La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, formuló pliego de cargos a directivos del Grupo Aval por presuntas irregularidades en medio del proyecto de la Ruta del Sol sector II.
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En sus últimos días en el cargo, el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, vinculó a pesos pesados del sector financiero y de infraestructura al escándalo que detonó en Colombia, hace ya más de un año, por cuenta de los sobornos de la multinacional Odebrecht. Robledo formuló pliego de cargos contra varios miembros del Grupo Aval entre los que se encuentran Luis Carlos Sarmiento Gutierrez, hijo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, y José Elías Melo, entonces presidente de Corficolombiana.
La Superintendencia recibió las declaraciones de Luiz Antonio Bueno, el director de Odebrecht en Colombia, y del exviceministro de Transporte del Gobierno Uribe, Gabriel García Morales, quien aceptó haber recibido al rededor de seis millones de dólares de soborno de parte de Odebrecht para influenciar la adjudicación de la ruta del Sol II y los contratos de la empresa brasileña.
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El pliego uno tiene que ver en concreto con un acuerdo entre Corficolombiana y Odebrecht para dividir el pago del soborno a García Morales entre las dos compañías a partir de la utilidad del proyecto que es una doble calzada que va de Cundinamarca a Cesar con una extensión de más de 500 kilómetros.
“Por presuntamente incurrir en varias prácticas contrarias al régimen de protección de la libre competencia económica durante la estructuración y adjudicación del tramo II del Proyecto Ruta del Sol, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 67.837 del 13 de septiembre de 2018 (168 folios), formuló pliego de cargos contra algunas de las empresas y personas vinculadas con la licitación pública SEA-LP-001 de 2009 que dio origen al contrato de concesión 001 de 2010 suscrito entre el INCO (Hoy ANI) y la concesionaria Ruta del Sol", dice la SIC en un comunicado.
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Según la Superintendencia Odebrecht realizó contratos ficticios de asesoría con una empresa española cercana que era DCS Management. Fueron tres pagos en el 2010 para un total de $20.594.134.000 millones de pesos con los que se habría ajustado la participación de Corficolombiana en el soborno al exviceministro quien en ese momento era director del Instituto Nacional de Concesiones, luego convertido en Agencia Nacional de Infraestructura.
Por ese hecho hay una imputación contra Constructors Norberto Odebrecht, Odebrecht Investment, Corporación Financiera Colombiana, Estudios y Proyectos del Sol SA, Concesionaria Ruta del Sol, y Gabriel Ignacio García Morales.
También como agentes del mercado fueron imputados Luiz Antonio Mameri, Luiz Antonio Bueno, Luiz Eduardo Da Rocha, Manuel Ricardo Cabral, y Yezid Augusto Arocha,todos estos funcionarios de Odebrecht, y a José Elías Melo, presidente de Corficolombiana.
La Súper asegura que hubo otros pagos sospechosos a empresas en Panamá por cerca de 76 mil millones de pesos.
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El otro hecho grave que involucra a Sarmiento Gutiérrez tiene que ver con un conflicto de intereses que no fue reportado. La Corporación Financiera Internacional jugó un papel preponderante en la adjudicación porque fue el organismo multilateral escogido para la contratación de la vía. Y una alta funcionaria de la IFC era María Victoria Guarín Vanegas.
Guarin Vanegas estaba casada con Diego Fernando Saravia, vicepresidente del Grupa Aval. La Supersalud encontró un correo entre Luis Carlos Sarmiento Gutierrez y José Elías Melo en donde el primero le pedía al segundo que se pusieran en contacto con ella para “exponer nuestras expectativas en relación con los términos de la operación”.
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Por esos hechos, fueron imputados Corficolombiana, Episol, Grupo Aval y Luis Carlos Sarmiento Gutierrez, Diego Fernando Solano, José Elías Melo, Gustavo Antonio Ramírez, vicepresidente de inversiones de Corricolombiana, Alejandro Sánchez Vaca, vicepresidente de banca de inversión, y contra María Victoria Guarín Vanegas, senior investment offficer de la IFC.
La SuperIndustria compulsó copias a la Fiscalía para que se investiguen estas conductas en lo penal. Esto es el inicio del proceso. De encontrarse culpables por cada uno de los pliegos las personas jurídicas deberán pagar hasta $78.000 millones y las personas naturales hasta $1.560 millones.
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La entidad indica que en la indagación preliminar recibió la declaración de altos directivos de las empresas, entre ellos, Manuel Ricardo Cabral Ximenes (director del contrato para el proyecto Ruta del Sol de Odebrecht), Yezid Augusto Arocha Alarcón (director jurídico de Odebrecht), Diego Fernando Solano Saravia (vicepresidente de planeación dorporativa de Grupo Aval), entre otros.
Según un comunicado, la SIC estableció que el soborno se habría producido a partir de una práctica deliberada de Odebrecht, que hacía parte de su forma habitual, continua y reiterada de hacer negocios en varios países del mundo para obtener adjudicación de contratos de obra pública, tal y como lo reconoció en el Acuerdo de Culpabilidad (Plea Agreement) que suscribió ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
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