Después de 37 años del atentado al vuelo 203 de Avianca, ocurrido en noviembre de 1989, perpetrado por el Cartel de Medellín y que dejó 107 víctimas, familiares denunciaron la falta de avances judiciales y de reparación integral. Las declaraciones se dieron durante una audiencia de memoria y homenaje realizada en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes.
“Tenemos un proceso de reparación que iniciamos y que no se ha culminado satisfactoriamente, porque muchas personas que hoy son adultas mayores, padres de las víctimas, no han recibido esa reparación administrativa ni medidas de satisfacción”, afirmó Gonzalo Rojas, hijo de una de las víctimas.
Durante la sesión, las víctimas cuestionaron a la Fiscalía General de la Nación por la ausencia de resultados contundentes en la investigación y reclamaron que aún no existen medidas de reparación satisfactorias para las familias afectadas. Además, Rojas cuestionó el papel de entidades como el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), especialmente frente al Caso 08, que investiga crímenes cometidos por agentes del Estado y terceros aliados.
“La JEP ya debería tener información porque han tenido a Mancuso y a otros miembros del paramilitarismo que fueron cercanos a Carlos Castaño. ¿Se logró establecer si Castaño estuvo involucrado o no en este atentado? ¿O el DAS? (...) ¿Eso es todo para mostrar?”, cuestionó Rojas.
Por su parte, Óscar Ramírez, director de la Comisión Colombiana de Juristas, recordó que el caso fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras una petición presentada en 2015. Según explicó, el organismo internacional advirtió graves demoras, de aproximadamente 36 años, e inactividad en la investigación penal adelantada por el Estado colombiano.
“La CIDH también señala que entre 1993 y 1995 la Fiscalía definió la situación jurídica de 11 implicados, a quienes otorgó beneficios por colaboración con la justicia, y desde entonces hasta 2009 no realizó ninguna gestión investigativa, hasta la declaratoria de crimen de lesa humanidad, según información entregada por el Estado”, explicó Ramírez.
Sobre la presunta participación de agentes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), también se refirió Ramírez. “En 2010 la Fiscalía recibió la declaración de alias Popeye, en la que refería la participación de agentes del DAS, línea investigativa hoy vigente, en el atentado. Pero desde esa fecha hasta la actualidad, la Fiscalía no ha vinculado a ninguno a la investigación; es decir, han pasado 15 años más”, dijo.
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En la audiencia también intervino Rafael Reyes, vocero de la familia de Dandeny Muñoz Mosquera, alias La Quica, quien aseguró que existen inconsistencias en el proceso judicial contra el exintegrante del cartel de Medellín, señalado como autor material del atentado.
“Hemos hecho reclamaciones contundentes ante la Fiscalía para que, por lo menos, haya sido escuchado en estos más de 30 años que lleva en una condena desproporcionada de 10 cadenas perpetuas más 150 años (...) Y a la fecha sigue respondiendo por un acto que, con respeto por muchos, se sabe en el corazón que no fue él”, señaló Reyes.
La jornada concluyó con cuestionamientos por la ausencia de representantes de la Fiscalía General de la Nación y de la Jurisdicción Especial para la Paz, entidades que habían sido citadas a la audiencia en la Cámara de Representantes.
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