Los ministros de Trabajo y Hacienda le acaban de pedir a la Superfinanciera que establezca si las AFP le trasladaron a Colpensiones los recursos correspondientes a los afiliados de manera suficiente, íntegra y completa.
“Se solicita adoptar las medidas necesarias que permitan establecer con claridad la suficiencia, integridad y completitud de los recursos trasladados, por trasladar a la fecha o que deban trasladarse, en atención a que dicha información resulta esencial para garantizar la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones y de Colpensiones”, señala la comunicación.
Según el Gobierno, existe un riesgo financiero derivado de la incertidumbre generada por las discrepancias en las cifras y en el número de afiliados reportados por las Administradoras de Fondos de Pensiones, en relación con los traslados de recursos desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) hacia el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM), administrado por Colpensiones.
Sin embargo, la petición tiene como telón de fondo una disputa de varias semanas entre el Gobierno de Gustavo Petro y el régimen privado de pensiones por 25 billones de pesos.
En varias declaraciones, el Gobierno ha sugerido que el no traslado de recursos pone en aprietos las finanzas públicas, aunque descartó que se vayan a suspender los pagos a unas 20 mil personas que se trasladaron y ya están tramitando o cobrando la pensión.
El Gobierno estima que unas 132 mil personas se han trasladado desde fondos privados hacia Colpensiones y que esos ahorros siguen en manos del sistema privado.
¿En qué va la disputa entre los fondos privados de pensiones y el Gobierno nacional?
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Hace unas semanas, el Gobierno emitió un decreto que daba a los fondos de pensiones 15 días para entregarle a Colpensiones 25 billones de pesos correspondientes a los ahorros de afiliados al sistema de pensiones que se trasladaron desde el régimen privado hacia Colpensiones. Sin embargo, el decreto terminó demandado ante el Consejo de Estado y ese tribunal suspendió el traslado de los recursos mientras la Corte Constitucional decide si la reforma pensional puede regir o no como ley de la República.
La decisión del Consejo de Estado provocó la molestia del presidente Gustavo Petro, quien ordenó a su Gobierno “investigar” a los fondos privados de pensiones por apropiarse de los recursos del público. La investigación fue abierta de inmediato y está en curso.
Los fondos privados de pensiones deben reportar información al regulador con una base prácticamente diaria, pero además el Gobierno conserva la facultad de hacer visitas de inspección, aprobar reglamentos de inversión, entre otras funciones.
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El Gobierno también elevó ante el Consejo de Estado un recurso de súplica, pidiéndole que reconsidere su decisión, y aún no hay una respuesta a ese pedido.
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