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El Consejo de Estado negó una solicitud de medida cautelar, la cual buscaba que “la vicepresidencia de la República entregara evidencias y certificados que indicaran que el galeón San José no ha sido objeto de saqueos u otro tipo de perjuicios”. Esta decisión se debe a una solicitud que alegaba la afectación de los derechos colectivos que se estaría gestando por la ejecución de la Alianza Público-Privada que busca asegurar la extracción del contenido de la embarcación.
La veeduría ciudadana pidió que el contenido del galeón, el cual se dice transportaba gran cantidad de monedas de oro producto de las expediciones realizadas por misiones de la corona española en América durante la época de la colonia y que se habría hundido en altamar, fuera acreditado por la vicepresidencia.
“Que el patrimonio sumergido de la Nación no se encuentra irremediablemente afectado y que probara las actuaciones emprendidas por esta dependencia del Gobierno ante los organismos de control y autoridades penales”, afirmaron.
El Consejo de Estado negó otra vez la petición de medida cautelar porque no se vislumbra un perjuicio irremediable frente a los derechos colectivos en disputa.
Para el Consejo de Estado no se acreditó que el Ministerio de Cultura y demás entidades nacionales demandadas hubieran omitido sus deberes para preservar el contenido de la embarcación sumergida.
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