La Fiscalía General de la Nación reactivó las órdenes de captura nacionales contra 11 exmiembros representantes de paz del grupo criminal Comuneros del Sur, disidencia del ELN. La decisión se produce después de que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella terminara las negociaciones de paz con el grupo y revocara la designación de sus delegados.
La determinación quedó consignada en la Resolución 0-0273 del 7 de septiembre de 2026, en la que la Fiscalía explicó que las órdenes de captura habían sido suspendidas mientras los integrantes de la organización tenían la condición de miembros representantes designados por el Gobierno Nacional anterior para participar en los diálogos.
La suspensión se había aplicado mediante diferentes resoluciones de la Fiscalía, con fundamento en la Ley 2272 de 2022, el Decreto 1081 de 2015 y otras normas relacionadas con la política de paz. Estas disposiciones permitieron suspender la ejecución de órdenes de captura contra personas que participaban en procesos de diálogo, negociación, acercamientos, conversaciones o espacios sociojurídicos.
El 3 de septiembre de 2026 mediante la Resolución Presidencial 365, el Gobierno Nacional dio por terminada la mesa de diálogo con el autodenominado Frente Comuneros del Sur. Ante esta decisión, la Fiscalía consideró que debía reactivarse la ejecución de las órdenes de captura de quienes habían recibido el beneficio de suspensión por su condición de representantes.
Los exrepresentantes incluidos
El artículo primero de la Resolución 0-0273 ordena reactivar las órdenes de captura nacionales contra Oliverio Orfilio Pai Rodríguez, alias “Chuki”, Gabriel Yepes Mejía, alias 'HH', Lorena Vanesa Sevillano Ortiz, alias 'Taliana', Santo Eligio García Natascuas, alias 'Santos', Jaime Eduardo Álvarez Riascos, alias 'Lalo', Leidy Paola Tapia Benavides y Víctor Alfonso Rodríguez Canticuz.
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Entre los nombres relacionados se encuentra Gabriel Yepes Mejía, alias 'HH'. Además de la reactivación de su orden de captura, también fue reactivado su proceso de extradición, según la información suministrada.
La resolución señala que la medida se adopta como consecuencia directa de la pérdida de la condición de miembros representantes, que era la base para mantener suspendida la ejecución de las órdenes de captura nacionales.