Los hechos que son materia de investigación están relacionados con el contrato celebrado el 28 de enero de 2022, con la Nacional Aviation Services Company S.A. (NASC S.A.) para la “recuperación y puesta en funcionamiento del helicóptero MI-17-1V (MD) EJC-3385 S/N 170M11", por valor de USD $ 7.747.710.
La Procuraduría señaló que, el 5 de mayo de 2022, las partes convinieron suspender la ejecución del contrato por dos meses calendario, por los conflictos entre Rusia y Ucrania que generaron incertidumbre y dificultades en el normal desarrollo de este.
Dos meses después, se acordó el reinicio de la ejecución contractual y posteriormente, el 27 de enero de 2023, las partes suscribieron un suplemento al contrato que modificó, entre otros aspectos, la forma y condiciones de pago y el plazo de ejecución, a pesar de que la situación que originó la suspensión del bilateral no había sido superada.
El ente disciplinario advirtió además sobre el riesgo de los recursos públicos por el supuesto giro del 50 % del valor del contrato como pago anticipado, “pese a lo cual, de acuerdo con las noticias informadas por diversos medios de comunicación, los helicópteros Ml-17 se encuentran en los hangares de Tolemaida sin prestar servicio”.
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En desarrollo de la investigación, la Procuraduría segunda delegada para la contratación estatal ordenó la práctica de pruebas para conocer el estado de la contratación, los pagos girados, así como las acciones adelantadas para lograr su ejecución.
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