Este lunes 15 de julio la Corte Suprema de Justicia, hizo pública su lista de inscritos para ser procurador general, en total son 60 aspirantes y entre los nombres se encuentran Gregorio Eljach, Armando Otalora, Marco Antonio Velilla, Germán Varón, Mónica Cifuentes y Mauricio González.Entre los aspirantes, se destacan Gregorio Eljach, secretario del Senado y hay que recordar que fue hace apenas una semana cuando este alto tribunal abrió oficialmente la convocatoria para terna a un candidato para ser el sucesor de la actual procuradora general Margarita Cabello, quien finaliza su periodo en enero de 2025.Uno de los elementos importantes en todo este proceso es que tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de Estado piden 15 años de experiencia en la rama judicial o en el ejercicio del derecho para el cargo y esto es importante resaltarlo porque por esa razón dejaron por fuera a Carlos Felipe Córdoba, quien sonaba para ser procurador, pero quien no tenía el requisito de experiencia que se necesita para ser procurador general de la República.¿Cómo se elige el procurador en Colombia?La terna para que el Senado elija al próximo procurador general de Colombia está conformada por integrantes que son designados por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Presidencia de la República.Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia indicó que será la Sala de Gobierno la encargada de revisar minuciosamente las hojas de vida de los aspirantes y verificar que todos cumplan con los requisitos constitucionales y legales necesarios además, que una vez completada esta fase, se informará a la Sala Plena de la corporación sobre los resultados de esta revisión.Finalmente, el próximo 13 de agosto se dará a conocer una nueva lista con los aspirantes admitidos, marcando un paso decisivo en la selección del próximo procurador general de la Nación.
Con carácter de urgencia, la procuradora general Margarita Cabello convocó para el próximo martes, 16 de julio, la cuarta mesa de seguimiento a la situación de violencia contra la mujer en el Atlántico, especialmente en Barranquilla, donde se desarrollará este encuentro.La jefe del Ministerio Público indicó que son alarmantes las cifras crecientes de muertes violentas que se siguen presentando contra las mujeres en el país, donde este año, a corte del 3 de julio, se han reportado 121 feminicidios.Cabello sostuvo que la situación es crítica, sobre todo en departamentos como Atlántico, donde se han presentado 32 homicidios de mujeres y 9 feminicidios. De hecho, este territorio triplicó la cifra de feminicidios en comparación con el mismo periodo del año anterior."Como procuradora general, reitero a las entidades y autoridades del orden nacional y territorial que deben dar prioridad en sus agendas a las graves problemáticas que afectan a la población, especialmente a las mujeres", dijo."Es necesario mostrarle a la sociedad el compromiso y una respuesta institucional contundente", añadió.La mayoría de los asesinatos de mujeres ocurridos en Atlántico han tenido lugar en Barranquilla y su área metropolitana. Justamente en las últimas horas, una manicurista de 18 años fue asesinada en Soledad y otra joven quedó herida en el sur de Barranquilla, ambas como consecuencia de dos hechos sicariales.La Procuraduría indicó que, de los 121 feminicidios ocurridos entre el 1 de enero y el 3 de julio en el país, 81 fueron perpetrados presuntamente por la pareja sentimental o expareja de la víctima.Precisó además que, del total de los casos, en Antioquia 18 mujeres fueron víctimas de feminicidio, 17 en el Valle del Cauca, 10 en Santander, y 9 en el Atlántico.
Este lunes 8 de julio, se pudo conocer que el senador Iván Cepeda, interpondrá una queja ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la procuradora Margarita Cabello, tras la solicitud del Ministerio Público para que la Corte Constitucional revisara una tutela del abogado Diego Cadena.“Se advierte que el asunto de la referencia plantea una controversia de relevancia constitucional, porque los elementos fácticos del caso versan sobre la protección de los derechos al debido proceso, a la defensa, a la intimidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, así como la salvaguarda del secreto profesional entre el abogado y su cliente", dice la misiva de la Procuraduría.En este caso el senador por medio de un comunicado de 7 puntos explicó los motivos de su decisión de interponer una queja ante el alto tribunal, uno de ellos, tiene que ver con la difusión por parte de los medios de comunicación sobre: “La Procuraduría General de la Nación, en abierta defensa del abogado Diego Cadena Ramírez le pidió a la Corte Constitucional revisar la tutela que éste presentó en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, con ocasión de la decisión de incorporar las interceptaciones de sus comunicaciones con el expresidente Álvaro Uribe Vélez en el juicio que se sigue en su contra”, expresa el comunicado de CepedaAdemás, Iván Cepeda dice que la Procuraduría “ha asumido el rol de defensora en las actuaciones que se siguen contra Álvaro Uribe Vélez y el abogado Diego Cadena”, y que están desconociendo sus funciones dentro del marco legal.Con estos fundamentos, Iván Cepeda y su equipo jurídico le pedirán a la Corte Constitucional que inadmita la solicitud de revisión que esta presentó en relación a la tutela que le fue negada al abogado Cadena.
Aunque para varios sectores políticos de Medellín y el país la suspensión que recientemente impuso por seis meses la Procuraduría General contra el exalcalde Daniel Quintero fue corta, al mismo político lo ha dejado inconforme y tras recientes declaraciones de la procuradura Margarita Cabello respecto a la decisión, le respondió.La cabeza de esa entidad del Ministerio Público en un rueda de prensa aseguró que los servidores se molestan cuando ejercen sobre ellos funciones de vigilancia y control, pero que ante cualquier tipo de pronunciamiento, incluso en malos términos, deben guardar silencio."A los servidores públicos les molesta cuando un órgano de control los vigila y está atento para que cumplan con su función, nos toca y por eso tenemos que guardar silencio ante todas esas serie de improperios o de malas formas de tratar a la entidad", dijo la funcionaria.Ante estas expresiones, a través de sus redes sociales, el exmandatario de la capital antioqueña insistió en la parcialidad de Cabello que quedó, según él, demostrada desde la suspensión inicial que tuvo por más de 40 días cuando era alcalde para evitar que interfiriera en las elecciones presidenciales.Pero además se refirió a la entidad que preside Cabello como una “máquina de extorsión”, pues asegura Quintero que buscan asustar a alcaldes del país para que en las próximas elecciones presidenciales, donde participaría, se elija a los de su preferencia."La Procuraduría actúa como una máquina de extorsión, no solo están tratando de sacar un líder que es abiertamente progresistas, sino que buscan al mismo tiempo asustar al resto de los alcaldes de país para que voten por un candidato que sea uribista a cambio de no tener que pasar por la persecución a la que nos han sometido a nosotros", declaró Quintero.Tras la decisión en primera instancia de la Procuraduría, Quintero no podrá ocupar ningún cargo público por los próximos seis meses, aunque ha insistido que acudirá a las instancias que tiene derecho, incluso internacionales, para que el fallo no quede en firme.Dentro de los argumentos expuestos por la defensa de Quintero ha estado que la participación indebida en política en favor del entonces candidato Gustavo Ptero no fue explícita ni directa, pero que además debe ser un juez y no la Procuraduría la que tome decisiones frente a funcionarios elegidos por voto popular.
No cesa la polémica entre el exalcalde de Medellín Daniel Quintero y la Procuraduría General de la Nación, luego de la sanción de seis meses y la multa de 104 millones impuesta a Quintero por participación política luego del polémico vídeo conocido como “el cambio en primera”.El exalcalde minutos después de conocer el fallo mediante su cuenta de X se despachó diciendo que: “El fallo de la procuradora Cabello es un fallo corrupto que da un zarpazo a la democracia desde una entidad cuestionada y sin competencia que viola la Constitución, la ley y la convención americana”.Dos días después de qué la Procuraduría sancionará a Quintero la procuradora general Margarita Cabello se volvió a pronunciar respecto a este episodio y fue enfática en asegurar que precisamente esa era la función del Ministerio Público de vigilar y sancionar a funcionarios públicos si incurrían en alguna falta.“La investigación que se inició al señor exalcalde de Medellín, se llevó con todas las garantías procesales y cumpliendo la misión de órgano de control, emitió una sanción que es objeto de recurso de apelación”, dijo Cabello.Incluso, la procuradora dijo que si no ejerce su control vigilando a los funcionarios desde este Gobierno y que si cada vez que se impone una sanción a cualquier funcionario se dice entonces que la Procuraduría está haciendo seguimientos o está haciendo actos de corrupción, quiere decir entonces que las normas constitucionales y la constituyente se equivocó en crear un órgano de control para eso.Por último, la Procuradora sigue firme en su posición de que la Procuraduría seguirá vigilante de las actuaciones de los servidores públicos.
El presidente de la Corte Constitucional, magistrado José Fernando Reyes, fue férreo en asegurar que, la Procuraduría debe seguir existiendo para hacer control.“La Procuraduría tiene que seguir existiendo, porque su bandera de lucha contra la corrupción finalmente decanta en la protección de los derechos humanos. Lo único que no puede estar en las agendas, es la destrucción de una institución como esta, que tiene una enorme tarea”, fueron las palabras del magistrado.Además, Reyes es enfático en decir que, la Procuraduría es importante dentro del estado constitucional de derecho, porque es vigilante y lucha en contra de la corrupción.La procuradora Margarita Cabello, también se refirió a las palabras que el magistrado José Fernando Reyes expresó dentro del auditorio, por su parte la jefe del Ministerio Público sentó su postura al respecto y dijo que la Procuraduría no hace “persecución política” cuando investiga o sanciona funcionarios; y hace énfasis en que esa es precisamente la razón de la existencia de la Procuraduría General de la Nación.“La función de la Procuraduría es vigilar, controlar y si a ello hay lugar sancionar, a los servidores públicos de un Gobierno y cuando la Procuraduría vigila y sanciona se dice que es persecución política, entonces lo que están diciendo es que no quieren que la Procuraduría los controle”, dijo Cabello.Además de esto, la Procuradora sigue firme en su posición de que la Procuraduría seguirá vigilante de las actuaciones de los servidores públicos.Por otro lado, en la firma de este convenio para delegar una procuradora especial para que haga vigilancia al cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional, Margarita Cabello dijo que en los seis va a procurar que las sentencias se cumplan, y que por eso la carta política de 1991 estableció darle cumplimiento a las sentencias para preservar los derechos de los ciudadanos.Por su parte, el presidente de la Corte Constitucional, expresó que: “El país tiene que saber que hay una institucionalidad fuerte que defiende el estado constitucional de derecho, no solo del tema de la definición del poder, sino sobre todo del compromiso en la garantía de la existencia de la defensa de los derechos humanos”.
La procuradora Margarita Cabello alertó que este 26 de junio se venció el plazo otorgado al Gobierno Nacional para aportar información sobre la falta de nombramiento en propiedad de los seis comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG.La jefe del Ministerio Público explicó, además, que el Gobierno nacional no solo está incumpliendo con el “ultimátum” de la Procuraduría, sino que estaría a punto de entrar en desacato por no cumplir con la orden judicial emitida en el mes de mayo del Consejo de Estado sobre estos nombramientos.“Se venció el plazo el 19 de junio, la Procuraduría inmediatamente requirió al Gobierno para que informara sobre el nombramiento de los comisionados y le dio unos días que se vencieron hoy para que nos dieran la información; nos acaban de informar que no nos han informado hasta el día de hoy absolutamente nada, y posiblemente lo que va seguir es un desacato porque está en desacato el Gobierno en este momento por no haber cumplido con la orden del Consejo de Estado”, explicó durante su paso por el Congreso de Andesco que se realiza en Cartagena.A su vez, la procuradora Cabello dijo que el nombramiento de estos comisionados darían la “tranquilidad y certeza” para hacer frente a las problemas del sector energético en el país.Sobre la investigación que adelanta el órgano de control al Ministro de Minas, Andrés Camacho, dijo que está “muy adelantada”.“La investigación se inició hace ya un mes, un mes y medio, va muy adelantada (…) estamos terminando de practicar pruebas, falta una falta una prueba documental para cerrar y dar traslado a los alegatos precalificatorios y tomar la decisión correspondiente”, concluyó.
La procuradora Margarita Cabello se ha visto involucrada en varios escándalos por presunta corrupción dentro de la entidad. El pasado 8 de abril, la senadora Esmeralda Hernández, representante del Pacto Histórico, presentó una denuncia penal a través de sus redes sociales en la que acusaba a la procuradora de burlar “la ley de contratación”.“Sigue entregando contratos a dedo desde la Procuraduría: hace unos días conocimos la nueva suma millonaria de 22.000 millones entregados de nuevo al mismo contratista, con lo que ya sin más de $71.000 millones a dido para un solo operados sin pasar por un proceso de selección pública como exige la ley 80”, dice la publicación del 8 de abril.La acusación que hizo la senadora en ese entonces no se limitó a declaraciones, sino que también se respaldó con evidencias presentadas a la Fiscalía General de la Nación.A los escándalos por presunta corrupción se le suman los constantes enfrentamientos que ha tenido la procuradora con el presidente Gustavo Petro.¿Cuánto tiempo dura un procurador en el cargo?El procurador general de la Nación debe ser elegido por el Senado para vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos. Además, debe proteger los derechos humanos, asegurar su efectividad con el auxilio del defensor del Pueblo y defender los intereses de la sociedad. El cumplimiento de estas funciones debe llevarse a cabo durante los cuatro años en los que ejercerá el cargo.¿Cuándo finaliza el periodo de Margarita Cabello?Teniendo en cuenta que Margarita Cabello fue elegida por el Senado el 15 de enero de 2021 en reemplazo de Fernando Carrillo, su periodo en el cargo terminaría en enero de 2025.Lo anterior quiere decir que el 15 de enero de 2025 se deberá posesionar la persona que reemplazará a Cabello, claro está, si no es reelegida. El Senado de la República será el encargado de tomar la decisión, con una terna presentada por el presidente, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
En Mañanas Blu, con Néstor Morales, se realizó un debate sobre los posibles candidatos a la Procuraduría General de la Nación, en reemplazo de Margarita Cabello, quien terminará su mandato en enero de 2025.Entre los nombres que resuenan están exministros, exfiscales y otros personajes de la vida pública:Carlos Negret, exdefensor del Pueblo.Luis Felipe Henao, exministro de ViviendaGermán Varón, exsenador de Cambio RadicalJorge Perdomo, exfiscal general de la NaciónMónica Cifuentes, exprocuradora delegada ante la JEP.Héctor Carvajal, abogado de profesión y muy cercano al presidente Gustavo Petro.El debate en Mañanas Blu también tocó temas más amplios, como la necesidad de independencia en la Procuraduría y cómo cada candidato podría manejar presiones políticas y sociales. Se planteó la importancia de que el Procurador no solo sea competente en lo legal, sino que también mantenga una imparcialidad crítica frente a todos los sectores políticos.Reviva en el siguiente video el debate en Mañanas Blu:
La Procuradora Margarita Cabello, anunció durante la rendición de cuentas del Ministerio Público que los cargos se formularon contra el exdirector general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, el exsubdirector de Manejo de Desastres, Sneyder Pinilla, y el exsubdirector general, Víctor Meza.La Procuradora afirmó que al parecer los funcionarios autorizaron un pago superior a los $16.000 millones por la totalidad de los vehículos, lo que representó un incremento superior al 54 % frente a los precios reales del mercado.Además, la Procuraduría señaló que los funcionarios presuntamente estuvieron involucrados en una actividad contractual que dañó el patrimonio público, al comprar los vehículos con un sobrecosto superior a los $16.000 millones.En el caso de Sneyder Pinilla, quien fue el encargado de supervisar el contrato, la Procuraduría formuló un segundo cargo por haber recibido a satisfacción los 40 carrotanques que se compraron, y aparentemente pasar por alto que no fueron entregados en las condiciones legales pactadas, por lo que no se cumplió a cabalidad el contrato.Así las cosas, las entidades siguen actuando en el caso del entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Se estima que cerca de 200 millones de personas a nivel global padecen de osteoporosis, una enfermedad que provoca una fractura por fragilidad cada tres segundos. La osteoporosis se caracteriza por la pérdida de masa y calidad ósea, aumentando la fragilidad y el riesgo de sufrir fracturas. Esta condición, usualmente silenciosa y sin signos o síntomas evidentes, se manifiesta cuando eventos simples como una caída al caminar, un golpe al viajar en auto o un acceso de tos pueden producir una fractura por fragilidad.Según la Dra. Geraldine Altamar, médica internista-geriatra y presidenta de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral (ACOMM), el cuidado de los huesos debe comenzar desde temprana edad. Por lo tanto, es crucial identificar a las personas en riesgo de sufrir osteoporosis para prevenir la primera fractura y, en caso de ocurrir, evitar las subsiguientes.Las mujeres en menopausia, personas mayores de 50 años con factores de riesgo como fracturas previas, antecedentes familiares de fractura de cadera, pérdida significativa de altura, enfermedades que disminuyen la masa ósea como artritis reumatoidea, diabetes mellitus, menopausia prematura o el uso de corticoesteroides, pertenecen al grupo en riesgo. Cuando una persona tiene osteoporosis, debe considerar un tratamiento y cuidado para toda la vida debido a que es una condición crónica que puede afectar significativamente la calidad de vida del paciente y su núcleo familiar.Consejos para la osteoporosisEs importante consultar al médico para obtener un diagnóstico y seguir un control estricto por parte de un profesional de la salud. Además, se deben consumir dosis adecuadas de calcio y vitamina D, mantener una dieta balanceada, evitar el consumo de alcohol y tabaco, aumentar la actividad física y exponerse de manera segura al sol. Siguiendo estas recomendaciones, se puede manejar eficazmente la osteoporosis y reducir el riesgo de fracturas futuras.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga aseguró que, luego de recuperar más de 600 celulares, contactará a cada uno de los dueños de estos equipos móviles para regresárselos, eso sí, siempre que hayan realizado la respectiva denuncia“Con software y hardware maliciosos (que) los delincuentes modificaban la información de los equipos móviles, cambiando su número IMEI, y eliminaban la información que tenían los celulares”, confirmó el brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.Estos delincuentes operaban en el 2 y el piso 16 de un edificio ubicado en el barrio Alarcón de la ciudad, utilizaban bloqueadores de frecuencia de señal para que la Policía no diera con el lugar evitando así el seguimiento y rastreo de estos equipos de telefonía móvil. Desde allí, "se hacían pasar como trabajadores de las empresas móviles y contactaban a los dueños y les decían que necesitaban su correo y el código enviado para bloquear definitivamente el celular, afirmó el comandante de Policía Henry Yesid Bello Cubides, quien dio un agradecimiento especial “a todas las personas que hicieron el proceso de denuncia ya que esto permitió que las autoridades realizaran la trazabilidad del caso.Una de las víctimas de estos delincuentes aseguró que su celular fue robado por un mototaxista en el barrio San francisco de Bucaramanga, y otro afectado manifestó que su celular le había costado $1.700.000 que tuvo que terminar de pagar sin poderlo utilizar.Una mujer de 26 años era la encargada del cosquilleo, otro hombre utilizaba la modalidad de raponazo conduciendo una motocicleta en la ciudad.
La Policía Nacional capturó este viernes en Medellín a Robinson Alexander Foronda Galeano y Juan Esteban Atehortúa Acevedo, señalados de presuntamente perpetrar el crimen del líder comunitario Luis Fernando Osorio Soto, el pasado 3 de enero en la vereda Orizaba de Andes, Suroeste de Antioquia.Foronda y Atehortúa tenían orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto calificado y agravado, por lo sucedido a este líder, quien además era enfermero de varias zonas rurales de Andes.De acuerdo con la investigación de las autoridades, la víctima se habría resistido al hurto de su vivienda y cuentas bancarias, no obstante, en mayo de este año capturaron a Juan Esteban Acevedo Arteaga, alias 'Juancito', quien al parecer hizo retiros de las cuentas bancarias del líder social por 19 millones de pesos. En total le fueron robados, entre dinero y otros elementos de valor, algo más de 20 millones de pesos.Para el caso de alias 'Juancito', un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario el 28 de mayo, mientras avanza el proceso judicial.Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2023, cuando varios hombres armados, habrían ingresado a la vivienda de la víctima y llevado en contra de su voluntad a un sitio solitario y despoblado. Días después, el 3 de enero de este año, el cuerpo fue encontrado atado de manos y pies, además con varias heridas de arma de fuego y politraumatismos en cabeza y tórax, según la Fiscalía.
El Gobierno chileno envió este viernes a Venezuela una nota de protesta por haber impedido ingresar al país a los senadores Felipe Kast (centroderecha) y José Manuel Rojo Edwards (ultraderecha), invitados por la oposición venezolana como observadores en las elecciones del domingo en las que Nicolás Maduro busca la reelección."El Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta debido a que no se permitió el ingreso a ese país a los senadores José Manuel Rojo Edwards y Felipe Kast", dijo la Cancillería en un escueto comunicado.Kast, del partido Evópoli, informó en sus redes sociales que iban a ser deportados porque no cumplían "con el perfil ni las condiciones de ingresar al país".Edwards, del ultraderchista Partido Social Cristiano, indicó por su parte que "Maduro ha traído miseria y hambre" y "debe saber que Latinoamérica entera va a defender la democracia del pueblo bravo de Venezuela".La Presidencia del Senado chileno aseguró que los hechos son "antidemocráticos" y "denotan la mayor gravedad" porque "los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio".Maduro, en el poder desde 2013, se enfrentará el domingo a Edmundo González Urrutia, un exdiplomático de 74 años que se convirtió en el candidato de la oposición luego de que la exdiputada María Corina Machado fuera inhabilitada, y que lidera la intención de voto según las encuestadoras tradicionales del país suramericano.El chavismo, sin embargo, asegura que Maduro ganará, pese a que los sondeos independientes reflejan el hastío de gran parte de la población en medio de una feroz crisis económica que devastó al país en la última década.La deportación de los senadores chilenos tiene lugar horas después de que Venezuela impidió la entrada de una delegación de parlamentarios del Partido Popular (PP) de España y también de un grupo de expresidentes latinoamericanos en un avión que no pudo despegar desde Panamá hasta que los exmandatarios no bajaron de la aeronave.
En la semana epidemiológica que realizó, el Instituto Nacional de Salud reportó un total de 2,375 casos de hepatitis, desglosados en hepatitis B, C y coinfección B-Delta. La cifra se compone de 1,348 casos de hepatitis B, 1,025 de hepatitis C, 2 de hepatitis Delta y 1 transmisión maternoinfantil. Por otra parte, la tasa de incidencia para hepatitis B se estimó en 2.6 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que para hepatitis C fue de 1.0 casos por cada 100,000 habitantes. La tendencia general indica un aumento en la incidencia de estas enfermedades.¿Cómo está la hepatitis en Colombia?Las ciudades con mayor número de casos de hepatitis B fueron Bogotá D.C., Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Cali. Para hepatitis C, las principales ciudades afectadas incluyeron Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Armenia. Los casos de hepatitis D se concentraron en Bogotá D.C. y Neiva.Hombres, los más afectados por Hepatitis BEl análisis por género muestra que la hepatitis B afecta más a los hombres, con una tasa de incidencia de 3.1 casos por 100,000 habitantes, frente a 1.1 casos en mujeres. En los hombres, se observó una disminución estadísticamente significativa en los casos de hepatitis B en el grupo etario de 15 a 19 años y un aumento en el grupo de 65 a 69 años. Entre las mujeres, se registró una disminución en los casos en el rango de 30 a 34 años y un aumento en el grupo de 60 a 64 años.Disminuye la hepatitis B en mujeres embarazadas en ColombiaDe los casos de hepatitis B reportados, el 4.6 % correspondió a mujeres embarazadas, lo que representa una disminución estadísticamente significativa en comparación con el año anterior. El principal mecanismo de transmisión de la hepatitis B fue sexual, representando el 72.6% de los casos, seguido de la transmisión percutánea o parenteral con el 7.1%. Además, el 3.8% de los casos correspondió a poblaciones indígenas y el 3.6% a negros, mulatos o afrodescendientes, con una disminución estadísticamente significativa en estos últimos grupos comparado con el año anterior.