La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre tres inmuebles avaluados en más de 3.664 millones de pesos, que harían parte del patrimonio del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga Escobar y de su entorno familiar. Los bienes estarían vinculados a la investigación por la presunta financiación internacional de su campaña presidencial de 2014.La actuación se deriva del trabajo adelantado por el Grupo de Tareas Especiales para el caso Odebrecht, que recopiló elementos materiales probatorios relacionados con el supuesto aporte que la multinacional brasileña habría realizado a la campaña ‘Zuluaga Presidente 2014-2018’.De acuerdo con la hipótesis investigativa, Odebrecht habría asumido el pago de 1.610.740 dólares en servicios de publicidad en beneficio de la campaña. Este aporte presuntamente no habría sido reportado en los balances de la campaña ni informado a las autoridades electorales.La Fiscalía sostiene que, al provenir de una persona jurídica extranjera, este aporte constituiría una fuente de financiación prohibida para las campañas políticas.Los recursos comprometidos habrían sido transferidos entre junio y julio de 2014 a una sociedad constituida en Panamá y asociada al publicista brasileño José Eduardo Cavalcanti. Para ese momento, los giros representaban más de 3.000 millones de pesos.Las medidas cautelares recaen sobre un apartamento y la tercera parte de una vivienda, ubicados en Bogotá, además de un inmueble localizado en Pensilvania, Caldas.Según la investigación, algunas de estas propiedades pertenecían directamente a Óscar Iván Zuluaga Escobar, pero en junio de 2023 fueron transferidas mediante donación a integrantes de su círculo familiar.
El Tribunal Superior de Cundinamarca confirmó la decisión que negó la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía General de la Nación y ordenó continuar con las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del exauditor de la Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano Callejas, así como el fallecimiento de su hijo, Alejandro Pizano, ocurridos en noviembre de 2018.De acuerdo con el expediente, el 8 de noviembre de 2018, hacia las 7:30 de la mañana, Jorge Enrique Pizano fue encontrado inconsciente por su esposa en el baño de la habitación principal de la finca El Ático, en Subachoque (Cundinamarca). Aunque fue trasladado al centro de salud del municipio, ingresó sin signos vitales.Tres días después, el 11 de noviembre de 2018, su hijo Alejandro Pizano falleció en el mismo inmueble luego de ingerir el contenido de una botella de agua saborizada a la que se le había agregado cianuro. La Fiscalía sostuvo que Jorge Enrique Pizano murió por causas naturales, producto de una afección cardíaca asociada a patologías preexistentes, antes de que pudiera concretar un supuesto propósito de quitarse la vida mediante la ingestión de una mezcla de agua con cianuro que, según esa hipótesis, él mismo habría preparado en una botella. Bajo esa misma teoría, el ente acusador concluyó que la muerte de Alejandro Pizano obedeció a la ingesta accidental de ese contenido y atribuyó al padre la creación del riesgo que desencadenó el desenlace fatal.Sin embargo, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Funza negó la solicitud de preclusión mediante decisión del 8 de marzo de 2024, determinación que fue apelada por la Fiscalía y ahora confirmada por el Tribunal Superior de Cundinamarca.En la providencia, el Tribunal concluyó que la Fiscalía presentó “asertos que carecen de la acreditación requerida para disponer la preclusión de la investigación que postula, sin desarrollar a plenitud la función constitucional que le asiste de adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito”.Asimismo, precisó que la existencia de una enfermedad cardíaca previa no permite establecer de manera concluyente la causa del fallecimiento del exauditor. En ese sentido, señaló que “aunque la autopsia clínica acredita la existencia de una enfermedad cardíaca preexistente, no demuestra que fuera la causa de muerte de Pizano Callejas, luego, la Fiscalía tampoco puede proponerlo como hecho irrefutable funcional a su postulación”. El Tribunal también encontró inconsistencias y vacíos en varios testimonios recopilados durante la investigación. Según el fallo, los declarantes coincidieron en que la finca El Ático no era un lugar de acceso exclusivo, ya que varias personas tenían llaves del inmueble y era frecuente la presencia de trabajadores y terceros.Finalmente, el Tribunal advirtió que la investigación no ha descartado de manera suficiente otras hipótesis sobre las muertes de Jorge Enrique Pizano y su hijo. En la decisión concluyó que “aunque existen elementos que podrían ser compatibles con distintas teorías, entre ellas el homicidio, suicidio o la muerte natural, ninguna ha sido demostrada conforme el estándar probatorio exigido”.La corporación agregó que tampoco se han explorado plenamente “hipótesis delictivas plausibles”, incluida una eventual relación entre ambos fallecimientos y el caso de los sobornos de Odebrecht, así como con sus posibles beneficiarios o con personas ya judicializadas y condenadas en Colombia o en el exterior.Por ello, el Tribunal determinó que la preclusión únicamente procede cuando existe ausencia de mérito para acusar, presupuesto que, según la decisión, no se configura en este caso debido a que persisten elementos que exigen profundizar la investigación penal sobre los hechos.
Blu Radio conoció en exclusiva que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia no abrió investigación formal contra el congresista Ciro Antonio Rodríguez por el escándalo de Odebrecht. El parlamentario fue señalado de presuntamente haber intervenido en gestiones favorables a la multinacional brasileña para facilitar la aprobación de adiciones contractuales relacionadas con la vía Ocaña-Gamarra.Sin embargo, tras evaluar las pruebas, el alto tribunal determinó que no se cumplían las exigencias legales necesarias para avanzar a una investigación formal, por lo que optó por una decisión inhibitoria en este caso concreto.Los hechos investigados por la Corte Suprema de Justicia se enmarcan en el esquema de sobornos reconocido por Odebrecht ante las autoridades de Estados Unidos. De acuerdo con el expediente, la compañía habría pagado cerca de 11 millones de dólares entre 2009 y 2014 a funcionarios y particulares en Colombia para obtener beneficios en la adjudicación y ejecución de contratos de infraestructura.Dentro de ese contexto, la investigación señalaba que Ciro Antonio Rodríguez Pinzón habría sido presuntamente beneficiado con pagos ilícitos canalizados a través de filiales de Odebrecht para intervenir en favor de la multinacional. La hipótesis apuntaba a que, desde su condición de integrante de la Comisión Sexta del Senado, habría promovido debates de control político y realizado gestiones orientadas a respaldar las adiciones contractuales y facilitar decisiones favorables para la compañía.Pese a esta tesis de la Fiscalía, la Corte decidió inhibirse y, por tanto, no abrió una investigación formal al congresista por duda razonable: “Como se mencionó en precedencia, existen medios de prueba que podrían sugerir, así fuese de forma ínfima y probable, todas aquellas situaciones […] Se desdibuja la posibilidad de una atribución de cargos directa y específica contra el sindicado. Por ello, conllevan a predicar la existencia de dudas potenciales que deben resolverse en su favor”, señaló la Sala.
Los abogados defensores de los exdirectivos de Odebrecht, Luiz Antonio Bueno Junior y Eleuberto Martorelli, así como los representantes legales de Amilton Hideaki Sendai y Manuel Ricardo Cabral Ximenes, avanzan en reuniones con la Fiscalía General de la Nación para evaluar la viabilidad de un eventual principio de oportunidad dentro del caso de corrupción que involucra a la constructora brasileña.Estos acercamientos se dan en el marco de la investigación que reveló que Odebrecht sobornó a servidores públicos en varios países, incluido Colombia, con el objetivo de obtener contratos de obra pública, entre ellos el proyecto de la Ruta del Sol II.Según se ha conocido, las reuniones están orientadas a estructurar una matriz de colaboración, en la que se identifiquen hechos penalmente relevantes que puedan contribuir a la judicialización de otros posibles implicados en el entramado de corrupción. Este proceso también incluiría la definición de compromisos concretos por parte de los investigados, así como eventuales acuerdos de reparación económica.Aunque previamente se había anunciado la posibilidad de imputaciones contra estos y otros implicados, hasta el momento no se ha concretado la formulación de cargos. En ese contexto, la Fiscalía analiza si los aportes que puedan realizar los exdirectivos permiten avanzar hacia un acuerdo bajo la figura del principio de oportunidad.De consolidarse una matriz de hechos y compromisos, el ente acusador podría adelantar las imputaciones correspondientes y, posteriormente, las audiencias para la legalización de la suspensión de los procedimientos penales, las cuales se mantendrían condicionadas al cumplimiento de los acuerdos.No obstante, la Fiscalía ha dejado claro que estos acercamientos deberán ser avalados por un juez de la República y que, en paralelo, continuará fortaleciendo sus líneas investigativas. En ese sentido, el ente acusador mantiene activas las pesquisas para esclarecer la totalidad del entramado criminal relacionado con el caso Odebrecht en Colombia.Finalmente, advirtió que, de no prosperar los acercamientos o no obtener el aval judicial necesario, la Fiscalía continuará actuando conforme al avance de las investigaciones, lo que podría implicar la reactivación de las imputaciones y el curso ordinario del proceso penal contra los implicados.
El juicio por el caso de Odebrecht, la mayor trama de corrupción en la historia de Panamá, comenzó este lunes con una veintena de imputados que enfrentan penas de hasta 12 años de prisión, entre ellos el expresidente Ricardo Martinelli, quien participó de forma virtual desde Colombia, en un proceso judicial que se prevé largo por el volumen del expediente y los alcances del caso.El acto de audiencia de juicio, pospuesto desde 2023 en al menos seis ocasiones, quedó abierto luego de que la jueza Baloísa Marquínez pidiera a las partes identificarse, incluidos los imputados, entre ellos exministros del Gobierno de Martinelli (2009-2014) y el propio expresidente, que se conectó por la vía virtual.Todos los imputados presentes en la sala y los que participaron de forma virtual respondieron que "no" eran responsables del delito de blanqueo de capitales imputado en una decisión judicial del 7 de noviembre de 2022, como les preguntó a cada uno la jueza, que durante la audiencia evacuó peticiones judiciales de última hora, incluido al menos un acuerdo de pena cuyo alcance e involucrados no fue revelado.El abogado defensor del expresidente, Carlos Carrillo, que aseguró antes de entrar a la sala del tribunal que Martinelli "no guarda relación con los hechos de esta investigación" del caso Odebrecht, criticó varias decisiones de la jueza, que le respondió que esas alegaciones debían presentarse en otra etapa posterior de la audiencia de juicio.Martinelli está asilado en Colombia desde mayo pasado, tras permanecer refugiado más de un año en la embajada nicaragüense en Panamá para evitar ir a prisión después de ser condenado a más de 10 años de cárcel por blanqueo por el caso ‘New Business’, sobre la compra de un conglomerado de medios con dinero público.Dos hijos del expresidente, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, ya cumplieron cárcel en EE.UU. por Odebrecht, tras confesar en una corte federal que participaron "en pagos de sobornos hechos por y bajo la dirección" de la constructora por un total de 28 millones de dólares, lo que hicieron "por órdenes del padre", como alegó su defensa.Los hermanos Martinelli enfrentarán el caso Odebrecht en Panamá ante la Corte Suprema de Justicia, al igual que el expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), debido a que son miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen), lo que les otorga un fuero especial.El Ministerio Público (MP, Fiscalía) indicó este lunes en sus redes sociales que la audiencia se "inicia contra 23 personas por sus vinculaciones al delito de blanqueo de capitales", y que su equipo, liderado por la fiscal Ruth Morcillo, "se encuentra preparado para sustentar condena en este caso".La investigación por el caso Odebrecht en Panamá se abrió en 2015, fue archivada, reabierta en 2017 - luego que la empresa confesó en EE.UU. que había pagado 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países - y culminó en octubre de 2018.La Fiscalía ha logrado más de una decena de acuerdos de pena con los imputados, que inicialmente eran 36 personas.Este juicio podría durar meses, ya que solamente el expediente en manos de la magistrada tiene al menos 2.757 tomos y más de 1,3 millones de páginas.Odebrecht pagó más de 80 millones de dólares a funcionarios y particulares, según las confesiones de André Rabello, quien dirigió por varios años las operaciones de la constructora brasileña en Panamá.
La reciente absolución del exgerente de TransMilenio y exsecretario de Movilidad de Bogotá, Francisco Fernando Álvarez, cerró un proceso judicial que se extendió durante ocho años y que incluyó seis meses de reclusión en La Picota. El fallo, que confirma su inocencia, no solo significa un respiro personal y familiar, sino que revive el debate sobre el papel de la Fiscalía en aquel momento y la forma en que se manejaron casos de alto perfil vinculados con supuesta corrupción en el sector público.En entrevista con Mañanas Blu, Álvarez relató el impacto que tuvo el proceso en su vida profesional y personal. Afirmó que, más allá del desgaste judicial, lo más difícil ha sido recuperar su nombre en la opinión pública, marcado por titulares que lo señalaban en su momento como responsable de graves delitos que nunca se probaron.Crítica a la Fiscalía y el papel de los mediosEl exfuncionario fue enfático en señalar que su caso no fue aislado, sino parte de una estrategia mediática liderada por la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. “Era evidente que lo que se buscaba era llenar de titulares de prensa para mostrar una lucha contra la corrupción, aunque no hubiera pruebas reales”, aseguró.Álvarez incluso fue más allá y vinculó esa estrategia con la coyuntura del escándalo de Odebrecht. “Me usaron para distraer al país de Odebrecht”, dijo, al recordar cómo su imputación coincidió con momentos clave de ese caso. Según explicó, en 2018 hubo una ola de imputaciones contra más de mil funcionarios públicos, en lo que describió como un “programa de resultados” que sacrificó la honra de muchas personas inocentes.Ocho años de calvario judicialEl economista y abogado destacó que su confianza en la justicia y el apoyo de su familia fueron fundamentales para resistir un proceso que parecía interminable. Sin embargo, advirtió que la reparación del daño no será sencilla. “Cuando me detuvieron, era noticia en todos los medios; ahora que me absuelven, cuesta mucho más recuperar el buen nombre”, comentó.Álvarez también agradeció la cobertura reciente de medios que han reseñado su absolución, aunque insistió en que el daño ya está hecho. Para él, lo más preocupante es que se repitan casos similares con otros funcionarios que enfrentaron imputaciones sin fundamentos sólidos.Un llamado a la responsabilidadEl testimonio de Álvarez es, además, un llamado a la autocrítica del periodismo y a la responsabilidad de las instituciones de control. “Las fuentes oficiales muchas veces tienen intereses, y cuando no se contrasta la información, se terminan destruyendo vidas”, advirtió durante la entrevista.Hoy, con el fallo que lo exonera, Francisco Fernando Álvarez inicia el camino de reconstrucción de su carrera y de su prestigio, aunque el recuerdo de esos ocho años de proceso sigue siendo una cicatriz difícil de cerrar.
El exministro de Defensa de Colombia y exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, reaccionó públicamente a la orden de captura en su contra emitida por la justicia guatemalteca. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Velásquez rechazó la acusación y apuntó directamente contra las autoridades que impulsan el proceso.“Ahora, la corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche —designados como corruptos y sancionados por EE. UU. y la Unión Europea— extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí. Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la fiscalía ha obligado al exilio”, escribió el exministro en su pronunciamiento.El mensaje se da pocas horas después de que el fiscal Rafael Curruchiche anunciara la orden de captura contra Velásquez y la actual fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, por delitos relacionados con el caso Odebrecht, entre ellos asociación ilícita, tráfico de influencias, obstrucción de la justicia y colusión.Velásquez, quien lideró durante varios años la CICIG y fue reconocido por su lucha contra la corrupción en Guatemala, señaló que esta acción judicial hace parte de una campaña de persecución por parte de funcionarios señalados internacionalmente por obstaculizar la justicia. Tanto Curruchiche como la fiscal general guatemalteca Consuelo Porras han sido incluidos por el Departamento de Estado de Estados Unidos en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos.
La justicia de Guatemala emitió una orden de captura contra el exministro de Defensa Iván Velásquez Gómez y la actual fiscal general, Luz Adriana Camargo, en el marco del escándalo de corrupción relacionado con la constructora Odebrecht.La solicitud fue hecha por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), encabezada por el fiscal Rafael Curruchiche, quien anunció que ambos enfrentan cargos por los delitos de asociación ilícita, obstrucción de la justicia, tráfico de influencias y colusión. Según la FECI, los señalados habrían actuado en el pasado en favor de los intereses de la empresa brasileña durante investigaciones vinculadas a la red de sobornos que la multinacional tejió en América Latina.Curruchiche acusó directamente a Velásquez, quien fue jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de liderar una “estructura criminal” que habría favorecido a Odebrecht, lo que, según el fiscal, provocó un perjuicio superior a los 3.000 millones de quetzales para el Estado guatemalteco.En su comunicado, el Ministerio Público guatemalteco aseguró que esta acción reafirma su compromiso con la lucha contra la corrupción e insistió en que todos los implicados deberán responder ante la justicia."La estructura criminal encabezada por el excomisionado Iván Velásquez Gómez favoreció a los empresarios de la constructora Odebrecht y provocó que el Estado de Guatemala perdiera más de 3.000 millones de quetzales. El Ministerio Público reafirma su compromiso de luchar contra la corrupción e impunidad en Guatemala y que todos enfrenten el peso de la ley", señaló el fiscal Curruchiche.
El gobierno colombiano otorgó asilo político al expresidente de Panamá Ricardo Martinelli condenado en su país a más de 10 años de cárcel por corrupción y lavado de activos en el caso New Business.La medida sorprende porque Petro, durante años, fue uno de los críticos más fuertes de Martinelli y lo señaló públicamente como parte de una red de protección política que favorecía la impunidad.Desde 2010, Petro publicó varios mensajes en redes sociales en los que criticaba el asilo que Martinelli le dio a María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS condenada en Colombia a 15 años de prisión por interceptaciones ilegales.Petro también acusó a Martinelli de tener vínculos con el expresidente Uribe y de pedir ayuda a Estados Unidos para hacer espionaje, según documentos revelados por Wikileaks. Incluso, en 2016 y 2019, Petro señaló a los hijos de Martinelli de recibir sobornos de Odebrecht y de otras empresas como FCC.Ahora, en mayo de 2025, el propio Petro decidió concederle asilo a Martinelli, lo que ha hecho que algunos se pregunten qué cambió: si fue la información, las circunstancias o las convicciones del presidente.Mientras tanto, la Casa de Nariño ha dado mayores detalles sobre los motivos concretos, y solo emitió un comunicado en el que dice que la decisión se tomó por razones humanitarias y siguiendo el principio pro persona.El gobierno panameño aceptó la salida de Martinelli, quien estaba refugiado en la embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá, y le dio un salvoconducto para viajar a Colombia.Aunque Panamá dijo que se respetaron las normas internacionales sobre asilo, en Colombia crece el debate por lo que muchos ven como una contradicción entre el discurso del pasado de Petro y sus decisiones actuales en el poder.Los trinos de Gustavo Petro, publicados a lo largo de casi una década, revelaron una línea constante: la denuncia de una alianza política y judicial entre los expresidentes Álvaro Uribe y Ricardo Martinelli, con la complicidad pasiva, según él, del ahora expresidente Juan Manuel Santos.El centro de sus críticas del entonces senador giró en torno a la protección de María del Pilar Hurtado, símbolo de lo que Petro describió como un aparato de persecución ilegal que debía rendir cuentas ante la justicia.Críticas por el asilo a María del Pilar HurtadoLos trinos más antiguos datan de noviembre de 2010, cuando se conoció que el gobierno de Martinelli había concedido asilo político a María del Pilar Hurtado. Petro respondió entonces con mensajes irónicos.El 19 de noviembre de ese año retuiteó comentarios que destacaban la cercanía de Martinelli con Uribe y la protección ofrecida a Hurtado, quien era requerida por la justicia colombiana por su participación en las interceptaciones ilegales a magistrados, periodistas y opositores políticos.Un día después, Petro escribió: “Uribe, después que su amigo Martinelli encubre al delincuente, me ataca porque no fui a la audiencia de su tribunal de bolsillo”. En otra respuesta a usuarios, añadió: “Santos está aceptándole a Martinelli que es un perseguidor político”, dejando en evidencia su desacuerdo con la postura del nuevo presidente colombiano, a quien señalaba de legitimar el asilo y contribuir a la impunidad.El 21 de noviembre, el entonces congresista continuó con sus críticas: “Dada la actitud de Santos ante Martinelli, lo lleva al conflicto con la justicia y lo devuelve a Uribe”. Para Petro, la administración de Santos no había roto con el uribismo en asuntos fundamentales como el respeto a la justicia y la lucha contra el espionaje ilegal. Sin embargo, esta postura crítica no pareció tener consecuencias concretas más allá del debate público.Revelaciones de Wikileaks y nuevas sospechasEl 25 de diciembre de 2010, Petro publicó varios trinos en los que aludió a documentos de Wikileaks que implicaban a Martinelli en prácticas de interceptación ilegal. “Con razón Martinelli ayudó a Uribe, si el presidente panameño le pidió a USA interceptar teléfonos”, escribió. En otro mensaje señaló: “Gracias a Wikileaks ahora sabemos por qué Martinelli ayudó a Uribe con el asilo de María Hurtado”.Ese mismo día cuestionó si el gobierno colombiano había respaldado indirectamente al panameño en su petición: “Si USA se negó al pedido de Martinelli, ¿el gobierno colombiano lo habrá ayudado?”, se preguntó Petro, insinuando complicidad por parte del Estado colombiano.A finales de ese año, el 29 de diciembre, Petro reforzó la idea de una alianza ideológica entre ambos expresidentes al afirmar: “Por esto Uribe y el panameño Martinelli se entendían tan bien, Dios los hace y...”.De Hurtado a los sobornos de Odebrecht y constructora de SlimEn 2011, Petro retomó el tema con otro señalamiento a Uribe, esta vez con un tono más desafiante: “Si Uribe quisiera y no temiera esclarecer su papel, debería escribir a su amigo Martinelli para que entregue a María Hurtado a la justicia”.Años después, cuando estalló el escándalo de Odebrecht, Petro relacionó directamente a los hijos de Martinelli con la recepción de sobornos. El 23 de diciembre de 2016 publicó: “Hijos del expresidente acusado de interceptación ilegal recibieron sobornos de Odebrecht. Se trata de Martinelli, Panamá”.El 16 de octubre de 2019 amplió esa denuncia al mencionar a la constructora Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), socia de Carlos Slim, que según investigaciones había pactado con la Fiscalía de Panamá tras reconocer pagos ilegales. “FCC [...] sobornó hijos del presidente Martinelli y pagó 500 millones de dólares más en sobornos en Centroamérica, es socia de Odebrecht…”, escribió Petro, ampliando el foco de su crítica a una red internacional de corrupción. Las acusaciones fueron reportadas en medios panameños y españoles, aunque no todos los procesos han concluido en condenas.Una decisión que revive el archivo de sus propias palabrasAhora, tras la decisión de concederle asilo a Martinelli, las palabras del presidente Petro vuelven como eco de una narrativa que construyó durante años. Muchos se preguntan qué cambió: ¿la evidencia, las circunstancias o la convicción?¿Cambió la evidencia?No parece. La condena contra Martinelli en Panamá por lavado de activos y corrupción se basa en investigaciones que refuerzan, más que debilitan, las acusaciones que el propio Petro respaldó durante años desde la oposición. La información que antes sirvió de sustento para denunciarlo hoy sigue siendo válida, incluso reforzada por fallos judiciales. No se ha presentado ninguna nueva prueba que lo desvincule de los hechos por los que fue condenado.¿Cambió el contexto? Posiblemente. Petro hoy es jefe de Estado y no congresista opositor. Las relaciones exteriores, las tensiones regionales y el interés de Colombia por asumir un papel de liderazgo humanitario en América Latina podrían haber influido en una decisión que, en otro tiempo, habría criticado con vehemencia. En este nuevo rol, el presidente debe equilibrar intereses diplomáticos, jurídicos y humanitarios, aunque esto implique contradicciones con su historial discursivo.¿Cambió la convicción? Esa es la pregunta más difícil. Si no es la evidencia ni el contexto lo que ha variado en esencia, la sospecha recae sobre un posible cambio de principios. Para algunos analistas, conceder asilo a alguien a quien antes se consideró emblema de la impunidad podría indicar una flexibilidad política que roza la incoherencia. Para otros, podría ser el resultado de una visión pragmática del poder, en la que el derecho al asilo trasciende los antecedentes penales si se considera que hay persecución política.Comunicado de Panamá sobre el asilo a MartinelliEl Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá informó que el Gobierno de Colombia, mediante nota formal dirigida por el presidente Gustavo Petro al presidente panameño José Raúl Mulino, otorgó asilo al ciudadano Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, quien se encontraba asilado en la Embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá.En consecuencia, el gobierno panameño concedió el salvoconducto necesario para la salida del expresidente Martinelli, permitiéndole trasladarse en un carro diplomático desde la sede diplomática de Nicaragua hasta un aeropuerto, desde donde partió en avión rumbo a Colombia.El comunicado resalta que Colombia es un Estado que históricamente ha respetado y promovido el Derecho Internacional, incluyendo el asilo en el sistema interamericano. Panamá expresó su confianza en que la concesión del salvoconducto cumple con lo establecido en la Convención sobre Asilo de 1928 y la Convención sobre Asilo Político de 1933.Comunicado oficial de Colombia sobre la decisión presidencialPor su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un escueto comunicado en el que informó que el presidente Gustavo Petro concedió asilo político a Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, decisión que fue debidamente comunicada al Gobierno de Panamá.“La decisión se apoya en la observancia del principio pro persona y de la tradición humanista de Colombia de protección a personas perseguidas por razones políticas”, concluye el texto oficial.¿Una jugada diplomática o una contradicción política?El contraste entre los trinos del pasado y la decisión actual ha generado desconcierto. El giro en su postura, frente a un personaje que él mismo denunció por corrupción y espionaje, revive un debate más amplio: ¿hasta qué punto los principios ideológicos sobreviven al poder?La historia aún no termina.
Desde el Congreso de Andesco, que se realiza en Cartagena, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, aseguró que más de 100 municipios del país están en condiciones críticas por cuenta del fenómeno de El Niño, pese a que los meses más complejos de este fenómeno natural todavía no llegan.El jefe de la cartera de Vivienda señaló además que hay 569 municipios en riesgo, y que ahorrar, contener, prever y proteger las fuentes hídricas no puede ser simplemente un discurso ambientalista.“Tenemos aproximadamente 111 municipios del país en condición crítica ya, y el fenómeno hasta ahora empieza. Los meses más críticos, como en noviembre y diciembre están por llegar. Pero tenemos 569 municipios que están en riesgo y a ellos es a los que nos queremos dirigir porque tenemos que empezar a ahorrar, a contener, a prever y entender que proteger las fuentes hídricas no es un discurso simplemente ambientalista, es la garantía de la vida de los colombianos los próximos seis meses”, dijo.Asimismo durante su paso por el Congreso de Servicios Públicos, el ministro Beltrán cuestionó las trabas, que señala puso el anterior gobierno, para que más de 143 proyectos de mitigación avanzaran en estas zonas en riesgo."Es ahí donde nos obligan y literalmente a hacer lo que no hicieron en el gobierno anterior y es desempolvar más de 143 proyectos que quedaron estancados en las zonas más críticas que hoy deberían estar mitigando el Fenómeno del Niño. Una de ellas es La Guajira, me encuentro con más de siete proyectos estancados con la plata inutilizada y la realidad muy crítica. Necesitamos entrar a resolver lo que no hicieron para poder mitigar la situación del Fenómeno del Niño”, agregó.El ministro también indicó que el fenómeno de El Niño los obliga como Gobierno a articular acciones con más de siete ministerios, pero también a buscar “conciencia participativa” de las empresas y en especial de todos los colombianos.
Marco Antonio Solís, uno de los grandes referentes de la música romántica en español, confirmó su regreso a Colombia con su tour ‘Gratitud’, una gira que llegará a Medellín y Bucaramanga en noviembre de 2026. El cantautor mexicano, conocido como ‘El Poeta del Amor’, se presentará el viernes 27 de noviembre en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado y un día después, el sábado 28 de noviembre, en el Estadio Américo Montanini de Bucaramanga.El concierto en Bucaramanga promete una noche cargada de nostalgia y emociones, en la que el artista recorrerá algunos de los éxitos que han marcado su trayectoria de más de cuatro décadas. Canciones como ‘Si No Te Hubieras Ido’, ‘Mi Eterno Amor Secreto’, ‘Más Que Tu Amigo’, ‘Tú Cómo Estás’ y ‘O Me Voy O Te Vas’ hacen parte del repertorio esperado por sus seguidores.Un recorrido por sus grandes éxitosLa presentación de Marco Antonio Solís será una oportunidad para que varias generaciones se reencuentren con las canciones que han acompañado historias de amor, desamor, despedidas y segundas oportunidades. Su carrera como compositor e intérprete lo ha consolidado como una figura destacada de la música latinoamericana.El espectáculo en el Estadio Américo Montanini tendrá apertura de puertas a las 7:00 p. m. y el ingreso estará habilitado únicamente para mayores de 18 años.Entradas para Marco Antonio Solís en BucaramangaLas entradas están disponibles a través de Tu Boleta. La preventa contempla un 25 % de descuento hasta el 5 de septiembre. Posteriormente, habrá descuentos del 20 % durante la Etapa 1 y del 15 % en la Etapa 2, antes de llegar al precio pleno desde el 22 de noviembre o hasta agotar existencias.Con ‘Gratitud’, Marco Antonio Solís regresará a Colombia para reencontrarse con un público que ha convertido sus canciones en parte de la banda sonora de varias generaciones.
Spotify anunció la llegada de Spotify Partner Program (SPP) a Colombia, una iniciativa que busca ampliar las alternativas de monetización para los creadores de podcasts y fortalecer su presencia dentro de la plataforma.Como parte de su expansión a más de 35 nuevos mercados, el programa permitirá a los creadores obtener ingresos a partir del consumo de sus videos por parte de usuarios de Spotify Premium, además de acceder a monetización mediante anuncios en Spotify Free y otras plataformas donde se distribuyen podcasts. Los creadores también podrán conservar el 100 % de los ingresos provenientes de sus propios patrocinios.“Colombia tiene una comunidad de creadores que experimenta con distintos formatos y encuentra nuevas maneras de conectar con sus audiencias”, señaló Esteban Cifuentes, Podcast Manager de Spotify para la Región Andina. Según el ejecutivo, la llegada del programa busca ofrecer “más herramientas y oportunidades” para impulsar las ideas de los creadores y fortalecer el vínculo con sus comunidades.El crecimiento del podcast en ColombiaLa llegada de Spotify Partner Program ocurre en medio del crecimiento del consumo de podcasts en el país. En los últimos cinco años, las horas de escucha de podcasts en Colombia aumentaron casi cinco veces.A esta tendencia se suma el crecimiento del video. En 2026, cerca de seis de cada diez oyentes de podcasts en Colombia también eligieron la experiencia en video de Spotify. Su consumo mensual creció cerca de 70 % durante el último año, mientras que el número de podcasts con video aumentó más de 50 %.
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este martes, 22 de septiembre de 2026:El director, actor, guionista y dramaturgo Humberto Dorado habló sobre su participación en la más reciente edición de los Premios Bravo. Además, expresó qué significó para él el homenaje que le realizaron por su vida y trayectoria artística.El astrónomo Germán Puerta realizó un especial sobre las leyendas de la creación.
Este miércoles en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.
