El Tribunal Superior de Cundinamarca confirmó la decisión que negó la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía General de la Nación y ordenó continuar con las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del exauditor de la Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano Callejas, así como el fallecimiento de su hijo, Alejandro Pizano, ocurridos en noviembre de 2018.De acuerdo con el expediente, el 8 de noviembre de 2018, hacia las 7:30 de la mañana, Jorge Enrique Pizano fue encontrado inconsciente por su esposa en el baño de la habitación principal de la finca El Ático, en Subachoque (Cundinamarca). Aunque fue trasladado al centro de salud del municipio, ingresó sin signos vitales.Tres días después, el 11 de noviembre de 2018, su hijo Alejandro Pizano falleció en el mismo inmueble luego de ingerir el contenido de una botella de agua saborizada a la que se le había agregado cianuro. La Fiscalía sostuvo que Jorge Enrique Pizano murió por causas naturales, producto de una afección cardíaca asociada a patologías preexistentes, antes de que pudiera concretar un supuesto propósito de quitarse la vida mediante la ingestión de una mezcla de agua con cianuro que, según esa hipótesis, él mismo habría preparado en una botella. Bajo esa misma teoría, el ente acusador concluyó que la muerte de Alejandro Pizano obedeció a la ingesta accidental de ese contenido y atribuyó al padre la creación del riesgo que desencadenó el desenlace fatal.Sin embargo, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Funza negó la solicitud de preclusión mediante decisión del 8 de marzo de 2024, determinación que fue apelada por la Fiscalía y ahora confirmada por el Tribunal Superior de Cundinamarca.En la providencia, el Tribunal concluyó que la Fiscalía presentó “asertos que carecen de la acreditación requerida para disponer la preclusión de la investigación que postula, sin desarrollar a plenitud la función constitucional que le asiste de adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito”.Asimismo, precisó que la existencia de una enfermedad cardíaca previa no permite establecer de manera concluyente la causa del fallecimiento del exauditor. En ese sentido, señaló que “aunque la autopsia clínica acredita la existencia de una enfermedad cardíaca preexistente, no demuestra que fuera la causa de muerte de Pizano Callejas, luego, la Fiscalía tampoco puede proponerlo como hecho irrefutable funcional a su postulación”. El Tribunal también encontró inconsistencias y vacíos en varios testimonios recopilados durante la investigación. Según el fallo, los declarantes coincidieron en que la finca El Ático no era un lugar de acceso exclusivo, ya que varias personas tenían llaves del inmueble y era frecuente la presencia de trabajadores y terceros.Finalmente, el Tribunal advirtió que la investigación no ha descartado de manera suficiente otras hipótesis sobre las muertes de Jorge Enrique Pizano y su hijo. En la decisión concluyó que “aunque existen elementos que podrían ser compatibles con distintas teorías, entre ellas el homicidio, suicidio o la muerte natural, ninguna ha sido demostrada conforme el estándar probatorio exigido”.La corporación agregó que tampoco se han explorado plenamente “hipótesis delictivas plausibles”, incluida una eventual relación entre ambos fallecimientos y el caso de los sobornos de Odebrecht, así como con sus posibles beneficiarios o con personas ya judicializadas y condenadas en Colombia o en el exterior.Por ello, el Tribunal determinó que la preclusión únicamente procede cuando existe ausencia de mérito para acusar, presupuesto que, según la decisión, no se configura en este caso debido a que persisten elementos que exigen profundizar la investigación penal sobre los hechos.
Blu Radio conoció en exclusiva que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia no abrió investigación formal contra el congresista Ciro Antonio Rodríguez por el escándalo de Odebrecht. El parlamentario fue señalado de presuntamente haber intervenido en gestiones favorables a la multinacional brasileña para facilitar la aprobación de adiciones contractuales relacionadas con la vía Ocaña-Gamarra.Sin embargo, tras evaluar las pruebas, el alto tribunal determinó que no se cumplían las exigencias legales necesarias para avanzar a una investigación formal, por lo que optó por una decisión inhibitoria en este caso concreto.Los hechos investigados por la Corte Suprema de Justicia se enmarcan en el esquema de sobornos reconocido por Odebrecht ante las autoridades de Estados Unidos. De acuerdo con el expediente, la compañía habría pagado cerca de 11 millones de dólares entre 2009 y 2014 a funcionarios y particulares en Colombia para obtener beneficios en la adjudicación y ejecución de contratos de infraestructura.Dentro de ese contexto, la investigación señalaba que Ciro Antonio Rodríguez Pinzón habría sido presuntamente beneficiado con pagos ilícitos canalizados a través de filiales de Odebrecht para intervenir en favor de la multinacional. La hipótesis apuntaba a que, desde su condición de integrante de la Comisión Sexta del Senado, habría promovido debates de control político y realizado gestiones orientadas a respaldar las adiciones contractuales y facilitar decisiones favorables para la compañía.Pese a esta tesis de la Fiscalía, la Corte decidió inhibirse y, por tanto, no abrió una investigación formal al congresista por duda razonable: “Como se mencionó en precedencia, existen medios de prueba que podrían sugerir, así fuese de forma ínfima y probable, todas aquellas situaciones […] Se desdibuja la posibilidad de una atribución de cargos directa y específica contra el sindicado. Por ello, conllevan a predicar la existencia de dudas potenciales que deben resolverse en su favor”, señaló la Sala.
Los abogados defensores de los exdirectivos de Odebrecht, Luiz Antonio Bueno Junior y Eleuberto Martorelli, así como los representantes legales de Amilton Hideaki Sendai y Manuel Ricardo Cabral Ximenes, avanzan en reuniones con la Fiscalía General de la Nación para evaluar la viabilidad de un eventual principio de oportunidad dentro del caso de corrupción que involucra a la constructora brasileña.Estos acercamientos se dan en el marco de la investigación que reveló que Odebrecht sobornó a servidores públicos en varios países, incluido Colombia, con el objetivo de obtener contratos de obra pública, entre ellos el proyecto de la Ruta del Sol II.Según se ha conocido, las reuniones están orientadas a estructurar una matriz de colaboración, en la que se identifiquen hechos penalmente relevantes que puedan contribuir a la judicialización de otros posibles implicados en el entramado de corrupción. Este proceso también incluiría la definición de compromisos concretos por parte de los investigados, así como eventuales acuerdos de reparación económica.Aunque previamente se había anunciado la posibilidad de imputaciones contra estos y otros implicados, hasta el momento no se ha concretado la formulación de cargos. En ese contexto, la Fiscalía analiza si los aportes que puedan realizar los exdirectivos permiten avanzar hacia un acuerdo bajo la figura del principio de oportunidad.De consolidarse una matriz de hechos y compromisos, el ente acusador podría adelantar las imputaciones correspondientes y, posteriormente, las audiencias para la legalización de la suspensión de los procedimientos penales, las cuales se mantendrían condicionadas al cumplimiento de los acuerdos.No obstante, la Fiscalía ha dejado claro que estos acercamientos deberán ser avalados por un juez de la República y que, en paralelo, continuará fortaleciendo sus líneas investigativas. En ese sentido, el ente acusador mantiene activas las pesquisas para esclarecer la totalidad del entramado criminal relacionado con el caso Odebrecht en Colombia.Finalmente, advirtió que, de no prosperar los acercamientos o no obtener el aval judicial necesario, la Fiscalía continuará actuando conforme al avance de las investigaciones, lo que podría implicar la reactivación de las imputaciones y el curso ordinario del proceso penal contra los implicados.
El juicio por el caso de Odebrecht, la mayor trama de corrupción en la historia de Panamá, comenzó este lunes con una veintena de imputados que enfrentan penas de hasta 12 años de prisión, entre ellos el expresidente Ricardo Martinelli, quien participó de forma virtual desde Colombia, en un proceso judicial que se prevé largo por el volumen del expediente y los alcances del caso.El acto de audiencia de juicio, pospuesto desde 2023 en al menos seis ocasiones, quedó abierto luego de que la jueza Baloísa Marquínez pidiera a las partes identificarse, incluidos los imputados, entre ellos exministros del Gobierno de Martinelli (2009-2014) y el propio expresidente, que se conectó por la vía virtual.Todos los imputados presentes en la sala y los que participaron de forma virtual respondieron que "no" eran responsables del delito de blanqueo de capitales imputado en una decisión judicial del 7 de noviembre de 2022, como les preguntó a cada uno la jueza, que durante la audiencia evacuó peticiones judiciales de última hora, incluido al menos un acuerdo de pena cuyo alcance e involucrados no fue revelado.El abogado defensor del expresidente, Carlos Carrillo, que aseguró antes de entrar a la sala del tribunal que Martinelli "no guarda relación con los hechos de esta investigación" del caso Odebrecht, criticó varias decisiones de la jueza, que le respondió que esas alegaciones debían presentarse en otra etapa posterior de la audiencia de juicio.Martinelli está asilado en Colombia desde mayo pasado, tras permanecer refugiado más de un año en la embajada nicaragüense en Panamá para evitar ir a prisión después de ser condenado a más de 10 años de cárcel por blanqueo por el caso ‘New Business’, sobre la compra de un conglomerado de medios con dinero público.Dos hijos del expresidente, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, ya cumplieron cárcel en EE.UU. por Odebrecht, tras confesar en una corte federal que participaron "en pagos de sobornos hechos por y bajo la dirección" de la constructora por un total de 28 millones de dólares, lo que hicieron "por órdenes del padre", como alegó su defensa.Los hermanos Martinelli enfrentarán el caso Odebrecht en Panamá ante la Corte Suprema de Justicia, al igual que el expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), debido a que son miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen), lo que les otorga un fuero especial.El Ministerio Público (MP, Fiscalía) indicó este lunes en sus redes sociales que la audiencia se "inicia contra 23 personas por sus vinculaciones al delito de blanqueo de capitales", y que su equipo, liderado por la fiscal Ruth Morcillo, "se encuentra preparado para sustentar condena en este caso".La investigación por el caso Odebrecht en Panamá se abrió en 2015, fue archivada, reabierta en 2017 - luego que la empresa confesó en EE.UU. que había pagado 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países - y culminó en octubre de 2018.La Fiscalía ha logrado más de una decena de acuerdos de pena con los imputados, que inicialmente eran 36 personas.Este juicio podría durar meses, ya que solamente el expediente en manos de la magistrada tiene al menos 2.757 tomos y más de 1,3 millones de páginas.Odebrecht pagó más de 80 millones de dólares a funcionarios y particulares, según las confesiones de André Rabello, quien dirigió por varios años las operaciones de la constructora brasileña en Panamá.
La reciente absolución del exgerente de TransMilenio y exsecretario de Movilidad de Bogotá, Francisco Fernando Álvarez, cerró un proceso judicial que se extendió durante ocho años y que incluyó seis meses de reclusión en La Picota. El fallo, que confirma su inocencia, no solo significa un respiro personal y familiar, sino que revive el debate sobre el papel de la Fiscalía en aquel momento y la forma en que se manejaron casos de alto perfil vinculados con supuesta corrupción en el sector público.En entrevista con Mañanas Blu, Álvarez relató el impacto que tuvo el proceso en su vida profesional y personal. Afirmó que, más allá del desgaste judicial, lo más difícil ha sido recuperar su nombre en la opinión pública, marcado por titulares que lo señalaban en su momento como responsable de graves delitos que nunca se probaron.Crítica a la Fiscalía y el papel de los mediosEl exfuncionario fue enfático en señalar que su caso no fue aislado, sino parte de una estrategia mediática liderada por la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. “Era evidente que lo que se buscaba era llenar de titulares de prensa para mostrar una lucha contra la corrupción, aunque no hubiera pruebas reales”, aseguró.Álvarez incluso fue más allá y vinculó esa estrategia con la coyuntura del escándalo de Odebrecht. “Me usaron para distraer al país de Odebrecht”, dijo, al recordar cómo su imputación coincidió con momentos clave de ese caso. Según explicó, en 2018 hubo una ola de imputaciones contra más de mil funcionarios públicos, en lo que describió como un “programa de resultados” que sacrificó la honra de muchas personas inocentes.Ocho años de calvario judicialEl economista y abogado destacó que su confianza en la justicia y el apoyo de su familia fueron fundamentales para resistir un proceso que parecía interminable. Sin embargo, advirtió que la reparación del daño no será sencilla. “Cuando me detuvieron, era noticia en todos los medios; ahora que me absuelven, cuesta mucho más recuperar el buen nombre”, comentó.Álvarez también agradeció la cobertura reciente de medios que han reseñado su absolución, aunque insistió en que el daño ya está hecho. Para él, lo más preocupante es que se repitan casos similares con otros funcionarios que enfrentaron imputaciones sin fundamentos sólidos.Un llamado a la responsabilidadEl testimonio de Álvarez es, además, un llamado a la autocrítica del periodismo y a la responsabilidad de las instituciones de control. “Las fuentes oficiales muchas veces tienen intereses, y cuando no se contrasta la información, se terminan destruyendo vidas”, advirtió durante la entrevista.Hoy, con el fallo que lo exonera, Francisco Fernando Álvarez inicia el camino de reconstrucción de su carrera y de su prestigio, aunque el recuerdo de esos ocho años de proceso sigue siendo una cicatriz difícil de cerrar.
El exministro de Defensa de Colombia y exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, reaccionó públicamente a la orden de captura en su contra emitida por la justicia guatemalteca. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Velásquez rechazó la acusación y apuntó directamente contra las autoridades que impulsan el proceso.“Ahora, la corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche —designados como corruptos y sancionados por EE. UU. y la Unión Europea— extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí. Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la fiscalía ha obligado al exilio”, escribió el exministro en su pronunciamiento.El mensaje se da pocas horas después de que el fiscal Rafael Curruchiche anunciara la orden de captura contra Velásquez y la actual fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, por delitos relacionados con el caso Odebrecht, entre ellos asociación ilícita, tráfico de influencias, obstrucción de la justicia y colusión.Velásquez, quien lideró durante varios años la CICIG y fue reconocido por su lucha contra la corrupción en Guatemala, señaló que esta acción judicial hace parte de una campaña de persecución por parte de funcionarios señalados internacionalmente por obstaculizar la justicia. Tanto Curruchiche como la fiscal general guatemalteca Consuelo Porras han sido incluidos por el Departamento de Estado de Estados Unidos en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos.
La justicia de Guatemala emitió una orden de captura contra el exministro de Defensa Iván Velásquez Gómez y la actual fiscal general, Luz Adriana Camargo, en el marco del escándalo de corrupción relacionado con la constructora Odebrecht.La solicitud fue hecha por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), encabezada por el fiscal Rafael Curruchiche, quien anunció que ambos enfrentan cargos por los delitos de asociación ilícita, obstrucción de la justicia, tráfico de influencias y colusión. Según la FECI, los señalados habrían actuado en el pasado en favor de los intereses de la empresa brasileña durante investigaciones vinculadas a la red de sobornos que la multinacional tejió en América Latina.Curruchiche acusó directamente a Velásquez, quien fue jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de liderar una “estructura criminal” que habría favorecido a Odebrecht, lo que, según el fiscal, provocó un perjuicio superior a los 3.000 millones de quetzales para el Estado guatemalteco.En su comunicado, el Ministerio Público guatemalteco aseguró que esta acción reafirma su compromiso con la lucha contra la corrupción e insistió en que todos los implicados deberán responder ante la justicia."La estructura criminal encabezada por el excomisionado Iván Velásquez Gómez favoreció a los empresarios de la constructora Odebrecht y provocó que el Estado de Guatemala perdiera más de 3.000 millones de quetzales. El Ministerio Público reafirma su compromiso de luchar contra la corrupción e impunidad en Guatemala y que todos enfrenten el peso de la ley", señaló el fiscal Curruchiche.
El gobierno colombiano otorgó asilo político al expresidente de Panamá Ricardo Martinelli condenado en su país a más de 10 años de cárcel por corrupción y lavado de activos en el caso New Business.La medida sorprende porque Petro, durante años, fue uno de los críticos más fuertes de Martinelli y lo señaló públicamente como parte de una red de protección política que favorecía la impunidad.Desde 2010, Petro publicó varios mensajes en redes sociales en los que criticaba el asilo que Martinelli le dio a María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS condenada en Colombia a 15 años de prisión por interceptaciones ilegales.Petro también acusó a Martinelli de tener vínculos con el expresidente Uribe y de pedir ayuda a Estados Unidos para hacer espionaje, según documentos revelados por Wikileaks. Incluso, en 2016 y 2019, Petro señaló a los hijos de Martinelli de recibir sobornos de Odebrecht y de otras empresas como FCC.Ahora, en mayo de 2025, el propio Petro decidió concederle asilo a Martinelli, lo que ha hecho que algunos se pregunten qué cambió: si fue la información, las circunstancias o las convicciones del presidente.Mientras tanto, la Casa de Nariño ha dado mayores detalles sobre los motivos concretos, y solo emitió un comunicado en el que dice que la decisión se tomó por razones humanitarias y siguiendo el principio pro persona.El gobierno panameño aceptó la salida de Martinelli, quien estaba refugiado en la embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá, y le dio un salvoconducto para viajar a Colombia.Aunque Panamá dijo que se respetaron las normas internacionales sobre asilo, en Colombia crece el debate por lo que muchos ven como una contradicción entre el discurso del pasado de Petro y sus decisiones actuales en el poder.Los trinos de Gustavo Petro, publicados a lo largo de casi una década, revelaron una línea constante: la denuncia de una alianza política y judicial entre los expresidentes Álvaro Uribe y Ricardo Martinelli, con la complicidad pasiva, según él, del ahora expresidente Juan Manuel Santos.El centro de sus críticas del entonces senador giró en torno a la protección de María del Pilar Hurtado, símbolo de lo que Petro describió como un aparato de persecución ilegal que debía rendir cuentas ante la justicia.Críticas por el asilo a María del Pilar HurtadoLos trinos más antiguos datan de noviembre de 2010, cuando se conoció que el gobierno de Martinelli había concedido asilo político a María del Pilar Hurtado. Petro respondió entonces con mensajes irónicos.El 19 de noviembre de ese año retuiteó comentarios que destacaban la cercanía de Martinelli con Uribe y la protección ofrecida a Hurtado, quien era requerida por la justicia colombiana por su participación en las interceptaciones ilegales a magistrados, periodistas y opositores políticos.Un día después, Petro escribió: “Uribe, después que su amigo Martinelli encubre al delincuente, me ataca porque no fui a la audiencia de su tribunal de bolsillo”. En otra respuesta a usuarios, añadió: “Santos está aceptándole a Martinelli que es un perseguidor político”, dejando en evidencia su desacuerdo con la postura del nuevo presidente colombiano, a quien señalaba de legitimar el asilo y contribuir a la impunidad.El 21 de noviembre, el entonces congresista continuó con sus críticas: “Dada la actitud de Santos ante Martinelli, lo lleva al conflicto con la justicia y lo devuelve a Uribe”. Para Petro, la administración de Santos no había roto con el uribismo en asuntos fundamentales como el respeto a la justicia y la lucha contra el espionaje ilegal. Sin embargo, esta postura crítica no pareció tener consecuencias concretas más allá del debate público.Revelaciones de Wikileaks y nuevas sospechasEl 25 de diciembre de 2010, Petro publicó varios trinos en los que aludió a documentos de Wikileaks que implicaban a Martinelli en prácticas de interceptación ilegal. “Con razón Martinelli ayudó a Uribe, si el presidente panameño le pidió a USA interceptar teléfonos”, escribió. En otro mensaje señaló: “Gracias a Wikileaks ahora sabemos por qué Martinelli ayudó a Uribe con el asilo de María Hurtado”.Ese mismo día cuestionó si el gobierno colombiano había respaldado indirectamente al panameño en su petición: “Si USA se negó al pedido de Martinelli, ¿el gobierno colombiano lo habrá ayudado?”, se preguntó Petro, insinuando complicidad por parte del Estado colombiano.A finales de ese año, el 29 de diciembre, Petro reforzó la idea de una alianza ideológica entre ambos expresidentes al afirmar: “Por esto Uribe y el panameño Martinelli se entendían tan bien, Dios los hace y...”.De Hurtado a los sobornos de Odebrecht y constructora de SlimEn 2011, Petro retomó el tema con otro señalamiento a Uribe, esta vez con un tono más desafiante: “Si Uribe quisiera y no temiera esclarecer su papel, debería escribir a su amigo Martinelli para que entregue a María Hurtado a la justicia”.Años después, cuando estalló el escándalo de Odebrecht, Petro relacionó directamente a los hijos de Martinelli con la recepción de sobornos. El 23 de diciembre de 2016 publicó: “Hijos del expresidente acusado de interceptación ilegal recibieron sobornos de Odebrecht. Se trata de Martinelli, Panamá”.El 16 de octubre de 2019 amplió esa denuncia al mencionar a la constructora Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), socia de Carlos Slim, que según investigaciones había pactado con la Fiscalía de Panamá tras reconocer pagos ilegales. “FCC [...] sobornó hijos del presidente Martinelli y pagó 500 millones de dólares más en sobornos en Centroamérica, es socia de Odebrecht…”, escribió Petro, ampliando el foco de su crítica a una red internacional de corrupción. Las acusaciones fueron reportadas en medios panameños y españoles, aunque no todos los procesos han concluido en condenas.Una decisión que revive el archivo de sus propias palabrasAhora, tras la decisión de concederle asilo a Martinelli, las palabras del presidente Petro vuelven como eco de una narrativa que construyó durante años. Muchos se preguntan qué cambió: ¿la evidencia, las circunstancias o la convicción?¿Cambió la evidencia?No parece. La condena contra Martinelli en Panamá por lavado de activos y corrupción se basa en investigaciones que refuerzan, más que debilitan, las acusaciones que el propio Petro respaldó durante años desde la oposición. La información que antes sirvió de sustento para denunciarlo hoy sigue siendo válida, incluso reforzada por fallos judiciales. No se ha presentado ninguna nueva prueba que lo desvincule de los hechos por los que fue condenado.¿Cambió el contexto? Posiblemente. Petro hoy es jefe de Estado y no congresista opositor. Las relaciones exteriores, las tensiones regionales y el interés de Colombia por asumir un papel de liderazgo humanitario en América Latina podrían haber influido en una decisión que, en otro tiempo, habría criticado con vehemencia. En este nuevo rol, el presidente debe equilibrar intereses diplomáticos, jurídicos y humanitarios, aunque esto implique contradicciones con su historial discursivo.¿Cambió la convicción? Esa es la pregunta más difícil. Si no es la evidencia ni el contexto lo que ha variado en esencia, la sospecha recae sobre un posible cambio de principios. Para algunos analistas, conceder asilo a alguien a quien antes se consideró emblema de la impunidad podría indicar una flexibilidad política que roza la incoherencia. Para otros, podría ser el resultado de una visión pragmática del poder, en la que el derecho al asilo trasciende los antecedentes penales si se considera que hay persecución política.Comunicado de Panamá sobre el asilo a MartinelliEl Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá informó que el Gobierno de Colombia, mediante nota formal dirigida por el presidente Gustavo Petro al presidente panameño José Raúl Mulino, otorgó asilo al ciudadano Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, quien se encontraba asilado en la Embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá.En consecuencia, el gobierno panameño concedió el salvoconducto necesario para la salida del expresidente Martinelli, permitiéndole trasladarse en un carro diplomático desde la sede diplomática de Nicaragua hasta un aeropuerto, desde donde partió en avión rumbo a Colombia.El comunicado resalta que Colombia es un Estado que históricamente ha respetado y promovido el Derecho Internacional, incluyendo el asilo en el sistema interamericano. Panamá expresó su confianza en que la concesión del salvoconducto cumple con lo establecido en la Convención sobre Asilo de 1928 y la Convención sobre Asilo Político de 1933.Comunicado oficial de Colombia sobre la decisión presidencialPor su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un escueto comunicado en el que informó que el presidente Gustavo Petro concedió asilo político a Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, decisión que fue debidamente comunicada al Gobierno de Panamá.“La decisión se apoya en la observancia del principio pro persona y de la tradición humanista de Colombia de protección a personas perseguidas por razones políticas”, concluye el texto oficial.¿Una jugada diplomática o una contradicción política?El contraste entre los trinos del pasado y la decisión actual ha generado desconcierto. El giro en su postura, frente a un personaje que él mismo denunció por corrupción y espionaje, revive un debate más amplio: ¿hasta qué punto los principios ideológicos sobreviven al poder?La historia aún no termina.
En este caso, la Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y enriquecimiento ilícito, aunque lo absolvió de concierto para delinquir. La pena definitiva será de 11 años y cinco meses de cárcel.Según el fallo de la Sala Penal, Antonio Guerra De La Espriella actuó como intermediario entre Odebrecht y otros congresistas para facilitar la aprobación del contrato de estabilidad jurídica, del cual la multinacional se beneficiaría tributariamente.En particular, el exsenador habría utilizado su influencia para asegurar el respaldo del entonces senador Otto Bula.“Confirmar parcialmente la sentencia emitida el 15 de marzo de 2022 por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia en contra de Antonio del Cristo Guerra de la Espriella, con la salvedad de que la condena procede únicamente por los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y tráfico de influencias de servidor público, este último en la modalidad de concurso homogéneo de conductas punibles”, se lee en el fallo.El tribunal también impuso una multa de 1.175 millones de pesos y le inhabilitó para ejercer cargos públicos durante el mismo periodo de su condena. La Corte informó que ya notificó a las autoridades competentes para hacer efectiva su captura.
Bienvenidos a Blu 4.0 este domingo 9 de agosto de 2026. Bajo la dirección de Juan Manuel Ramírez y el acompañamiento de Tata Solarte, analizamos los desafíos de la economía digital en Colombia.Alberto Arébalos: El CEO de Millenium Group analiza la reputación organizacional frente a la "realidad sintética", advirtiendo cómo la inteligencia artificial facilita la creación de fraudes y deepfakes.Jairo Andrés Londoño: El CEO de Ubiquo explica la necesidad de que las empresas migren de WhatsApp Business a WhatsApp API para mejorar la gestión de ventas y evitar el bloqueo de líneas.Laura Echeverría: La gerente legal de Olimpia discute el fallo de la Corte Constitucional que agrava el delito de suplantación de identidad cuando se utiliza inteligencia artificial para cometer fraude.Felipe Olave: Este empresario huilense relata su trayectoria bajo la filosofía del "optimismo patológico" y detalla sus proyectos inmobiliarios diseñados para transformar el desarrollo regional de Neiva.Diana Gaviria: La directora ejecutiva de Connect presenta el "Premio Innovación que impacta 2026", destacando casos de éxito colombianos y convocando a organizaciones que generan impacto real en el país.Escuche el programa completo aquí:
La analista internacional María Teresa Aya analizó en Sala de Prensa Blu los primeros anuncios del nuevo Gobierno en materia de relaciones internacionales, seguridad y diplomacia.La llegada del presidente Abelardo De La Espriella a la Casa de Nariño supone cambios en la política exterior de Colombia. Entre los anuncios mencionados durante la entrevista están una posible inyección de 1.000 millones de dólares por parte de Estados Unidos, el ingreso al denominado Escudo de las Américas y el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Israel.¿Qué implica el acercamiento de Colombia con Estados Unidos?Para Aya, el anuncio de los recursos y la participación de Colombia en el Escudo de las Américas reflejan una coincidencia con las prioridades del presidente estadounidense Donald Trump, especialmente en materia de lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.“Yo creo que lo primero, la palabra es alineación, una alineación directa con los intereses, no necesariamente de EE.UU., pero los intereses del presidente Donald Trump. Aquí están con el mismo objetivo, la misma mirada y los mismos objetivos para su política exterior”, explicó la analista.Aya señaló que los 1.000 millones de dólares anunciados todavía requieren trámites legislativos en ambos países. Según precisó, el Congreso estadounidense debe aprobar la apropiación presupuestal y Colombia tendría que autorizar la llegada de recursos, como ocurrió en su momento con el Plan Colombia.Además, indicó que cualquier eventual presencia de tropas, radares o instalaciones especiales en territorio colombiano tendría que pasar por el Congreso, al tratarse de asuntos relacionados con la soberanía nacional.¿Qué significa restablecer relaciones con Israel?Sobre la decisión de retomar las relaciones diplomáticas con Israel y abrir una embajada en Jerusalén, la analista explicó que esta medida tiene una relevancia particular por el carácter religioso y político de la ciudad.No obstante, Aya aclaró que el acercamiento con Israel no significa que Colombia deje de reconocer a Palestina.“No, no, Colombia reconoce a Palestina desde el 2018. Es la tesis que se llama de los dos estados, y los dos tienen derecho a existir, no son mutuamente exclusivos”, precisó.Diplomacia y carrera diplomáticaAya también cuestionó que el nuevo Gobierno no haya mencionado de manera explícita el papel de la carrera diplomática al hablar de profesionalizar la representación internacional de Colombia.Finalmente, sostuvo que retirar una embajada no equivale necesariamente a romper relaciones diplomáticas. Según explicó, cerrar una sede puede responder a decisiones presupuestales o administrativas, mientras que romper relaciones implica dejar de reconocer al gobierno de otro país.Escuche la entrevista completa aquí:
Han pasado más de 40 años desde que se identificaron los primeros casos de VIH y, durante este tiempo, la ciencia ha cambiado de manera radical el panorama para las personas que viven con el virus. Lo que décadas atrás era considerado prácticamente una sentencia de muerte hoy puede ser una condición crónica manejable, siempre que exista un diagnóstico oportuno y acceso continuo al tratamiento.Uno de los principales retos, sin embargo, permanece vigente: muchas personas todavía no saben que tienen VIH.A nivel mundial, se estima que más de 40 millones de personas viven con el virus y alrededor del 40 % desconoce su condición. En Colombia, la cifra se acerca a las 211.000 personas. Aunque el país registró para 2025 una reducción de 2,65 % en los nuevos casos notificados, la detección tardía continúa siendo una preocupación: más del 40 % de los nuevos diagnósticos se producen en estadio 2 de la infección.En América Latina y el Caribe, entre el 14 % y el 15 % de quienes viven con VIH no conocen su diagnóstico y cerca de una tercera parte recibe la noticia cuando la infección ya se encuentra en una etapa avanzada. Estas cifras ponen sobre la mesa la importancia de hablar de la prueba de VIH sin prejuicios y como parte de las acciones habituales de cuidado de la salud.El tratamiento cambió la historia del VIHLos avances en los tratamientos antirretrovirales han permitido controlar la multiplicación del virus en el organismo y preservar el funcionamiento del sistema inmunitario. De esta manera, las personas diagnosticadas pueden reducir significativamente el riesgo de que la infección avance hacia el sida y alcanzar una expectativa de vida cada vez más cercana a la de la población general.La evolución también ha permitido consolidar uno de los conceptos más importantes de la respuesta actual al VIH: Indetectable = Intransmisible (I=I).Cuando una persona recibe tratamiento antirretroviral de manera adecuada y mantiene una carga viral indetectable, no transmite el VIH por vía sexual. Este conocimiento científico representa un cambio fundamental no solo para la salud pública, sino también para combatir los prejuicios que durante años han acompañado al diagnóstico.“Uno de los mayores desafíos frente al VIH sigue siendo que muchas personas desconocen su diagnóstico. Hacerse la prueba permite conocer la condición a tiempo, acceder oportunamente a la atención médica y evitar que el virus avance a etapas más complejas como el SIDA”, señaló Andrés Cuestas, gerente médico de VIH en GSK Colombia.¿Por qué es importante hacerse la prueba de VIH?Conocer el diagnóstico permite iniciar el tratamiento cuando todavía existe una mayor oportunidad de controlar la infección, disminuir complicaciones y proteger la salud a largo plazo. Además, el acceso temprano al tratamiento contribuye a reducir nuevas transmisiones.Por esta razón, se recomienda que las personas con vida sexual activa se realicen una prueba de VIH al menos una vez al año, como parte de sus controles habituales de salud.Pero existe un obstáculo que va más allá del acceso a los servicios médicos: el estigma. De acuerdo con ONUSida, la discriminación relacionada con el VIH continúa dificultando tanto que las personas se hagan la prueba como que quienes viven con el virus busquen atención.Ese estigma también se alimenta de mitos sobre las formas de transmisión. El VIH no se transmite por abrazar, besar, dar la mano, compartir alimentos, utilizar baños públicos ni convivir con una persona que tiene el virus.“Hoy sabemos que el VIH puede controlarse y que las personas que viven con el virus pueden tener una vida plena. Sin embargo, el estigma continúa siendo una de las principales barreras para el diagnóstico oportuno”, afirmó Cuestas.Más información para enfrentar el VIHLa respuesta al VIH no depende únicamente de nuevos medicamentos o tecnologías. También requiere información clara, acceso a las pruebas, acompañamiento médico y una sociedad capaz de dejar atrás los prejuicios.En el marco del Día Mundial de la Prueba del VIH, el llamado es a entender que hacerse el examen no debe estar asociado con miedo o discriminación. Detectar el virus a tiempo abre la puerta al tratamiento, permite controlar la infección y puede cambiar de manera significativa el futuro de una persona.En palabras de Cuestas, conocer la condición oportunamente puede marcar la diferencia entre permanecer en la incertidumbre y acceder a las herramientas disponibles para controlar la infección y vivir plenamente.
La vida nocturna en Bogotá vive una inesperada transformación donde la rumba tradicional abre paso a cenas sin afán y sobremesas inolvidables. Cada vez son más los visitantes que buscan experiencias culinarias completas, donde la prioridad sea conversar, disfrutar de una coctelería impecable y deleitarse con entornos pensados para conectar en pareja.En este escenario, la oferta capitalina se consolida con alternativas de alto nivel para quienes planean una cita memorable. Desde miradores en la montaña hasta terrazas cosmopolitas y rincones románticos, la escena gastronómica se afianza como el destino preferido para celebrar el amor a la luz de las velas.Esta es Cabrera: el restaurante para conquistar al amor de su vidaEl cambio en las preferencias del público responde a la búsqueda constante de confort y vivencias diferenciadoras. Como bien lo explica Jamal Mustafa, socio fundador del restaurante Cabrera: "Las personas valoran mucho más la calidad del tiempo que comparten y buscan lugares donde puedan comenzar y terminar la noche sin necesidad de cambiar de sitio". En este establecimiento, la propuesta integral de cocina de autor, ambiente acogedor y licores seleccionados logra que la mesa sea el centro absoluto de la velada.Esta tendencia evidencia cómo el público actual prefiere invertir en hospitalidad y buen servicio para prolongar la estadía por horas. La iluminación, la música y la ambientación se combinan para elevar el valor de la visita y crear una velada mágica.Estas son otras opciones de restaurante para la cita perfectaPara quienes desean explorar escenarios románticos con encanto único en la ciudad, existen paradas imperdibles que complementan la noche:Restaurante Casa San Isidro: En la cima del cerro de Monserrate, evoca la elegancia colonial con vista a la ciudad iluminada; ofrece cocina francesa y de mar, piano en vivo e iluminación tenue a las velas.Astoria Rooftop: En el piso 15 cerca de la Zona T, este restaurante terraza destaca por su diseño cosmopolita, vista panorámica al *skyline* nocturno, propuesta internacional y coctelería sofisticada.Storia D'Amore: Referente italiano en la Zona T con una cuidada decoración floral, especializado en pastas artesanales, pizzas gourmet y vino en un ambiente cálido e íntimo.
La decisión del presidente Abelardo De La Espriella de cerrar la puerta a nuevas negociaciones de paz con los grupos armados y apostar por su sometimiento a la justicia marca un giro en la estrategia de seguridad del país. Sin embargo, analistas advierten que la confrontación por sí sola podría no ser suficiente para resolver el problema de la violencia.El historiador y analista político Juan Carlos Flórez señaló que Colombia ha vivido durante décadas un ciclo de confrontación y negociación que no ha logrado poner fin a la presencia de grupos armados.“La historia de Colombia contemporánea es la de una guerra perpetua”, afirmó Flórez, al recordar los distintos momentos de negociación y confrontación de los últimos gobiernos.Para el analista, el principal riesgo de la nueva estrategia es repetir experiencias anteriores sin atacar las fuentes económicas que permiten la supervivencia de las organizaciones criminales.“Si no hay un cambio en el enfoque que siempre se ha tenido, pues lo que vamos a tener ahora es un periodo de confrontación con los grupos armados”, advirtió.Flórez sostuvo que el narcotráfico y la explotación ilegal de oro son factores determinantes en la financiación de la violencia y cuestionó que las políticas de seguridad se concentren exclusivamente en los actores armados.“Mientras que el negocio de las drogas, más ahora el negocio ilegal del oro, continúe, habrá gente en Colombia interesada en seguir en la guerra, porque la guerra es un gran negocio”, aseguró.El analista también llamó la atención sobre la responsabilidad de los mercados internacionales. Según dijo, mientras exista una fuerte demanda de drogas en países como Estados Unidos y Europa, continuarán los incentivos económicos para las organizaciones ilegales.Andrés Caro, por su parte, consideró que el país debe intentar una estrategia diferente después del fracaso de la política de ‘paz total’ del Gobierno de Gustavo Petro.“Colombia lleva por lo menos desde 1978 en cada Gobierno intentando hacer un diálogo de paz, y no hemos hecho bien la paz y no hemos hecho bien la guerra”, sostuvo.Caro respaldó el giro hacia una mayor acción estatal y afirmó que Colombia necesita recuperar el control de su territorio.“Es hora de intentar ese método”, dijo, al referirse a una estrategia basada en el fortalecimiento del Estado, las Fuerzas Militares y la Policía.Sobre el sometimiento a la justicia, explicó que la propuesta no implica negociaciones políticas de paz, sino procesos dentro del sistema penal.El debate, así, queda planteado entre quienes consideran necesario recuperar la capacidad coercitiva del Estado y quienes advierten que, sin enfrentar las economías ilegales y la demanda internacional de drogas, la confrontación podría terminar reproduciendo el mismo ciclo de violencia.