El partido En Marcha tomó distancia del Pacto Histórico y cuestionó la citación a una moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, promovida por congresistas del petrismo.En un comunicado, la colectividad calificó la iniciativa como “inoportuna e inconveniente”, aunque reconoció la importancia del debate de control político tras la muerte de menores de edad en un bombardeo de las Fuerzas Militares contra campamentos de las disidencias de las Farc de alias Calarcá. “Es válido el debate de control político como consecuencia de la lamentable muerte de menores de edad, causada por el bombardeo de las fuerzas militares a campamentos de los grupos armados ilegales que rechazaron las posibilidades de paz y deben ser enfrentados por el Estado con todas las capacidades institucionales”, señaló En Marcha.Sin embargo, el partido cuestionó que se recurra a la moción de censura contra un ministro que lleva menos de 50 días en el cargo.“Aplicar la figura de la moción de censura a un Ministro que no cumple aún 50 días en sus funciones es una mala señal del Estado en su conjunto a los grupos criminales”, afirmó la colectividad.En Marcha también hizo un llamado al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Militares para fortalecer los procesos de inteligencia antes de tomar decisiones relacionadas con operaciones de esta naturaleza.“Solicitamos a Mindefensa y a las Fuerzas Militares una inteligencia precisa y eficiente antes de tomar decisiones de esta naturaleza”, indicó.El partido del exministro Juan Fernando Cristo aseguró que mantendrá vigilancia sobre las operaciones contra las estructuras armadas ilegales y pidió que estas se desarrollen bajo las normas del Derecho Internacional Humanitario y con respeto por los derechos humanos.Otro aspecto que dejaron claro es su posición que seguirá igual frente al gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, al asegurar que estarán “vigilantes de que la necesaria ofensiva contra las estructuras armadas ilegales se adelante con pleno respeto a las normas del Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos”.
Con 65 votos por el No y 17 por el Sí, la plenaria del Senado negó la moción de censura contra el ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora, por los tres bombardeos en los que fallecieron seis menores de edad en Guaviare y Norte de Santander.Con esta decisión, la Cámara de Representantes queda inhibida para pronunciarse sobre la misma moción, que fue debatida este miércoles en la plenaria.La iniciativa había sido promovida por sectores de la oposición para exigir explicaciones al jefe de la cartera de Defensa por las operaciones realizadas contra estructuras armadas en las que se encontraba presencia de menores de edad.Durante el debate, Mora defendió particularmente el bombardeo realizado en Guaviare contra un campamento de la disidencia de alias ‘Calarcá’. El ministro sostuvo que la operación respondió a una situación estratégica y señaló que, según la información de inteligencia disponible, en el lugar había alrededor de 60 integrantes de esa estructura. También afirmó que ese grupo había asesinado a 10 militares, herido a otros 16 y secuestrado a cinco uniformados en el departamento.El funcionario también argumentó que las Fuerzas Militares enfrentan un escenario complejo por la confrontación entre las estructuras de ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’. Según las cifras expuestas por el ministro durante el debate, los enfrentamientos entre ambos grupos habían dejado 48 muertos, entre ellos 11 menores de edad. Mora defendió las operaciones desde la responsabilidad que, según explicó, tiene el Estado de actuar frente a los grupos armados que representan una amenaza para la población y la fuerza pública.La jornada estuvo acompañada por otros hechos relacionados con el orden público. En el Cauca, una comisión del CTI y unidades del Ejército que adelantaban un procedimiento en zona rural de Timba fueron atacadas con explosivos, drones y ráfagas de fusil, en un hecho atribuido inicialmente a integrantes de la estructura Jaime Martínez. Uno de los vehículos del CTI resultó afectado y los funcionarios judiciales tuvieron que retirarse, mientras las tropas permanecieron en la zona para enfrentar al grupo armado.Situación en Santa MartaA la salida de la votación de moción de censura en la Plenaria del Senado, el ministro de Defensa entregó un nuevo balance sobre el panorama de orden público en Santa Marta asegurando que la amenaza ya está controlada con la captura de 9 personas. “Vamos a generar la confianza a los samarios y a todos los compatriotas. Vamos a hacer un despliegue policial y militar para impedir que esto vuelva a suceder en alguna ciudad del país”, concluyó.
El ministro de Defensa, mayor general en retiro Jorge Eduardo Mora, presentó sus argumentos ante la Cámara de Representantes en la moción de censura citada por la oposición.El ministro comenzó reprochando diplomáticamente a los congresistas que lo citaron a explicar por qué había bombardeado al grupo criminal. Detalló que mientras él escuchaba el debate se registraron cuatro combates en el país que dejaron cinco delincuentes abatidos, cinco capturados y fue liberado un ciudadano que estaba secuestrado.También ratificó lo que y había especificado en Senado. La información de inteligencia para realizar el bombardeo contra el campamento de las disidencias de las Farc de alias Calarcá en Guaviare estaba respaldada por datos de que había un campamento y función permanente de combate de los integrantes del grupo criminal. Adicional a ello dejó claro que no había población protegida por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).“El Hallazgo de inteligencia establecía zona campamentaria del GAO residual. (Hubo) verificación que los combatientes estaban con función permanente de combate. Eso estaba verificado, y eso nos da la luz para poder atacar”, explicó.Sobre las alertas tempranas precisó que no estaba puntualizado exactamente en qué sitio, además la región del ataque tiene presencia confirmada de estructuras ilegales y corredores de movilidad y confrontación.La posición del Pacto HistóricoEl representante a la Cámara, Heráclito Landínez, le criticó al ministro que pese a los recursos destinados para Inteligencia no se haya confirmado que había menores de edad en el campamento de alias Calarcá que fue bombardeado.Natalia Moreno, también de la bancada del petrismo, señaló al ministro Mora de ignorar la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, sobre las alertas de reclutamiento en las zonas donde hubo bombardeos contra grupos criminales y habían reclutado menores.Datos que ilustran la realidad en los territoriosCerca del 20 % de los integrantes de los grupos criminales pudieran ser menores de edad, advierte el representante a la Cámara, Franklin Lozano de la Ossa, tomando en cuenta los altos números de reclutados durante el gobierno anterior.En el año 2022 reclutaron 83 niños, en el 2023, segundo año del gobierno de Gustavo Petro, aumentó la cifra a 410, en 2024 se incrementó a 682 y en el año 2025 fueron reclutados 420 niños.Ante esas y otras cifras, el congresista Juan David Zuluaga aplaudió que en lo que va del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella se han rescatado 39 menores de edad que estaban reclutados por grupos criminales y se ha liberado al menos a 29 civiles secuestrados."Hay una moción de censura amañada con cinismo y mezquindad, porque la Defensoría del Pueblo, la ONU y Medicina Legal advirtieron, durante cuatro años, que en el gobierno de Petro cada 20 horas era reclutado un menor, que el reclutamiento de menores aumentó 60 % y al 7 de agosto de 2026 murieron mas de 63 niños en operaciones militares y hubo un silencio cómplice. Ese silencio demuestra que aquí lo que hay es un interés político" destacó Zuluaga durante el debate.El congresista Manuel Pérez Rueda aprovechó para denunciar que en 15 días el grupo criminal ELN reclutó 11 menores de edad en el departamento de Arauca, acción que hacen para escudarse frente a las operaciones de la fuerza pública y para minar la imagen de la fuerza pública y del ministro.Entre tanto, en el Bajo Baudó, Alto Baudó, Bojayá, Carmen de Darién y Riosucio, departamento del Chocó, se siguen suicidando menores de edad para evitar ser reclutados por el ELN y otros grupos criminales, recuerda el representante a la Cámara, Omar Francisco Vidal Rojas.
Una serie de hechos violentos registrados en Bucaramanga y Girón, varios de ellos relacionados con funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), llevó al gobernador de Santander, Juvenal Díaz, a solicitar al Gobierno nacional un consejo de seguridad para analizar la situación del departamento y, especialmente, las condiciones de seguridad alrededor de la cárcel de Palogordo.La preocupación aumentó después del asesinato del inspector del Inpec Efraín Quesada Urrego, ocurrido el pasado 6 de agosto cuando se dirigía a iniciar su jornada laboral en la cárcel de Palogordo, en Girón. El funcionario fue atacado a tiros a pocos metros del establecimiento penitenciario y posteriormente murió por la gravedad de las heridas.A este caso se sumó el ataque ocurrido este viernes 18 de septiembre contra otro guardia del Inpec en el barrio Alfonso López de Bucaramanga. El funcionario fue atacado con arma de fuego cuando se encontraba en vía pública y resultó herido, por lo que fue trasladado al Hospital Universitario de Santander.En Girón, además, durante la noche del jueves 17 de septiembre fue asesinado Andrey Mora Pérez, de 36 años, quien trabajaba como islero en una estación de servicio ubicada en el kilómetro 6,3 del Anillo Vial. Dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron al establecimiento y le dispararon. La Policía adelanta la investigación para establecer los móviles y determinar si este homicidio tiene alguna relación con las amenazas conocidas en la zona.En medio de este panorama, también se registró el hallazgo de un cilindro acompañado de mensajes amenazantes contra funcionarios del Inpec en inmediaciones de la cárcel de Palogordo. Los equipos antiexplosivos verificaron el elemento y descartaron que representara un riesgo de detonación.Para el gobernador, sin embargo, este episodio hace parte de un conjunto de situaciones que deben ser analizadas de manera integral y no como hechos aislados.La Gobernación también ha advertido sobre un panfleto en el que, según las autoridades, estructuras criminales anuncian una supuesta unión para rechazar los recientes traslados de internos de alta peligrosidad hacia cárceles de máxima seguridad. Ante este escenario, Juvenal Díaz planteará al Gobierno nacional la realización de un consejo de seguridad nacional, con participación de las autoridades nacionales, para revisar la situación de seguridad de Bucaramanga, Girón y los demás municipios del área metropolitana, así como las condiciones alrededor de los establecimientos penitenciarios.El mandatario también ha cuestionado la concentración de internos de alta peligrosidad en Palogordo, resaltando que no se puede trasladar un problema de un departamento a otro, po rlo que ha pedido revisar cómo se están realizando estos traslados y si es necesario distribuir a estos reclusos entre diferentes cárceles de máxima seguridad del país.
Un nuevo capítulo del pulso político se vivió en la plenaria del Senado de la República durante el debate de moción de censura promovida por el Pacto Histórico contra el ministro de Defensa, general en retiro Jorge Eduardo Mora.La discusión estuvo centrada en los bombardeos realizados contra campamentos de grupos criminales en el departamento del Guaviare, particularmente contra una de las disidencias de las Farc, la de alias 'Calarcá'. En esas operaciones murieron menores de edad que habían sido reclutados para integrar las filas de ese grupo.La votación de la moción de censura se realizará el miércoles, 23 de septiembre, a las 3:00 de la tarde en la plenaria del Senado, por lo que este miércoles solo se escuchó a los citantes, voceros de los demás partidos y al ministro responsable.Desde el Pacto Histórico uno de los senadores en intervenir fue Alberto Benavides, quien advirtió que si había varios meses de inteligencia genera duda que no se conociera que había menores de edad en el campamento que se iba a bombardear.“Si se llevaban 6 meses de inteligencia sobre ese sitio, más alertas todavía. Necesitamos que se cumpla la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario, y que nunca más niños y niñas sean bombardeados. Esto no es de un Gobierno o del otro. Ha llegado el momento de tener la guerra. ¿Ustedes están dispuestos? Nosotros y nosotras sí”, dijo Benavides.Ministro defendió el bombardeo como una operación estratégicaDurante su intervención, el ministro de Defensa comenzó mostrando un video sobre la atención brindada por la fuerza pública a las personas afectadas por el terremoto.Posteriormente, abordó los cuatro puntos planteados durante el debate y se refirió al bombardeo en el Guaviare, operación que calificó como estratégica ante las circunstancias de orden público que enfrenta ese departamento.Mora explicó que el ataque aéreo fue autorizado porque, según la información disponible, existían razones suficientes para actuar contra el grupo de alias 'Calarcá', además se trataba de un sitio donde había unos 60 integrantes de la organización delictiva.Señaló que, únicamente en el departamento del Guaviare, esa estructura criminal ha asesinado a 10 militares, dejado 16 heridos y secuestrado a cinco uniformados.El ministro también hizo referencia al enfrentamiento entre las estructuras de alias 'Calarcá' e 'Iván Mordisco' en el mismo departamento, conflicto que, de acuerdo con las cifras expuestas durante el debate, ha dejado 48 muertos, entre ellos 11 menores de edad.Mora sostuvo que las operaciones desarrolladas por la fuerza pública son de carácter quirúrgico y que se ejecutan con el objetivo de evitar efectos sobre áreas diferentes a las previamente definidas.Como parte del balance operacional desde que asumió el Ministerio de Defensa, el pasado 7 de agosto, destacó el rescate de 39 menores de edad que habían sido reclutados por grupos criminales y la liberación de otras 29 personas que permanecían secuestradas.Durante su intervención, el ministro resaltó además su experiencia y conocimiento en materia de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario. Afirmó que nunca ha sido denunciado por violaciones de derechos humanos y señaló que no es compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en referencia a la pulcritud de su hoja de vida.Defensa de la actuación de la fuerza públicaEntre otras voces, el senador Wilder Escobar respaldó la actuación de la fuerza pública y sostuvo que la responsabilidad por el reclutamiento de menores corresponde a los grupos armados ilegales.“La falla no es del Estado, la falla es del grupo armado irregular, que convierte a los menores de edad en escudos humanos. Son víctimas porque son reclutados, pero hay que hacer claridad a los colombianos, que las víctimas sí son los menores de edad, pero el victimario no es el Estado, el victimario es el grupo armado irregular que los recluta y que los utiliza como escudo para que no vayan a ser atacados”, afirmó.Escobar también se refirió a la situación jurídica de los menores que participan directamente en las hostilidades. Citó la sentencia C-291 de 2007 de la Corte Constitucional y recordó que, aunque los menores son víctimas del reclutamiento, cuando participan directamente en las hostilidades adquieren también la condición de participantes directos en estas.“Un menor de edad es víctima del reclutamiento, pero también un menor de edad cuando se pone un uniforme, cuando empuña un arma o un fusil, y participa en hostilidades contra la fuerza pública, adquiere también la condición de participante directo de estas hostilidades. Así también lo establece el protocolo de Ginebra”, señaló.El senador pidió además no limitar la capacidad de actuación de la fuerza pública frente a los grupos armados.“Yo quiero decirle a todos los colombianos que hoy, más que nunca, no podemos atar de manos a la fuerza pública en Colombia, necesitamos recuperar la seguridad y el control territorial, devolverle la tranquilidad al pueblo colombiano”, manifestó.Escobar agregó que, a su juicio, el debate no debería estar determinado por diferencias ideológicas. “Yo me atrevo a decir que esto no es de colores políticos, ni de izquierdas ni de derechas. Es de devolverle un derecho fundamental a Colombia, y es el derecho a vivir tranquilo en un país seguro”, enfatizó.Llamado de atención por lenguaje durante la sesiónEl debate también estuvo marcado por momentos de tensión entre los congresistas. En uno de ellos, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, tuvo que llamar la atención al senador David Racero por el lenguaje agresivo que utilizó durante su intervención.Henríquez le pidió moderar el tono y evitar expresiones soeces y agresivas en el desarrollo de la sesión.Otro choque fue de la senadora Alejandra Umaña, quien le reclamó a su colega Germán Rodríguez y le respondió que no siente vergüenza de recordarle a Amaranta Hank.Con las posiciones de defensa y cuestionamiento expuestas durante la plenaria, el Senado quedó a la espera de la votación de la moción de censura, programada para el próximo miércoles.
En medio del debate de control político que se llevó a cabo en la Comisión II del Senado por los bombardeos realizados en territorios con presencia de menores, el ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, defendió las dos operaciones realizadas en Guaviare, que dejaron cinco menores muertos. Según el ministro, estas acciones respondían a un “deber constitucional” frente a la disputa entre las disidencias de 'Calarcá' y 'Mordisco', que, según dijo, ya deja más de 48 muertos en el departamento."Cuando nosotros determinamos atacar un grupo organizado en un área campamentaria, que se han reunido ahí para preparar un ataque a la población civil o a las tropas, o ir contra una comunidad de estas alertas tempranas, pues nosotros tenemos que actuar antes de que ellos actúen y cometan una masacre, un ataque, y terminen haciendo las acciones que todos los colombianos conocemos. Es una obligación. Aquí está en juego la acción o la omisión", afirmó el general (r) Mora.El ministro afirmó que ya son 11 menores de edad los que han fallecido en los combates que se llevan a cabo en Guaviare por las disputas por el control territorial, de las drogas y de actividades ilícitas entre las dos disidencias de las Farc. También dijo que 10 uniformados han sido asesinados, 16 han resultado heridos y cinco han sido secuestrados. Además, señaló que antes de las operaciones ya existían 368 alertas tempranas de la Defensoría.Ante esta respuesta, la senadora Jennifer Pedraza, una de las principales citantes del debate, calificó como un “falso dilema” el argumento presentado por el ministro. “Aquí nadie le está pidiendo a la fuerza pública que se quede quieta y que omita actuar si considera que es necesario. Sin duda alguna, puede existir la necesidad, pero la posibilidad de utilizar diferentes herramientas para actuar y para intervenir en una determinada región”, afirmó la senadora.Pedraza se refirió a diferentes operaciones militares, como el combate, ejercer presión y el arrinconamiento en el territorio. “Hay muchas herramientas, el ministro las enlistó, que se pueden utilizar y que se deben ponderar antes de tomar la decisión simplista de, no verificamos si hay niños y niñas, ignoramos las alertas tempranas, bombardeamos y después salimos a decir que fijo estaban en combate. Esa práctica sería negligente y violatoria del derecho internacional humanitario”, afirmó Pedraza.Por otro lado, el ministro de Defensa también se refirió a la adhesión de Colombia a la Coalición de las Américas contra los Cárteles, del pasado 12 de agosto, concretada en Ciudad de Panamá mediante un acuerdo firmado por el ministro de Defensa y el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. Mora aseguró que la soberanía del país no está en riesgo."Declaramos, y ahí lo establece la declaración, y ahí está mi firma y la firma del secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth; eso fue lo que hicimos en Panamá. No estamos vendiendo la soberanía, ni aquí van a pasar tropas, ni aquí va a venir ninguna fuerza, ni de Estados Unidos, ni de Ecuador, ni de ningún país. Estén tranquilos, conozco la responsabilidad que atañe a mi cargo como ministro de Defensa", concluyó el general (r) Jorge Mora.
En medio del debate de control político que se llevó a cabo en la Comisión II del Senado por los bombardeos realizados en territorios con presencia de menores, el ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, defendió las dos operaciones realizadas en Guaviare, que dejaron cinco menores muertos. Según el ministro, estas acciones respondían a un “deber constitucional” frente a la disputa entre las disidencias de 'Calarcá' y 'Mordisco', que, según dijo, ya deja más de 48 muertos en el departamento."Cuando nosotros determinamos atacar un grupo organizado en un área campamentaria, que se han reunido ahí para preparar un ataque a la población civil o a las tropas, o ir contra una comunidad de estas alertas tempranas, pues nosotros tenemos que actuar antes de que ellos actúen y cometan una masacre, un ataque, y terminan haciendo las acciones que todos los colombianos conocemos. Es una obligación. Aquí está en juego la acción o la omisión", afirmó el general (r) Mora.El ministro afirmó que ya son 11 menores de edad los que han fallecido en los combates que se llevan a cabo en Guaviare por las disputas por el control territorial, de las drogas y de actividades ilícitas entre las dos disidencias de las FARC. También dijo que 10 uniformados han sido asesinados, 16 han resultado heridos y cinco han sido secuestrados. Además, señaló que antes de las operaciones ya existían 368 alertas tempranas de la Defensoría.Ante esta respuesta, la senadora Jennifer Pedraza, una de las principales citantes del debate, calificó como un “falso dilema” el argumento presentado por el ministro. “Aquí nadie le está pidiendo a la fuerza pública que se quede quieta y que omita actuar si considera que es necesario. Sin duda alguna, puede existir la necesidad, pero la posibilidad de utilizar diferentes herramientas para actuar y para intervenir en una determinada región”, afirmó la senadora.Pedraza se refirió a diferentes operaciones militares, como el combate, ejercer presión y el arrinconamiento en el territorio. “Hay muchas herramientas, el ministro las enlistó, que se pueden utilizar y que se deben ponderar antes de tomar la decisión simplista de, no verificamos si hay niños y niñas, ignoramos las alertas tempranas, bombardeamos y después salimos a decir que fijo estaban en combate. Esa práctica sería negligente y violatoria del derecho internacional humanitario”, afirmó Pedraza.Por otro lado, el ministro de Defensa también se refirió a la adhesión de Colombia a la Coalición de las Américas contra los Cárteles, del pasado 12 de agosto, concretada en Ciudad de Panamá mediante un acuerdo firmado por el ministro de Defensa y el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. Mora aseguró que la soberanía del país no está en riesgo."Declaramos, y ahí lo establece la declaración, y ahí está mi firma y la firma del secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth; eso fue lo que hicimos en Panamá. No estamos vendiendo la soberanía, ni aquí van a pasar tropas, ni aquí va a venir ninguna fuerza, ni de Estados Unidos, ni de Ecuador, ni de ningún país. Estén tranquilos, conozco la responsabilidad que atañe a mi cargo como ministro de Defensa", concluyó el general (r) Jorge Mora.
El Juzgado 34 de Familia de Bogotá resolvió de fondo la tutela relacionada con las operaciones militares aéreas ofensivas y determinó que no puede existir una prohibición absoluta de este tipo de acciones cuando estén dirigidas contra objetivos militares legítimos.De acuerdo con la decisión, una prohibición general podría afectar el deber del Estado de proteger a la población y las competencias de la fuerza pública frente a los grupos armados ilegales. Sin embargo, el despacho también estableció límites frente a la presencia de niños, niñas y adolescentes en los lugares donde se proyecten este tipo de operaciones.El juzgado precisó que la sola presencia de un menor de edad dentro de un campamento de un grupo armado no permite considerarlo automáticamente como un objetivo militar legítimo. Por el contrario, recordó que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de especial protección constitucional y que, cuando se encuentran vinculados a estructuras armadas, su condición puede estar relacionada con situaciones de reclutamiento y utilización ilícita.Por esta razón, la decisión establece un estándar reforzado de precaución para las autoridades cuando exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de menores en el área de una operación aérea ofensiva.Entre las medidas ordenadas al Gobierno nacional y a la fuerza pública está intensificar las labores de verificación de inteligencia antes de ejecutar una operación, evaluar los riesgos asociados a la presencia de menores y analizar si existen alternativas operacionales menos lesivas para alcanzar el objetivo militar.El despacho también señaló que las actuaciones de la fuerza pública deben desarrollarse bajo los principios de distinción, precaución y proporcionalidad establecidos por el Derecho Internacional Humanitario, teniendo en cuenta la protección especial que corresponde a los menores de edad en escenarios de conflicto armado.De esta manera, el fallo no establece una prohibición general de las operaciones aéreas ofensivas, pero sí fija condiciones de precaución cuando las autoridades tengan conocimiento verificable de la posible presencia de menores reclutados o utilizados por grupos armados.Además, el juzgado impartió instrucciones relacionadas con la atención posterior de los niños, niñas y adolescentes afectados por el reclutamiento ilícito. En ese sentido, solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a las entidades competentes del Gobierno nacional fortalecer las rutas de desvinculación, atención integral y restablecimiento de derechos para esta población.La decisión busca, así, establecer un equilibrio entre las obligaciones del Estado frente a la seguridad y la protección de la población, y el deber reforzado de garantizar los derechos de los menores de edad que puedan encontrarse en medio del conflicto armado.
Congresistas de la oposición radicaron formalmente una moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, para que responda políticamente ante el Congreso de la República por el fallecimiento de tres menores de edad durante una operación militar.El recurso legislativo se fundamenta en la responsabilidad del jefe de la cartera ministerial en la definición de la política operacional que derivó en la muerte de los adolescentes, quienes habían sido víctimas de reclutamiento ilícito por parte de las disidencias de las FARC.Las muertes ocurrieron el mes pasado en el municipio de El Retorno, en el departamento del Guaviare, luego de un bombardeo desplegado por la fuerza pública contra una estructura de esa organización armada al margen de la ley.Así las cosas, la mesa directiva del Congreso procederá este jueves a revisar y acreditar que la solicitud cumple formalmente con la totalidad de los requisitos constitucionales y legales vigentes para su trámite.Una vez surtido el paso de verificación técnica de los documentos y respaldos radicados, la corporación definirá la fecha de la citación para llevar a cabo el debate de control político frente al ministro.Votación programada para la próxima semanaTras la realización del debate en el recinto legislativo, la moción de censura será sometida a votación de las bancadas durante la jornada del miércoles o jueves de la próxima semana.Mediante esta votación, el Congreso de la República determinará si despoja del cargo al jefe de la cartera de Defensa o si respalda su gestión al frente de la fuerza pública.
Representantes a la Cámara del Pacto Histórico, la Alianza Verde y Circunscripciones de Paz radicaron ante el presidente de la corporación, Nicolás Barguil, una proposición de moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora.La proposición surge luego de la operación militar realizada el pasado 27 de agosto en El Retorno, Guaviare, contra disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’, en la que murieron tres menores de edad que habían sido reclutados.Los congresistas subrayan que “la responsabilidad criminal por reclutar menores corresponde, naturalmente, a quienes los reclutan”, pero sostienen que esa circunstancia “no releva al Estado colombiano de sus obligaciones autónomas de protección y precaución” al planear y ejecutar una operación militar en un escenario donde puedan encontrarse menores reclutados. En el documento se plantean cuatro cargos de censura. El primero se refiere a la “responsabilidad política por la planeación, dirección y supervisión de una política operacional que culminó con la muerte de tres menores reclutados”, sin que, según los representantes, se haya explicado qué conocimiento existía sobre la presencia de los menores.El segundo cuestiona la “falta de explicación suficiente sobre las precauciones adoptadas para proteger a los menores reclutados” y sobre la eventual existencia de alternativas operacionales.El tercero señala un presunto “desconocimiento de la condición constitucional de víctimas de los niños y adolescentes reclutados” y cuestiona lo que califican como una narrativa institucional que convertiría la participación forzada de los menores en el conflicto en una justificación de sus muertes.Finalmente, el cuarto plantea una eventual responsabilidad política por las declaraciones públicas del ministro después de conocerse sus muertes. “Por tanto, las declaraciones del Ministro sobre una operación militar de esta naturaleza no constituyen simples opiniones personales ajenas al cargo. Son manifestaciones oficiales del jefe político del Sector Defensa”, se lee en el documento.Entre quienes firman la iniciativa aparecen David Alejandro Toro, Gabriel Becerra, Ana Leidy Erazo, Daniel Mauricio Monroy, Paola Andrea Quiñones, Laura Isabel Vera, Heiner Gaitán, Santiago Osorio, entre otros congresistas.
Estos fueron los temas tratados este 25 de septiembre, en Recap Blu:Otty Patiño, excomisionado de Paz durante el Gobierno de Gustavo Petro, habló sobre la extradición de alias 'Araña', las polémicas declaraciones de David Murcia Guzmán y el proceso de la fallida paz total.Las últimas imágenes de alias 'Araña' antes de du extradición y la advertencia del presidente Abelardo De La Espriella a Iván Márquez.El mandatario De La Espriella también respondió a quienes lo cuestionaron por portar un arma: "Que sigan criticando, que eso me impulsa".Se mantiene la cadena perpetua contra Daniel Sancho por el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta.Sobrevivientes del accidente del avión que transportaba al equipo de Chapecoense volvieron al lugar del sinietro casi 10 años después.
MiLoto realiza este viernes 25 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los participantes buscan acertar la combinación de cinco números para acceder al premio mayor.La combinación ganadora del sorteo de MiLoto de este viernes 25 de septiembre de 2026 es: 36 - 18 - 10 - 08 - 31.Para esta jornada, el acumulado de MiLoto asciende a $160 millones. El resultado oficial permitirá conocer los números sorteados y el balance de ganadores en las diferentes categorías de aciertos.MiLoto es un juego en el que los participantes seleccionan una combinación de cinco números. La mecánica contempla premios para quienes acierten desde dos hasta los cinco números de la combinación sorteada.¿De cuánto es el acumulado de MiLoto?Para este viernes, 25 de septiembre de 2026, el acumulado de MiLoto es de $160 millones.Cuando no se registra un ganador en la categoría de cinco aciertos, el acumulado del premio mayor aumenta para la siguiente jornada, de acuerdo con la mecánica del juego.Los participantes pueden verificar sus tiquetes y comparar los números registrados con los resultados oficiales antes de reclamar cualquier premio.
El excomisionado de paz Otty Patiño aseguró en Recap Blu que durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro nunca conoció de un eventual ofrecimiento de una gestoría de paz a David Murcia Guzmán, condenado por el caso DMG. Esta declaración se produjo luego de que Murcia se retractara de varios señalamientos contra el actual presidente Abelardo De La Espriella y afirmara que, antes de realizar esas acusaciones, recibió expectativas relacionadas con una posible salida de prisión mediante esa figura.En entrevista con Recap Blu, Patiño sostuvo que las decisiones relacionadas con las gestorías de paz eran conocidas y consultadas dentro de la Consejería de Paz, pero afirmó que el nombre de Murcia Guzmán nunca estuvo sobre la mesa.“No tengo la menor idea, porque todas las gestorías de paz eran comunicadas, eran, digamos, consultadas con nosotros. En ningún momento a nosotros como Consejería nunca se nos consultó nada sobre este señor”, manifestó el exfuncionario.Patiño también cuestionó que Murcia hubiera sido considerado para una eventual gestoría, al señalar que, desde su perspectiva, no tenía relación con procesos de paz.“Lo cual además me parece absurdo porque este señor no tiene nada que ver con procesos de paz”, afirmó. Choque de afirmacionesFrente a las declaraciones contradictorias del condenado, el excomisionado agregó que Murcia "hoy dice una cosa, mañana dice otra”.Ante la pregunta de si en algún momento, durante su paso por la Consejería de Paz, tuvo conocimiento de un ofrecimiento a Murcia Guzmán, Patiño fue enfático en negarlo."Jamás. Y por supuesto considero que el presidente Petro jamás pensó ni manifestó en esa posibilidad de darle una consejería de paz a este señor", agregó.Las declaraciones se conocen después de que Murcia presentara ante la Fiscalía una retractación de los señalamientos que había realizado contra Abelardo De La Espriella. Según el documento, el condenado afirmó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de obtener su libertad. Finalmente, Patiño rechazó que las gestorías de paz hubieran funcionado como un supuesto “cheque en blanco” para quienes recibieron esa condición.“Y si no lo cumple, pues se le suspende la gestoría. Así de sencillo. Pero de allí para allá, que sea una carta blanca para delinquir, para protegerle actividades delictivas, jamás”, concluyó el excomisionado.
TransMilenio anunció una operación especial para facilitar el regreso de los asistentes a los conciertos de BTS, que se realizarán el viernes 2 y sábado 3 de octubre en el estadio El Campín, en Bogotá.Desde las 10:00 p. m., ocho rutas especiales estarán disponibles en las estaciones Campín–UAN y Movistar Arena, con destino a diferentes portales y estaciones de la ciudad.Desde Campín–UAN saldrán cuatro rutas:Portal NortePortal AméricasPortal SubaPortal EldoradoDesde Movistar Arena estarán disponibles otras cuatro rutas hacia:Portal UsmePortal 20 de JulioPortal 80Portal SurLos servicios funcionarán de acuerdo con la demanda de pasajeros. La operación habitual de las estaciones Campín–UAN y Movistar Arena finalizará a las 10:00 p. m. y, entre las 10:00 p. m. y las 11:00 p. m., estas estaciones estarán habilitadas únicamente para facilitar la evacuación de los asistentes.Como alternativa, los usuarios podrán utilizar Universidad Nacional, si salen por Campín–UAN, y 7 de Agosto, si salen por Movistar Arena.¿Cómo llegar al concierto?Para llegar al estadio, TransMilenio contará con 13 rutas troncales en las estaciones Campín–UAN y Movistar Arena. En Movistar Arena estarán disponibles las rutas 4, B72, D21, G30, L25, C25, C30, H21 y H72.En Campín–UAN funcionarán las rutas 4, B11, C25, G11, S42, D21, E42, H21 y L25.Además, TransMiZonal tendrá 39 rutas con paraderos cercanos al estadio El Campín, ubicados en la NQS, calle 63, calle 53 y carrera 24.TransMilenio recomienda a los asistentes recargar con anticipación la tarjeta tullave, planear el viaje mediante TransMiApp y consultar los canales oficiales de la entidad para revisar horarios y recorridos.La entidad también señaló que los despachos de las rutas especiales se ajustarán según la cantidad de pasajeros durante la salida de los conciertos.
“Ni en el tarimazo ni en la fiesta que tuvieron ellos hubo muertos, pero en una política equivocada de guerra sí hay muchos muertos”, afirmó Otty Patiño, excomisionado de Paz durante el Gobierno de Gustavo Petro, al referirse a las polémicas que rodearon algunos episodios de la llamada paz total. En entrevista con Recap Blu, Patiño reconoció que durante un proceso de paz pueden cometerse errores, pero defendió la necesidad de priorizar el diálogo frente a una estrategia basada exclusivamente en la confrontación armada.El exfuncionario respondió por situaciones como el denominado ‘tarimazo’ en La Alpujarra y una fiesta realizada por integrantes de estructuras criminales en la cárcel de Itagüí. Patiño aclaró que no justifica ninguno de esos hechos y sostuvo que estos no fueron provocados directamente por la Consejería de Paz.“No, no lo estoy justificando de ninguna manera”, respondió, antes de explicar que, desde su perspectiva, los errores cometidos durante una búsqueda de paz deben analizarse teniendo en cuenta sus consecuencias.Patiño también defendió la estrategia de negociación adelantada durante el Gobierno Petro y rechazó la afirmación de que la paz total hubiera sido simplemente un mecanismo para permitir que los grupos ilegales continuaran delinquiendo. Según explicó, durante su gestión hubo procesos que avanzaron en diferentes niveles, aunque reconoció que algunos, como el del ELN y el Estado Mayor Central liderado por Iván Mordisco, terminaron fracasando."Había varios procesos que fueron fallidos, como el caso del ELN, digamos, donde ellos demostraron que no había voluntad de paz. Y el proceso con el Estado Mayor Conjunto FARC, fundamentalmente al mando del señor Iván Mordisco, que en el Cauca decidió más bien lanzarse a la guerra que hacer parte, digamos, de un proceso de paz. Los demás, en los demás procesos había avances, en los otros 8 o 9 procesos que estábamos adelantando, que además tenían la característica de que eran muy territorializados, allí hubo avances considerables en cada uno de distintas maneras", afirmó.Frente a las críticas sobre las denominadas gestorías de paz, el excomisionado negó que estas figuras hubieran sido utilizadas como una “carta blanca” para delinquir o como instrumentos de política electoral. Aseguró que quienes recibían esa condición tenían obligaciones y debían presentar planes de acción que posteriormente eran evaluados. “Si no lo cumple, pues se le suspende la gestoría. Así de sencillo. Pero de allí para allá, que sea una carta blanca para delinquir, para protegerle actividades delictivas, jamás”, concluyó.