La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra varios funcionarios de la Policía Nacional. La decisión se tomó por las presuntas irregularidades que se habrían presentaron en la adquisición de una aeronave por valor cercano a los $12 millones de dólares en los últimos meses.

La Sala Disciplinaria de Instrucción del ente investigador indagará los hechos, para determinar si con la compra del aviónse presentaron irregularidades con las que se pudo configurar o materializar un detrimento a las arcas o el patrimonio del Estado o una violación a los principios contractuales.

El Ministerio Público sostuvo que es necesario despejar la duda acerca de quién o quiénes podrían ser los funcionarios comprometidos en las conductas objeto de averiguación, por lo que solicito realizar una seria de prácticas de pruebas para tratar de identificar e individualización a los responsables.

Hace unos días la Contraloría reveló hallazgos sobre un posible detrimento patrimonial en laPolicía Nacionalpor 12 millones de dólares, tras la adquisición de un avión jet VIP, el cual asegura este órgano de control no cumpliría con las características que permitirían cumplir con el objetivo de la compra.

Las alertas que tiene la Contraloría sobre la compra de otros dos aviones para la Policía

En medio del informe de la Contraloría General de la República por el presunto detrimento patrimonial cercano a los 12 millones de dólares, por la compra del jet Legacy 600 VIP por parte de la Policía Nacional, también se alertó por las presuntas irregularidades en la adquisición de otras dos aeronaves.

Dichas adquisiciones también se adelantaron con el respaldo del convenio entre Policía Nacional y la Corporación de la Industria Aeronáutica, que buscaba ampliar las capacidades en cuanto a transporte y patrullaje de la institución. Los modelos adquiridos son los ATR 42-500, uno por el valor de 6.470 dólares y el otro por 6.200 dólares, es decir, suman el monto que costó el polémico avión de lujo.

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Los contratos, además, se adelantaron con el consorcio Alas Colombia, conformada por Río Sur SAS (que también hacía parte del consorcio que compró el jet) y Empresa de Servicios Integrales y Asociados, la cual tiene su domicilio registrado en Arauca. Acá llega una de las alertas de la Contraloría.

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