La investigación por el escándalo de Odebrecht en Colombia tuvo un nuevo episodio en las últimas horas, tras conocerse la decisión de la Fiscalía, de no acceder a la solicitud que le hizo el gobierno del presidente Gustavo Petro para que reabriera la investigación contra el presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez.La petición la había hecho por redes sociales el presidente Gustavo Petro, quien lanzó una serie de duras críticas contra Aval y su filial Corficolombiana, luego de conocerse el acuerdo alcanzado por esas empresas con la justicia estadounidense, que consistió en el pago de una multa de más de 70 millones de dólares a cambio de que se terminaran las investigaciones que se adelantaban en contra de la empresa en ese país.Ese episodio terminó acusando únicamente al expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, de haber supuestamente tenido conocimiento de las irregularidades que se cometieron para alcanzar el acuerdo con Odebrecht para la construcción de la Ruta del Sol.Una vez se conocieron los detalles del acuerdo, el gobierno del presidente Gustavo Petro consideró que existían nuevos elementos para que se adelantara la reapertura del proceso penal en Colombia, en particular en contra de la cabeza del grupo Aval, uno de los conglomerados financieros más grandes de Colombia.Sin embargo, en las últimas horas la Fiscalía reveló que quien radicó el escrito con esa solicitud fue el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, quien recientemente ha estado en el “ojo del huracán” por haber revelado un listado de 500 candidatos supuestamente inhabilitados para las próximas elecciones.La Fiscalía explicó que la solicitud fue enviada al fiscal delegado ante la Corte Suprema que archivó el proceso contra Sarmiento Gutiérrez en febrero de 2021 y agrega una frase demoledora, citando jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional: “la reactivación de una investigación archivada debe sustentarse en el surgimiento de nuevos elementos materiales de prueba” y agrega que “una orden de desarchivo no puede ser una decisión caprichosa de la Fiscalía”.Al final, la Fiscalía agrega que el secretario Idárraga no adjuntó elementos nuevos de prueba para sustentar su solicitud para reabrir la investigación contra Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez y revela que su solicitud estuvo sustentada únicamente en algunas publicaciones de medios de comunicación.El caso Odebrecht por ahora pareciera estar llegando a un punto culminante y la pregunta que surge es si esta decisión de la Fiscalía finalmente terminará reactivando el viejo sueño del presidente Gustavo Petro de traer al país una comisión de la ONU para que investigue la corrupción, bajo el argumento de que en Colombia no hay un verdadero interés en esclarecer los más graves escándalos de esa índole.
La Fiscalía no reabrirá la investigación contra el presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, por el escándalo Odebrecht al responder una solicitud del secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, y señalar que no adjuntó elementos que permitieran ordenar dicha reapertura.El secretario de Transparencia solicitó esa reapertura de la investigación contra Sarmiento Gutiérrez, pero la Fiscalía direccionó al fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, que archivó esa investigación el 26 de febrero de 2021 y determinó que no se abrirá el caso.Para la Fiscalía: “La normatividad penal vigente, y las interpretaciones jurisprudenciales de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, indican que la reactivación de una investigación archivada debe sustentarse en el surgimiento de nuevos elementos materiales de prueba, sobre los cuales es necesario que exista claridad del origen y una legítima acreditación de las personas que los obtienen”.Razón por la cual, al determinar que el Gobierno del presidente Petro no tiene pruebas nuevas, la Fiscalía dijo: “Una orden de desarchivo no puede ser una decisión caprichosa de la Fiscalía ante cualquier requerimiento de los sujetos involucrados o de terceros que manifiesten algún tipo de interés”, razón por la cual el fiscal del caso rechazó de plano la solicitud de desarchivo de esta investigación.Le puede interesar:
La exministra de transporte Cecilia Álvarez debe ir a juicio por presuntas irregularidades en el contrato vial de la Ruta del Sol IILa Fiscalía radicó el escrito de acusación contra la exministra de Transporte Cecilia Álvarez, porque según las pruebas reveladas por la investigación, Álvarez, como máxima autoridad del sector transporte habría permitido que la ANI modificara el contrato de concesión original, desnaturalizando su objeto inicial y desconociendo que las obras adicionales se debían adelantar por medio licitación pública.Para este caso fue un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia quien radicó el escrito de acusación en contra de la exministra de Transporte Cecilia Elvira Álvarez como presunta responsable de “viabilizar la ejecución irregular de los otrosíes 3 y 6 al contrato ‘Ruta del Sol II’, los cuales adicionaron el tramo Ocaña – Gamarra al proyecto vial”, dice la Fiscalía.Según el escrito de acusación, la exministra no impidió que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad adscrita al Ministerio de Transporte realizara dos adiciones improcedentes que permitieron al Consorcio Ruta del Sol, del que hacía parte Odebrecht, asumir la construcción del nuevo trayecto sin que mediara un proceso de contratación en el que concurrieran varios oferentes. Para la Fiscalía, Cecilia Álvarez al parecer habría desconocido las normas contractuales, la jurisprudencia y un concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado.En juicio, la exministra de Transporte debe responder por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. La fecha de la audiencia de acusación se conocerá próximamente, cuando la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia la fije.Le puede interesar:
Los propietarios y representantes legales de la empresa Midas S.A.S que habría hecho contratos ficticios para facilitar el pago de sobornos de Odebrecht, terminaron imputados porque estarían involucrados en el entramado de corrupción de la constructora brasileña.Se trata de Gabriel Giraldo, exalcalde de Gamarra, en el departamento del César, y su hermano Jaime Giraldo; los representantes de la empresa, Wilson Ruiz y Carlos Abuabara; y la propietaria de la compañía Lina Bermúdez, los imputados por la Fiscalía.Según las pruebas, en el año 2015, el entonces director de la zona norte del Consorcio Constructor Ruta del Sol, Marcio Marangoni, se reunió en una finca en Gamarra con Otto Bula y Federico Gaviria para tomar decisiones sobre el dinero prometido por la afición del tramo Ocaña - Gamarra del proyecto ‘Ruta del Sol II’.Luego de estos encuentros acudieron al entonces alcalde de Gamarra y a su hermano, para facilitar el flujo del dinero de manera ilegítima. El mandatario municipal habría conseguido a la empresa Midas S.A.S, donde trabajaban varios exfuncionarios de la alcaldía de Gamarra, para celebrar contratos ficticios y facilitar los sobornos de Odebrecht.La empresa recibió por el primer contrato un anticipo de 1.200 millones de pesos y por un segundo acuerdo recibió un anticipo de 1.639 millones de pesos. Según la Fiscalía, de ese dinero los representantes de la empresa se quedaron con más de mil millones de pesos, y el resto de la plata habría llegado a Otto Bula y otros intermediarios de Odebrecht.Los imputados deberán responder por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad en documento privado.Le puede interesar:
Desde la ciudad de Girardot, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo, confirmó la fecha que tiene fijada el alto tribunal para analizar el lío jurídico que dejó las dos ternas presentadas por el presidente Petro para elegir al nuevo fiscal general de la Nación.El magistrado Castillo aseguró: “No me puedo adelantar a las decisiones de Sala de Gobierno que deben reivindicadas en la Sala Plena de la corporación, lo cual debe acontecer el próximo 12 de octubre”.El presidente de la corporación también explicó que, en la mañana de este 28 de septiembre, la exfiscal delegada para el caso Odebrecht, Amparo Ceron, presentó un derecho de petición para elegir y ser elegida.“Ese tema del derecho de petición lo tenemos que resolver, o sea, nos toca estudiar para mirar si los casos son iguales, cómo se llevaría y demás”, dijo Castillo.Además, agregó que “la Sala de Gobierno tiene que tomar entre estas dos decisiones. El derecho de petición de la doctora Cerón es lo bastante completo como para abordar las dos temáticas que están proponiendo”.La Sala de Gobierno, integrada por las salas Civil, Laboral y Penal de la Corte Suprema de Justicia, tendrá que llevar a una propuesta sobre dicha situación a la Sala Plena para que sea acogida.Hay que recordar que el presidente Petro presentó la primera terna conformada por la exfiscal delegada ante la Corte Ángela María Buitrago; la exfiscal que investigó los crímenes del paramilitarismo Amelia Pérez Parra; y la exfiscal delegada para investigar el caso de Odebrecht Amparo Cerón. En los últimos días el presidente Petro excluyó a Cerón y propuso a la exmagistrada Luz Adriana Camargo, cercana al ministro de Defensa, Iván Velásquez.Vea también
Quedaron formalmente imputados por el caso de corrupción de Odebrecht el expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, y otras 8 personas, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.La razón por la cual fueron imputados fue porque suscribieron, sin el cumplimiento de los requisitos esenciales, el otrosí No. 5 al Contrato de Concesión No. 007 de 2010, para la elaboración de los estudios y diseños de la fase III de un segundo puente entre los municipios de Plato y Zambrano en el departamento de Magdalena.La decisión afecta a 9 funcionarios de la ANI para la época de los hechos. Se trata de Germán Edmundo Córdoba Ordóñez, como vicepresidente ejecutivo.Los miembros del Comité Asesor de Asuntos Contractuales: Margarita Montilla Herrera, gerente de asesoría legal de contratación y delegada del presidente en el comité asesor; Camilo Andrés Jaramillo Berrocal, vicepresidente de estructuración; Poldy Paola Osorio Álvarez, vicepresidente de planeación, riesgos y entorno; Andrés Figueredo Serpa, vicepresidente de gestión contractual; Juan Gabriel Cisneros Llanos, gerente técnico; Eggna Dorayne Franco Méndez, líder de seguimiento del proyecto Ruta del Sol III (supervisora); y Alberto Barajas Nova, director del consorcio Ruta del Sol, empresa que ejercía la interventoría del Contrato de Concesión No. 007 del 2010.A los ocho mencionados anteriormente se suma Luis Fernando Andrade Moreno, quien se desempeñaba como presidente y ya cuenta con una investigación en etapa de juicio, y ahora recibe esta nueva imputación.Le puede interesar:
Este martes, 19 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación imputó el delito de interés indebido en la celebración de contratos contra 11 funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Esto porque, según el ente investigador, habrían favorecido el contrato de un concesionario que pertenecía a Odebrecht.Las irregularidades estarían relacionadas con el aparente favorecimiento al concesionario Ruta del Sol II, y habrían sido cometidas entre los años 2014 y 2016. Según la Fiscalía, los 11 funcionarios habrían proyectado, elaborado, firmado o gestionado, estudios de conveniencia, actas de comité y tramitado la suscripción de los otrosíes 8 y 10 del contrato de concesión 01 de 2010 que permitió la construcción del tramo II de la Ruta del Sol.Estos fueron los presuntos casos de corrupciónAsimismo, el otrosí 8 fue suscrito el 23 de diciembre de 2014, por lo que se accedió un giro de 10.330 millones de pesos para la construcción de una vía de acceso al municipio de Puerto Boyacá, la cual no estaba contemplada en el contrato original. Esta adición habría favorecido al concesionario con el aumento del presupuesto.El otrosí 10 fue firmado el 3 de noviembre de 2016, este eliminó la construcción de la segunda calzada del tramo I entre Puerto Salgar-Caño Alegre y no permitió la rehabilitación de la vía existente.No realizar esa obra ni las complementarias como pasos peatonales, andenes y bahías de parqueo, entre otras, obligaba a descontarle al concesionario 65.395 millones pesos. No obstante, le fue fueron deducidos únicamente 19.976 millones de pesos. Esto generó una millonaria afectación al erario, según la investigación de la Fiscalía.Estos son los funcionarios de la ANI imputados por la FiscalíaÉdgar Chacón Hartmann, exgerente de proyectos, área jurídica gestión Contractual 2Juan Carlos Hernández Cerón, experto.Luis Fernando Castaño Suárez, gestor.Sor Priscila Sánchez Sanabria, exgerente de Proyectos - gestión contractual.Beatriz Eugenia Lopera González, asesora financiera.Jenifer Bustamante Moreno, exasesora de riesgos.Poldy Paola Osorio Álvarez, exgerente de Proyectos-Riesgos.Camilo Andrés Jaramillo Berrocal, vicepresidente de estructuración.Fernando Iregui Mejía, vicepresidente jurídico.María Carolina Ardila Garzón, exgerente de Proyectos-Riesgos.Diana Ximena Corredor Reyes, exgerente de proyectos área financiera.Los once funcionarios se declararon inocentes y deben responder por el delito de interés indebido en la celebración de contratos ante la Fiscalía General de la Nación.Le puede interesar
Un fiscal del Grupo de Tareas Especiales para el caso Odebrecht, presentó ante un juez con función de control de garantías de Bogotá a siete exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), presuntamente implicados en irregularidades contractuales cometidas en la construcción de un tramo de 528 kilómetros entre los municipios de Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar), en la llamada Ruta del Sol II.Se trata de Alexandra Lozano Vergara, gerente de Proyectos y Gestión Contractual; María Clara Garrido, vicepresidenta administrativa; y Beatriz Eugenia Morales Vélez, vicepresidenta de estructuración. Además de los asesores Harbey José Carrascal Quintero, Marcelo Enrique Cano del Castillo, Mónica Rocío Adarme Manosalva y Nora Patricia Acero Pérez.“La investigación evidenció que estas personas, según sus responsabilidades individuales, habrían proyectado, revisado, tramitado y aprobado cinco otrosíes al contrato 01 de 2010, los cuales generaron beneficios técnicos, jurídicos y financieros al concesionario del cual hacía parte la constructora Odebrecht”, señaló en un comunicado la Fiscalía.El material probatorio da cuenta que el ente investigador constató que dos de los otrosíes ampliaron plazos para la ejecución de algunos tramos de proyectos, con lo cual el concesionario evitó procesos sancionatorios y dejó de pagar multas superiores a 35.883 millones de pesos por incumplimientos.Además, se presume que se modificaron aspectos técnicos y formas de pago, permitiéndole al concesionario acceder a un anticipo de 17.823 millones de pesos al que no tenía derecho y obtener mayor flujo de caja.Esto habría causado una afectación financiera a la ANI por más de 2.227 millones de pesos. Los presuntos responsables no aceptaron los cargos por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.Le puede interesar:
Durante la audiencia de acusación ante la Sala de Primera Instancia del alto tribunal, el exfiscal de apoyo en el caso Odebrecht, Daniel Hernández hizo varios cuestionamientos alrededor del proceso que adelanta la Fiscalía en su contra, porque habría tenido irregularidades en ese proceso como tal.Hernández pidió durante la diligencia judicial que el fiscal que le está adelantando su proceso identifique en qué aparte de la resolución se le ordena exclusivamente a él registrar las órdenes de captura contra tres directivos de Odebrecht. También solicitó al fiscal aclarar cuál clase de violencia moral ejecutó; y pidió explicaciones sobre la conexidad entre los delitos que se le imputa por prevaricato por omisión y amenaza a testigos.Hay que recordar que el aún fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá es investigado porque presuntamente en 2017 habría omitido registrar las órdenes de captura contra los directivos de Odebrecht Mauricio Marangoni, Eder Paolo Ferracuti y Amilton Hideaki.También es señalado de presuntamente haber intimidado al exsenador Otto Bula, testigo del caso, para que no rindiera su declaración. Durante la audiencia que realizó este jueves, 7 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia reconoció como víctima a la Fiscalía en el proceso que avanza contra el exfiscal Daniel Hernández porque sus actos pudieron haber causado algún daño a la entidad. La audiencia se suspendió hasta nueva fecha.Le puede interesar
Un grupo de exfuncionarios y un contratista de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, además de un interventor, fueron imputados por presunta corrupción este miércoles, 30 de agosto, por parte de la Fiscalía General de la Nación, pues, según el ente, estas personas tuvieron presunta participación en actos irregulares detectados en cuatro adiciones al contrato de concesión 001 del 14 de enero de 2010, que tenía por objeto la construcción del tramo II de la Ruta del Sol, que incluyen al multinacional brasileña Odebrecht.A través de un comunicado, la Fiscalía explicó que “se habrían alejado de sus funciones públicas y obligaciones, para participar de manera colectiva en decisiones que aumentaron significativamente el contrato original en su presupuesto y terminaron por beneficiar a la concesionaria de la que hacía parte Odebrecht.”Según el ente investigador, las pruebas dan cuenta que actuaron de manera colectiva y avalaron los estudios los estudios de conveniencia, sustentación, valoración y presentación de actas de convalidación de los otrosíes N°3 del 15 de julio de 2013. Estudios que contrató los dueños para: el tramo Ocaña – Gamarra; N°6 del 14 de marzo de 2014, que incorporó la obra Ocaña - Gamarra y cambió la forma de pago; N°7 del 14 de mayo de 2014, que también modificó en dos partes la forma de pago; y N°9 del 4 de diciembre de 2015, que varió cinco aspectos relacionados con el desembolso del dinero.Asimismo, según la Fiscalía, con estas actuaciones los exfuncionarios, contratista y el exinterventor habrían desconocido el objeto del contrato de concesión original y permitieron que se incluyera una nueva vía que no tenía relación ni conexión física con el proyecto Ruta del Sol II; es decir, fueron vulnerados principios esenciales como planeación, transparencia, selección objetiva, responsabilidad y economía.El ente aseguró que fueron destinados, en favor del concesionario contratista del cual hacía parte la multinacional brasileña Odebrecht, 3.177 millones de pesos para los estudios y diseños de la obra Ocaña – Gamarra. Estos dineros fueron asegurados con vigencias futuras sin las autorizaciones del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) y del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES).Está acreditado que se ocasionaron perjuicios al Estado, en el entendido de que se incrementó el presupuesto original y fueron girados anticipos para brindar flujo de caja al concesionario, dice la Fiscalía, razón por la cual estas personas deben responder por los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. Cargos que ninguno de ellos aceptó.Estos son los exfuncionarios de la ANI imputados por la FiscalíaCamilo Mendoza Rozo, exvicepresidente de Gestión Contractual y exvicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno.María Clara Garrido Garrido, exvicepresidente Administrativa y Financiera.Beatriz Eugenia Morales Vélez, exvicepresidente de Estructuración.Yasmina del Carmen Corrales Paternina, exsupervisora del contrato de concesión.José Andrés Torres Rodríguez, ingeniero del área de Proyectos Carreteros.Daniel Francisco Tenjo Suárez, exgerente de Proyectos Carreteros.David Leonardo Montaño García, experto GGC2.Alexandra Lozano Vergara, exgerente de Gestión Contractual.Francisco Javier Forero Lozano, exasesor financiero (contratista).César Augusto Peñaloza Pabón, exgerente de proyectos.Miguel Ángel Bettin Jaraba, exinterventor del contrato.Este es el comunicado de la FiscalíaLe puede interesar
La Secretaría de Gobierno de Bogotá confirmó que los gremios de taxis, plataformas de transporte y motociclistas, que protagonizaron bloqueos y disturbios sobre la avenida El Dorado, acordaron no acudir a las vías de hecho y la agresiones para conjurar sus diferencias respecto al uso de aplicaciones y la ilegalidad en el transporte público en la capital del país.De acuerdo con el documento, que se discutió con 30 representantes de los sectores involucrados, se abrió un espacio al diálogo lo que lleva a un pacto de no agresión entre ellos.Se estableció, por ejemplo, que los conductores que trabajan para las aplicaciones Alfa, Picaminosos y ConduApp se comprometen a no generar bloqueos, mientras que Taxi Imperial se compromete a no fomentar controles por su cuenta para bajar pasajeros de vehículos de plataforma."Ninguna persona particular puede participar en un operativo de control de tránsito. Solo las autoridades de tránsito, de acuerdo con el artículo 135 del Código Nacional de Tránsito y Transporte, tienen la facultad para detener un vehículo y realizar el procedimiento acorde a la norma”, indicó la Secretaría de Movilidad y la Seccional de Tránsito y Transporte.Los compromisos también involucran a las autoridades de tránsito de Bogotá. En adelante, la Secretaría Distrital de Movilidad y la Seccional de Tránsito y Transporte revisarán el modelo de estandarización y protocolo para la aplicación de la infracción D12 que establece la prohibición para que un conducir de un vehículo, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito.Entre los principales puntos de acuerdo se encuentran:Como compromiso de todas las partes en la mesa, se establece al gran pacto por la no agresión, entre taxistas, motociclistas y aplicaciones, buscando recurrir en toda circunstancia al diálogo y no a la agresión entre las partes.Desde Taxis Aeropuerto se comprometen a mantener la calma entre los actores, y mediar para que manifestantes del gremio levanten los bloqueos realizados.Gremios de Motociclistas de aplicaciones "Alfa" y "Picaminosos" se comprometen a no generar bloqueos dando un alto valor a la existencia de la mesa de diálogo realizada.Conductores de aplicaciones afiliados a ConduApp se comprometen a no realizar bloqueos y mantener siempre las instancias de diálogo.Taxi imperial se compromete a no fomentar controles por su cuenta para bajar pasajeros de vehículos de plataforma siempre, en el marco de la no agresión por parte de ningún actor hacía los conductores de taxis.La Defensoría del Pueblo se compromete a acompañar cada mesa de diálogo resultante de la actual.La Seccional de Tránsito y Transporte así como desde la comandancia del Cuerpo de Agentes Civiles de Tránsito y Transporte, en cabeza de la Seccional de Tránsito y Transporte y de la Secretaría Distrital de Movilidad se comprometen a revisar cada acción de mejora necesaria en cuanto al comportamiento, prácticas, aplicación de la norma y operativos realizados por la Policía de Tránsito y los Agentes Civiles en el marco de la protesta, así como en la vía para finalmente trasladar todas las denuncias necesarias que se reciban a la oficina de control disciplinario para investigar las posibles irregularidades expuestas en la mesa de dialogo.La Secretaría Distrital de Movilidad y la Seccional de Tránsito y Transporte reafirman el mensaje de que ninguna persona particular puede participar en un operativo de control de tránsito. Solo las autoridades de tránsito, de acuerdo con el artículo 135 del Código Nacional de Tránsito y Transporte, tienen la facultad para detener un vehículo y realizar el procedimiento acorde a la norma. Así mismo, se comprometen a recibir todas las pruebas necesarias para revisarlas y darles traslado a las instancias investigativas pertinentes.La Secretaría Distrital de Movilidad y la Seccional de Tránsito y Transporte se comprometen a revisar y analizar el modelo de estandarización y protocolo para la aplicación de la infracción D12 en el marco de la ley y las acciones de mejora para su adecuada aplicación.La Secretaría de Gobierno se compromete a apoyar en la gestión para la revisión con OPAIN, la Policía Metropolitana y la Secretaría Distrital de Movilidad, las posibles denuncias de las actuaciones y modelos de transporte de los actores ajenos a la mesa de diálogo, que se encuentran realizando actividades fuera del marco legal en la Terminal Aeroportuaria.
El 2024 ha sido un año de altas y bajas en la carrera del colombiano James Rodríguez que, tras continuar en el fútbol de Brasil, poco a poco ha recuperado su nivel deportivo sumando minutos en la liga y en la Copa Libertadores, también pensando en la Selección Colombia. Sin embargo, la prensa local, comenzó a mover una noticia que no es del agrado del cucuteño relacionado a un viejo conocido: Rafa Benítez.Thiago Carpini, actual entrenador del equipo, no convenció por completo a las directivas paulista que empezaron a mover el sonajero de candidatos para asumir el reto del Sao Paulo en el ámbito local e internacional. Si bien se habló de una lejana posibilidad de José Mourinho, este miércoles, 17 de abril, el periodista Gabriel Sá confirmó que el club tiene a un candidato ya charlado.Rafa Benítez sería el hombre que estaría ilusionado con llegar al fútbol de Brasil y con quien el club tendría una negociación adelantada para asumir el cargo: "La directiva del São Paulo inició el domingo negociaciones por Rafa Benítez, tras consultar a Giuliano Bertolucci. Al técnico español le gusta el proyecto y hay optimismo sobre el resultado. Reunión en las próximas horas", informó el periodista.Y aunque la noticia alegró a los hinchas del 'Tri' paulista, sin duda James no sentirá lo mismo. No sería la primera vez que él se encuentra con el español en su carrera, pues sucedió lo mismo en el Real Madrid y Everton en donde ambos terminaron con malos términos. "Cuando llegamos a Madrid se acababa de ir Ancelotti, que tenía una muy buena relación con los jugadores, y parecía que nosotros llegábamos con un látigo y no era así (...) El problema es cuando tienes que orientar a siete, que algunos no juegan, no están contentos. Y se van a los medios a filtrar. El que está en el banquillo duda y el que está en la grada es un problema. Y cuando lo llevas a los medios, es algo más", dijo en su momento Benítez sobre esta polémica con algunos jugadores.Por ahora, la noticia sigue siendo un rumor que manejan los principales medios en Brasil, pero que, de hacerse realidad, podría ser otro capítulo oscuro para James o una oportunidad para mejorar dicha relación.
El debate que hay en Colombia alrededor del sistema de salud ha abierto las opiniones diversas de lo que está bien o mal de este. La reforma y las intervenciones a algunas EPS han llevado a cuestionar a expertos cuál es el camino correcto en estos cambios que buscan desde el Gobierno.Según una encuesta realizada en 2023 por Ipsos, empresa líder en estudios de investigación de mercado, la insuficiencia de personal sanitario es uno de los principales problemas que enfrenta el sector salud a nivel global. El 46 % de los más de 23.000 encuestados en 31 países lo identificó como una preocupación importante.Este problema, a su vez, podría estar directamente relacionado con otros dos desafíos destacados en la encuesta: los largos tiempos de espera para recibir atención médica y el acceso a los tratamientos. La falta de personal cualificado y la sobrecarga de trabajo en el sistema sanitario podrían estar generando estas dificultades para los pacientes.Sin embargo, un estudio de la Cooperativa de Hospitales de Antioquia (COHAN), aseguró que el sistema tiene varios problemas que requiere de soluciones y a través de la tecnología hay un camino para lograrlo.En Colombia, donde la calidad y el acceso a los servicios de salud son temas de vital importancia, las tecnologías emergentes se presentan como herramientas claves para superar los desafíos existentes en el sector."Creo que el impacto tecnológico real se produce cuando estas personas pueden acceder a servicios de salud a través de diversas modalidades como la telemedicina, telexperticia, teleconsulta y teleorientación. Incluso cosas tan simples como agendar citas médicas de manera oportuna o acceder a información sobre tratamientos y programas de promoción y prevención son fundamentales para garantizar la dignidad en el acceso a la salud”, indicaron desde COCO Tecnología sobre este estudio.Si bien no es una solución única y mucho menos la más acertada, es una opción que nace ante la ola de cambios, que, al parecer, tendría el sistema de salud en Colombia ante los diversos cambios que traen ciertas decisiones. Pero, según estos expertos, es imperativo que las autoridades, los profesionales de la salud y las empresas del sector trabajen juntos para aprovechar el poder de la tecnología.
El cambio climático es una realidad que afecta no solo a Colombia, sino a todo el mundo. Prueba de ello es lo que sucede ahora en Bogotá con el racionamiento de agua a raíz de los bajos niveles de agua que hay en la represa de Chingaza por el fuerte fenómeno de El Niño que sufrido el país.En la lucha contra el cambio climático, Colombia ha asumido un compromiso internacional de gran relevancia: establecer áreas protegidas que cubran el 30 % de su territorio nacional para el año 2022. Esta meta, pactada en la COP26 de Escocia en 2021.Pero nace la duda si este porcentaje será suficiente para combatir el cambio climático en el país. Según el Portal 30x30, Colombia ya alcanzó el 30 % de áreas protegidas, al incluir la última área protegida Serranía de Manacacías y los datos de las Otras Medidas Efectivas de Conservación (OMEC)."Debe haber un incentivo mayor, el de trabajar unidos por un objetivo, así como de mejorar la educación ambiental. La meta es ambiciosa y Colombia ya lo logró, pero estas metas no se logran por zonas, debemos abogar por que nuestros países vecinos y la región también lo haga ya que falta mucho para no sobrepasar la meta del 1.5°C de temperatura", explicó Vanessa Guzmán, gerente de Sostenibilidad y Desarrollo Social de Esri Colombia.En ese orden de ideas, parece que el porcentaje del 30 % sí impacta de forma positiva el calentamiento global de cara a la meta del 2030 que varias naciones se propusieron. En la lucha contra el cambio climático y por la conservación de la biodiversidad, Colombia ha asumido un compromiso internacional de gran relevancia: establecer áreas protegidas que cubran el 30% de su territorio nacional para el año 2022. Esta meta, pactada en la COP26 de Escocia en 2021, se alinea con el objetivo global de alcanzar la misma cifra antes de 2030.La iniciativa busca no solo conservar la riqueza de ecosistemas en el país, sino también promover su financiación, respetar y apoyar el conocimiento ancestral de las comunidades indígenas que habitan en estos territorios, y generar nuevos empleos y el crecimiento de actividades vinculadas a la naturaleza.
En el Desafío XX las tensiones siguen muy altas en el equipo Gamma. Después de la prueba en el box rojo, Glock interrumpió a Alexander por la evaluación que estaba haciendo sobre la competencia, pues afirmó que el hombre de 41 años ante las cámaras sí trata bien a las mujeres, pero cuando no están, incluso, las insulta.La mujer también le preguntó que quién se creía para tratar a una mujer con groserías y, poco a poco, fue subiendo el tono de la discusión, pues Alexander se defendió argumentando que la única persona que ha sido insultada en el equipo Gamma ha sido él y afirmó que todo había quedado grabado, refiriéndose a Anamar.Luego Alexander comenzó a arremedar el acento de Glock, por lo que Hércules empezó a pedirle que se calmara. Ante esto, Glock lo cuestionó al decirle si tenía algo contra los costeños."Ya cállate, fastidioso", le dijo la representante de Gamma.Mientras Alexander comentó que "el pastuso no se iba a quedar callado" y por su edad, las mujeres deberían respetarlo, por lo que él es mayor."El respeto en esta vida no se exige papito, se gana (...) No sea sapo", añadió Glock.¿Qué pasó en la casa?Cuando el equipo regresó a la casa, en la que ya no tenían los muebles por haber perdido, Glock y Anamar comenzaron a hablar con Karoline y Natalia sobre lo sucedido en el box rojo. Las mujeres coincidieron que su comportamiento era infantil (al arremedar) y también machista por la forma en la que las trataba.Por esto, Karoline, después de unos minutos, intentó mediar la situación con Alexander y le comentó que no era correcto la forma en la que estaba actuando, pero, sí tampoco le gustaba la manera como lo trataban las chicas, debía comunicarlo para que esta situación no se siga repitiendo en Gamma.