Blu Radio conoció en exclusiva que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia no abrió investigación formal contra el congresista Ciro Antonio Rodríguez por el escándalo de Odebrecht. El parlamentario fue señalado de presuntamente haber intervenido en gestiones favorables a la multinacional brasileña para facilitar la aprobación de adiciones contractuales relacionadas con la vía Ocaña-Gamarra.Sin embargo, tras evaluar las pruebas, el alto tribunal determinó que no se cumplían las exigencias legales necesarias para avanzar a una investigación formal, por lo que optó por una decisión inhibitoria en este caso concreto.Los hechos investigados por la Corte Suprema de Justicia se enmarcan en el esquema de sobornos reconocido por Odebrecht ante las autoridades de Estados Unidos. De acuerdo con el expediente, la compañía habría pagado cerca de 11 millones de dólares entre 2009 y 2014 a funcionarios y particulares en Colombia para obtener beneficios en la adjudicación y ejecución de contratos de infraestructura.Dentro de ese contexto, la investigación señalaba que Ciro Antonio Rodríguez Pinzón habría sido presuntamente beneficiado con pagos ilícitos canalizados a través de filiales de Odebrecht para intervenir en favor de la multinacional. La hipótesis apuntaba a que, desde su condición de integrante de la Comisión Sexta del Senado, habría promovido debates de control político y realizado gestiones orientadas a respaldar las adiciones contractuales y facilitar decisiones favorables para la compañía.Pese a esta tesis de la Fiscalía, la Corte decidió inhibirse y, por tanto, no abrió una investigación formal al congresista por duda razonable: “Como se mencionó en precedencia, existen medios de prueba que podrían sugerir, así fuese de forma ínfima y probable, todas aquellas situaciones […] Se desdibuja la posibilidad de una atribución de cargos directa y específica contra el sindicado. Por ello, conllevan a predicar la existencia de dudas potenciales que deben resolverse en su favor”, señaló la Sala.
Los abogados defensores de los exdirectivos de Odebrecht, Luiz Antonio Bueno Junior y Eleuberto Martorelli, así como los representantes legales de Amilton Hideaki Sendai y Manuel Ricardo Cabral Ximenes, avanzan en reuniones con la Fiscalía General de la Nación para evaluar la viabilidad de un eventual principio de oportunidad dentro del caso de corrupción que involucra a la constructora brasileña.Estos acercamientos se dan en el marco de la investigación que reveló que Odebrecht sobornó a servidores públicos en varios países, incluido Colombia, con el objetivo de obtener contratos de obra pública, entre ellos el proyecto de la Ruta del Sol II.Según se ha conocido, las reuniones están orientadas a estructurar una matriz de colaboración, en la que se identifiquen hechos penalmente relevantes que puedan contribuir a la judicialización de otros posibles implicados en el entramado de corrupción. Este proceso también incluiría la definición de compromisos concretos por parte de los investigados, así como eventuales acuerdos de reparación económica.Aunque previamente se había anunciado la posibilidad de imputaciones contra estos y otros implicados, hasta el momento no se ha concretado la formulación de cargos. En ese contexto, la Fiscalía analiza si los aportes que puedan realizar los exdirectivos permiten avanzar hacia un acuerdo bajo la figura del principio de oportunidad.De consolidarse una matriz de hechos y compromisos, el ente acusador podría adelantar las imputaciones correspondientes y, posteriormente, las audiencias para la legalización de la suspensión de los procedimientos penales, las cuales se mantendrían condicionadas al cumplimiento de los acuerdos.No obstante, la Fiscalía ha dejado claro que estos acercamientos deberán ser avalados por un juez de la República y que, en paralelo, continuará fortaleciendo sus líneas investigativas. En ese sentido, el ente acusador mantiene activas las pesquisas para esclarecer la totalidad del entramado criminal relacionado con el caso Odebrecht en Colombia.Finalmente, advirtió que, de no prosperar los acercamientos o no obtener el aval judicial necesario, la Fiscalía continuará actuando conforme al avance de las investigaciones, lo que podría implicar la reactivación de las imputaciones y el curso ordinario del proceso penal contra los implicados.
El juicio por el caso de Odebrecht, la mayor trama de corrupción en la historia de Panamá, comenzó este lunes con una veintena de imputados que enfrentan penas de hasta 12 años de prisión, entre ellos el expresidente Ricardo Martinelli, quien participó de forma virtual desde Colombia, en un proceso judicial que se prevé largo por el volumen del expediente y los alcances del caso.El acto de audiencia de juicio, pospuesto desde 2023 en al menos seis ocasiones, quedó abierto luego de que la jueza Baloísa Marquínez pidiera a las partes identificarse, incluidos los imputados, entre ellos exministros del Gobierno de Martinelli (2009-2014) y el propio expresidente, que se conectó por la vía virtual.Todos los imputados presentes en la sala y los que participaron de forma virtual respondieron que "no" eran responsables del delito de blanqueo de capitales imputado en una decisión judicial del 7 de noviembre de 2022, como les preguntó a cada uno la jueza, que durante la audiencia evacuó peticiones judiciales de última hora, incluido al menos un acuerdo de pena cuyo alcance e involucrados no fue revelado.El abogado defensor del expresidente, Carlos Carrillo, que aseguró antes de entrar a la sala del tribunal que Martinelli "no guarda relación con los hechos de esta investigación" del caso Odebrecht, criticó varias decisiones de la jueza, que le respondió que esas alegaciones debían presentarse en otra etapa posterior de la audiencia de juicio.Martinelli está asilado en Colombia desde mayo pasado, tras permanecer refugiado más de un año en la embajada nicaragüense en Panamá para evitar ir a prisión después de ser condenado a más de 10 años de cárcel por blanqueo por el caso ‘New Business’, sobre la compra de un conglomerado de medios con dinero público.Dos hijos del expresidente, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, ya cumplieron cárcel en EE.UU. por Odebrecht, tras confesar en una corte federal que participaron "en pagos de sobornos hechos por y bajo la dirección" de la constructora por un total de 28 millones de dólares, lo que hicieron "por órdenes del padre", como alegó su defensa.Los hermanos Martinelli enfrentarán el caso Odebrecht en Panamá ante la Corte Suprema de Justicia, al igual que el expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), debido a que son miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen), lo que les otorga un fuero especial.El Ministerio Público (MP, Fiscalía) indicó este lunes en sus redes sociales que la audiencia se "inicia contra 23 personas por sus vinculaciones al delito de blanqueo de capitales", y que su equipo, liderado por la fiscal Ruth Morcillo, "se encuentra preparado para sustentar condena en este caso".La investigación por el caso Odebrecht en Panamá se abrió en 2015, fue archivada, reabierta en 2017 - luego que la empresa confesó en EE.UU. que había pagado 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países - y culminó en octubre de 2018.La Fiscalía ha logrado más de una decena de acuerdos de pena con los imputados, que inicialmente eran 36 personas.Este juicio podría durar meses, ya que solamente el expediente en manos de la magistrada tiene al menos 2.757 tomos y más de 1,3 millones de páginas.Odebrecht pagó más de 80 millones de dólares a funcionarios y particulares, según las confesiones de André Rabello, quien dirigió por varios años las operaciones de la constructora brasileña en Panamá.
La reciente absolución del exgerente de TransMilenio y exsecretario de Movilidad de Bogotá, Francisco Fernando Álvarez, cerró un proceso judicial que se extendió durante ocho años y que incluyó seis meses de reclusión en La Picota. El fallo, que confirma su inocencia, no solo significa un respiro personal y familiar, sino que revive el debate sobre el papel de la Fiscalía en aquel momento y la forma en que se manejaron casos de alto perfil vinculados con supuesta corrupción en el sector público.En entrevista con Mañanas Blu, Álvarez relató el impacto que tuvo el proceso en su vida profesional y personal. Afirmó que, más allá del desgaste judicial, lo más difícil ha sido recuperar su nombre en la opinión pública, marcado por titulares que lo señalaban en su momento como responsable de graves delitos que nunca se probaron.Crítica a la Fiscalía y el papel de los mediosEl exfuncionario fue enfático en señalar que su caso no fue aislado, sino parte de una estrategia mediática liderada por la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. “Era evidente que lo que se buscaba era llenar de titulares de prensa para mostrar una lucha contra la corrupción, aunque no hubiera pruebas reales”, aseguró.Álvarez incluso fue más allá y vinculó esa estrategia con la coyuntura del escándalo de Odebrecht. “Me usaron para distraer al país de Odebrecht”, dijo, al recordar cómo su imputación coincidió con momentos clave de ese caso. Según explicó, en 2018 hubo una ola de imputaciones contra más de mil funcionarios públicos, en lo que describió como un “programa de resultados” que sacrificó la honra de muchas personas inocentes.Ocho años de calvario judicialEl economista y abogado destacó que su confianza en la justicia y el apoyo de su familia fueron fundamentales para resistir un proceso que parecía interminable. Sin embargo, advirtió que la reparación del daño no será sencilla. “Cuando me detuvieron, era noticia en todos los medios; ahora que me absuelven, cuesta mucho más recuperar el buen nombre”, comentó.Álvarez también agradeció la cobertura reciente de medios que han reseñado su absolución, aunque insistió en que el daño ya está hecho. Para él, lo más preocupante es que se repitan casos similares con otros funcionarios que enfrentaron imputaciones sin fundamentos sólidos.Un llamado a la responsabilidadEl testimonio de Álvarez es, además, un llamado a la autocrítica del periodismo y a la responsabilidad de las instituciones de control. “Las fuentes oficiales muchas veces tienen intereses, y cuando no se contrasta la información, se terminan destruyendo vidas”, advirtió durante la entrevista.Hoy, con el fallo que lo exonera, Francisco Fernando Álvarez inicia el camino de reconstrucción de su carrera y de su prestigio, aunque el recuerdo de esos ocho años de proceso sigue siendo una cicatriz difícil de cerrar.
El exministro de Defensa de Colombia y exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, reaccionó públicamente a la orden de captura en su contra emitida por la justicia guatemalteca. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Velásquez rechazó la acusación y apuntó directamente contra las autoridades que impulsan el proceso.“Ahora, la corrupta fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche —designados como corruptos y sancionados por EE. UU. y la Unión Europea— extienden su persecución contra Luz Adriana Camargo y contra mí. Mi solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la fiscalía ha obligado al exilio”, escribió el exministro en su pronunciamiento.El mensaje se da pocas horas después de que el fiscal Rafael Curruchiche anunciara la orden de captura contra Velásquez y la actual fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, por delitos relacionados con el caso Odebrecht, entre ellos asociación ilícita, tráfico de influencias, obstrucción de la justicia y colusión.Velásquez, quien lideró durante varios años la CICIG y fue reconocido por su lucha contra la corrupción en Guatemala, señaló que esta acción judicial hace parte de una campaña de persecución por parte de funcionarios señalados internacionalmente por obstaculizar la justicia. Tanto Curruchiche como la fiscal general guatemalteca Consuelo Porras han sido incluidos por el Departamento de Estado de Estados Unidos en la Lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos.
La justicia de Guatemala emitió una orden de captura contra el exministro de Defensa Iván Velásquez Gómez y la actual fiscal general, Luz Adriana Camargo, en el marco del escándalo de corrupción relacionado con la constructora Odebrecht.La solicitud fue hecha por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), encabezada por el fiscal Rafael Curruchiche, quien anunció que ambos enfrentan cargos por los delitos de asociación ilícita, obstrucción de la justicia, tráfico de influencias y colusión. Según la FECI, los señalados habrían actuado en el pasado en favor de los intereses de la empresa brasileña durante investigaciones vinculadas a la red de sobornos que la multinacional tejió en América Latina.Curruchiche acusó directamente a Velásquez, quien fue jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de liderar una “estructura criminal” que habría favorecido a Odebrecht, lo que, según el fiscal, provocó un perjuicio superior a los 3.000 millones de quetzales para el Estado guatemalteco.En su comunicado, el Ministerio Público guatemalteco aseguró que esta acción reafirma su compromiso con la lucha contra la corrupción e insistió en que todos los implicados deberán responder ante la justicia."La estructura criminal encabezada por el excomisionado Iván Velásquez Gómez favoreció a los empresarios de la constructora Odebrecht y provocó que el Estado de Guatemala perdiera más de 3.000 millones de quetzales. El Ministerio Público reafirma su compromiso de luchar contra la corrupción e impunidad en Guatemala y que todos enfrenten el peso de la ley", señaló el fiscal Curruchiche.
El gobierno colombiano otorgó asilo político al expresidente de Panamá Ricardo Martinelli condenado en su país a más de 10 años de cárcel por corrupción y lavado de activos en el caso New Business.La medida sorprende porque Petro, durante años, fue uno de los críticos más fuertes de Martinelli y lo señaló públicamente como parte de una red de protección política que favorecía la impunidad.Desde 2010, Petro publicó varios mensajes en redes sociales en los que criticaba el asilo que Martinelli le dio a María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS condenada en Colombia a 15 años de prisión por interceptaciones ilegales.Petro también acusó a Martinelli de tener vínculos con el expresidente Uribe y de pedir ayuda a Estados Unidos para hacer espionaje, según documentos revelados por Wikileaks. Incluso, en 2016 y 2019, Petro señaló a los hijos de Martinelli de recibir sobornos de Odebrecht y de otras empresas como FCC.Ahora, en mayo de 2025, el propio Petro decidió concederle asilo a Martinelli, lo que ha hecho que algunos se pregunten qué cambió: si fue la información, las circunstancias o las convicciones del presidente.Mientras tanto, la Casa de Nariño ha dado mayores detalles sobre los motivos concretos, y solo emitió un comunicado en el que dice que la decisión se tomó por razones humanitarias y siguiendo el principio pro persona.El gobierno panameño aceptó la salida de Martinelli, quien estaba refugiado en la embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá, y le dio un salvoconducto para viajar a Colombia.Aunque Panamá dijo que se respetaron las normas internacionales sobre asilo, en Colombia crece el debate por lo que muchos ven como una contradicción entre el discurso del pasado de Petro y sus decisiones actuales en el poder.Los trinos de Gustavo Petro, publicados a lo largo de casi una década, revelaron una línea constante: la denuncia de una alianza política y judicial entre los expresidentes Álvaro Uribe y Ricardo Martinelli, con la complicidad pasiva, según él, del ahora expresidente Juan Manuel Santos.El centro de sus críticas del entonces senador giró en torno a la protección de María del Pilar Hurtado, símbolo de lo que Petro describió como un aparato de persecución ilegal que debía rendir cuentas ante la justicia.Críticas por el asilo a María del Pilar HurtadoLos trinos más antiguos datan de noviembre de 2010, cuando se conoció que el gobierno de Martinelli había concedido asilo político a María del Pilar Hurtado. Petro respondió entonces con mensajes irónicos.El 19 de noviembre de ese año retuiteó comentarios que destacaban la cercanía de Martinelli con Uribe y la protección ofrecida a Hurtado, quien era requerida por la justicia colombiana por su participación en las interceptaciones ilegales a magistrados, periodistas y opositores políticos.Un día después, Petro escribió: “Uribe, después que su amigo Martinelli encubre al delincuente, me ataca porque no fui a la audiencia de su tribunal de bolsillo”. En otra respuesta a usuarios, añadió: “Santos está aceptándole a Martinelli que es un perseguidor político”, dejando en evidencia su desacuerdo con la postura del nuevo presidente colombiano, a quien señalaba de legitimar el asilo y contribuir a la impunidad.El 21 de noviembre, el entonces congresista continuó con sus críticas: “Dada la actitud de Santos ante Martinelli, lo lleva al conflicto con la justicia y lo devuelve a Uribe”. Para Petro, la administración de Santos no había roto con el uribismo en asuntos fundamentales como el respeto a la justicia y la lucha contra el espionaje ilegal. Sin embargo, esta postura crítica no pareció tener consecuencias concretas más allá del debate público.Revelaciones de Wikileaks y nuevas sospechasEl 25 de diciembre de 2010, Petro publicó varios trinos en los que aludió a documentos de Wikileaks que implicaban a Martinelli en prácticas de interceptación ilegal. “Con razón Martinelli ayudó a Uribe, si el presidente panameño le pidió a USA interceptar teléfonos”, escribió. En otro mensaje señaló: “Gracias a Wikileaks ahora sabemos por qué Martinelli ayudó a Uribe con el asilo de María Hurtado”.Ese mismo día cuestionó si el gobierno colombiano había respaldado indirectamente al panameño en su petición: “Si USA se negó al pedido de Martinelli, ¿el gobierno colombiano lo habrá ayudado?”, se preguntó Petro, insinuando complicidad por parte del Estado colombiano.A finales de ese año, el 29 de diciembre, Petro reforzó la idea de una alianza ideológica entre ambos expresidentes al afirmar: “Por esto Uribe y el panameño Martinelli se entendían tan bien, Dios los hace y...”.De Hurtado a los sobornos de Odebrecht y constructora de SlimEn 2011, Petro retomó el tema con otro señalamiento a Uribe, esta vez con un tono más desafiante: “Si Uribe quisiera y no temiera esclarecer su papel, debería escribir a su amigo Martinelli para que entregue a María Hurtado a la justicia”.Años después, cuando estalló el escándalo de Odebrecht, Petro relacionó directamente a los hijos de Martinelli con la recepción de sobornos. El 23 de diciembre de 2016 publicó: “Hijos del expresidente acusado de interceptación ilegal recibieron sobornos de Odebrecht. Se trata de Martinelli, Panamá”.El 16 de octubre de 2019 amplió esa denuncia al mencionar a la constructora Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), socia de Carlos Slim, que según investigaciones había pactado con la Fiscalía de Panamá tras reconocer pagos ilegales. “FCC [...] sobornó hijos del presidente Martinelli y pagó 500 millones de dólares más en sobornos en Centroamérica, es socia de Odebrecht…”, escribió Petro, ampliando el foco de su crítica a una red internacional de corrupción. Las acusaciones fueron reportadas en medios panameños y españoles, aunque no todos los procesos han concluido en condenas.Una decisión que revive el archivo de sus propias palabrasAhora, tras la decisión de concederle asilo a Martinelli, las palabras del presidente Petro vuelven como eco de una narrativa que construyó durante años. Muchos se preguntan qué cambió: ¿la evidencia, las circunstancias o la convicción?¿Cambió la evidencia?No parece. La condena contra Martinelli en Panamá por lavado de activos y corrupción se basa en investigaciones que refuerzan, más que debilitan, las acusaciones que el propio Petro respaldó durante años desde la oposición. La información que antes sirvió de sustento para denunciarlo hoy sigue siendo válida, incluso reforzada por fallos judiciales. No se ha presentado ninguna nueva prueba que lo desvincule de los hechos por los que fue condenado.¿Cambió el contexto? Posiblemente. Petro hoy es jefe de Estado y no congresista opositor. Las relaciones exteriores, las tensiones regionales y el interés de Colombia por asumir un papel de liderazgo humanitario en América Latina podrían haber influido en una decisión que, en otro tiempo, habría criticado con vehemencia. En este nuevo rol, el presidente debe equilibrar intereses diplomáticos, jurídicos y humanitarios, aunque esto implique contradicciones con su historial discursivo.¿Cambió la convicción? Esa es la pregunta más difícil. Si no es la evidencia ni el contexto lo que ha variado en esencia, la sospecha recae sobre un posible cambio de principios. Para algunos analistas, conceder asilo a alguien a quien antes se consideró emblema de la impunidad podría indicar una flexibilidad política que roza la incoherencia. Para otros, podría ser el resultado de una visión pragmática del poder, en la que el derecho al asilo trasciende los antecedentes penales si se considera que hay persecución política.Comunicado de Panamá sobre el asilo a MartinelliEl Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá informó que el Gobierno de Colombia, mediante nota formal dirigida por el presidente Gustavo Petro al presidente panameño José Raúl Mulino, otorgó asilo al ciudadano Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, quien se encontraba asilado en la Embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá.En consecuencia, el gobierno panameño concedió el salvoconducto necesario para la salida del expresidente Martinelli, permitiéndole trasladarse en un carro diplomático desde la sede diplomática de Nicaragua hasta un aeropuerto, desde donde partió en avión rumbo a Colombia.El comunicado resalta que Colombia es un Estado que históricamente ha respetado y promovido el Derecho Internacional, incluyendo el asilo en el sistema interamericano. Panamá expresó su confianza en que la concesión del salvoconducto cumple con lo establecido en la Convención sobre Asilo de 1928 y la Convención sobre Asilo Político de 1933.Comunicado oficial de Colombia sobre la decisión presidencialPor su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un escueto comunicado en el que informó que el presidente Gustavo Petro concedió asilo político a Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, decisión que fue debidamente comunicada al Gobierno de Panamá.“La decisión se apoya en la observancia del principio pro persona y de la tradición humanista de Colombia de protección a personas perseguidas por razones políticas”, concluye el texto oficial.¿Una jugada diplomática o una contradicción política?El contraste entre los trinos del pasado y la decisión actual ha generado desconcierto. El giro en su postura, frente a un personaje que él mismo denunció por corrupción y espionaje, revive un debate más amplio: ¿hasta qué punto los principios ideológicos sobreviven al poder?La historia aún no termina.
En este caso, la Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y enriquecimiento ilícito, aunque lo absolvió de concierto para delinquir. La pena definitiva será de 11 años y cinco meses de cárcel.Según el fallo de la Sala Penal, Antonio Guerra De La Espriella actuó como intermediario entre Odebrecht y otros congresistas para facilitar la aprobación del contrato de estabilidad jurídica, del cual la multinacional se beneficiaría tributariamente.En particular, el exsenador habría utilizado su influencia para asegurar el respaldo del entonces senador Otto Bula.“Confirmar parcialmente la sentencia emitida el 15 de marzo de 2022 por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia en contra de Antonio del Cristo Guerra de la Espriella, con la salvedad de que la condena procede únicamente por los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y tráfico de influencias de servidor público, este último en la modalidad de concurso homogéneo de conductas punibles”, se lee en el fallo.El tribunal también impuso una multa de 1.175 millones de pesos y le inhabilitó para ejercer cargos públicos durante el mismo periodo de su condena. La Corte informó que ya notificó a las autoridades competentes para hacer efectiva su captura.
La Corte Suprema de Justicia en un fallo de segunda instancia confirmó la absolución del excongresista Plinio Olano Becerra, quien fue procesado por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias y cohecho propio, por su presunta vinculación con actos de corrupción relacionados con la multinacional Odebrecht.La decisión ratificó el fallo de primera instancia, proferido en 2019 por la misma Corte, el cual había absuelto a Olano, pero fue apelado por el Ministerio Público, que solicitaba una condena por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias y cohecho propio.“Olano Becerra fue absuelto por la Sala Especial de Primera Instancia que consideró que no se demostró en juicio la responsabilidad del procesado en los delitos imputados subsistiendo dudas “en aspectos sustanciales que no lograron desvirtuar la presunción de inocencia del procesado, en cuanto a la materialidad de las conductas punibles acusadas y la responsabilidad del procesado”, se lee en el fallo.Este proceso judicial contra el excongresista se extendió por casi seis años, durante los cuales se evaluaron diversas pruebas y testimonios, por esto, la ponderación intrínseca y extrínseca de los medios de convicción llevó a la Corte a concluir que no se podía afirmar con certeza que Plinio Olano hubiera cometido las conductas ilegales por las cuales fue llamado a juicio.Él fue señalado de haber influido de manera ilegal en la adjudicación de la Ruta del Sol II, así como de gestionar la participación de Odebrecht en varios proyectos de infraestructura, como la concesión vial Duitama-Charalá-San Gil, la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR Salitre y la firma del contrato adicional de la Ruta del Sol.El excongresista, quien había permanecido en prisión durante un año bajo medida privativa mientras avanzaba la investigación, recuperó su libertad en 2019 tras la absolución de primera instancia.
Al menos 10 personas murieron y 10 más resultaron lesionadas en un accidente múltiple ocurrido este domingo 12 de julio en la autopista federal Guadalajara-Tepic, en el oeste de México, según informaron las autoridades de Jalisco y Nayarit.El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 69, en las inmediaciones del municipio de Magdalena, estado de Jalisco, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de Nayarit y la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.Según los primeros reportes, el accidente, -en el que estuvieron involucrados al menos ocho vehículos-, ocurrió después de un choque por alcance entre dos tractocamiones que era atendido por elementos de la Guardia Nacional.Durante las labores de atención, un tercer tractocamión impactó en el sitio, lo que provocó el incendio de tres vehículos particulares y dos tractocamiones que fueron consumidos totalmente, informó el gobierno de Nayarit.Además, dos vehículos particulares y una unidad oficial de la Guardia Nacional resultaron con daños. El personal de rescate confirmó el fallecimiento de diez personas en el lugar del accidente, entre ellas, dos menores de edad.En tanto, los servicios de emergencia atendieron a diez personas lesionadas, incluyendo a dos agentes de la Guardia Nacional que fueron reportados en estado grave y trasladados al Hospital de Magdalena.Protección Civil de Jalisco informó que cuatro ciudadanos estadounidenses sufrieron lesiones leves y fueron llevados a un hospital en Guadalajara. Agregó que otras cuatro personas con lesiones leves fueron trasladadas a otro hospital en el estado de Nayarit.La carretera fue cerrada en ambos sentidos y la circulación permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, mientras personal del Servicio Médico Forense continúa con la investigación, el procesamiento de la escena y el levantamiento de los cuerpos, detalló la autoridad.Las autoridades exhortaron a la población a evitar la zona y utilizar la carretera libre Guadalajara-Tepic como vía alterna, mientras continúan las labores de rescate, el retiro de las unidades siniestradas y los peritajes para determinar las causas del accidente.
Descubra las historias y reflexiones que inspiran una nueva edición de Encuentros Blu, este domingo, 12 de julio de 2026.Luz Helena Cordero, poeta santandereana y escritora, habló sobre su trayectoria literaria, el poder transformador de la poesía y el legado que ha construido a través de obras como Óyeme con los ojos y Cielo ausente.Alberto González Mebarak, abogado, académico, autor y conferencista, explicó cómo surgieron sus libros Pasión por el derecho y la justicia y El tribunal de las redes, además de analizar el impacto de las redes sociales y la opinión pública en la administración de justicia.Tatiana Sedano, escritora, conferencista y creadora del pódcast Las vueltas de la vida, compartió reflexiones sobre el crecimiento personal, la resiliencia, el duelo y la búsqueda de propósito a partir de las experiencias que han marcado su vida y la de sus invitados.Andrea Montoya, CEO de Alimentos del Casino y administradora de empresas, contó cómo ha liderado el crecimiento de la compañía, los retos del emprendimiento en la industria de alimentos y la importancia de la innovación y el liderazgo empresarial.Escuche el programa completo acá:
Una propuesta del alcalde de Quinchía (Risaralda), Jader Bañol, generó una fuerte controversia luego de que se conociera un video en el que habría pide imponer comparendos a las personas que suministren comida o agua a perros en condición de calle.En la grabación, el mandatario habría hecho un llamado a las autoridades para sancionar a quienes alimenten a estos animales en espacios públicos. Según se escucha en el video, solicita "empezar a hacer comparendos" y evitar que ciudadanos les den alimento o agua.La iniciativa provocó reacciones en redes sociales y el pronunciamiento de la senadora animalista Andrea Padilla, quien cuestionó la postura del alcalde y aseguró que las administraciones municipales tienen responsabilidades legales frente a la protección de los animales.¿Qué le respondió la senadora?La congresista respondió a través de sus redes sociales con un mensaje en el que rechazó la propuesta del mandatario."Alcalde, está usted miando fuera del tiesto", apuntó la senadora. Padilla sostuvo que, antes de plantear sanciones contra quienes ayudan a los animales sin hogar, la administración debería informar qué acciones ha desarrollado en materia de bienestar animal."No puede multar la solidaridad; más bien asuma su responsabilidad", señaló. La senadora también preguntó por las jornadas de esterilización, la atención veterinaria para animales abandonados, la existencia de un centro de bienestar animal o convenios con fundaciones, así como por la implementación de la Ley Ángel y otras obligaciones relacionadas con la protección animal.¿Por qué la medida ha generado controversia?El caso ha despertado debate porque la propuesta del alcalde coincide con cuestionamientos sobre las responsabilidades de las autoridades locales frente a los animales en condición de abandono.En su pronunciamiento, Andrea Padilla recordó que la Ley 1774 de 2016 establece deberes de protección hacia los animales y sostuvo que el cuidado de los perros sin hogar no puede centrarse en sancionar a quienes les brindan alimento o agua.Hasta el momento, la discusión continúa en redes sociales, donde usuarios han expresado opiniones divididas sobre la iniciativa anunciada por el alcalde de Quinchía y la respuesta de la congresista.
Un nuevo episodio de intolerancia en las vías de Barranquilla se viralizó en redes sociales tras difundirse un video grabado el pasado 11 de julio en la intersección de la calle 79 con carrera 42F, en el norte de la ciudad.En la grabación se ve cuando el trabajador de una plataforma de domicilios terminó en el techo de un carro en movimiento, luego de una discusión por el supuesto no pago de un pollo por parte de la conductora.Enerson Díaz, el repartidor o domiciliario, explicó en un video en redes sociales que el conflicto inició cuando la cliente recibió la comida pero se rehusó a pagarla, porque, al parecer, ya le habían descontado un pedido previo que no le entregaron.Ante la falta de acuerdo y para evitar perder el valor del producto, el joven narra que decidió pararse frente al automotor para impedir que la mujer se marchara mientras llegaba la Policía, pero en ese momento el carro avanzó y decidió subirse al techo con el vehículo en movimiento durante varias cuadras.Añadió que también se sintió agredido por haber sufrido maltratos verbales por parte de la mujer, por ser ciudadano venezolano.Por otro lado, la ciudadana involucrada entregó una versión opuesta en sus redes, manifestando que su intención nunca fue actuar con agresividad, sino reclamar por una entrega anterior que no recibió.Agregó que se sintió acorralada e intimidada cuando un grupo de motociclistas domiciliarios, a los que llamó "delincuentes", rodeó su vehículo, pero que al final pagó $100.000, cuando el costo era de $35.000.Hasta el momento, ni la Policía ni la plataforma se han manifestado sobre el hecho que es viral en redes sociales.
Venezuela sumó este domingo otros 157 muertos por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, por lo que totalizan al menos 4.490 fallecidos, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 16.740, según el balance oficial.El presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, indicó en redes sociales que 120.794 familias han sido atendidas y que hay 19.583 personas en un total de 108 campamentos transitorios habilitados, principalmente, en escuelas de Caracas y los estados aledaños Miranda y La Guaira, la región más afectada.Según esta actualización, hay 14 nuevos refugios temporales respecto al sábado, cuando había 94. El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que han sido distribuidas 9.995 toneladas de alimentos y 18,5 millones de litros de agua.Por otra parte, hay 30.535 voluntarios registrados y 31.837 funcionarios de distintos organismos desplegados en el país, donde, además, ha habido 1.222 réplicas desde el 24 de junio.Míster Venezuela despide a su novio tras 17 días de búsquedaEn una funeraria en Caracas, Lenin Peña, Míster Universo Venezuela 2025, despidió este domingo a su novio, cuyo cuerpo fue encontrado tras 17 días de búsqueda entre los escombros del edificio donde vivían juntos, en la devastada región costera de La Guaira, y que colapsó por el doble terremoto."Sé que lo intenté, sé que lo encontré, pero siento que no llegué a tiempo. Queríamos durar toda la eternidad juntos", dijo a EFE durante el velorio en una funeraria en el sector La Florida de la capital.Durante las dos semanas y dos días que duró la búsqueda, Peña compartía en tiempo real detalles en su cuenta en Instagram, donde también pedía ayuda y equipos, como un martillo de aire, un compresor de remolque y una planta eléctrica, para facilitar la misión.Pese a que con el tiempo disminuían las probabilidades de encontrarlo con vida, tenía su "fe intacta" y guardaba la esperanza de que Yordy Paredes, Míster Mérida 2025 y estudiante de Psicología de veintidós años, siguiera vivo."Siempre va a ser el amor de mi vida, siempre, y espero que algún día nos volvamos a encontrar", expresó el también médico de treinta años de edad.La búsquedaEl 24 de junio, feriado en Venezuela, Peña había salido de su casa para visitar a su madre e hijos, en otra localidad de La Guaira.Los terremotos también desplomaron la vivienda de su mamá, pero ellos lograron salir, tras lo que intentó comunicarse con su novio, pero no contestaba, y la señal de telefonía móvil colapsó, así como otros servicios. El joven doctor corrió hasta llegar a su edificio, uno de los numerosos inmuebles que colapsaron en La Guaira."Cuando llegué, me encontré con el edificio devastado. Yo no paraba de gritar intentando localizarlo, porque no sabía si le dio chance de bajar", recordó Peña, quien recorrió los alrededores y visitó un hospital en su búsqueda.Entonces, dijo, entendió que "estaba en casa". Empezó entre los escombros solo y luego, poco a poco, se formó un pequeño grupo al que posteriormente se sumaron rescatistas y bomberos.Peña insistió, pese a que los rescatistas "abandonaron la misión porque se ponían en riesgo, al ver lo peligroso" que era. "Amor, espérame un poco más. Ya casi llego, amor, por favor", escribió en Instagram el 7 de julio, día del cumpleaños de su novio.El último mensajeEl 8 de julio, cuando se cumplieron dos semanas de los sismos, ya estaban más cerca: habían logrado llegar a lo que era la cocina de su apartamento, y dos días después, a la sala.Fue ahí donde, en la madrugada del sábado, lo encontraron. Lo primero que vio fueron sus dedos. "Ya sabía que era él. Cuando tú conoces a una persona, sabes todo", afirmó.Entre las ruinas también encontró el peluche que le regaló el 14 de febrero de este año, Día del Amor y la Amistad, así como un reloj y dos camisetas."Ver nuestras cosas en el apartamento ya era desgarrador, y después encontrarlo a él...", relató.En su teléfono, guarda el último mensaje que Paredes le envió: "Te amo muchísimo, siempre voy a estar a tu lado, en cada rincón".
