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La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) cambiar las medidas contra el muelle 13 de Buenaventura tras la suspensión de sus actividades, al no evidenciar violaciones ambientales, según los informes de esa entidad.
El requerimiento se da luego de que el Grupo Portuario S.A. y Ventura Group S.A., el 8 de enero de 2025, pidieran la intervención del ente de control, argumentando que la medida podría estar afectando los derechos fundamentales al debido proceso y al derecho de defensa, además de generar graves impactos sociales y económicos.
“Como podemos dar cuenta en precedencia, para la imposición de medidas preventivas por parte de las autoridades competentes, se parte de la premisa que estamos frente a un infractor de las normas ambientales; sin embargo, al revisar las consideraciones técnicas y jurídicas establecidas en el acto administrativo que impuso la medida preventiva, no se evidencia incumplimiento alguno de las obligaciones ambientales por parte del operador portuario ni violación a las normas sobre protección ambiental que conduzcan a la imposición de una medida preventiva”, aseguró la Procuraduría.
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Por esa razón, el Ministerio Público solicitó que se evalúe cambiar la medida preventiva de suspensión de actividades impuesta al Grupo Portuario S.A. por una amonestación escrita, con el objetivo de exigir a la empresa ajustar y actualizar el plan de manejo ambiental.
Esta medida, según la Procuraduría, es suficiente y adecuada para obtener el cumplimiento del ajuste del PMA, sin necesidad de suspender las operaciones. También fue requerida la incorporación de documentación adicional en el procedimiento administrativo llevado a cabo por esa entidad.
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