De acuerdo con el comunicado emitido por el Ministerio de Defensa, las investigaciones adelantadas en los últimos meses evidenciaron la gravedad de las invasiones sobre predios estratégicos de la nación, un problema que, según el Gobierno, se remonta a 1954 en zonas de Melgar, Tolima, y Nilo, Cundinamarca y que hoy sigue afectando el patrimonio público.
Las autoridades señalaron que actualmente existen cerca de 14.000 cédulas catastrales de personas naturales y jurídicas que aseguran ser propietarias de terrenos que legalmente pertenecen al Estado. Entre las ocupaciones identificadas se encuentran desde asentamientos informales hasta condominios y conjuntos residenciales de alto valor.
El ministerio explicó que estos bienes públicos son imprescriptibles e inembargables, lo que significa que no pueden pasar a manos privadas y que el Estado tiene la facultad de recuperarlos en cualquier momento.
Según el informe oficial, un equipo multidisciplinario con apoyo jurídico y técnico ya adelanta labores de identificación y delimitación de las zonas ocupadas ilegalmente. Realizando estudios especializados que permitieron detectar áreas invadidas y posibles afectaciones sociales y ambientales derivadas de estas ocupaciones.
Desde hace varias décadas, el Estado ha enfrentado una problemática histórica relacionada con la ocupación y presunta comercialización ilegal de predios públicos en zonas como Nilo y Melgar.
— Mindefensa (@mindefensa) May 18, 2026
En el marco de controles internos y verificaciones adelantadas por el Ministerio de… pic.twitter.com/wASIP3z8oo
Además, el Ministerio de Defensa aseguró que las investigaciones revelaron una posible estructura de corrupción que habría involucrado decisiones administrativas irregulares en alcaldías, concejos municipales, oficinas de planeación territorial e incluso algunos integrantes de la fuerza pública.
Actualmente, el Ministerio de Defensa administra cerca de 110.000 hectáreas distribuidas en 4.400 predios en todo el país, cerca del 47 % de los predios en Colombia presentan problemas relacionados con titularidad, linderos o formalización, una situación que refleja dificultades estructurales en la administración de tierras y seguridad jurídica de la propiedad.
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