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Procuraduría evidenció demoras en entrega de financiación a partidos políticos en oposición

La evidencia se dio en un informe que detalla logros y falencias entorno a los derechos que adquirieron las organizaciones declaradas en oposición luego de la promulgación del Estatuto de Oposición en 2018.

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Procuraduría General
FOTO: BLU Radio

La procuradora Margarita Cabello presentó en el pleno de la Cámara de Representantes un completo informe que detalla logros y falencias entorno a los derechos que adquirieron las organizaciones declaradas en oposición luego de la promulgación del Estatuto de Oposición en 2018.

“Cuatro de las 16 organizaciones con personería jurídica, que, aún vencido el plazo, mantienen registros provisionales”, expuso el informe, llamando la atención por la no presentación de las declaraciones políticas de manera oportuna y recomendando que se tomen medidas para avanzar en el registro definitivo.

En relación con la financiación a la que tiene derecho los partidos políticos de oposición, “se detectaron demoras en los desembolsos a las organizaciones políticas declaradas en oposición, la Corte Constitucional dijo que la financiación es una garantía”. Durante la vigencia de 2021, dicha financiación ascendió a $3.108.567.102 millones para todos los partidos en oposición.

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A lo anterior, la jefe del ministerio público recomendó la actualización de costos por parte del Consejo Nacional Electoral para mejorar planeación y asignación de recursos, coordinación entre el CNE, RTVC y la Comisión de Regulación de Comunicaciones para actualizar registros.

Este último punto se refiere a la aparición en medios de comunicación: “se necesita que las cadenas públicas tengan actualización de costos, no huno entrega de recursos para acceso a medios del Estado en la vigencia 2021".

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Además, añadió que, “el acceso a los medios de comunicación tiene implicación al derecho de réplica, frente a tergiversaciones graves de políticos es necesario arle la oportunidad a los partidos para ejercer réplica en medios del Estado. No saben o no entienden cómo se debe ejercer el derecho de réplica, sobre todo en las regiones y territorios descentralizados.

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