puede interesar: MinDefensa visitó lugar donde masacraron a cinco jóvenes en CaliUna de las conclusiones a la que llega el informe, es que pese a que Colombia cuenta con un amplio marco normativo de lineamientos internacionales, leyes y decisiones de constitucionalidad para proteger a los menores, con rutas de prevención en entornos protectores, reducción de factores de riesgo y amenazas, los diferentes procesos para finalizar el conflicto desde 1984 hasta 2016, no dieron espacio suficiente para ahondar en detalle el tema del reclutamiento ni el uso y utilización de menores.Con base en lo último, fue calificado como más preocupante que la violación de los derechos de los menores sea efectuada por organizaciones que participan indirectamente en el conflicto.“En donde las alianzas generan la tercerización de grupos armados ilegales con estructuras de crimen organizado y bandas delincuenciales, que se presenta tanto en contextos urbanos como rurales”. Por lo mismo, dice la Defensoría que es preciso que se visibilicen las formas de vinculación para que sean definidas estrategias apropiadas y garantizar el reconocimiento de su condición de víctimas.Son 102 alertas tempranas que menciona el informe, que ha presentado la Defensoría del Pueblo, referentes al riesgo de reclutamiento en Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, La Guajira, Magdalena, Nariño, Huila, Putumayo, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, y Bogotá.Señala que las alertas involucran principalmente a grupos como el Clan del Golfo, y el Bloque Virgilio Peralta Arenas (Caparros), al EPL; diversos Frentes del ELN; facciones disidentes de las FARC-EP, y diferentes grupos armados de delincuencia organizada (GADO), generando el mayor riesgo para niños, niñas y adolescentes.De acuerdo con la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, pese a que las cifras de reclutamiento han disminuido, “el pico de crecimiento que se presenta desde la firma del Acuerdo Final de Paz - AFP es alarmante, sobre todo en el año 2018. Sin embargo, la transformación del conflicto ha cambiado las modalidades de violaciones de derechos de NNA: entre los años 2000-2009 el reclutamiento forzado era predominante, hoy las nuevas formas de afectación a las comunidades y sus territorios han generado que se presenten menos hechos de reclutamiento forzado, mientras se ha incrementado considerablemente el uso y utilización de NNA, particularmente en aquellas regiones en las que las economías ilícitas son predominantes”, se indicó.Riesgo de reclutamiento en grupos ilegalesSegún la Defensoría, de las 102 alertas tempranas que existen sobre el fenómeno, 70 son por riesgos de grupos paramilitares, derivados de la desmovilización de las AUC, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o el Clan del Golfo, y son señalados como responsables de reclutamiento y/o utilización ilícita de niñas, niños y adolescentes.Mientras el ELN ha sido señalado en 51 documentos de advertencia en diferentes departamentos, se ha identificado el riesgo que genera la presencia urbana de esa guerrilla que, “si bien no se encuentra inmerso en dinámicas de disputa con otros actores armados no estatales parte del conflicto armado o estructuras criminales, sí es relevante en cuanto a reclutamiento forzado de NNA y jóvenes en universidades e instituciones educativas, para el desarrollo de labores puntuales, principalmente de tipo urbano”, dice el informe.Mientras tanto, a las disidencias de las Farc, se han señalado en 50 documentos de advertencia, y fuente de amenaza en 42 municipios, así como se han relacionado en 17 documentos a grupos armados de crimen organizado.Con base en un informe de más de 80 páginas, la Defensoría del Pueblo emitió una serie de recomendaciones a diferentes entidades del estado para que se fije una hoja de ruta, y poder reducir los índices de esa dinámica de reclutamiento, uso y utilización de menores de edad.