El terremoto del pasado 10 de agosto sigue dejando dificultades para las familias afectadas. La Procuraduría advirtió que, casi dos meses después de la emergencia, persisten problemas para registrar a todos los damnificados, actualizar los daños de las viviendas y entregar las ayudas económicas.
Tras visitar Risaralda, Quindío y Caldas y dialogar con alcaldes y gobernadores, el Ministerio Público encontró que el cierre del Registro Único de Damnificados (RUD) dejó por fuera a familias afectadas, especialmente en zonas rurales dispersas y territorios étnicos.
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La Procuraduría también alertó que actualmente no se puede actualizar en las plataformas el estado de algunas viviendas después de las evaluaciones técnicas, ni incorporar adecuadamente los nuevos daños ocasionados por las réplicas.
A esto se suma que los auxilios económicos que ya fueron asignados no han llegado a todas las familias. Según las autoridades territoriales, además, la distribución de estos recursos no ha sido homogénea entre los municipios afectados.
Los problemas se agravan por la falta de ingenieros estructurales y maquinaria amarilla, elementos necesarios para evaluar las viviendas, realizar demoliciones y retirar los escombros. Las autoridades también reportaron que se han registrado más de 1.300 sismos asociados, que han generado nuevas afectaciones.
Ante este panorama, la Procuraduría le hizo un llamado al Gobierno Nacional y, particularmente, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), para garantizar una atención efectiva a todas las personas afectadas por la emergencia.
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El Ministerio Público pidió a la UNGRD abrir de manera extraordinaria y condicionada el Registro Único de Damnificados y permitir ajustes en la evaluación de daños y necesidades, además de actualizar la clasificación de las viviendas y registrar las afectaciones provocadas por las réplicas.
De esta forma, la Procuraduría pidió agilizar la entrega de los auxilios económicos, establecer reglas claras para su distribución, coordinar el apoyo de ingenieros y maquinaria y garantizar una atención con enfoque diferencial para las comunidades étnicas.