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Cuatrocientos sesenta exguerrilleros colombianos han sido asesinados desde la firma en 2016 de los Acuerdos de Paz de Colombia, según cifras proporcionadas por el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia, Alejandro Ramelli, en una entrevista con EFE.
"Es un dato muy preocupante (...) La sección en la que yo trabajo ha adoptado medidas para protegerlos porque entendemos que cada guerrillero asesinado supone no solamente llevarse la verdad que tenía que dar a las víctimas, sino también un ataque contra futuros procesos de paz", explicó Ramelli desde un hotel en Nueva York.
El magistrado se encuentra en la Gran Manzana en calidad de representante observador en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde se presenta hoy el informe trimestral de la Misión de Verificación de Naciones Unidas sobre el estado de la implementación de los Acuerdos de Paz, suscritos hace nueve años entre el Estado colombiano y las FARC-EP.
Ramelli desglosó que ayer, jueves, ya mantuvo un desayuno de trabajo con los quince miembros del Consejo de Seguridad que calificó como un "diálogo abierto, franco y respetuoso".
"La comunidad internacional sigue apostándole al proceso de paz de 2016. Es un proceso exitoso (...) A pesar de los asesinatos, a pesar de la las disidencias, a pesar de que cada uno de esos grupos quiere cortarlos, ellos (los firmantes de paz) siguen cumpliendo", añadió posteriormente el presidente de la JEP.
Aunque reconoció que los acuerdos "no se han cumplido en su totalidad" y que los avances en temas estructurales como la gestión de los cultivos ilícitos -hoja de coca, principalmente- y la reforma rural integral continúan "rezagados".
"Obviamente, habrá que hacer otros procesos para cerrar completamente el conflicto, pero es que una cosa no se opone a la otra", puntualizó Ramelli, que se afanó durante la entrevista en separar, por un lado, el "éxito" del proceso con los firmantes y, por otro, las matanzas y el desplazamiento forzado actual, debidas también al fraccionamiento de las FARC y el ELN en distintos grupos disidentes.
Sin embargo, esta posición contrasta con la esbozada a finales de abril por la Secretaría General de la ONU, que pidió al Gobierno del país andino una "implementación más profunda" de los acuerdos, tras los entonces sonados brotes de violencia en la región del Catatumbo o en departamentos como el Cauca, entre muchos otros.
El líder del ente cuya función es administrar la justicia transicional en Colombia dijo que con este viaje a Nueva York ha entendido "un poco más" la situación de la "crisis (de financiación) para proyectos de cooperación internacional" presente en todo el entramado de la ONU, en el sistema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en USAID (la agencia de desarrollo de EE. UU. que ha resultado prácticamente desmantelada por Donald Trump).
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Y añadió que existe "un gran debate presupuestario" dentro de Naciones Unidas acerca "principalmente de la aportación de Estados Unidos y de algunos países europeos".
Además, aceptó que la comunidad internacional está más centrada en conflictos como el de Gaza o la guerra de Ucrania que en los males estructurales de Colombia.
En 2024, el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para la Paz en Colombia aprobó un presupuesto de casi 11,5 millones de dólares para iniciativas de paz, dentro de las cuales se incluyen proyectos para el fortalecimiento de la justicia transicional, incluida la JEP.
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USAID también otorgó 3,5 millones de dólares el año pasado a la JEP para investigaciones de macrocasos de violencia sistemática en el contexto del conflicto armado colombiano.
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