El ministro de Justicia, Iván Alfonso Cancino González, solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar las denuncias sobre el llamado ‘Pacto de Valledupar’, por presuntas reuniones con antiguos jefes paramilitares en las que, supuestamente, se habrían ofrecido beneficios judiciales a cambio de declaraciones contra varias figuras políticas.
La petición fue enviada este 19 de octubre de 2026 a la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, con el propósito de establecer si estos hechos ocurrieron y si pudieron cometerse irregularidades.
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El documento recoge las versiones divulgadas por la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez; el periodista Melquisedec Torres, en una columna publicada en El Colombiano; y el abogado Juan Carlos Villamizar, en una entrevista con Caracol Radio.
Según esos señalamientos, los encuentros habrían ocurrido en Valledupar en octubre de 2025, con la participación de los exjefes paramilitares Saúl Alfonso Severini, Darío Laíno Scopetta y Héctor Germán Buitrago, conocido como alias ‘Martín Llanos’.
Las denuncias apuntan a que durante esas reuniones se habría buscado obtener declaraciones contra Álvaro Uribe Vélez, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras. A cambio, presuntamente, se les habrían ofrecido beneficios como ingresar a la Jurisdicción Especial para la Paz, recuperar la libertad o mejorar sus condiciones penitenciarias.
Uno de los testimonios mencionados es el de Juan Carlos Villamizar, abogado y asesor de Salvatore Mancuso, quien aseguró haber presenciado los encuentros. Según su relato, las reuniones fueron convocadas para hablar sobre la reapertura del proceso de Ralito, pero, en cambio, se habría solicitado a los exparamilitares declarar contra los tres dirigentes políticos.
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Juan Carlos Villamizar señaló a Angie Rodríguez y a Víctor de Currea Lugo, quien entonces se desempeñaba como asesor presidencial, como las personas que habrían llevado esa solicitud. También sostuvo que, según les habrían manifestado, las instrucciones provenían del entonces presidente de la República.
Sin embargo, de acuerdo con el abogado, los antiguos jefes paramilitares se negaron a hacer esas declaraciones. Por esa razón, afirmó que nunca existió un pacto. Estas afirmaciones hacen parte de los señalamientos que ahora deberán ser verificados por las autoridades.
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El ministro también advirtió que existe una diferencia en las fechas mencionadas públicamente. Mientras una información de El Heraldo, basada en declaraciones de Rodríguez, ubica los encuentros en noviembre de 2025, las versiones de Melquisedec Torres y Villamizar los sitúan entre el 22 y el 24 de octubre de ese año.
Ante estas discrepancias, Cancino pidió establecer si las reuniones realmente se realizaron, quiénes participaron, quién las convocó, de dónde provenían las instrucciones y cuál era su verdadero propósito.
La solicitud también busca determinar si hubo presiones o promesas de beneficios judiciales, traslados, libertades o mejoras penitenciarias a cambio de declaraciones previamente acordadas o contrarias a la verdad. Además, pide establecer si se promovieron denuncias, testimonios o pruebas falsas ante autoridades judiciales o administrativas.
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Otro punto que deberá revisar la Fiscalía es si se utilizaron recursos públicos, cargos oficiales o mecanismos de justicia transicional para fines distintos a los permitidos por la ley.
Finalmente, el ministro Cancino pidió evaluar la recepción o ampliación de testimonios, especialmente de quienes aseguran haber presenciado las reuniones, así como la recolección de actas, agendas, registros de ingreso, comunicaciones y documentos relacionados con posibles ofrecimientos.